Quito, 07 de julio (La Calle). – Ecuador: potencia global del cacao fino de aroma.

Ecuador controla más del 60% del mercado mundial de cacao fino de aroma, un grano codiciado por chocolateros gourmet en Europa, Asia y Norteamérica. Esta variedad representa solo el 5% de la producción mundial, pero el país andino lidera con amplia ventaja frente a sus competidores regionales. Su éxito no solo se debe a la calidad del grano, sino a las condiciones naturales del país: suelo volcánico, biodiversidad y clima ecuatorial, que imprimen un perfil de sabor único e inigualable.

Los sabores del cacao ecuatoriano van desde cerezas y cítricos hasta almendras y caramelo, gracias al entorno donde se cultiva. Sin embargo, el 93% de este grano se exporta, dejando en territorio nacional apenas una fracción del valor agregado del chocolate.

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Orgullo nacional y un despertar local impulsado por su historia y sabor.

La historia del cacao en Ecuador se remonta a más de 5.000 años, según hallazgos arqueológicos en Zamora-Chinchipe. Pero ha sido en los últimos años cuando el país ha vuelto a posicionarse en el mapa global del chocolate, gracias a productores comprometidos y marcas con visión local, como Paccari.

Fundada por Santiago Peralta y Carla Barbotó, Paccari se propuso romper el paradigma exportador, elaborando chocolate en Ecuador y fomentando el comercio justo con agricultores locales. Su modelo de negocio ha generado un efecto dominó en el mercado: otras marcas ecuatorianas ahora experimentan con sus propias barras, y empresas extranjeras también han empezado a producir localmente.

Turismo de chocolate: del grano a la tableta, en vivo

El auge del chocolate fino ha dado paso al turismo del cacao. Fincas a nivel nacional, abren sus puertas a los visitantes para mostrar todo el proceso: desde la fermentación hasta el templado y la cata. El recorrido permite apreciar la historia y el sabor del cacao ecuatoriano de forma sensorial y directa.

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Ver, oler, probar y aprender del cacao en su origen convierte al turista en parte de una historia viva. Así, Ecuador no solo exporta materia prima de excelencia, sino también experiencias únicas, con identidad cultural y sabor nacional.

Ecuador ha ganado la partida en el cultivo del mejor cacao del mundo. Pero aún enfrenta el desafío de transformar ese liderazgo agrícola en soberanía chocolatera. Apostar por el valor agregado, fortalecer la industria local y expandir el turismo del cacao podría convertir a este grano en algo más que un producto de exportación: en una verdadera herramienta de desarrollo económico y cultural.

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El colectivo alertó sobre la presencia de paramilitares armados en el sector. De la misma manera, señaló que los «vigilantes» atacaron a los campesinos de Las Pampas, un sector de Sigchos. En imágenes que circulan en redes sociales, se observa a uno de los afectados con golpes en su cabeza y mano.

«Responsabilizamos a Daniel Noboa de las consecuencias de su política minera», resalta el tuit del colectivo.

De la misma manera, la Conaie detalló que, el 7 de marzo de 2024, individuos armados paramilitares, identificados con la «Junta de Defensa del Campesinado», que se vincula con empresas mineras desde el 2021 se reunieron en Palo Quemado. Según el movimiento, el grupo armado realizó controles de carretera no autorizados, solicitaron documentación a los transeúntes y portaban armamento pesado.

Posterior a eso, el 9 de marzo, cerca de 20 campesinos fueron intimidados cuando se dirigían a una asamblea comunitaria. Además, ingresaron a sus domicilios y amenazaron a todos sus familiares.

«Todo eso a los opositores a la empresa canadiense y su subsidiaria La Plata. Todo eso en complicidad del Estado», reza el comunicado.

También acusó al gobierno y al presidente Daniel Noboa por incrementar el riesgo de enfrentamientos civiles violentos. En el comunicado, detalla que todos los procesos serían para beneficiar a las empresas mineras.

Una consulta inconstitucional

El Ministerio de Ambiente realizó una consulta ambiental en julio de 2023. El proceso fue calificado de ilegítimo por la población y declarado inconstitucional por la Corte Constitucional (CC). La Conaie enfatizó que esta acción se desató en medio de una represión hostil que dejó a seis campesinos lesionados, dos de ellos de gravedad.

Yasunidos también se pronunció al respecto y se solidarizó con sus compañeros de Sigchos, quienes sufrieron agresiones por resistirse a la minería. De la misma manera, responsabilizó al gobierno de los futuros actos y hechos que se desaten.

«Es su gobierno el que ha decidido de manera ilegal dar respaldo a proyectos mineros a pesar de la clara resistencia y oposición de las poblaciones en territorios», detalla el documento.

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Es decir, abriría la puerta al arbitraje de las instituciones en tribunales internacionales, pese a que esto contradice la Constitución del Ecuador. Además, Chérrez señaló que el régimen crea expectativas sobre las garantías jurídicas en el país para que incursionen en la minería. Advirtió que solo priorizan los intereses de los inversionistas mineros.

«Eso significaría un asalto a los fondos públicos sobre todo cuando se habla de medidas urgentes para la crisis económica», reprochó.

