Abogados de Glas y Serrano reaccionan

La tarde del viernes 27 de junio, el condenado Daniel Salcedo llegó al Complejo Judicial Norte de Quito acompañado de un fuerte resguardo policial para rendir su testimonio sobre el asesinado de Fernando Villavicencio, ocurrido en agosto de 2023. Dos años después, la Fiscalía General del Estado retoma las investigaciones para dar con el o los autores intelectuales del magnicidio, en cooperación eficaz. Salcedo habría mencionado montos y nombres ante un juez y un fiscal, desde la cámara Gesell. Después de la diligencia, los abogados de Jorge Glas y José Serrano dijeron ante los medios de comunicación que sus clientes no tienen ningún rol de participación. Dámaris Cáceres, abogada del exvicepresidente, aseguró que su defendido no habría sido mencionado de manera directa en el testimonio y que los señalamientos a exautoridades de gobiernos pasado han sido muy escuetos, según las declaraciones publicadas en el medio El Dato.

Por su parte, el abogado del exministro del Interior indicó que no existen pruebas de que su defendido esté involucrado en el caso a pesar de que se ha dicho que se presentarían en la diligencia. Esta versión se encontró en el medio digital El Portal.

Diligencia reservada

Ante estas declaraciones, la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado oficial donde advirtió el inicio de acciones legales contra las personas que hayan difundido información catalogada como reservada, puesto que el testimonio constituye una diligencia a la que únicamente tienen acceso los sujetos procesales.

Sin embargo, cuatro meses después del crimen, la exfiscal ya anunciaba sus sospechas de Javier Jordán como uno de los involucrados. En una entrevista en el medio Teleamazonas, de diciembre de 2023, la exfiscal Diana Salazar dijo que en conversaciones de chats, de mayo hasta octubre de 2022, se revelaba una con Jordán en la que presuntamente solicitó fotografías, documentos, contactos y nombres de personas cercanas a Villavicencio.

También señaló que la información que se filtró del político provenía de bases de datos de la función pública, como ubicación desde el ECU 911, coordenadas, tarjetas de filiación, fichas y otras, que solo tenían acceso determinadas personas. “Imagínese que tenían a la mano todo lo necesario para cuando Fernando se les perdiera”, aseguraba la titular de la Fiscalía cuando aún estaba en funciones.

¿Hubo financiamiento y un financista?

Las declaraciones de ambos abogados coinciden en que Salcedo habría señalado que el asesinato de Villavicencio fue financiado con sumas de 20.000, 30.000 y 200.000 dólares pero que, ninguno de estos recursos representaría necesariamente momentos de pagos. Los periodistas mencionaron el nombre de Javier Jordán como el presunto financista, sin embargo, ninguna de las partes confirmó el nombre e indicaron que esta información está en la investigación de la Fiscalía.

Entre los nombres que se habrían mencionado de forma indirecta en el testimonio de Salcedo, estarían el del empresario Javier Jordán, así como el de un exministro identificado como “Pepe”, que algunos relacionan con José Serrano. También se habría afirmado la participación de actores cercanos a un movimiento político, aunque sin acusaciones directas ni documentación verificable. Estas menciones han generado una nueva ola de tensiones políticas y mediáticas.

¿Rumores, especulaciones o verdad a voces?

Desde los espacios virtuales, tanto actores políticos como ciudadanos han cuestionado que este proceso podría estar siendo manipulado con fines políticos, especialmente por figuras públicas que buscan vincular a un movimiento político sin pruebas sólidas.

Sin embargo, el testimonio de Daniel Salcedo deja en evidencia las tensiones entre justicia, poder y verdad. Mientras se mencionan o rumoran nombres que generan ruido político y mediático, las defensas insisten que se trata de acusaciones infundadas y esperan que la investigación sea transparente.

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Anteriormente Boscán huyó del país debido a supuestas amenazas de muerte en su contra y de su familia. Estas amenazas habrían venido de grupos criminales. El día de hoy, el periodista denunció que Fiscalía abrió una investigación contra el medio digital La Posta, por «delitos económicos», tomando como prueba un video de la red social TikTok. 

Denunció que una simple llamada anónima bastó para que Fiscalía abra la investigación contra el medio por lo cual anunció que el Gobierno los está persiguiendo. Explica que esta ‘fuente’ acusó a Boscán y a Luis Eduardo Vivanco de delitos económicos.

