Acusaciones de acoso y vulneración de derechos

Según la denuncia, Suárez habría enfrentado hostigamiento constante por parte de la Dirección de Talento Humano del Ministerio de Gobierno. Entre los hechos más graves se señala que:

«Se le ha presionado reiteradamente para firmar un contrato de servicios ocasionales, a pesar de contar con un nombramiento provisional desde 2015.

Desde enero de 2025, su salario ha sido suspendido sin justificación alguna, afectando su estabilidad económica y la de su hijo menor de edad.

Ha sido excluida de los sistemas internos de comunicación del ministerio, impidiéndole el desempeño de sus funciones.

A pesar de haber solicitado información sobre su expediente y movimientos presupuestarios, no ha recibido respuesta por parte de las autoridades.

Se encuentra en proceso judicial ante la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, con un caso en segunda instancia sobre la legalidad de su situación laboral».

Impacto en su vida personal y profesional

Suárez es madre soltera y además cuida a un familiar con discapacidad del 85%. La suspensión arbitraria de su salario ha afectado gravemente su capacidad para cubrir necesidades básicas, en especial las de su hijo de 10 años. La Fundación Amor Ultravioleta ha enfatizado que este tipo de acciones constituyen una vulneración de derechos fundamentales y exigen una respuesta inmediata de las autoridades.

Normativa que respalda su caso

El Acuerdo Ministerial MDT-2020-244 establece protocolos para prevenir y atender casos de discriminación, acoso laboral y violencia contra la mujer en espacios de trabajo. Además, la Organización de las Naciones Unidas señala que los Estados deben condenar la violencia de género sin justificaciones culturales o religiosas, implementando políticas efectivas para erradicarla.

Llamado a la acción

La Fundación Amor Ultravioleta ha solicitado al ministro de Gobierno, José Javier De La Gasca López Domínguez, y a las autoridades administrativas correspondientes que se detengan inmediatamente las acciones en contra de Suárez. En caso de no recibir una respuesta, advierten que acudirán al presidente Daniel Noboa y a organismos internacionales de derechos humanos para exigir justicia.

La situación de V. Suárez es un claro ejemplo de los desafíos que enfrentan muchas mujeres en el ámbito laboral, especialmente en el sector público. Este caso pone en evidencia la necesidad urgente de garantizar condiciones laborales justas y libres de violencia de género en Ecuador.

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