Detalló que el país atraviesa una demanda por más de USD 400 millones interpuesta por una empresa China que tuvo que suspender sus actividades en el Río Blanco, en Azuay. Algo similar ocurre con Chevrón, otra empresa que demandó al país por más de mil millones de dólares.

«Esto no tiene nada de lógica o consistencia y menos cuando incrementaron el IVA en 3 puntos por esa crisis», dijo.

De los oídos sordos…

Chérrez cuestionó que Daniel Noboa no escuchó las advertencias de los ciudadanos ante un escenario minero compulsivo en Ecuador. Relató que en Canadá se presentaron con la promoción de territorios, espacio de vida de las comunidades y la naturaleza a modo de oferta o subasta sin analizar las consecuencias.

Indicó que el colectivo y 12 organizaciones más presentaron en 2023 un informe de cinco proyectos mineros, donde hallaron violaciones a los derechos humanos y de la naturaleza. Argumentó que encontraron irregularidades ambientales, no tenían licencia, entre otras cosas, que el régimen no prestó atención a la hora de firmar estos acuerdos.

«Es preocupante que se quiera afirmar que ganaron unos cuantos miles de dólares pactando con empresas que incumplieron las reglas ambientales y estaban en los informes que presentamos», dijo.

El famoso catastro minero

La representante de Acción Ecológica explicó que las autoridades pretenden abrir el catastro minero, un mapa con una serie de líneas que señalan los distritos mineros. Resaltó que esta actividad oculta que esos territorios son espacios de vida, de comunidades llenos de características que tienen que ser respetadas. «De lo contrario se declararía estado de barbarie en el país», anticipó.

Apuntó que la entidad y otras organizaciones de Canadá dialogan para acceder a fuentes de primera mano y conocer el acuerdo que firmó Noboa. Esto para no «caer en interpretaciones antojadizas» y anteponer una cifra económica a la realidad de los pueblos ecuatorianos.

«Se estarían subordinando a los intereses de transnacionales y explotar recursos nacionales en las peores condiciones», enfatizó.

Las principales consecuencias

La activista enumeró que las principales consecuencias de expandir la frontera minera son: la remoción de tierras, contaminación del ambiente con el ácido de piedra al extraer los minerales y el posible desplazamiento de las comunidades.

Aludió que los daños más graves se generan en las zonas agrícolas, aquellas que dependen de las vertientes de agua, bosques y otros espacios. El ejemplo más claro es el territorio de Las Naves, donde se enfrentaron civiles y policías porque las autoridades trataron de imponer una consulta.

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Noboa presentó esta propuesta que «incentivará la inversión en esta actividad extractivista«. El proyecto lo expuso en la Feria PDAC junto a las ministras de Energía, Andrea Arrobo y de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld. El primer mandatario, alegó que su gobierno está apegado a todos los lineamientos para lograr este «objetivo».

En contra parte, María Angélica Loja, ciudadana que marchó en contra de estos proyectos, indicó que el presidente no «puede violar los derechos de la tierra y de los ciudadanos». De la misma manera, explicó que lleva más de 30 años luchando para que se respete Quisacocha, un sector de Cuenca.

«Yo vivo del agua, del producto de la tierra. El señor Noboa no me puede quitar esos derechos (…) Mi deseo es que mi país quede libre de minería«, dijo en medio del platón.

Los ciudadanos entregaron una carta al embajador de Canadá en Ecuador, Sthepen Potter, para que «cumpla con sus acciones extraterritoriales en derechos humanos». Además, lo instó a trabajar en defensa de los espacios de vida ante los atropellos corporativos.

«No es posible condenar a todo un pueblo por unos cuantos pesos», reprochó. Otro manifestante recalcó que ganaron varias acciones de protección y medidas constitucionales que los gobiernos de turno no han respetado.

¿Por qué se suspendieron estas acciones?

El catastro minero, proceso que le permitiría al Estado otorgar concesiones mineras a otras empresas, fue suspendido en 2018. Sin embargo, el gobierno de Guillermo Lasso intentó reabrirlo. Según la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), si el régimen daba apertura a este proceso estaría incumpliendo a la promesa de moratoria de proyectos mineros. Esta promesa se acordó tras las mesas de diálogo del paro nacional de 2022.

Asimismo, el Ministerio de Energía y Minas anunció que el catastro se abriría en 2023. De acuerdo a la entidad, cerca de 600 procesos quedaron suspendidos.

• Imagen referencial

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Las llamas tomaron fuerza entre la tarde del 26 y 27 de enero. El jefe del Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ), Estaban Cárdenas, informó -a través de su cuenta de X- que más de 50 integrantes de la institución trabajan para evitar que el fugo se expanda.

Según el Ministerio de Ambiente, personal de la cartera de estado, brigadistas oficiales y del Parque Nacional de Cotacachi, bomberos de los cantones de: Tulcán, Bolívar, Mira, Espejo y Montúfar, una brigada comunitaria de la comuna La Libertad, y moradores del sector se reunieron para trabajar.

Además, comentó que trabaja para identificar las causas del incidente y monitorear de manera constante la zona. Este sector, a más de alimentar a varios páramos del país, alberga a conejos, aves, oso de anteojos, zorros, entre otros animalitos.

«A través de imágenes de dron, verificamos que el flanco frontal del área del incendio se encuentra liquidada», reza el comunicado.

