Quito, 30 jul (La Calle).- La madrugada del 30 de julio de 2025, el Instituto Oceanográfico de la Armada (Inocar) emitió un aviso de “peligro inminente” de tsunami para las islas Galápagos y las provincias costeras, tras un sismo de magnitud 8,8 frente a la península de Kamchatka en Rusia. El organismo informó que las olas podrían alcanzar hasta 1,5 metros en el archipiélago y cerca de 1 metro en el continente y difundió un cronograma con horarios de llegada: en la costa norte de Isabela las primeras ondas se esperaban a las 09:48, en San Cristóbal a las 09:55 y en Santa Cruz a las 10:00; más tarde, en Muisne y San Vicente (Esmeraldas) cerca de las 11:30, en Manta a las 11:40 y en Puerto López a las 12:00.
Ante la advertencia, las autoridades ordenaron evacuar las zonas cercanas al mar. En Galápagos se activaron los puntos seguros designados por la Secretaría de Gestión de Riesgos, como la cima del cerro San Vicente, el estadio de Puerto Ayora y el helipuerto de Baltra. En Manabí y Santa Elena los capitanes de puerto pidieron a las embarcaciones que zarpen mar adentro o refuercen sus amarres, y se suspendieron actividades de pesca, turismo y clases presenciales. Los vuelos hacia y desde el archipiélago fueron cancelados hasta que se evaluara la situación, mientras que en ciudades como Manta y Atacames sonaron las sirenas del ECU 911 para alertar a la población.
El suceso puso de manifiesto la fragilidad de las comunidades costeras.
Muchas familias que dependen de la pesca artesanal y el comercio informal tuvieron que abandonar sus viviendas sin contar con recursos ni transporte. La falta de señalización y de rutas de evacuación claras en varios cantones demostró que los sistemas de alerta temprana necesitan reforzarse. Aunque la marea se encontraba baja y algunos especialistas explicaron que esto redujo la fuerza de las olas, el impacto económico de la jornada recayó sobre la población más vulnerable.
Para movimientos sociales y organizaciones comunitarias, este episodio es un recordatorio de la necesidad de invertir en infraestructura pública, vivienda segura y programas de educación ambiental. Señalan que, junto con la alerta de tsunami, persisten problemas de acceso al agua, saneamiento y salud, y que la inversión pública en prevención y mitigación debe priorizar a las personas por encima de intereses privados.
La madrugada del 30 de julio de 2025, Ecuador amanecio bajo alerta de tsunami. Un terremoto de magnitud 8,8 registrado frente a la peninsula de Kamchatka (Rusia) provoco una serie de ondas que avanzan por el Pacifico. El Instituto Oceanografico y Antartico de la Armada (Inocar) advirtio que el peligro es inminente y estimo que en la region insular podrian registrarse olas de hasta 1,5 metros y en el litoral continental no superarian el metro. Segun el boletin de la entidad, las primeras ondas debian arribar a las islas Galapagos entre las 09:48 y las 10:00 (hora continental).
Desde las 07:30, autoridades y pobladores de la isla Isabela iniciaron la evacuacion preventiva.
En Puerto Villamil, turistas y residentes abandonaron casas, hoteles y locales; la Alcaldia dispuso el uso de volquetas para trasladar a la gente hacia la zona de San Vicente. La Secretaria de Gestion de Riesgos delimito zonas seguras como el estadio Pampas Coloradas en Puerto Ayora, la Unidad Educativa Ignacio Hernandez en Puerto Baquerizo Moreno y el helipuerto de la parroquia Santa Maria–Floreana. El Comite de Operaciones de Emergencia (COE) se activo desde la madrugada para coordinar las acciones.
En el continente, Inocar reitero que las olas previstas serian menores y que se esperaba su llegada poco antes del mediodia. La actualizacion de la institucion senalo que la marea estaba en bajamar y que la amplitud de las ondas seria de hasta un metro en zonas como San Lorenzo, Muisne o Cojimies. El cronograma indicaba que en Manta y Puerto Lopez las olas arribarian alrededor de las 11:06 y 11:07, respectivamente.
Para mitigar riesgos, varias alcaldias de Manabi y Esmeraldas suspendieron actividades pesqueras y pidieron a las embarcaciones zarpar mar adentro o asegurar sus sistemas de fondeo. El capitan Carlos Delgado, de la capitania del puerto de Manta, explico que estas medidas buscan evitar danos a las naves y recordo lo ocurrido en 2011 tras el tsunami de Japon.
El profesor Eduardo Rebolledo, de la Universidad Catolica del Ecuador en Esmeraldas, subrayo que el impacto podria verse atenuado porque el tsunami llegaria durante el aguaje y con la marea en vaciante. Aun asi, insto a no subestimar los efectos de corrientes de un metro, que pueden generar fuertes remolinos en puertos y estuarios.
En Galapagos, la Direccion de Aviacion Civil suspendio los vuelos hasta nuevo aviso y los reprogramara tras evaluar el comportamiento de las olas.
El Ministerio de Educacion dispuso que las clases pasen a modalidad no presencial en varios distritos costeros y que las instituciones educativas se utilicen como albergues temporales. En Santa Elena, el COE provincial prohibio la actividad comercial en zonas susceptibles a inundaciones y exhorto a la poblacion a mantenerse informada a traves de canales oficiales.
La movilizacion de comunidades enteras en las islas y en la costa vuelve a poner de relieve la vulnerabilidad estructural del litoral ecuatoriano ante fenomenos naturales. A pesar de contar con un sistema de alerta temprana, las inversiones en infraestructura de refugio y educacion comunitaria son limitadas. Organizaciones sociales y academicos insisten en que las medidas de emergencia deben ir acompanadas de politicas de adaptacion climatica y de un fortalecimiento del presupuesto para las secretarias de riesgos y gobiernos locales. Las alertas por tsunami recuerdan que el cuidado de la vida y de los territorios no puede quedar supeditado a anuncios puntuales; se necesitan planes integrales construidos con participacion comunitaria que garanticen la proteccion de pescadores, comerciantes y turistas.
En el momento de cerrar esta nota, el Inocar mantenia la advertencia y seguia monitoreando el avance de las ondas. Las autoridades recomiendan a la ciudadania seguir las indicaciones del COE nacional y de los gobiernos locales, y no acercarse a playas ni muelles hasta que se levante la alerta.