El periodista tachó esto como un «atentado a la libertad de expresión». Además, reveló que solicitaron asistencia penal internacional frente a la celeridad del caso a cargo de la fiscal Ivonne Proaño. «¿Cual es el delito dra. Proaño, que investigamos al que le dio la orden?», cuestionó.

El seguimiento a la Posta estaba en el celular de Cherres

Asimismo, se reveló audios donde se escucha a Rubén Cherres referirse al medio y al periodista Boscán. De acuerdo a las interpretaciones, Cherres pretendía contratar sicarios para silenciar al periodista debido a sus investigaciones sobre él y Danilo Carrera.

Es por este audio que se sabe que habría un atentado hacia Boscán, Fernando Villavicencio (+) y el coronel de Policía, José Luis Erazo. Por ello también se realizó un parte policial del 1 de abril de este año donde se alertaba de los posibles atentados criminales.

Boscán detalla las pruebas de la persecución en su contra

Andersson relató que, en el celular de Rubén Cherres el día que lo encontraron asesinado, existían fotografías de su persona. Explicó que habían 31 fotografías tomadas cerca del domicilio, el vehículo y oficina del periodista. De acuerdo a él, es «todo lo que necesita un sicario».

Mafiosos estaban al tanto de los movimientos de Boscán y su familia en Quito, hecho del que tenía conocimiento el fiscal y perito de la unidad de delitos transnacionales, Jorge Cuasapaz, quien lo desestimó. Boscán denunció que ninguna autoridad que sabía de esto le informó que la vida de él y su familia estaban en riesgo.

Cuasapaz informó (extraoficialmente) al equipo de Boscán que por una orden superior, no abrirán una investigación por los seguimientos en su contra. Por ello es que afirma que el Gobierno encubre a quienes persiguen a miembros del medio La Posta.

Además, aseveró que la documentación sobre los casos de Cherres, Villavicencio o relacionados a la trama de corrupción con el Gobierno, tienen carácter de reservado. Boscán dijo que los periodistas de su medio que tuvieron acceso a esas investigaciones, firmaron acuerdos de confidencialidad. Una muestra de que las instancias estatales pretenden ocultar información o censurarla, en palabras de él.

La reacción de la Fiscalía ante las acusaciones de Boscán

En un comunicado publicado en la red social X (twitter), la Fiscalía General del Estado (FGE) indicó que la información revelada por Boscán está fuera de contexto y que fue «obtenida de forma irregular». En la imagen no hay referencia alguna a la investigación contra Boscán o el medio de comunicación.

En la respuesta no se expresa como tal el rechazo a las declaraciones del periodista. El comunicado señala puntualmente que la FGE expresa su «profunda preocupación» y que las investigaciones mencionadas en la emisión de La Posta, son públicas. Es decir, la institución desmintió que estas son reservadas al público o a los medios de comunicación.

También desmintió que el parte policial del 1 de abril consta en el expediente fiscal. Es decir, ese parte no conforma el expediente. «(…)Dentro de la verdad procesal no existe» puntualizó. A ello agregó que las investigaciones del asesinato de Cherres y Villavicencio se desarrollan de manera separada.

Actualmente, Boscán y el medio afirmaron haber tomado medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y haber denunciado los atentados contra la libertad de expresión del Gobierno ante el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la protección de periodistas.

«Llévenme para satisfacer la sed de venganza de un Gobierno corrupto que está de salida», subrayó Vivanco refiriéndose a la Fiscalía hacia el final de la transmisión de Café La Posta en YouTube.

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En un escrito, Salinas solicita al candidato «de manera cordial» que contraste la información antes de hacerla pública. «Si el candidato conoce de algún miembro de la Policía Nacional que haya ejecutado esa acción en nombre del Comandante General, le solicito se me haga llega esta información para abrir la causa administrativa correspondiente», manifestó.

«Al señor Fernando Villavicencio siempre le he guardado respeto y consideración, he valorado su trabajo periodístico y no sería capaz de ejecutar esas infundadas afirmaciones», añadió.

Villavicencio murió asesinado por tres disparos en su cabeza el pasado 9 de agosto mientras salía de un mitin de campaña en el norte de Quito. Zurita dio declaraciones al respecto este miércoles 16 de agosto en el medio KCH FM:

«La Policía sabe todo, sino, ¿cómo atraparon a los gatilleros pocos minutos después del asesinato? (…) Fausto Salinas mintió (…) después fue a tomar fotos del cadáver de Fernando Villavicencio», afirmó el candidato.

