La Ley de Integridad Pública y el “perdón” de intereses

La reducción coincide con la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Integridad Pública, publicada el 26 de junio de 2025, que permite remitir el 100 % de intereses, multas y recargos para deudas generadas hasta el 31 de diciembre de 2024, siempre que el capital se pague antes de diciembre de 2025. Voces expertas señalan que la única forma legal de reducir una deuda en firme tan grande es a través de un pago parcial o mediante la modificación del acto administrativo que establecía la obligación. Sin embargo, ni el SRI ni la Presidencia de la República han explicado el mecanismo que produjo la disminución.

De primera a décima novena

Exportadora Bananera Noboa fue fundada en 1946 y figura entre los principales contribuyentes del país. Hasta junio ocupaba el primer lugar en la lista de mayores deudores tributarios; tras la condonación, se ubicó en el puesto 19. Según los registros, hasta mayo de 2025 la deuda se dividía en seis procesos correspondientes al período 2006-2010. Ahora aparecen rubros como “Reintegro de valores pagados indebidamente”, lo que alimenta la sospecha de un beneficio discrecional.

¿Privilegios presidenciales?

Durante el debate electoral del 23 de marzo de 2025, Daniel Noboa negó que su Gobierno fuera a condonar la deuda de su familia; aseguró que el SRI seguiría su procedimiento para todos los contribuyentes. Sin embargo, la reducción de la deuda abre un debate ético y político: ¿es justo que una empresa con vínculos directos al poder reciba un alivio fiscal tan significativo mientras más de 82.000 pequeños y medianos contribuyentes esperan una oportunidad similar? El experto tributario Carlos Valdospinos recuerda que para cualquier contribuyente la remisión exige el pago del capital; por ello, la disminución del 77 % podría equivaler a una condonación de USD 73 millones.

El silencio del SRI y la indignación social

El Servicio de Rentas Internas no ha respondido las solicitudes de información de la prensa. Mientras tanto, la empresa de la familia Noboa se beneficia de una normativa aprobada por el propio Gobierno. En un país donde la recaudación fiscal es clave para sostener servicios públicos en crisis, la opacidad no hace más que profundizar la desconfianza ciudadana. La pregunta se repite en redes y calles: si la ley condona intereses y multas, ¿qué pasa con el capital que aún deberían pagar los poderosos?

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Quito, 26 julio (La Calle).- La molestia ciudadana se desbordó la tarde del viernes 25 de julio, cuando cientos de trabajadores públicos, gestores culturales y gremios sindicales protestaron frente al Ministerio de Cultura. La razón: el Decreto Ejecutivo Nº 60, firmado por el presidente Daniel Noboa, que ordena la fusión de ministerios y la salida inmediata de 5.000 servidores públicos. Aunque el Gobierno asegura que se trata de una “optimización del Estado”, los afectados denuncian el desmantelamiento institucional y la precarización del empleo público.

La cultura en riesgo: artistas rechazan fusión con Educación

Los gestores culturales alzaron su voz contra la decisión de fusionar el Ministerio de Cultura y Patrimonio con el de Educación. Consideran que esta medida no solo invisibiliza su sector, sino que vulnera el derecho a políticas públicas específicas para las artes. Con pancartas, performances y consignas como «¡Fuera, Noboa, fuera!», exigieron respeto al sector y transparencia sobre el impacto de esta reestructuración.

VIDEO ALFREDO ESPINOSA: https://www.instagram.com/p/DMjIzR7POWK/

Sindicatos convocan marcha nacional y acciones legales

La Confederación Nacional de Servidores Públicos (Conasep), en conjunto con otras organizaciones, convocó una movilización nacional para este miércoles 31 de julio. El objetivo: rechazar los despidos masivos y presentar una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Integridad Pública. Además, se anunciaron al menos diez acciones inmediatas para defender la estabilidad laboral y exigir al Gobierno una explicación clara sobre los recortes.

Exfuncionarios deben declarar su patrimonio en 20 días

La Contraloría General del Estado recordó que los funcionarios desvinculados tienen un plazo de 20 días hábiles para presentar su declaración juramentada de fin de gestión. Esta obligación, establecida en la Ley de Presentación y Control de Declaraciones Patrimoniales Juradas, busca prevenir el ocultamiento de bienes y promover la transparencia. El primer grupo separado el 24 de julio deberá entregar el documento hasta el 22 de agosto.

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Entre recortes y rechazo social, el Gobierno se queda sin narrativa

El llamado “Plan de Eficiencia Administrativa” del Ejecutivo no ha convencido a la ciudadanía. Lejos de calmar las aguas, los despidos y fusiones ministeriales han provocado una reacción masiva de rechazo. Mientras el país enfrenta una crisis de empleo y servicios públicos debilitados, crece la presión sobre la Corte Constitucional y sobre el propio presidente Noboa para que rectifique o al menos explique. Ecuador, una vez más, se encuentra en la cuerda floja institucional.

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Quito, 23 julio (La Calle).- En el sur de Quito, la escasez de gasolina Extra ya no es un rumor: transportistas, usuarios y distribuidores confirman restricciones en el Terminal El Beaterio, uno de los principales centros de despacho de combustibles del país. Mientras Petroecuador niega desabastecimiento y asegura mantener niveles históricos de distribución, los testimonios en terreno muestran una realidad opuesta.

