En una circulación interna enviada a los 151 legisladores el pasado 6 de junio la administración de Olsen detalló algunas normas para regular el acceso a la sede legislativa, dirigidas a legisladores y funcionarios. El comunicado ya enviado a correos institucionales, establece:

1. El ingreso al Palacio Legislativo de personas ajenas a la institución se realizará por la entrada de la calle Piedrahita, previa comunicación al personal de la Escolta Legislativa, a través de correo electrónico, quienes validarán dichos ingresos.

2. Los funcionarios que autoricen el ingreso de personas externas, asumirán la plena responsabilidad de las acciones que tales personas realicen durante su visita.

3. Queda prohibido el acceso de asesores, asistentes, personal administrativo o legislativo a las sesiones del Pleno. En el caso de que un asambleísta presente alguna moción en dicha sesión, podrá autorizar el acceso de hasta 1 miembro de su equipo, informando su nombre y cargo con 24 horas de anticipación al correo electrónico.

4. Para el acceso de medios de comunicación y personal periodístico, se deberá coordinar directamente con la Secretaria de Comunicación de la Asamblea Nacional. Se requiere comunicar su presencia con al menos 24 horas de anticipación al correo electrónico correspondiente.

Contraposición institucional

Pese al tono restrictivo del comunicado, la Secretaría de Comunicación emitió este 7 de junio un mensaje al chat de prensa donde afirma que: «La Asamblea Nacional extiende una cordial bienvenida a medios acreditados […] Hoy se garantiza acceso habitual conforme a procedimientos establecidos».

El texto además invitó a nuevos medios y periodistas a acreditarse vía correo electrónico, contradiciendo la exigencia de 24 horas planteada en las normas internas. Actualmente los medios comunicación cuentan con una credencial que les permite el acceso al Palacio Legislativo para sus coberturas diarias.

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23 de abril de 2025

Una imagen vale más que mil principios constitucionales.

Colgada en la puerta del Pleno de la Asamblea Nacional, la fotografía del Papa Francisco —fallecido apenas tres días atrás— se convirtió en símbolo de lo que estaba por ocurrir: reverencia, silencio y archivo.

Ese mismo día, sin presencia de sus proponentes, sin debate a fondo y con los micrófonos enmudecidos, el Legislativo decidió enterrar la Ley de Libertad e Igualdad Religiosa. La propuesta, nacida en la Defensoría del Pueblo y retomada por la legisladora Esther Cuesta (Revolución Ciudadana), buscaba establecer límites claros entre fe y poder político.

No era una amenaza a la espiritualidad. Era una advertencia al abuso.

No era contra la fe. Era contra el poder.

El proyecto proponía sancionar a iglesias que, desde sus púlpitos, hicieran proselitismo político, promovieran discursos de odio o interfirieran en elecciones. No perseguía creencias, sino el uso de la religión como plataforma electoral.

Pero los temores pudieron más. Legisladores de todas las bancadas se alinearon para archivar la propuesta sin enfrentar el debate ético de fondo. Se escudaron en tecnicismos: que las exenciones tributarias no eran competencia legislativa, que el traslado del registro religioso al Ministerio de la Mujer era improcedente. Palabras para evitar decir la verdad: el miedo a incomodar al poder eclesiástico es más fuerte que la voluntad de legislar con valentía.

La política se arrodilló

La Asamblea no debatió el fondo del problema: ¿puede una iglesia intervenir en elecciones sin consecuencias?

¿Debe una institución religiosa tener más margen de acción política que una organización social?

La respuesta fue evasiva.

Mientras algunos hablaban de libertad de culto, lo que se evitó fue hablar de libertad de conciencia, derechos LGBTI+, derechos de mujeres, de niñez, de personas no creyentes.

La fe se respeta. La impunidad no.

Carmen Tiupul, asambleísta de Pachakutik, confesó en el Pleno que la propuesta “confundió” a las comunidades indígenas. “Los adultos mayores me decían que nos iban a sancionar solo por rezar en comunidad”, relató.

Ese miedo —impulsado desde sectores religiosos que se sintieron amenazados— se convirtió en argumento político. Y así, el Estado volvió a ceder terreno frente al dogma.

¿Quién protege a quienes no tienen púlpito?

Mientras tanto, muchas personas continúan siendo señaladas, marginadas o atacadas desde espacios religiosos por su identidad, orientación sexual o creencias. El proyecto proponía evitar justamente eso. Pero fue silenciado.

La Revolución Ciudadana, lejos de defender su propia propuesta, guardó silencio. Solo Pierina Correa habló… para recordar que era el día del trabajador legislativo.

El laicismo no se decreta, se defiende

No se archivó solo una ley. Se archivó la posibilidad de hablar de la relación entre política y religión con madurez democrática.

Se archivó la protección del espacio público como territorio plural.

Se archivó la defensa de quienes creen distinto o no creen.

Y sobre todo, se archivó el valor de hacer política sin miedo.

El Estado laico no es un lujo.

Es una garantía democrática.

La fe es libre.

El poder, no.

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La ausencia del primer mandatario fue cuestionada por el Legislativo debido a que no solicitó licencia para hacer campaña electoral, en su lugar notificó al Consejo Nacional Electoral (CNE) que dejaría temporalmente el cargo para hacer actividades proselitistas. Noboa encargó la Presidencia a Cynthia Gellibert durante el período de campaña. La firma de los nuevos decretos se anuncian a 48 horas del balotaje.

Detalles de los decretos:

1. Suspensión laboral en Tungurahua (Decreto 593): Actividades públicas y privadas se paralizaron este 11 de abril por la festividad religiosa Caminata por la Fe. Las horas no trabajadas se recuperarán en días posteriores.
2. Reducción del IVA al 8% (Decreto 594): Aplicable del 18 al 20 de abril para servicios turísticos, como hoteles y transporte.
3. Subsidios a productores agropecuarios (Decreto 590): Agiliza donaciones no reembolsables a pequeños y medianos agricultores.
4. Cambio ministerial: Luis Alberto Jaramillo, ministro de Finanzas, asumió también como encargado de Producción (Decreto 592).
5. Reformas al programa Incentivo Emprende (Decreto 591): Amplía acceso a créditos para poblaciones en pobreza extrema.

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