Topic desmiente una denuncia de Zurita en su contra

Ante ello Salinas comenzó afirmando que la Policía Nacional «es la más interesada en que salga a la luz toda la verdad». Además indicó que planea «transparentar» la actuación de la institución durante el resguardo del candidato, el cual contaba con filtros de seguridad.

Salinas aseguró que ordenó la elaboración de un informe técnico que «dé respuestas a la sociedad ecuatoriana». De acuerdo con los resultados de esa investigación, se tomarán acciones, puntualizó.

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Cerca de las 20h00 del sábado 5 de agosto, un morador del lugar percibió un olor desagradable cuando pasaba cerca de una quebrada. Por ello se acercó y encontró el cuerpo en estado de descomposición, alertando a la central del ECU 911. Esta a su vez notificó a la Policía Nacional que acudiera al lugar a investigar el hecho.

Los uniformados descendieron cerca de 50 metros de profundidad parta rescatar el cadáver. Notaron que el cuerpo tenía signos de violencia tales como golpes. Criminalística y personal de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) confirmó la identidad de la víctima por la vestimenta que llevaba.

De acuerdo con familiares, quienes iniciaron la búsqueda de Solano, él llevaba una camisa de franjas amarillas, blanco, rojo y azul, y además un jean azul.

Además de la intensa búsqueda iniciada por sus familiares, también realizaron una marcha en Loja para exigir el hallazgo de Solano. Actualmente la Fiscalía comenzó las investigaciones pertinentes para esclarecer la muerte del cabo de policía.

La desaparición del cabo de Policía en Loja

El cabo de policía desaparecido desde hace dos semanas y hallado muerto este sábado en Loja, prestaba sus servicios en Azuay. El automotor encontrado en Santa Rosa era en el cual se movilizaba, un vehículo color blanco, marca KIA. El día que desapareció, dejó a su esposa e hijo en la Terminal Terrestre de Loja. En ese lugar fue visto por última vez según las indagaciones posteriores.

La familia posee un negocio allí y por ello, el gendarme los movilizó hasta allá después de celebrar su cumpleaños. Según testimonios de familiares, aprovechó sus turnos de descanso de servicio para visitar a sus seres queridos en Loja.

Tres detenidos por desaparición y asesinato de un taxista

«Tengo un hijo pequeño, me pregunta todos los días por su papá. Trato de llegar en la noche para no encontrarlo despierto, porque no tengo una respuesta de donde está su padre», manifestó la esposa del policía antes de conocer el hallazgo (S.B).

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Las autoridades reportaron la presencia de varios explosivos en gasolineras, oficinas de la Fiscalía y balaceras en centros educativos y calles de la provincia verde. Un fuerte contingente policial y militar reviste a Esmeraldas para «calmar la situación».

Según los uniformados, los artefactos fueron desmantelados luego de un operativo. A la par, algunos taxis, autos particulares y autobuses fueron incendiados en distintos sectores. Además, en videos difundidos en redes sociales captaron el momento en que un bus de la cooperativa Trans Esmeraldas se incendió en la terminal terrestre.

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Instituciones gubernamentales como: la Fiscalía Provincial de Esmeraldas y la Agencia Santa Vainas de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL – EP) recibieron ataques durante los disturbios.

CNEL – EP informó a través de su cuenta de twitter que cerrarán sus 12 agencias de servicio al cliente en la provincia. Sin embargo, sus canales virtuales como twitter y call center se encuentran habilitados en lo que dura la medida.

Secuestraron a un policía

En medio de la caótica situación que vive Esmeraldas, un policía fue secuestrado en los exteriores de la Fiscalía. Un antisocial lo apuntaba con un arma, mientras otro grababa el momento. Además, los sujetos le colocaron una supuesta bomba para amedrentarlo. Actualmente, el servidor se encuentra recibiendo atención en una casa de salud.

Escuelas víctimas de la ola de terror

Un padre de familia publicó un video donde se comentó la escalofriante situación en una de las escuelas de Esmeraldas, luego de un supuesto tiroteo. El hombre indicó que lograron refugiarse debajo de los pupitres y lograron salvarse de los proyectiles.

En el metraje se puede observar a varios niños al resguardo de quien grababa y una presunta profesora, mientras están en el suelo.

