Quito, 7 ago (La Calle).– Con81 votos a favor, 63 en contra y una abstención el Pleno de la Asamblea aprobó la reforma para eliminar el financiamiento a partidos políticos. La última palabra la tendrá la ciudadanía en las urnas.
En un debate tenso y polarizado, la Asamblea abordó este 7 de agosto la reforma constitucional que busca eliminar el financiamiento público a movimientos políticos. La propuesta, impulsada por el oficialismo, apunta a modificar los artículos de la Constitución que garantizan recursos estatales y promoción electoral equitativa para estas organizaciones.
El presidente de la comisión legislativa, Esteban Torres (ADN), abrió la discusión con un cuestionamiento frontal al sistema vigente. Reveló que desde 2008 se han destinado USD 263 millones entre el Fondo Partidista Permanente y el Fondo de Promoción Electoral.
«En las últimas elecciones, 16 candidatos presidenciales compitieron y la mayoría no superó el 1% de votos«, subrayó, mientras detallaba montos históricos recibidos por fuerzas como Alianza PAÍS (USD 18 millones), Partido Social Cristiano (USD 12 millones) y Revolución Ciudadana (USD 2 millones). Torres defendió que la transparencia de ingresos seguirá bajo vigilancia del Consejo Nacional Electoral, la UAFE y el SRI.
División de opiniones
Frente a esta postura, la oposición levantó alertas sobre el riesgo para el pluralismo político. Carmen Tiupul, quien ha votado con el oficialismo en las últimas leyes, anunció su voto en contra. «Esta reforma perjudica a los movimientos pequeños», dijo. Aunque evitó hablar por toda su bancada, señaló que «la mayoría» de sus seis legisladores rechazarán la propuesta.
Desde Revolución Ciudadana, el asambleísta Christian Hernández acusó al oficialismo de hipocresía fiscal: «¿Recuperarán los USD 70 millones gastados en consultas populares de 2024 y 2025, los USD 76 millones de la deuda Noboa o los USD 150 millones de Progen?». Hernández insistió en que eliminar el financiamiento «atenta contra la igualdad de participación».
La reforma, que ya fue aprobada en comisión el 23 de julio, deberá someterse a consulta popular a finales del 2025 si obtiene el aval del Pleno Legislativo.