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Los moradores se concentraron en los exteriores de una UPC del cantón. Según ellos, el decreto pretende dar paso a las actividades de la empresa minera CURIMINING S.A. Al lugar acudieron uniformados quienes se encontraban resguardando el edificio policial.

Los carteles de los manifestantes resaltaban la Ley de Aguas, la cual se presume, se modificaría con la consulta que se iba a realizar en el UPC del poblado

Este decreto permitirá ejecutar el proceso de consulta ambiental en comunidades, sobre proyectos de extracción de recursos y obras con impacto en el medio ambiente.

«No a la agricultura, porque nos contaminan» afirmó uno de los asistentes. Además, comentó que ya son 15 años que la localidad enfrenta las intenciones extractivas.

Aseguró que la actividad minera que se llevaron a cabo mató a gran parte de la flora fluvial del pueblo. También, enfatizó que la mayoría de habitantes centran su actividad económica en la agricultura.

Caso Cumbaratza, 35 años sin respuesta ante la minería ilegal

El clamor de los manifestantes

En videos difundidos en redes sociales por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), los manifestantes reclamaron que nunca dieron paso a la consulta.

Actualmente, todos permanecen en ‘vigilia’ y la consulta que pretendía realizarse en esta fecha al parecer fue cancelada. Al momento no hay comunicado oficial del Gobierno al respecto de lo sucedido.

(S.B.).

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Según el Municipio, esta medida obedece a los altos consumos de agua en sur y los valles, por lo que los cortes durarían 12 horas diarias durante todo el mes. La suspensión sería de 8h00 a 20h00 en fechas determinadas.

¿Cuáles son los sectores?

Los sectores afectados en el sur son Guajaló, Turubamba, Chillogallo y La Ferroviaria. En Guajaló y La Ferroviaria los cortes serán el 6, 11, 16, 21, 26 y 31 de julio. Turubamba tendrá la suspensión del servicio se realizará el 7, 12, 17, 22 y 27 de julio. En Chillogallo, los cortes ocurrirán este 3, 8, 13, 18, 23 y 28 de este mes.

En Los Chillos, los cortes se realizarán en las parroquias La Merced y Alangasí en las fechas 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 y 29. Además, la parroquia Pintag sufrirá de los cortes este 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 y 30 del mes.

Crecimiento poblacional complica el abastecimiento de agua en Quito

En el norte también

El Cabildo señaló que el norte de la ciudad también sufrirá de cortes de agua por la misma razón. En este caso, ocho y diez barrios de las parroquias de Calacalí y San Antonio se verán afectados.

La Epmaps puso a disposición de la ciudadanía un mapa de las suspensiones activas y planificadas e indicadores de cobertura del servicio de agua potable. Además, detalló algunas recomendaciones para este verano a propósito de los cortes y uso del agua en la capital.

• Riegue el jardín por la noche, esto evita la evaporación del agua.
• Revise la forma en la que limpia la acera y el patio.
• Reduzca el tiempo en la ducha.
• Al cepillarte los dientes, use un vaso para enjuagar.
• Lave el auto utilizando un balde y una franela.
• Repare las instalaciones defectuosas.
• Reutilice el agua sobrante de la lavadora.
• Reduzca la cantidad de veces que usa la lavadora y ocúpela en toda su capacidad.
• Evite fugas y pérdidas de agua.

(S.B.)

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Camacho denunció que una superintendenta encargada anuló a, través de oficio simple, una matriz de seguridad del Ministerio de Transporte avalada internacionalmente. Esta matriz precautela la salud de quienes descargan el crudo. Y además regula las horas de carga o descarga dependiendo del oleaje.

Según la activista, la matriz de seguridad fue implementada con carácter jurídico, a través de una resolución en enero del 2021, la cual, por medio de un oficio simple, fue anulada por la superintendenta encargada en septiembre del mismo año. Camacho afirma también que no han recibido respuesta del Ministro de Transporte, Marcelo Cabrera, ante los reclamos por esta inusualidad.

Sin embargo, tampoco han podido realizar la queja respectiva al Ministerio de Ambiente. «El Ministerio de Ambiente, aunque suene absurdo, tiene potestad el momento en que haya un derrame. Mientras tanto, la única potestad es la del Ministerio de Transporte», puntualizó.

Consecuencias ambientales de los controles de seguridad anulados

Camacho señaló que el punto crítico de esta problemática es el tipo de remolcadores empleados. Estos vehículos movilizan el buque cargado de petróleo hasta la bomba de descarga. Según ella, si existiese algún malfuncionamiento de ellos o no fuesen los indicados, podrían causar un accidente rompiendo el casco del buque y generar otro nuevo derrame de crudo.

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La activista indica que esto podría suponer nuevas amenazas para la biodiversidad del país pues, el derrame alcanzaría rápidamente lugares como las Islas Galápagos. Explicó que por alguna razón desconocida, no emplean remolcadores aprobados y mas bien lo hacen a necesidad, sin ningún requisito o control «a dedo».

Además indicó que no existe responsabilidad ni prevención por este tipo de desastres ambientales. Explicó que arreglarlos toma años y que estos no solo significan la pérdida del crudo y mortalidad de flora y fauna. Sino también, representa pérdidas económicas en materia de recursos, comercio y turismo. La activista afirmó que los controles de seguridad anulados son necesarios para evitar todo ello pero que, aparentemente, no hay procesos internos del Gobierno para auditar este tipo de situaciones.