Ante los hechos, el Ministerio de Educación suspendió las clases en la provincia verde y otros negocios cerraron sus puertas. (S.B.)

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La madre, de 15 años, de la menor también resultó herida por el ataque de los desconocidos. El hecho ocurrió la mañana de este viernes en una vivienda ubicada en el sector Minas de la parroquia antes mencionada, reportó diario El Mercurio.

Al escuchar los gritos de auxilio, los moradores del lugar vieron escapar a cuatro jóvenes. Ante ello alertaron a los servicios de emergencia debido a las heridas en el abdomen de la bebé. Actualmente se conoce que trasladaron de urgencia a la madre y su hija a una casa de salud.

La Policía Nacional comenzó un gran operativo de búsqueda para dar con el paradero los autores del intento de asesinato. Preliminarmente informan que ya existen personas señaladas para las investigaciones. Los vecinos de Minas especulan que entre los cuatro criminales que intentaron asesinar a la bebé se encontraba el padre de la menor. La situación continúa en investigación (S.B).

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Los agentes de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestro y Extorsión (DINASED) hicieron el macabro hallazgo. Ellos realizaban la búsqueda de una persona reportada como desaparecida y parte de su trabajo de campo era ingresar a la quebrada del Parque Ecológico de Carcelén.

Asesinan a un hombre al estilo sicariato, en Cuenca

De acuerdo con información preliminar, la persona tenía 50 años aproximadamente. Los agentes aclararon que se sabrán más detalles cuando se realice la autopsia y otros procedimientos para conocer la identidad y causa de muerte. Debido a la dificultad de la zona, equipos especiales de rescatistas realizó un operativo para extraer el cadáver.

El fiscal de turno llegó al lugar para certificar el hallazgo y dar inicio a las investigaciones. El Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y demás departamentos de la Policía Nacional trabajaron conjuntamente con la DINASED. Por lo pronto, se espera que hoy lunes las autoridades ofrezcan más información sobre el cadáver hallado en el norte de Quito.

Otro cadáver en Carapungo

Otro hombre fue acribillado al medio día en Carapungo, norte de Quito, el pasado 17 de julio. Según los uniformados, la víctima habría recibido al menos cuatro disparos. El occiso tendría alrededor de 40 años.

Los uniformados mencionaron que los antisociales se trasladaban en una motocicleta y luego de asesinarlo huyeron.

Además, moradores del sector aseguraron que la tranquilidad en el lugar se perdió desde hace mucho tiempo. De la misma manera, la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron al lugar para realizar las investigaciones.

Las siguiente imágenes pueden afectar la sensibilidad del lector.

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Las autoridades señalaron que Picoazá y San Pablo son zonas conflictivas donde supuestamente lidera el microtráfico, por lo que los crímenes responderían a una disputa e territorio entre las bandas criminales Los Lobos y Los Choneros.

Luego de un operativo, los uniformados capturaron a cuatro sujetos, uno de ellos sería un menor de edad. Además, decomisaron dos vehículos, reportados como robados, tres armas, 30 municiones de arma larga.

Además, otro adolescente fue asesinado el domingo 2 de julio en la misma provincia. Según la Policía Nacional, los tres crímenes estarían relacionados. Según la periodista Belén Mendoza, el menor detenido sería el hermano de la persona que asesinaron.

El hombre salía de una audiencia judicial por el delito de tenencia ilegal de armas. El ahora occiso se movilizaba en la parte trasera de un taxi y quedó gravemente afectado por los disparos.

De acuerdo con las cifras de la Policía, solo en Portoviejo, se registraron 120 asesinatos en lo que va del año.

(S.B.)

Atentado a alcalde de Portoviejo lo destituye

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Según el periodista Orlando Pérez son las elecciones más violentas. El saldo de violencia en en el presente período electoral registra al menos cinco candidatos asesinados y más de diez atentados durante este proceso electoral. Registros sin precedentes en los últimos diez años en el país.

El primer mandatario, Guillermo Lasso, condenó el asesinato de Omar Menéndez, durante la inauguración de la jornada electoral. «Rechazamos todo tipo de violencia. El narcotráfico y la delincuencia organizada no tienen lugar en el Ecuador», declaró el presidente, quien solicitó a Fiscalía actuar ante el crimen ocurrido.

Por otra parte, la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de Estados Americanos (OEA) arribó el día viernes para dar seguimiento al proceso electoral este domingo. Dicha misión está integrada por 20 miembros distribuidos por seis provincias del país.