TRANSPORTISTAS ALERTAN SOBRE CUPOS REDUCIDOS

A diario, miles de galones de gasolina Extra no llegan a las estaciones de servicio como deberían. Camiones cisterna con capacidad para transportar entre 4.000 y 8.000 galones están saliendo del Terminal El Beaterio con solo el 50% o 60% de su capacidad, según testimonios de transportistas, actualmente únicamente reciben entre 2.000 y 5.000 galones por despacho, pese a que una estación de servicio promedio requiere al menos 4.000 galones diarios para operar con normalidad. La explicación oficial sobre la reducción de cupos no ha sido emitida por Petroecuador, pero los efectos ya se sienten en los surtidores y en la disminución de stock en varias estaciones del país.

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PETROECUADOR DEFIENDE CIFRAS Y NIEGA DESABASTECIMIENTO

Según Petroecuador, El Beaterio despacha alrededor de 850.000 galones diarios, mientras que otros 630.000 galones se distribuyen desde Ambato, Riobamba y Santo Domingo. La empresa pública insiste en que estos volúmenes cumplen con la demanda histórica. Sin embargo, operadores denuncian que el problema radica en la gasolina Extra, que llega en menor cantidad de lo habitual.

TUIT PETROECUADOR: https://x.com/EPPetroecuador/status/1948022893167661134

LA REFINERÍA DE ESMERALDAS, EN EL CENTRO DEL CONFLICTO

El origen del conflicto apunta a la paralización de la Refinería de Esmeraldas, inactiva desde el 26 de mayo tras un incendio. Aunque su reactivación estaba prevista para el 18 de julio, nuevas proyecciones del Gobierno aplazan esa fecha hasta el 25 de julio o incluso hasta el 26 de agosto. Esta situación agrava la dependencia del país respecto a combustibles importados.

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Mientras el país espera la reactivación total de la Refinería, el racionamiento de gasolina Extra podría extenderse por semanas. Lo que empezó como una contingencia técnica hoy amenaza con convertirse en una crisis de movilidad y abastecimiento. La falta de transparencia sobre los cupos y las causas de la restricción solo profundiza la incertidumbre.

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Quito, 14 de julio (La Calle). – Pese a su cercanía geográfica, histórica y comercial con Brasil, uno de los socios fundadores del bloque económico BRICS, Ecuador no ha logrado reactivar su economía ni aprovechar el auge de las alianzas entre países emergentes. A diferencia de otras naciones sudamericanas que han fortalecido sus relaciones comerciales y estratégicas con China, India o Rusia, Ecuador permanece con un modelo económico estancado y dependiente de la exportación de materias primas, sin una hoja de ruta clara hacia la industrialización o la inversión estratégica.

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BRICS AVANZA, ECUADOR SE QUEDA ATRÁS

Mientras el bloque BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) se expande y consolida alianzas para desplazar la hegemonía financiera de Occidente, Ecuador no ha generado políticas concretas para integrarse a esta dinámica regional. A pesar de compartir frontera amazónica con Brasil y tener relaciones bilaterales activas, el país andino no figura entre los países con proyectos productivos conjuntos ni ha firmado acuerdos estratégicos recientes con miembros del bloque.

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BRASIL LIDERA LA COOPERACIÓN SUR-SUR, ECUADOR NO DESPEGA

Brasil ha fortalecido su influencia en América Latina con programas de inversión, acuerdos comerciales e iniciativas multilaterales, especialmente en sectores como energía, infraestructura y agricultura. Ecuador, en cambio, carece de propuestas concretas para atraer inversión extranjera directa, y su participación en mecanismos de cooperación como la CELAC o UNASUR ha sido errática en los últimos años. Esto ha limitado su acceso a nuevas fuentes de financiamiento e innovación tecnológica.

Ni los lazos con potencias emergentes aseguran el crecimiento si no hay estrategia nacional clara.

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ECONOMÍA ECUATORIANA SIGUE ESTANCADA

Las proyecciones económicas para Ecuador en 2025 muestran un crecimiento débil, sin un repunte sostenible en sectores estratégicos. El país continúa dependiendo de las exportaciones de petróleo y banano, mientras enfrenta una baja inversión pública y escasa diversificación productiva. El modelo extractivista y la falta de planificación industrial limitan su competitividad frente a otras economías emergentes, incluso cuando tiene aliados geopolíticos relevantes cerca.

El caso de Ecuador ilustra que la cercanía geográfica y diplomática no basta para impulsar el desarrollo. Mientras los BRICS redefinen las reglas del comercio internacional, el país necesita una estrategia económica clara, sostenible y alineada con las tendencias globales. Solo así podrá insertarse con éxito en las nuevas dinámicas del sur global y aprovechar sus vínculos con socios como Brasil.

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Esta cifra equivale a 581 veces el salario básico unificado vigente y es 144 veces mayor que los ingresos del decil de patrones de menores recursos («menos ricos») tomando en cuenta que hay un segmento de la población que vive con USD 1.70 al día. La brecha ilustra una marcada disparidad no solo a nivel social, sino incluso entre los propios empleadores.

Lee aquí el informe: https://faecuatoris.systeme.io/riquezavol1

La Ley de Integridad Pública desequilibra aún más la balanza?

Paralelamente, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Integridad Pública, cuya Disposición Transitoria Décimo Tercera establece una condonación del 100% de intereses, multas y recargos en deudas tributarias generadas hasta el 31 de diciembre de 2024. El beneficio aplica si el capital adeudado es cancelado –total o parcialmente– antes del 31 de diciembre de 2025, excluyendo el impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2024.

