Contexto del caso

El juez electoral Fernando Muñoz resolvió que Diana Salazar fue víctima de violencia política de género. Las señaladas: Priscila Schettini, esposa del exdefensor del Pueblo Freddy Carrión, y Angélica Porras, abogada y activista, integrantes del colectivo Acción Jurídica Popular.

Ambas realizaron publicaciones en redes sociales en las que acusaban a Salazar de plagio en su tesis de grado y la atacaban con calificativos como “#LadyImpericia”, “copiona”, “inepta” e “incapaz”. La Universidad Central del Ecuador desestimó posteriormente el presunto plagio, aunque admitió errores en las citas académicas.

Argumentos de la sentencia

El TCE determinó que las publicaciones y declaraciones constituían violencia política de género conforme al artículo 280 del Código de la Democracia. Se alegó que los mensajes, además de desacreditar a Salazar como funcionaria, estaban cargados de estereotipos de género y buscaban minar su legitimidad como fiscal.

Las sanciones

1. Suspensión de derechos políticos:
   • Schettini: 3 años
   • Porras: 2 años Durante este período, no podrán postularse, ejercer cargos públicos ni votar.
2. Multas:
   • Schettini: USD 22.500
   • Porras: USD 13.500
3. Restricciones adicionales:
   • Prohibición de emitir contenido que aluda a la fiscal.
   • Eliminación de publicaciones ofensivas.
   • Disculpas públicas.
   • 40 horas de capacitación contra la violencia política de género.

¿Quién asume sus funciones?

Tanto Schettini como Porras son legisladoras electas por el movimiento Revolución Ciudadana (aunque no oficialmente posesionadas en el pleno). Dada la suspensión de sus derechos políticos, no podrán asumir su curul ni participar en el ejercicio de funciones legislativas. Sus alternos asumirán esas funciones, de acuerdo con el procedimiento parlamentario establecido por la Asamblea Nacional.

¿Sentencia legítima o acción política?

Para algunos sectores, el fallo representa un avance en la protección de las mujeres en la política, marcando un precedente claro contra los ataques basados en estereotipos de género.

Pero para otros, se trata de una respuesta política disfrazada de justicia. El colectivo Acción Jurídica Popular ha sido crítico de Salazar, especialmente tras presentar denuncias por presunto plagio. Para figuras como Angélica Porras, la fiscal usa selectivamente su poder: activa ciertos casos cuando le conviene políticamente y congela otros que afectan a aliados.

Este caso se suma a una lista de episodios que muestran cómo la fiscal general mueve fichas judiciales con cálculo político, un patrón que ha sido denunciado por actores de diversas tendencias.

Documentos y fuentes oficiales

• Sentencia del TCE – Documento PDF
• Sitio oficial de la Fiscalía General del Estado

Conclusión: Lo que parecía una sanción jurídica se ha convertido en un caso emblemático del uso del aparato electoral y judicial en un país donde la política y la justicia rara vez caminan por separado.

SENTENCIA DEL TCE: https://apps.tce.gob.ec/jml/bajar/Sentencias/3338a2_SENTENCIA-250-23-170124.pdf?utm_source=chatgpt.com

RECURSOS FGE: https://www.fiscalia.gob.ec/publicacion-de-sentencias/?utm_source=chatgpt.com

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17 proyectos de Ley vetados por el presidente

Hasta la fecha, Noboa ha vetado —total o parcialmente— diecisiete iniciativas legislativas, abarcando reformas en áreas sensibles como justicia, seguridad social, medio ambiente, cultura, trabajo y administración pública. Entre los proyectos que recibieron observaciones se encuentran las Reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, la Ley de Prevención y Defensa contra Incendios y el Proyecto de reformas al Código Orgánico Ambiental, los cuales, según el Ejecutivo, requerían ajustes para cumplir con estándares de técnica legislativa y constitucionalidad.

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Uno de los vetos que ha generado mayor debate es el de la Ley Reformatoria para Asegurar la Asignación Directa y Oportuna de Recursos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), que buscaba obligar al Estado a transferir recursos a las municipalidades en los primeros cinco días de cada mes. El presidente Noboa vetó parcialmente esta ley, argumentando que imponer plazos estrictos podría afectar la liquidez del Estado.

También se destaca el veto a la Ley Orgánica Reformatoria al Código de Trabajo y la Ley del Servicio Público, que pretendía eliminar la discriminación laboral hacia trabajadores mayores de 40 años. El Ejecutivo consideró que la propuesta, aunque bien intencionada, presentaba ambigüedades que podrían generar conflictos de interpretación y problemas en su aplicación.

Entre las otras normativas vetadas figuran:

• Ley de Registro
• Ley Orgánica de Cultura
• Reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa
• Ley del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales
• Ley de Reconocimiento a Veteranos de Guerra del Ecuador
• Código Orgánico Integral de Reactivación Agropecuaria y Pesca
• Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social para pescadores y campesinos artesanales
• Proyecto de Ley de Servicio Cívico Militar Voluntario
• Proyecto de Participación de Rentas del Estado a favor de GAD por industrialización de petróleo en Esmeraldas, Santa Elena y Sucumbíos

El tratamiento de las reformas relacionadas con la seguridad social ha sido particularmente sensible. Noboa vetó dos leyes que buscaban crear regímenes especiales: una dirigida a los habitantes de Galápagos y otra a pescadores y campesinos artesanales. El presidente argumentó que estas iniciativas, sin el debido respaldo financiero, pondrían en riesgo la sostenibilidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Críticas al nuevo mandato de Daniel Noboa

A pesar de las críticas provenientes de distintos sectores políticos y de gobiernos locales, el Ejecutivo ha defendido su postura asegurando que los vetos buscan «garantizar leyes viables, técnicas y responsables». Mientras tanto, en la Asamblea Nacional crece la discusión sobre posibles insistencias legislativas frente a los vetos, aunque estas requerirán mayorías calificadas para revertir las decisiones del Ejecutivo.

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Con un escenario político cada vez más tenso, surge la pregunta: ¿qué papel jugará Anabella Azín, madre del presidente, en el respaldo o en la redefinición de la estrategia gubernamental en los próximos meses?

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