En tanto, Diana Atamaint condenó el acto de violencia de manera enérgica y realizó un llamado a las autoridades competentes a investigar este hecho. En paralelo, aseguró que alrededor del 10% de los ciudadanos ya sufragaron. Además, el CNE emitió un actualización de incidencias con corte a las 11h00. Entre las principales novedades se decomisaron 84 armas de fuego y 93 armas blancas y 210 citaciones por proselitismo.

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Actualmente, la Policía informa que investigan el hecho, sin embargo, no constataron las posibles causas del delito. Testigos indicaron que la víctima se trata de Iván Cuero, reconocido empresario de la provincia.

Medios locales reportaron que el asesinato sucedió alrededor de las 21H30 de este sábado, en el sector San Carlos, suroeste de Tonsupa. Siete impactos de bala acabaron con la vida víctima y quienes arremetieron se movilizaban en una motocicleta.

Luego de cercar la zona del hecho, la Policía informó que agentes expertos se trasladaron al lugar para levantar indicios «a fin de recopilar información para dar con el paradero de los responsables», a través de su cuenta oficial de twitter.

Gobierno propone trasladar a los GADs los problemas de inseguridad ciudadana

El empresario en cuestión era propietario de un restaurante en Tonsupa y además era asesor de Fredy Saldarriaga, alcalde de Atacames. Cuero formaba parte de militantes del Partido Socialista Ecuatoriano en Esmeraldas.

De acuerdo al comandante de la Policía de la subzona Esmeraldas, Javier Buitrón, hasta inicios de junio se registraron 149 muertes violentas en esa localidad. Aparte del asesinato del empresario en tonsupa, se han registrado explosiones y ataques de sicariato recientemente.

En entrevista con Diario El Comercio Buitrón señaló que entre 2015 y 2020 existía un promedio de 70 asesinatos anuales, no obstante en 2021 la cifra se duplicó. Según las autoridades el incremento de los crímenes se debe a grupos relacionados a la minería ilegal y el narcotráfico.

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Delgado y Mendoza se movilizaban en un auto rojo. Fueron víctimas de una persecución y en su intento por huir de las balas propiciadas por los sicarios, chocaron contra una pared. Los cuerpos fueron trasladados al Centro Forense de la ciudad.

El hecho habría ocurrido en el sector Elegolé, en la ciudad de Manta, en la provincia de Manabí, donde rige el estado de Excepción, dispuesto por el presidente Lasso.

Este no es el primer hecho violento registrado en la ciudad, lo que preocupa a sus habitantes que se encuentran atemorizados por el incremento de la inseguridad.

Respuesta de la Fiscalía General del Estado

Frente al asesinato, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que equipos de la institución ya se encuentran en el lugar con el fin de esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

Así también, hizo un llamado a la Policía Nacional a actuar con eficacia para evitar que hechos similares se repitan.

“La Institución rechaza cualquier intento de amedrentamiento y ratifica su respaldo al trabajo investigativo que lleven adelante los distintos equipos fiscales en el país para garantizar un acceso digno, transparente y efectivo a la justicia penal”, expresó la Fiscalía, mediante un comunicado.

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En un boletín de prensa, señala que la detención del sospechoso, Darwin Kléber Juiña Lincango, se ejecutó gracias a una investigación liderada por la institución.

Sobre Juiña pesaba la boleta de captura por violación a una adolescente en el vehículo de transporte escolar que debía llevarla a su colegio. De acuerdo al boletín, el sospechoso fue localizado en Lago Agrio, Sucumbíos, gracias al trabajo conjunto entre el Bloque de Búsqueda de la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Investigaciones contra la Integridad Sexual. 

Las autoridades detuvieron al sospechoso ayer, martes 3 de mayo, y hoy en la madrugada llegó a Quito, donde se desarrolló su audiencia de formulación de cargos. Galeano Balcázar, fiscal especializado en Violencia de Género, presentó los elementos de convicción recabados en la investigación previa.

Además de formular cargos por el presunto delito de violación, la Fiscalía solicitó al Juez de Garantías Penales que disponga prisión preventiva para el acusado. El procesado tiene prohibido acercarse a la víctima, testigos y otras personas. Tampoco puede acceder a determinados lugares.