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Esta quebrada, se encuentra activa la construcción de edificios de departamentos a cargo del proyecto Urkupamba. Construcción que cuenta con la autorización y el aval de las autoridades municipales y gubernamentales. «Se trata de una Iniciativa innovadora en donde prevalece la conservación del ambiente, de árboles y vegetación propias de las laderas del Pichincha» expresa su sitio web.

Según esta misma página se detalla que va a ser usado un espacio de menos de dos kilómetros cuadrados (0,2 hectáreas) para el proyecto arquitectónico. La idea es mimetizar los demás espacios planificados del proyecto que abarque menos del 15% del área protegida. Este también propone la construcción de cenizarios para el mantenimiento biológico del área de bosque protegido que pretenden intervenir.

Urkupamba sería ilegal

Sin embargo, a través de su cuenta de twitter, la activista Sybel Martínez denunció que desde el 2012 está prohibido construir ni autorizar edificaciones en las quebradas. Esto lo basó en un documento adjuntado en el tweet que muestra la resolución número C:350. La resolución manifiesta una declaración como patrimonio natural, histórico, cultural y paisajístico al sistema de quebradas del distrito metropolitano de Quito. En este documento también se afirma que existirán estrategias destinadas a la recuperación y gestión ambiental de estas zonas geológicas.

Asimismo se estipula la seguridad y prevención de daños por medio de sanciones. También el control conjunto de los distintos cuerpos de funcionarios municipales y centrales tales como los bomberos. Esa institución puso el visto bueno para la puesta en marcha del proyecto Urkupamba. Las denuncias muestran una presunta negligencia e ilegalidad en la autorización de los permisos. Hasta ahora no existe respuesta ni aclaración de parte de las autoridades municipales ni se han dado declaraciones desde la empresa que promueve el ‘cenizario’.

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La mancomunidad del Chocó Andino está  conformada por las parroquias de Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto. El dictamen, emitido la víspera, favorece constitucionalmente la aplicación de una consulta popular sobre la explotación de minería metálica. El procedimiento afecta los regímenes artesanal, pequeña, mediana y gran escala, dentro del Área de Importancia Ecológica, Cultural y de Desarrollo Productivo Sostenible .

La propuesta del colectivo “Quito sin Minería” llegó a la Corte  Constitucional el pasado marzo del 2021. Uno de sus objetivos es socializar a la comunidad sobre los problemas de la explotación artesanal, pequeña, mediana y gran escala en la zona de la mancomunidad del Chocó Andino.

En el 2018, la zona fue declarada como la séptima Reserva de Biósfera del Ecuador. Aquí la  flora y fauna  se encuentra en peligro constante por la destrucción de sus ecosistemas, porque  alrededor de 17 mil hectáreas y doce concesiones mineras que  se extienden para convivir con ellas. A estas podrían sumarse seis concesiones con una extensión de 9 mil hectáreas más.

Para el Colectivo Quito Sin Minería, esta respuesta por parte de la Corte Constitucional es el resultado de un trabajo constante. Ellos esperan ahora el siguiente paso, que será la recolección de 200 mil firmas durante los próximos seis meses. Para ello, el Consejo Nacional Electoral debe entregar el formulario. Sin embargo, el resultado del plebiscito, de ser favorable, sólo podrá aplicarse en el futuro. Es decir, no será retroactiva. 

Pero, ¿qué dice el dictamen? 

• La Corte dijo que, ante un “pronunciamiento afirmativo”, los efectos de la consulta popular “serán únicamente hacia el futuro” y no podrán exceder el ámbito de competencias constitucionales y legales fijadas para cada nivel de gobierno, que incluye tanto al gobierno nacional como a los autónomos descentralizados. 

• La Corte reitera que “ni este dictamen, ni el resultado del eventual plebiscito” deben entenderse como una atribución o reconocimiento de competencias no conferidas por la norma jurídica.

• El Municipio de Quito tendrá que elaborar un mapa oficial de las parroquias sobre las que tendrán efecto los resultados de la consulta popular.

El colectivo “Quito Sin Minería” expresó en su comunicado que este 31 de enero, a las 10:00, realizarán una rueda de prensa en los exteriores del Consejo Nacional Electoral.

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Quito, 13 ago (La Calle).- Lloverán Perseidas. Se trata de un fenómeno meteorológico que permitirá contemplar esas estrellas con la mayor claridad posible.

El evento será la noche de este 13 de agosto. La lluvia de Perseidas se conoce como “Las Lágrimas de San Lorenzo”, un fenómeno que inició el pasado 17 de julio y terminará el 24 de agosto.  

Las Perseidas serán visibles a partir de las 21:53 hora local. Para disfrutar de este evento se recomienda estar en un lugar libre de contaminación lumínica y dirigir la mirada hacia el norte.

No es necesario el uso de telescopios o binoculares, pues los meteoros serán visibles a simple vista. Este evento astronómico se presenta cada año en julio y agosto, cuando el planeta atraviesa la ruta de escombros dejados el cometa 109P/Swift-Tuttle, que fue descubierto en el año 1862.

El Observatorio Astronómico de Quito explica que este año las Perseidas se producen cerca de la Luna Nueva que se avistó el pasado 8 de agosto.