Grandes deudores podrían beneficiarse

• Corporación Noboa: Debe USD 95.4 millones. Si cancela el capital, su deuda se reduciría en USD 65.3 millones
  Bonanza Fruit: Adeuda USD 50.5 millones
  Kimtech: Registra USD 41.4 millones en obligaciones
  • Según el SRI, entre los 25 mayores contribuyentes morosos se acumulan USD 789 millones. El director de la entidad señaló que cerca del 60% de estas deudas son «incobrables» por antigüedad, quiebra empresarial o falta de bienes embargables.

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Durante el congreso, se presentó un estudio sobre el impacto positivo del crédito bancario en el crecimiento económico del país, luego del cual tres panelistas de alto nivel discutieron los resultados del mismo, que por primera vez cuantificó la relación entre el crecimiento económico y el crecimiento del crédito.  El panel estuvo compuesto por Pedro Romero, Docente de la Universidad San Francisco de Quito;; Juan Pablo Erraez, Economista Senior del Fondo Monetario Internacional; y Cristina Carrera, Directora Económica de Asobanca.

En su intervención, Carrera comentó que, si bien la relación entre el crecimiento del crédito y el crecimiento del PIB ya se conocía, destacó que por primera vez se lograba una cuantificación que permite analizar a fondo las condiciones que se requieren para seguir impulsándolo. Además, abordó la importancia de contextualizar estos debates con los informes del FMI y del Banco Mundial de 2023 y 2022, respectivamente, los cuales ofrecen análisis clave sobre la situación del sector financiero de Ecuador.

Tras la crisis de finales de los años 90, el G20 decidió realizar evaluaciones periódicas de la estabilidad del sistema financiero. De hecho, Ecuador ha realizado dos evaluaciones una en 2002 y una reciente en 2022. Los principales hallazgos señalan la necesidad de fortalecer las capacidades técnicas tanto de la Superintendencia de Bancos como de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, abarcando a los 23 bancos y las más de 400 cooperativas supervisadas. Como resultado, se resaltó la importancia de consolidar una regulación sólida que supervise eficazmente los diferentes segmentos del sistema financiero. “Es fundamental avanzar hacia una regulación internacional que garantice calidad, liquidez y resiliencia en el entorno regulatorio” mencionó Carrera.

En este contexto, Erraez mencionó que el programa de facilidad extendida del Fondo Monetario Internacional busca crear espacios de coordinación entre las instituciones públicas y promover una regulación que fortalezca la estabilidad bancaria.

Otro aspecto que los panelistas observaron es la necesidad de reconsiderar el sistema de fijación de tasas de interés en el país, para promover una mayor inclusión financiera y facilitar el acceso al crédito, pues el actual sistema de techos, ha generado justamente lo contrario a lo que se buscaba con su implementación.

Por otro lado, se mencionó que la liquidez del país en el segundo semestre del año pasado mostró signos de recuperación, impulsada por mejores condiciones económicas, la llegada de desembolsos de financiamiento internacional y las exportaciones de un sector no petrolero fortalecido por la producción de cacao. Esto permite diversificar las fuentes de financiamiento y fortalecer el sector monetario, favoreciendo un crecimiento más sostenido y con mayor potencial de expansión.

Durante las intervenciones en el Congreso se presentaron investigaciones innovadoras y se promovieron diálogos enriquecedores sobre temas como análisis de datos, inteligencia artificial, políticas fiscales, deuda externa y otros asuntos que impactan directamente a las empresas y familias ecuatorianas. La participación activa de los asistentes refleja el compromiso de la comunidad económica con el fortalecimiento del conocimiento y la formulación de políticas que contribuyan al crecimiento sostenible del país.

«En la USFQ, creemos que el fortalecimiento de la investigación y la colaboración internacional son esenciales para construir un Ecuador más próspero. Este congreso es un paso firme hacia el intercambio de ideas y el desarrollo de soluciones innovadoras que transformen nuestro país.» — Diego Quiroga, Rector de la USFQ.

Este Congreso continúa consolidándose como un espacio clave para la creación de redes de investigación, fomentando la colaboración entre investigadores locales e internacionales. En un contexto donde la inversión en investigación académica es fundamental para impulsar soluciones efectivas a los desafíos económicos del Ecuador, este evento refuerza la importancia del trabajo conjunto y el intercambio de conocimientos.

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Cuando la “canasta” se come el sueldo

• +USD 9,72 en solo un mes: de USD 802,58 en abril a USD 812,30 en mayo.
• Canasta Vital (lo mínimo indispensable) ya cuesta USD 564,41.
• Con un salario básico anclado en USD 460, los números no cuadran: faltan casi USD 100 solo para la vital y más de USD 350 para la canasta completa.

Resultado: seis de cada diez familias tiran de crédito, recortan proteínas o giran a la informalidad para sobrevivir.

¿Dónde pegaron más los precios?

*Quito bajó levemente porque el tarifazo eléctrico se golpeó antes; el alivio será pasajero.

El “verde” que se puso rojo (+24 %)

El plátano verde —piedra angular del bolón y del tigrillo— lidera la inflación alimentaria con un 24 % de alza mensual. Enfermedades como el moko, poca tecnificación y la migración de agricultores hacia cultivos más rentables (cacao) redujeron la oferta. Una caja tipo B pasó de USD 5 a USD 12.

Luz, pastillas y almuerzo: el tridente asfixiante

1. Electricidad: fin del subsidio = planillas 97 % más caras → 0,85 pp de la inflación de mayo.
2. Salud: antibióticos +4,57 %; otros fármacos y consultas también suben.
3. Restaurantes: el “almuerzo popular” subió 0,27 %; cada aumento de insumos se traslada al plato.