A ello también se suma la extensión de una boleta de auxilio preventiva. Una jueza de Garantías Penales concedió estas medidas el pasado 27 de abril. El crimen habría ocurrido el 21 de abril y las autoridades del colegio habrían minimizado el tema hasta que se difundió mediáticamente.

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Al momento, Fiscalía dispuso más de 30 diligencias en la investigación, donde constan los testimonios de familiares de la víctima, la exrectora del colegio, el propietario de la unidad de transporte y la adolescente agredida.

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Los estudiantes se concentraron frente al Ministerio de Educación, donde se observa un fuerte resguardo policial. Los jóvenes y ciudadanos indignados han solicitado que no haya silencio ni complicidad del Estado ante estos crímines. Asimismo, los padres de los estudiantes han dicho que llegarán hasta las últimas consecuencias para que se haga justicia.

«Nos violan y nos matan y el Estado no hace nada», es una de las consignas que se han escuchado durante las protestas de estos días.

¿Qué dicen las autoridades?

Ayer, la ministra de Educación, María Brown, en sus primeras declaraciones, defendió a la institución educativa. Aseguró que el Colegio Dillon «cumplió con los protocolos establecidos para estos casos». El protocolo, dijo, establece que se resguarde el nombre de la institución y la víctima.

Más tarde, el Ministerio de Educación pidió la renuncia de la rectora del colegio por «prácticas negligentes». El presidente Guillermo Lasso no se ha pronunciado sobre el caso ni se ha solidarizado con la víctima.

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Se conoce que el abogado y familiares de la víctima lograron ingresar al Ministerio de Educación, al igual que una comitiva de padres de familia y profesores de la institución.

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La manifestación inició en los exteriores de la institución, en la calle 9 de Octubre y Orellana, Centro de Quito, donde se concentraron los estudiantes, reclamando respuestas a sus autoridades. Después de ello, avanzaron hasta las instalaciones del Ministerio de Educación, en el sector La Carolina Norte de la Capital.

Allí protestaron por más de media hora, sin embargo no obtuvieron respuesta alguna del Ministerio o alguno de sus funcionarios. Más tarde, la ministra de Educación, María Brown, apareció en el lugar y dio declaraciones respecto al hecho.

«Tenemos una gran preocupación por que este caso sea investigado. Que llegue a la justicia de manera adecuada (…) Nuestro mayor interés es facilitar y agilizar todos los procesos de investigación para que se pueda dar con todos los detalles de lo sucedido», expresó Brown.

El colegio Dillon cumplió con los protocolos en el caso de abuso sexual dice Brown

Más declaraciones por justicia para estudiante del Colegio Dillon

Un ex estudiante anónimo que fue parte de la organización de la marcha relató que las autoridades no han dado respuesta oportuna a los familiares de la víctima. A ello se suma que la cooperativa de transporte a cargo del recorrido escolar, tampoco se ha pronunciado al respecto.

Él explica que quien se supone es la persona dueña del vehículo -y quien trabaja para la cooperativa-, el día de la agresión, puso a cargo a un familiar. Es por eso que, objeta, no se sabe muy bien qué ocurrió luego de que el agresor haya atacado a la menor.

Solo se sabe que mezcló alcohol con cierta sustancia que la incapacitó lo suficiente para que esta persona la viole. Añade que esta cooperativa encubre al agresor y ni siquiera proporcionó su nombre. Aseveró que muchos estudiantes del Colegio Dillon se autoconvocaron para pedir justicia por su compañera agredida ya que esto no había ocurrido nunca antes. Y también para sumar su apoyo a la lucha por la erradicación de la violencia sexual y de género.

El abogado de la familia de la menor agredida, Guillermo Lara, detalló que existe una grabación en la que ella denuncia que fue abusada sexualmente. Él explica que en la grabación, exclama -llorando- frente al dueño del vehículo y el agresor lo ocurrido.

No obstante, profesores y autoridades minimizaron el hecho, por lo que, el abogado acotó, hay complicidad entre el colegio y la cooperativa de transporte escolar.

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Ante estos hechos que conmocionaron a la ciudadanía, Germán Ochoa, el jefe de Policía de La Troncal, pidió a la población estar tranquila, pues dijo que estas muertes eran «selectivas» y estaban relacionadas con drogas y disputas territoriales.

Más allá de estas declaraciones que siguen posicionando las olas de violencia como un problema entre bandas delictivas, las autoridades no han dado respuestas a la ciudadanía. Desde el Gobierno, tampoco existen acciones claras para manejar la escalada de crímenes violentos.