La característica de la Luna Nueva es que no aparece antes del crepúsculo de madrugada. con un poco de suerte, se podrían observar muchos meteoros sin la interrupción de la luz de la luna.

No podrá verse hasta 2024

Según un comunicado emitido por la NASA, los puntos más brillantes de las Perseidas en 2022 no serán visibles debido a la presencia de una luna llena y una baja actividad de meteoros, en 2023, en cambio, habrá una luna menguante.

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Quito, 6 ago (La Calle).- El pensamiento verde de Andrea Pinto alcanzó un valioso premio. La joven, oriunda del canto Rumiñahi, participó en la edición local del concurso de ciencia aplicada por el agua: “Stockholm Junior Water Prize”.

Andrea apunta a un premio internacional

“Creo que este proyecto puede ayudar en lo que es la conservación de nuestro planeta y de todos los afluentes acuáticos, ya que al recoger estos desechos es como cortar de raíz una problemática bastante grande”.

Las “ecobardas” fueron su propuesta.  Estas barreras sirven para recoger desechos. Son mallas de plástico hechas de botellas que “atrapar” los desperdicios que circulan por ríos, luego serán convertidos en “ecobloques”.

El prototipo se implementó con éxito en el rio Capelo, ubicado en Rumiñahui. El 28 de mayo, a través de la página de Facebook de Junior WATER PRIZE Ecuador, anunció los ganadores. El premio fue para ConCiencia Verde, por lo que ahora participa en la versión internacional.

El proyecto cuenta ahora con el apoyo del Gobierno Autónomo Descentralizado de Rumiñahui (GADMUR), que ha generado una campaña, para que la ciudadanía brinde su apoyo. Solo hay que entrar a esta web: www.watertank.se/voting/

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Quito, 15 de jun (La Calle).- La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos presentó a los delegados de las instituciones del Estado el informe: Situación de personas defensoras de derechos humanos, colectivos y de la naturaleza en ecuador. El informe analiza 22 casos emblemáticos de los últimos 10 años, de los cuales, 18 están vinculados a las industrias extractivistas y energéticas.

Revisa el informe completo aquí

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¿Qué problemas tuvieron los docentes de IKIAM hace poco?

Hace dos semanas, ocurrió un conflicto con la comisión interventora del Consejo de Educación Superior, (CES), en el contexto de la convocatoria a un proceso de elecciones.

El rector, nombrado por el CES, tomó de forma abrupta algunas decisiones, como llamar a un concurso público para no renovar los contratos de 78 docentes con contratos ocasionales de la Universidad Regional Amazónica, IKIAM.

Toda la comunidad académica se unió, pues la gran mayoría de estos docentes estaban desde la creación de la Universidad.

¿Qué ocurrió a continuación?

La protesta fue general, muchos docentes se encontraban como tutores de tesis de grado. El malestar llegó al CES que tuvo una sesión extraordinaria y decidió remover al rector.

¿Qué decisiones tomó el nuevo rector?

Arturo Luque, a quien se le encargó la rectoría, dispuso la renovación de los contratos. El problema, en definitiva, fue que la anterior comisión no se centró en el tema del proceso electoral y allí están las consecuencias.

¿Me podría dar datos sobre el universo de estudiantes, de carreras, etc…?

Somos en total 1.559 estudiantes terminando el periodo académico en la actualidad tenemos 500 aspirantes. 78 docentes ocasionales y 30 titulares. Contamos con tres facultades: Ciencias de la Vida, Ciencias de la Tierra y Ciencias Socio Ambientales. Nuestra primera promoción, representada en 27 estudiantes, se gradúa este año. El año entrante se graduarán 40 más.

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Fue un éxito, 20 millones de personas participaron en las concentraciones. Esta presión social llevó al Gobierno estadounidense a fundar la Agencia de Protección Ambiental y a impulsar un paquete de leyes de orientación ecologista, pero el reconocimiento internacional que tiene este día ha pasado por muchas etapas hasta consolidarse. 

No fue hasta 2009 cuando la ONU fijó el 22 de abril como Día Internacional de la Madre Tierra en «reconocimiento de que la Tierra y sus ecosistemas sustentan nuestras vidas». Lo celebramos en 180 países. La concienciación ambiental está cada vez más presente en todos los ámbitos. 

Para conocer más el Planeta Tierra, aquí puedes leer 7 curiosidades: 

1. Su campo magnético es un escudo protector

El Sol bombardea constantemente el Planeta Tierra con sus partículas, pero su campo magnético actúa como un escudo. Este se extiende desde el núcleo interno de la Tierra hasta el límite en el que se encuentra con el viento solar (una corriente de partículas cargadas que se liberan desde la atmósfera superior del Sol, llamada corona solar).

El campo magnético también es una guía que ayuda a la orientación de muchos animales, y gracias a las brújulas, también al ser humano. 

2. Es un planeta de hierro

La Tierra es planeta más denso del Sistema Solar. Según informa la BBC, los elementos químicos más presentes son el hierro (alrededor del 32%), el oxígeno ( 30%) y el silicio (15%).

Los científicos creen que el núcleo de la Tierra está compuesto por un 88% de hierro.