¿Solidaridad sin salario?

Mientras el Gobierno celebra la Ley de Solidaridad Nacional y pide “apretarse el cinturón”, la realidad golpea: el ingreso familiar promedio (USD 817) ya casi no cubre la canasta y la inminente subida de combustibles promete más fuego al bolsillo.

Preguntas que arden

• ¿Hasta cuándo el salario básico seguirá congelado en USD 460?
• ¿Por qué el Estado subsidia grandes empresas con deducciones “solidarias” mientras el mercado encarece el plato de arroz?
• ¿Qué políticas de control de precios y apoyo a la agricultura familiar se activarán antes de que la canasta pase la marca de los mil dólares?

La economía real no se mide en índices, sino en “¿alcanza para el almuerzo?”. Y, por ahora, la respuesta mayoritaria es un rotundo ¡NO!

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Entre ajustes útiles y riesgos de control excesivo, este es su impacto empresarial:

SAS bajo lupa: ¿control o muro?

Las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), diseñadas para agilizar emprendimientos, ahora enfrentan obstáculos:

• Prohibidas en sectores claves como minería, finanzas o mercado de valores.
• Obligadas a transformarse en sociedades anónimas si tienen más de 5 socios o más de USD 460 000 de capital.
• Exigen tasación pericial de aportes no dinerarios con respaldo legal.

Justificación oficial: evitar el lavado de activos, fomentar el aporte privado al Estado ante el conflicto armado. Pero el superintendente Luis Cabezas-Klaere aclara: las SAS democratizaron el emprendimiento, y las mafias ya utilizan estructuras alternativas más costosas. ¿Será esta ley una barrera para emprendedores legítimos?

Sociedades deportivas: nueva figura legal sin revuelo futbolero

Surge la figura de sociedades anónimas deportivas: empresas con personalidad jurídica, fines lucrativos y doble supervisión (Ley del Deporte + Compañías). Su objetivo declarado: profesionalizar y transparentar el sector deportivo, evitando que se convierta en refugio de actividades ilícitas.

• Supervisión cruzada entre Superintendencia y ente deportivo.
• Prohibiciones explícitas contra lavado de activos y triangulación financiera.

Bienvenida la figura, pero su diseño se insiste en el enfoque empresarial: riesgo real de que el Estado ponga más atención a formularios que a partidas presupuestarias opacas en subnivel.

Donaciones con rebaja fiscal… ¿qué solidaridad?

Las empresas que donen bienes a policías o Fuerzas Armadas obtienen hasta 30 % de deducción del impuesto a la renta. Esta medida incluye:

• Equipos, insumos o inmuebles, siempre trazables y auditables.
• Mecanismo de fiduciarios privados para compras colectivas, transparentes.

¿Un acto de altruismo fiscal, o una manera de suplir falencias presupuestarias del estado? Si las grandes empresas asumen funciones estatales, ¿quién vigila esa filantropía?

Grandes deudas, cero indulgencia

La ley establece que las empresas con capital mayor a USD 30 millones y deudas tributarias firmes serán cobradas en 30 días bajo vigilancia del SRI y el Ministerio de Economía.
Por fin un gesto hacia la justicia fiscal que aún no llega a pymes, informalidad o grandes multilatinas que negocian contra el tiempo.

¿Solidaridad real o control selectivo?

Esta ley es ambivalente. Por un lado, fortalece controles, penaliza a grandes evasores y busca evitar lavado; por otro, impone rigideces a los emprendimientos jóvenes y blinda la implantación empresarial en temas bajo la sombrilla de “emergencia económica”.

Un Estado fuerte debe proteger a los pequeños y no solo vigilar a los grandes. La solidaridad no debe ser sinónimo de sufrimiento administrativo. Los emprendedores que ya cargan con trámites, ahora deberán costear transformaciones empresariales automáticas. El verdadero reto es que la ley incluya mecanismos de apoyo real, capacitación y eficiencia institucional, no solo barreras administrativas.

¿Control o valla? Esa es la pregunta clave mientras Ecuador redefine el contrato entre empresa, Estado y sociedad. Ojalá la voluntad de recaudar no termine asfixiando la creatividad y la esperanza emprendedora.

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Además, el Gobierno ha anunciado que, a partir del 16 de junio, se aplicará un arancel fijo de USD 20 por paquete a las importaciones realizadas bajo el régimen Courier 4×4, que permite compras personales de hasta 4 kilogramos y un valor FOB máximo de USD 400. Esta medida, si bien puede beneficiar a productores nacionales de ropa, afectará a los consumidores que recurren a plataformas como Temu, Shein y Amazon para adquirir productos tecnológicos que no se producen aquí, a precios más accesibles.

El Gobierno justifica el nuevo arancel como una medida para proteger la industria nacional y evitar el uso indebido del régimen 4×4, que ha experimentado un crecimiento del 392% en el valor de las importaciones y del 637% en el número de paquetes en los últimos cuatro años. Sin embargo, los críticos argumentan que esta decisión impactará negativamente en los consumidores de clase media y baja, que dependen de estas compras para acceder a productos a precios más asequibles.

En este contexto, los ciudadanos enfrentan un panorama económico cada vez más desafiante, con aumentos en productos esenciales y nuevas cargas impositivas que podrían limitar su capacidad de consumo y afectar su calidad de vida.