El crimen

Las autoridades explicaron que se trató de un «crimen selectivo» en el marco de una disputa de venta de estupefacientes entre bandas narco delictivas.

Jorge Vélez, fiscal de la provincia de Cañar, afirmó que las muertes guardarían relación y que por ello «avanzarán en las investigaciones hasta dar con los supuestos responsables». En uno de los cuerpos se encontró un papel que rezaba «Hoy fue tu trabajador el próximo descuartizado vas a ser tú».

Según esa ‘pista’, se refuerza la idea de una pelea entre bandas ya conocidas. En ella estarían involucrados «alias Rody», que de acuerdo al fiscal, es uno de los líderes de la agrupación «Los Lobos».

Rafael Añazco, jefe de policía de la zona 3 declaró, en rueda de prensa, que estos hechos violentos han cobrado la vida de personas que nos son oriundas de la zona, sino de las provincias de Napo, Morona Santiago, entre otras. Por ello, presumen que las víctimas son parte de bandas que los reclutan desde esas provincias.

Existen más crímenes relacionados en La Troncal

León explicó que también hubo otra muerte violenta el sábado 16 de abril, al interior de una discoteca en la ciudadela Pablo Estrada. Tras levantar el cadáver de la víctima se allanó su vivienda, en donde se encontraron municiones de grueso calibre. Precisamente, tres vainas disparadas, un cuchillo, 150 balas de 9 milímetros, 52 municiones calibre 380, fundas con drogas y un teléfono celular.

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El parte policial indicó que la víctima de 18 años tenía heridas corto punzantes y varios disparos en la cabeza y hombro. El fiscal Vélez añadió que otras tres personas resultaron heridas. Una permanece en estado crítico y con pronóstico reservado.

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Tres mujeres y tres hombres fueron acribillados, el menor de dos años murió asfixiado al ser aplastado por el cuerpo de su madre. La única sobreviviente fue una niña de tres años, que ya fue puesta al cuidado de un familiar.

Javier Buitrón, comandante de la Policía Nacional en la provincia de Esmeraldas, contó que los integrantes de la familia asesinada estaban involucrados en actividades ilícitas. Buitrón declaró para el medio Saeta TV Esmeraldas que según moradores «aparentemente estas personas se dedicaban al expendio de sustancias psicotrópicas y al robo de domicilios y personas».

De acuerdo al comandante, la persona a la que fue entregada la menor sobreviviente también registra antecedentes penales. Este asesinato múltiple a esta familia suma a 131 las muertes violentas en la provincia de Esmeraldas en menos de cuatro meses.

Banda delincuencial «Los Tiguerones» se deslinda de hechos violentos en Esmeraldas

Los ‘Tiguerones» se deslindan del asesinato

A través de un video que circula en redes sociales, la banda de Los Tiguerones emitió declaraciones con respecto a la masacre de la Familia en Esmeraldas. En el metraje expresan que «no tuvieron nada que ver con el hecho ocurrido en el barrio
Monte Sinaí. Donde vilmente y cobardemente quitaron la vida a siete personas inocentes, incluidos niños de cuatro y dos años de edad».

También explican que los familiares tenían relación con esta banda y ello explica su asesinato. Por ello, acusan de autoría de la masacre a Roldán J. R. ‘Alias Bola’, quien se encuentra recluido en la cárcel regional de Guayaquil.

A él se suman otros responsables como personas de nacionalidad colombiana que rondan el sector de Monte Sinaí, según sus acusaciones. Estas personas pertenecerían a las bandas de ‘Los Gangsters’ y ‘Águilas’. En el material también expresan su solidaridad con los afectados por el violento hecho y enviaron sus condolencias al hermano de la víctima, que estaba a su lado.

«Y a ustedes población esmeraldeña: no saben como han sido las cosas. No opinen. Y a ustedes miembros de la Policía Nacional: ahí están las consecuencias, las alcahueterías que cargan con estos perros de Gángsters y Águilas. Siguen siendo partícipes de muertes inocentes (…). Solo persiguen a ‘Los Tigres’ mientras que la paz y la tranquilidad de la ciudad por la cual disque luchan día a día, está hecho pedazos», manifestó el vocero de la banda.

«Hagan consciencia, que esta no es su guerra, es nuestra. No se presten ni se metan, solo hagan su trabajo como manda la ley, más, nada», concluyó.

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