3. Temperaturas de todo tipo

La Tierra está llena de contrastes. El lugar con la mayor temperatura jamás registrada está en el Valle de la Muerte de Estados Unidos donde el 10 de julio de 1913 el termómetro subió hasta los 56,7 °C.

En el otro extremo se encuentra la Antártica. En la estación Vostok, el  31 de Julio de 1983 se registraron temperaturas de −89.2 °C.

4. La estructura viviente más grande de La Tierra puede verse desde el espacio

La mayor estructura única formada por organismos vivos es la Gran Barrera de Coral australiana. Su longitud es de más de 2.300 kilómetros comprende miles de arrecifes y cientos de islas compuestas por más de 600 tipos de corales, duros y blandos. Además, acoge a miles de especies marinas como peces coloridos, moluscos y estrellas de mar, junto con tortugas, delfines y tiburones. 

En 1981, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.about:blank

5. Hay lagos en La Tierra que pueden explotar

Es real, y ocurre en Camerún y en la frontera de Ruanda y la República Democrática del Congo. Allí se encuentran 3 lagos mortales: Nyos, Monoun y Kivu. 

Lo explica la revista Muy Interesante: «Son 3 lagos de cráteres que se asientan sobre la tierra volcánica. El magma debajo de la superficie libera dióxido de carbono en los lagos, esto hace que la capa profunda quede justo encima del lecho de los lagos, lo que se traduce en que ese dióxido de carbono puede ser liberado en una explosión». 

6. La gravedad no es igual en todos los puntos del planeta

La Tierra no es una esfera perfecta, su masa se distribuye de manera desigual, y esto provoca que la gravedad también lo sea. El lugar con mayor gravedad del planeta es la Bahía de Hudson de Canadá, y que esto suceda tiene un por qué. El causante de esta gravedad es el derretimiento de los glaciares, que varió la masa, en proporciones muy grandes, de esta zona, según explica la revista Science.

7. El lugar más profundo del océano

El punto más bajo de la Tierra está a 10.916 metros bajo el nivel del mar. Se encuentra en una sección de la Fosa de Mariana conocida como Abismo de Challenger o Sima de Challenger. 

La presión del agua en esta área es 1.095 veces mayor a la que podrías encontrar en la superficie. Lo que hace que sea muy difícil explorarla. En 2012, el explorador y director de cine James Cameron se convirtió en «la primera persona en descender en solitario al punto más bajo de la tierra».  

Fuente: Irina Pérez – Business Insider

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Quito, 3 abr (La Calle). – El pasado 29 de marzo se registró un nuevo caso de tráfico de especies vivas en las Islas Galápagos. De acuerdo a Wildlife Conservation Society, entre julio y diciembre de 2020 se identificaron 133 noticias sobre decomisos de fauna silvestre todas relacionadas al Ecuador.

185 tortugas bebes aparecieron envueltas en plástico en una maleta en la Isla de Baltra. El equipaje pertenecía a Nixon P., miembro de la Policía Nacional del Ecuador. 10 tortugas murieron debido a la forma de embalaje.

Tráfico de especies

Este caso no es el único que indica la existencia del trafico de especies vivas en territorio ecuatoriano.

En 2019, dos guardabosques fueron procesados por sustracción de tortugas bebé que pertenecían a las especies Chelonoidis y Guntheri, ambas en peligro de extinción. Según las autoridades, este delito tuvo un antecedente ya en 2018, cuando se produjeron algunas desapariciones.

Shandi Heredia, médico veterinaria de Protección Animal Ecuador (PAE) en entrevista con Radio La Calle , explicó que a los traficantes no les importa la cantidad de especies que sobrevivan durante el viaje mientras llegue un mínimo del cargamento. «Su costo en el mercado internacional es de aproximadamente USD 5.000 cada una”, informó.

Según datos del Parque Nacional Galápagos, entre 2017 y 2018 se ha traficado 150 tortugas bebes y juveniles, de las cuales 29 se hallaron en Perú. Su costo en territorio peruano es de USD 300, pero luego serían vendidas a USD 50.000.

En septiembre de 2015, en Santa Cruz se rescataron a 13 iguanas, de ellas 11 eran marinas y dos terrestres. Los reptiles se encontraron en la mochila de un ciudadano mexicano, que pretendió ingresar a Ecuador continental y luego tenía como destino Uganda, en África.

Durante los primeros meses del año, Wildlife Conservation Society publicó una investigación sobre estos casos en el primer semestre del 2020. En esas fechas fueron decomisados aproximadamente 1.742 individuos vivos, principalmente loros y tortugas terrestres, posiblemente destinados a mercados de mascotas o colecciones privadas.

Por otra parte, se evidenció a través de estudios, que este negocio es uno de los factores que contribuyen a la transmisión de enfermedades como el COVID-19. «Por esta razón, la generación de información en relación con esta problemática permitirá fortalecer la toma de decisiones”, indica la organización ambiental.

Controles

El Ecuador cuenta con una riqueza en flora y fauna, por eso es uno de los país más atractivos para el mercado de animales. En 2019, el aeropuerto Ecológico Galápagos se unió a la Declaración de Buckingham para combatir el trafico de especies en el mundo.

En el Acuerdo también se comprometieron los aeropuertos de Ámsterdam y Kenia.