Otras proyecciones

El reciente anuncio del Gobierno de eliminar los subsidios eléctricos para las industrias de alto y medio voltaje en Ecuador ha generado preocupación en el sector productivo. Las tarifas para consumidores AV1, como cementeras e industrias en Durán, aumentarán de $0,0791 a $0,1022 por kilovatio hora, un incremento del 29%. Para las industrias de medio voltaje (MV), ubicadas en parques industriales de ciudades como Quito, Cuenca y Ambato, la tarifa subirá de $0,0927 a $0,1164 por kilovatio hora, es decir, un 25% más.

Este ajuste tarifario (paquetazo eléctrico), que busca sincerar los costos del servicio eléctrico, podría traducirse en un aumento de los precios de productos manufacturados, ya que las empresas trasladarían los mayores costos operativos al consumidor final. Además, se estima que esta medida generará ingresos adicionales para el Estado de aproximadamente $256 millones al año, con $78 millones provenientes del segmento AV1 y $178 millones del segmento MV.

Empresarios y analistas advierten que, si bien la eliminación de subsidios puede ser una medida necesaria para la sostenibilidad fiscal, su implementación sin mecanismos de compensación o gradualidad podría afectar la competitividad de las industrias ecuatorianas y, en consecuencia, impactar negativamente en el empleo y el crecimiento económico.

Bombas de humo

Y mientras los precios suben y los impuestos se acumulan como arroz en plato ajeno, el Gobierno de Daniel Noboa sigue vendiendo la ilusión de que “todo va bien” e incluso abre la señal para que puedas ver el partido de la TRI desde tu casa.

Pero la calle lo dice claro: ni el desayuno está a salvo. Nos suben la leche, el bolón y ahora hasta el paquete que traes por internet. ¿Qué sigue? ¿Paquetazo también para el aire que respiras o al meme que compartes? Lo cierto es que este paquetazo en cuotas no tiene firma oficial, pero se siente en cada tienda, cada mercado y cada clic. Bienvenidos al país donde lo único que no sube… es el sueldo.

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En siete años, el número de cuentas activas cayó de 1,3 millones a 340.980. La tasa de penetración pasó del 29,55 % al 6,29 %, mientras que la población usuaria se redujo de 4,9 millones a 1,1 millones. Hoy, el servicio sobrevive mayoritariamente en tres provincias: Pichincha, Guayas y Manabí, que concentran el 66 % del total nacional.

¿Por qué se van los usuarios?

Los gremios del sector apuntan a la piratería como la principal causa. Sin embargo, los usuarios tienen otras respuestas: precios inestables, servicio limitado, fallas de atención y poca adaptabilidad tecnológica. Comentarios como “suben el precio sin avisar”, “retiran canales sin explicación” o “todo pasa por el bolsillo” abundan en redes sociales.

Para quienes tienen que elegir entre pagar por entretenimiento o por conectividad, la opción es clara: prefieren internet en casa y comunicarse por redes.

¿Qué provincias aún conservan el servicio?

Según Arcotel, las provincias con más suscriptores son:

• Pichincha: 98.400
• Guayas: 87.344
• Los Ríos: 27.552
• Azuay: 16.909

En contraste, en Zamora Chinchipe, Galápagos y Pastaza no llegan ni a los 2.000 usuarios por provincia.

¿Quién se beneficia de esta caída?

El auge de plataformas de streaming —Netflix, Amazon, YouTube y más— ha cambiado las reglas del juego. Pero no todos tienen acceso. La televisión pagada era, para muchas familias, una forma accesible de entretenimiento y acceso a información. Su caída implica no solo una transformación comercial, sino también una redefinición del derecho al ocio y a la cultura en los hogares más alejados o con menos conectividad.

Mientras tanto, las empresas intentan reinventarse: ofrecen combos con internet, desarrollan apps y piden eliminar el 15 % del impuesto a los consumos especiales (ICE), alegando que las telecomunicaciones ya no son un lujo.

La pregunta de fondo es otra: ¿Cómo garantizar acceso a contenidos de calidad y a precios justos, sin dejar atrás a quienes no pueden seguir el ritmo de la digitalización forzada?

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Irónicamente, este intento de ponerle la mano al bolsillo de la gente viene de un gobierno que se autodefine como liberal, pro-empresa y enemigo de los impuestos excesivos. Es el mismo gobierno que subió el IVA al 15%, afectando directamente a los consumidores, y que ahora busca convertir tus compras en línea —ya sea por TEMU, Shein o Amazon— en una nueva fuente de recaudación.

Todo esto mientras el presidente Daniel Noboa acumula una deuda personal de más de 90 millones de dólares. Es decir: los ciudadanos deben pagar más por importar un par de zapatos, pero quien ocupa el sillón presidencial no ha pagado ni lo que le corresponde a la banca nacional.

¿Qué es el paquete 4×4?

La categoría 4×4 aplica para paquetes cuyo peso sea menor o igual a 4 kg y cuyo valor FOB (sin contar envío ni impuestos) no supere los $400 USD, siempre y cuando se trate de mercancías sin fines comerciales. Ambas condiciones deben cumplirse simultáneamente.

Además, el destinatario debe presentar una Declaración Aduanera Simplificada (DAS) con todos los documentos de respaldo exigidos por la normativa vigente.

¿Cuál es el límite anual?

Según la Resolución 008-2022 del COMEX, cada persona puede acogerse a esta categoría hasta un límite anual de $1,600 USD FOB. Este tope aplica por cada año fiscal.

¿Qué implicaría ponerle impuestos?

