Quito,30 jul (La Calle).- La bancada de Revolución Ciudadana presentó una solicitud formal a la Fiscalía General del Estado para que se investigue a los exministros de Energía, Roberto Luque y Antonio Goncalves, así como a la actual titular de la cartera, Inés Manzano, por su presunta vinculación con los contratos fallidos de generación eléctrica suscritos entre la estatal CELEC y la empresa Progen.
El pedido, anunciado por el asambleísta Franklin Samaniego, cuestiona que las pesquisas del denominado «Caso Apagón» —que investiga un presunto peculado con perjuicios de más de USD 100 millones, según la Contraloría— se hayan centrado en funcionarios de rango medio, como el exgerente de CELEC Fernando Calero, allanado el pasado 28 de julio. Samaniego exigió que se apliquen «medidas urgentes» contra los ministros, argumentando que «quienes estuvieron al frente de las directrices deben responder» ante las irregularidades verificadas.
Crisis eléctrica y contratos improvisados
Los hechos se remontan a abril de 2024, cuando Ecuador enfrentó cortes masivos de luz. El entonces ministro encargado de Energía, Roberto Luque, declaró emergencia en el sistema eléctrico el mismo día de su posesión (16 de abril), autorizando a CELEC a realizar contrataciones directas para incorporar generación termoeléctrica.
En mayo de 2024, Luque viajó a Houston (Texas, EE.UU.) junto al entonces gerente de CELEC, Fernando Calero, para evaluar instalaciones de Progen, una de las empresas interesadas. Un mes después, Calero declaró emergencia en CELEC y delegó en subalternos la firma de contratos con Progen, argumentando urgencia para evitar nuevos apagones.
Graves fallas
Pese a las promesas, las plantas en Quevedo y Salitral nunca operaron:
- En Quevedo, Progen incumplió plazos y solo entregó 17 de 20 generadores, ninguno operativo.
- En Salitral, aunque llegaron 29 motores, faltaron obras críticas como un transformador.
CELEC terminó unilateralmente ambos contratos en junio de 2025.
La Contraloría detectó que los equipos ofrecidos por Progen no eran nuevos, carecían de certificación como fabricante autorizado y correspondían a modelos discontinuados desde 2019. Además, los motores —diseñados para diésel— incumplían el requerimiento de operar con Fuel Oil.