“La Unidad de Protección del Medioambiente de la isla trabaja con un guía canino que se especializa en rastreo de vida silvestre. El último can se llamó «Xavier» y fue un pastor alemán que cumplió su gestión hasta abril de 2020”, contó un encargado de la Unidad Protección de Ambiente.

Explicó, además, que existe un solo punto de control terrestre ubicado en la caseta de Isla de Santa Rosa. En este centro trabajan los guardabosques de la mano con la UNPAMB.

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Quito, 23 mar (La Calle).- A casi un año del derrame de petróleo en la rivera de los ríos Napo y Coca, las empresas Petroecuador y OCP Ecuador no han remediado el origen del derrame de crudo en las comunidades indígenas y su entorno. En entrevista con Radio La Calle la abogada Vivian Idrovo, representante de la Alianza por los Derechos Humanos, explica algunos detalles del caso.

¿Cómo inició este conflicto ambiental?

El 02 de febrero de 2020 colapsó la cascada de San Rafael, lo que significó el comienzo de un proceso de erosión agresiva en el que las orillas se corroen. Todos estaban al tanto de esta situación, pero ni las autoridades, ni Petroecuador ni OCP tomaron acciones preventivas para cambiar el trazado de los tubos u otras acciones que eviten la fractura de los oleoductos. Ante la falta de interés, el 7 de abril dos oleoductos y se rompió y se derramaron 15.800 barriles de petróleo en 105 comunidades indígenas.

¿Cómo detectaron el problemas las comunidades indígenas del Coca y Napo?

Nadie informó. Ni las autoridades, ni las empresas comunicaron la existencia de este derrame a las comunidades. Ellos se enteran porque algunos integrantes salieron a pescar muy temprano y regresaron con las novedades del derrame. Los peces que era su principal sustento desaparecieron y los niños que jugaban en el río llegaron bañados en petróleo y con lesiones en la piel por el contacto.

¿Qué medidas de reparación tomaron las empresas petroleras y las autoridades?

Las operadoras dicen que cerraron las tuberías desde el colapso de la cascada, pero si lo hicieron, no llegaron a drenar los tubos. Tras la ruptura de los oleoductos, a las tres semanas, comenzaron a repartir kits de alimentos cada15 días. Estos contenían una lata de sardina, algunas libras de arroz, fideo, entre otras cosas que no suplían las necesidades alimenticias de una persona. Además, se entregaron cuatro botellones de agua a cada familia por semana. Si tomamos en cuenta que son familias con muchos miembros, el agua alcanzaba más o menos a medio litro por persona al día, si lo comparamos a que cada individuo requiere 7.5 litros de agua al día y que por motivos de pandemia la OMS adaptó esa cantidad a 15 litros por día, es una dosis inhumana. 

¿Qué hizo el Estado?

Envió brigadas médicas que atendían dos horas máximo como a 60 personas al día de las 27 mil afectadas.  La atención que se brindó era medición de pulso, temperatura y al final se les entregaba medicación muy básica como paracetamol.  Y el Ministerio de Ambiente y Agua no dio brindó ayuda alguna, ellos se comportaron como defensores de las petroleras y no apoyaron a las comunidades.

¿Cómo procedieron las comunidades indígenas ante el problema?

Como había transgresión a los derechos al agua, alimentación, salud y a un ambiente sano del territorio de los pueblos y nacionalidades, el 19 de abril del 2020 se presentó una acción de protección y medidas cautelares ante la Corte Provincial de Orellana. Esta es una acción constitucional que se ocupa de garantizar los derechos fundamentales de las personas en casos de vulneración. Mientras la acción de protección se llevaba a cabo se pidieron medidas cautelares que se supone deben ser resueltas inmediatamente, sino pierden su naturaleza.

¿Cuál fue la respuesta de la Corte Provincial de Orellana?

Aquí viene un gran conflicto. El juez a cargo del caso avoca conocimiento recién el 5 de junio y determina que resolvería la acción y las medidas en una sola sentencia. Esto no se puede hacer porque las medidas cautelares deben ser atendidas dentro de las 48 horas después de que el juez les haya dado lectura. Sin embargo, el 1 de julio el juez pospone la audiencia por problemas de salud. Esta se realiza el 12, 13 y 19 de agosto y la respuesta se presenta el 1 de septiembre. De manera oral el juez niega la acción de protección y las medidas cautelares. Como la respuesta escrita se presenta el 12 de octubre, recién el 15 del mismo mes se pudo interponer un recurso de apelación, y este tiene respuesta hasta el 23 de noviembre, cuando se indica que la corte no tiene necesidad de escuchar más pruebas. Entonces se realiza otro pedido para que las comunidades sean escuchadas el 21 de diciembre. Desde esa fecha hasta ahora no ha existido respuesta.

Entonces, ¿qué buscaban en la Corte Constitucional en la movilización del 5 de marzo?

Las comunidades se habían acercado en junio al Consejo de la Judicatura a exigir control y vigilancia en la acción presentada en Orellana y la Corte Constitucional estaba al tanto del tema desde que se suspendió la audiencia la primera vez. Frente a esto, la Corte ordenó al Consejo de la Judicatura que investigue los hechos, identifique culpables y que ejecute correctivos para que estos hechos no se repitan. También, agregó que el proceso debe darse de forma célere y sin barreras, en un plazo de 90 días. Sin embargo, hasta la fecha no existe respuesta del Consejo de la Judicatura. Por eso las comunidades vinieron a Quito a exigirle que cumpla el pedido de la Corte, y a la Corte a pedir que se presione al Consejo para que cumpla sus actos.