Aplicar impuestos a los paquetes 4×4 no solo va en contra del discurso oficial del gobierno. También traería graves complicaciones prácticas y administrativas, tanto para los ciudadanos como para el sistema aduanero:

• Retrasos en entregas: La aplicación de tributos significaría que miles de paquetes tendrían que ser detenidos en Aduana para cálculo de impuestos, inspecciones adicionales y verificación de documentos. Esto ralentizaría drásticamente los tiempos de entrega.
• Mayor burocracia: Los usuarios tendrían que realizar trámites más complejos, con formularios adicionales, pagos anticipados y validación de facturas, todo lo cual puede desalentar a pequeños compradores o personas con poca experiencia digital.
• Colapso del sistema aduanero: Aduanas no está dimensionada para gestionar de forma manual el volumen masivo de paquetes 4×4. La sobredemanda de personal y logística podría saturar puertos, aeropuertos y sistemas informáticos.
• Aumento del contrabando informal: Cuando el sistema legal se vuelve lento y costoso, muchos usuarios optan por rutas informales, lo que favorece el contrabando, la evasión y la corrupción.

¿Libre mercado?

¿Libre mercado? Solo cuando conviene. ¿Discursos contra los impuestos? Solo para las cámaras.

Este intento de gravar los paquetes 4×4 no es solo incoherente con el discurso oficial: es un golpe directo a la clase media y baja, que usa estas compras como una forma de ahorro. Mientras el gran capital sigue blindado, los ciudadanos comunes son los que terminan financiando el Estado.

Hoy son los paquetes 4×4. Mañana, quién sabe.
Pero una cosa es segura: si el discurso no paga impuestos, que al menos paguen los responsables.

Actualización

Este 2 de junio el Ministerio de Producción informó que a partir del 16 de junio de 2025, se aplicará una tarifa arancelaria fija de USD 20 por paquete a los envíos realizados bajo el régimen Courier 4×4 (Categoría B), que permite importaciones personales de hasta 4 kilogramos y un valor FOB máximo de USD 400.

«La medida tiene como objetivos proteger al empleo formal y la producción ecuatoriana, fomentar un comercio justo y equitativo, evitar el uso comercial no regulado del régimen 4×4 y corregir distorsiones de mercado que afectan a importadores», resaltó.

Además detalló que el límite anual por usuario se mantiene en USD 1.600 y el arancel representa solo 5% de este valor. Los migrantes ecuatorianos no estarán afectados con la medida.

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Impacto a las exportaciones

La imposición de este arancel ha generado reacciones de los sectores productivos clave de la economía nacional. En 2024, las exportaciones de banano a Estados Unidos representaron aproximadamente USD 512 millones, mientras que las de camarón alcanzaron los USD 1.546 millones. Estos sectores, que anteriormente gozaban de acceso preferencial al mercado estadounidense, ahora enfrentan el desafío de mantener su competitividad ante el incremento de costos

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El sector florícola, por ejemplo, que ya pagaba un arancel del 6,8%, verá incrementado este impuesto al 16,4%, mientras que competidores como Colombia enfrentarán un arancel del 10%. Esta situación pone en evidencia la necesidad de que Ecuador agilice las gestiones diplomáticas para evitar una pérdida de competitividad en el mercado estadounidense.

El gobierno ecuatoriano, a través de la Cancillería, ha señalado que, dentro del rango de aranceles anunciados, el aplicado a Ecuador está en el nivel más bajo. Sin embargo, reconocen la necesidad de analizar detalladamente el impacto de esta medida y explorar posibles acciones para contrarrestar sus efectos en la economía nacional.

¿Mejora la competitividad para Ecuador?

El presidente Daniel Noboa aseguró que estos impuestos benefician la competitividad de los productos ecuatorianos. “Le afecta al mundo porque cambia un poco las reglas del juego. Pero de los mejores parados termina siendo el Ecuador”, dijo en una entrevista de este viernes 4 de abril. Según el primer mandatario, en el caso de las conservas de atún, países como Vietnam y Tailandia, que son competidores directos de Ecuador, enfrentan un arancel del 46%, mientras que nuestro país tiene un arancel del 10%.

Por el contrario, los gremios han enfatizado que la falta de un acuerdo comercial con Estados Unidos ha dejado a Ecuador en desventaja frente a competidores que sí cuentan con tales acuerdos. La Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor) y la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana (AmCham) han activado canales diplomáticos y técnicos para entablar conversaciones con las autoridades comerciales de Estados Unidos. El objetivo es evaluar alternativas que permitan mitigar el impacto de esta medida en el sector exportador. Felipe Ribadeneira, presidente de Fedexpor, enfatizó la necesidad de buscar soluciones que preserven el acceso competitivo de los productos ecuatorianos al mercado estadounidense.

El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca ha anunciado medidas para fortalecer la competitividad de los productos ecuatorianos en el mercado global. Una de las principales acciones es la búsqueda de exenciones arancelarias o la negociación de acuerdos sectoriales específicos con Estados Unidos, aprovechando las relaciones diplomáticas existentes. El Ejecutivo asguró que la diversificación de exportaciones y la atracción de inversiones extranjeras serán clave para minimizar el impacto de los nuevos aranceles y aprovechar nuevas oportunidades comerciales.

Análisis de la situación actual

Expertos en comercio internacional señalan que la falta de un acuerdo comercial formal con Estados Unidos coloca a Ecuador en una posición vulnerable frente a este tipo de medidas. Mientras países competidores cuentan con tratados que les otorgan condiciones más favorables, Ecuador debe enfrentar aranceles que afectan su competitividad. Sin embargo, también se destaca que el arancel del 10% impuesto a Ecuador es menor en comparación con el aplicado a otros países, lo que podría representar una ventaja relativa en ciertos sectores.