¿Cómo se encuentran actualmente las comunidades afectadas?

Las comunidades siguen sin ríos limpios para tomar agua, lavar los alimentos, cocinar, asearse o mantener una pesca segura. Ellos usan estas aguas porque no tienen de otra, pero siempre con el miedo de qué pasará a futuro. En septiembre se realizó un monitoreo comunitario y se analizó el agua del río con laboratorios reconocidos del país y el resultado arrojó que el agua aún contenía metales pesados que son cancerígenos. Y las autoridades están al tanto de eso. Recientemente fue la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional a supuestamente analizar la situación. Se acercaron y dijeron que todo estaba bien, que el agua ya era apta para consumo humano. Sin embargo, les servimos un vaso de agua y les ofrecimos “si esta tan buena el agua tomen, aquí está el agua del río tomen”. Pero ninguno quiso servirse.

¿Cuál es su pedido a las autoridades?

Lo que nosotros pedimos es una reparación integral. Según la Ley y la Corte Interamericana de Derechos Humanos las dimensiones de una reparación integral son: restituir a las personas y comunidades afectadas al estado anterior de la vulneración, tener garantías de que no se repetirá esta situación, brindar medidas de satisfacción, compensaciones e indemnizaciones. Es decir, se pide la restauración de la naturaleza y eso depende del Estado y las petroleras. Para las comunidades se requiere que sean atendidos en sus necesidades básicas de agua, alimentación y salud mientras ellos puedan volver a usar el río con tranquilidad. También, la evaluación y seguimiento del estado de salud para prevenir enfermedades crónicas futuras.

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De acuerdo con el último censo realizado a esta especie en agosto de 2018, hay 150 individuos. “Una cantidad sumamente baja si consideramos que para tener una población saludable deberíamos tener alrededor de 700 parejas reproductivas. Con 150 individuo y menos de 60 parejas reproductivas estamos muy por debajo de la brecha”, dijo Narváez.

Además, la amenaza al cóndor andino por la mano del hombre hace que esta especie esté en constante retroceso. “Es el caso de lo sucedido desde diciembre de 2018 hasta la actualidad en que hemos contabilizado más de 20 individuos asesinados. La mayor parte de ellos por envenenamiento y otros por cacería. Situación que reduce drásticamente la población. Es decir que si hace dos años teníamos 150 individuos, ahora tenemos mucho menos”, indicó.

Despidos en el Ministerio de Ambiente

Para Narváez, los despidos de guardaparques y personal del Ministerio de Ambiente impiden que se haga un seguimiento y protección a las especies en peligro de extinción en el país. “Estamos hablando de que los guardaparques están en la primera línea de conservación y es algo que lastimosamente se viene dando con mucha tristeza y va a ir en desmedro de la biodiversidad”, acotó.

El retorno de personas al campo también pone en peligro a las áreas de conservación del país. “Estamos en un proceso de pandemia en el que muchísimos trabajos se perdieron y la gente que salió del campo empezó a regresar. Esto hizo que las áreas que estaban destinadas a conservación empiecen a ser explotadas. Lo que retrocede todo el esfuerzo que se ha hecho desde hace más de 20 años. Justamente ahora necesitamos más capacidad operativa para controlar este fenómeno”, añadió Narváez.

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Para el exministro de Ambiente, Tarcisio Granizo, pone en evidencia los intereses para obtener recursos a partir de la sobreexplotación de la naturaleza. «Con la desvinculación del personal y el desmantelamiento del MAE se vislumbra un panorama sombrío en el país; diversos intereses económicos harán lo que sea para obtener ganancias a costa de la naturaleza», indicó Granizo en redes sociales.

El recorte causó malestar en varias organizaciones nacionales, ya que aducen que se está «desmantelando» a la autoridad ambiental en Ecuador. Aparte de la vulneración de derechos laborales, se genera un descuido del sector maderero, minero y la biodiversidad, por la falta de rigurosidad técnica.

 Ahorros de fin de año

El 30 de septiembre último, el Ministerio del Ambiente desvinculó a 398 funcionarios de distintas áreas  a partir de la fusión con la Secretaria del Agua a partir del Decreto Ejecutivo  de marzo del 2020.

Según el “informe técnico”  de la Dirección de Administración del Talento Humano del Ministerio del Ambiente y Agua, este proceso se realiza para optimizar  recursos.  El ahorro sería de un millón doscientos mil dólares aproximadamente, en los meses restantes de 2020.

En este marco, existe una incoherencia al momento de fusionar dos entidades que tienen propósitos diferentes. Granizo, director de WWF-Ecuador, rechazó los despidos y afirmó que  se debe explicar al país “¿cómo se cuidarán áreas protegidas sin guardaparques,  la contaminación sin personal o la vida silvestre sin gente preparada?”.

El análisis técnico emitido no muestra una justificación válida para el despido de los 398 servidores públicos. Si bien el eje de esta medida es, aparentemente, el ahorro económico, precariza, la acción de la autoridad ambiental central. (DC)

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