La imposición de aranceles por parte de Estados Unidos representa un desafío significativo para la economía ecuatoriana. No obstante, las acciones coordinadas entre el gobierno y el sector privado, enfocadas en la negociación diplomática y la diversificación de mercados, buscan mitigar el impacto y asegurar la sostenibilidad de las exportaciones nacionales. La situación actual subraya la importancia de fortalecer las relaciones comerciales internacionales y de avanzar en la firma de acuerdos que garanticen condiciones favorables para los productos ecuatorianos en el mercado global.

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El reciente desembolso forma parte del Acuerdo de Servicio Ampliado (SAF) firmado en mayo de 2024, el cual contempla un financiamiento total de USD 4.000 millones en un plazo de 48 meses. Desde entonces, Ecuador ha recibido un primer desembolso de USD 1.000 millones en junio de 2024, y ahora suma este nuevo aporte. El acuerdo busca estabilizar las finanzas públicas y garantizar la sostenibilidad económica del país.

Posición oficial: una apuesta por la estabilidad

La viceministra de Finanzas, Ana Cristina Avilés, destacó que este apoyo financiero no solo asegura la estabilidad económica, sino que también facilita el acceso a recursos adicionales de la comunidad financiera internacional. “El FMI nos da el apalancamiento necesario para cumplir con los objetivos financieros de este año”, afirmó Avilés en una entrevista televisiva.

Según el Ministerio de Finanzas, el nuevo desembolso refleja el cumplimiento satisfactorio de las metas establecidas en el acuerdo y los avances realizados en la implementación de reformas estructurales clave. Además, las autoridades destacaron que la consulta del Artículo IV del FMI avaló las acciones del gobierno liderado por el presidente Daniel Noboa para fortalecer la situación fiscal, proteger el gasto social y mantener la estabilidad macroeconómica.

Proyección económica a la baja

Pese a los desembolsos del FMI, las perspectivas económicas de Ecuador para 2024 han sido revisadas a la baja. El mismo FMI proyecta una contracción del Producto Interno Bruto (PIB) del 0.4% este año, en contraste con una estimación anterior de crecimiento del 0.3%. La economía del país se ha visto afectada por una crisis de seguridad, una sequía histórica y una crisis eléctrica que impactaron negativamente en la actividad productiva. El organismo prevé una recuperación moderada del 1.6% en 2025, con una inflación estable en torno al 2%.

Críticas al modelo económico

El economista Marco Flores cuestionó la creciente dependencia del FMI y la falta de resultados concretos en términos de empleo y crecimiento económico. Flores señaló que la deuda total de Ecuador con el FMI podría alcanzar los USD 11.000 millones, incluyendo intereses y recargos, y advirtió sobre los retos para financiar el Presupuesto General del Estado 2025. Además, alertó sobre el colapso de servicios públicos y la reducción de la inversión gubernamental.

“En Ecuador, el ministro de Finanzas celebra cada nuevo endeudamiento como un triunfo, pero no el crecimiento económico con empleo”, criticó Flores, señalando que el país deberá pagar al FMI al menos USD 1.579 millones en 2025.

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Las siete medidas contenidas en la propuesta harían frente a las pérdidas provocadas por los apagones en los sectores más necesitados del país. Sin embargo, desde la entrada en vigencia del Decreto Ejecutivo 444, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, a partid del 5 de noviembre y para 90 días, las instituciones bancarias y cooperativas no han cumplido con lo establecido en los artículos 1 y 2 del mandato presidencial.

Siete medidas dispuestas para aliviar a las familias ecuatorianas

El Decreto contiene seis artículos con disposiciones para las entidades del sector financiero público, privado y popular y solidario que debían establecer acuerdos de pagos con sus clientes, a través de planes de reestructuración de créditos y refinanciamientos de deudas para quienes estén en proceso de coactiva. De la misma manera, las casas comerciales podían establecer un programa de diferimiento extraordinario y temporal, hasta por 90 días. Pero el documento presidencial no es claro en cuanto a la obligatoriedad y deja a discrecionalidad de estas instituciones la instrumentalización que, en teoría, no causaría intereses por mora, gastos, recargos ni multas.

Asimismo, el artículo 5 disponía medidas de compensación a los usuarios del servicio de internet en todo el país, así como facilidades de pagos en las planillas de facturación a causa de la situación derivada del estiaje. Fue el mismo exministro de Gobierno, Arturo Félix Wong, quien junto al ministro de MINTEL, dio la buena noticia a las familias ecuatorianas mediante un video publicado en redes sociales.

Cumplimiento del Decreto Ejecutivo Nro. 444

Según lo dispone los artículos 3 y 6, la Junta de Política y Regulación Financiera debía emitir una normativa que permita a la Superintendencia de Bancos supervisar y controlar las entidades del sistema financiero del país, y las instituciones de la Función Ejecutiva debían adoptar las medidas que correspondan como Gobierno Nacional para la aplicación íntegra del Decreto. Sin embargo, la ambigüedad del documento y el libre albedrío de las instituciones financieras ha prolongado la carga financiera y tributaria de la ciudadanía.

La Asamblea Nacional tiene 30 días contados a partir de la entrega de la propuesta de Ley por parte del Ejecutivo, que fue el pasado 7 de noviembre, para resolver su aprobación. La Comisión de Desarrollo Económico, presidida por la asambleísta de ADN Valentina Centeno, aprobó este lunes 25 de noviembre el informe para primer debate con 5 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones. La Ley, de ser aprobada por el Legislativo, le costaría USD 29 millones a la caja fiscal y proyecta una reducción en la recaudación de USD 54,4 millones, sacrificio fiscal que vale la pena asumir en el impacto al flujo de ingreso tributario, según el Ministerio de Economía y Finanzas.

Observaciones legislativas

Asambleístas de las bancadas de la Revolución Ciudadana y del Partido Social Cristiano observan la aplicación del Decreto que no especifica los recargos e intereses adicionales en los programas de refinanciamiento y líneas de crédito. El asambleísta Leonardo Barrezueta indicó que, a pesar de que la propuesta de Ley es prioritaria para lograr el alivio financiero de las familias ecuatorianas y que se suman a las iniciativas presentadas por diversos sectores ante la Asamblea Nacional, es necesario establecer la obligatoriedad de no generar intereses adicionales en los 90 días.

Por su parte, el PSC y la Bancada La 6 y Aliados, mediante comunicado oficial, manifestó su rechazo a cualquier tipo de medida que afecte la economía de la ciudadanía, como el impuesto vehicular y a las universidades, que ha sido eliminado en el tratamiento de la Ley en la Comisión de Desarrollo Económico. Esto, luego de que la Comisión legislativa haya aprobado el informe favorable para primer debate. La bancada señala que, si para el segundo debate se mantienen los artículos que establecen nuevos impuestos, su voto será en contra tal como sucedió en el veto del Ejecutivo que permitió el incremento del 3% al IVA.

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El pasado 21 de octubre Presidencia publicó un nuevo proceso de contratación para el «Servicio de Pautaje y Difusión de Información de Importancia Nacional» por USD 5 millones. Según el informe de necesidad, este gasto es necesario para mantener «una comunicación efectiva con la ciudadanía», en el marco del Conflicto Armado Interno y la crisis energética que atraviesa el país. Asimismo resaltó la importancia de difundir las obras y los servicios que promueve el Gobierno.

El equipo de marketing argumentó que unos de los factores que sostiene la millonaria cifra de la contratación se rige en torno a la tarifa individual establecida por los medios de comunicación de acuerdo al tiempo de los spots publicitarios.

«No es lo mismo difundir una campaña o producto comunicacional en un canal de mayor audiencia con otro de menor rating», dicta el documento.

El pautaje se realizará a través de la agencia de publicidad Norlop VML y el plazo de ejecución es de 200 días, es decir, hasta concluir el mandato del presidente Noboa. La contratación cuenta con una asignación presupuestaria plurianual de USD. 1´500.000 millones para el ejercicio fiscal 2024 y USD 3´500.000 millones para el 2025.

¿Precampaña electoral?

En su último informe de análisis, la Secretaría de Comunicación reconoció que el Gobierno tiene dificultades para comunicar de manera efectiva sus planes y prioridades. La cartera de Estado detalló que existen desafíos como la polarización política, la desconfianza en los medios tradicionales y las críticas por falta de transparencia.

El nuevo proceso de contratación surge en medio de cuestionamientos a la credibilidad del Primer Mandatario ante el aclamado Plan Fénix; los cortes de luz de 10 horas; y el desempleo derivado de la suspensión parcial de energía al sector industrial. Todos estos hechos podrían costarle la reelección al presidente Noboa.

Previo a este último gasto, la Presidencia adjudicó dos contratos por USD 2.5 millones y uno de USD 2.300 millones para servicios de pautaje. Portales digitales como La Data y La Posta recibieron su tajada USD 19 mil por difundir los mensajes del Gobierno. (AGM).

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El primer bloque de 341 MW implementado durante la administración del ministro de Energía, Antonio Goncalves contempló el alquiler de una barcaza de generación de energía flotante, en Las Esclusas (Guayas); y la adquisición de motores eléctricos en Salitral (Guayas), Quevedo y Esmeraldas, lo cual suma un valor de USD 353,423,787 millones.

El 1 de agosto la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) contrató los servicios de la barcaza turca Karpowership para la generación de 100 MW por USD 114 millones, pero desde el inicio de su operación se registraron anomalías. Las pruebas de generación se retrasaron por la corriente del Río Guayas y el pasado 25 de septiembre la barcaza solo logró producir 12 MW.

Por otro lado, aún no se implementa la generación de Salitre, Quevedo y Esmeraldas. La producción recién iniciará en noviembre con la llegada de los motores eléctricos adquiridos.

Más gasto emergente

El segundo bloque de generación emergente es el más costoso y ya no contempla el alquiler de una segunda barcaza por las complicaciones en la operación de Karpowership. En su lugar, el Gobierno comprará 350 megavatios (MW) de generación en tierra, los equipos estarán operativos entre 40 y 60 días. La proyección de este bloque subiría a 948 MW.

Según la ministra de Energía Inés Manzano, antes de finalizar el 2024 ya estarían operativos los dos bloques de generación emergente. Mientras tanto, el país sigue acumulando sus recursos económicos para sostener la crisis energética. (AGM)

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Las cifras fueron expuestas en el informe denominado »Panorama general: impuestos a la riqueza para la equidad y el crecimiento». Este documento es una actualización de las cifras de julio del 2024, en donde el organismo pronosticaba un crecimiento del 0.7% para el Ecuador, es decir, en menos de tres meses hubo un decrecimiento del 0.4%.

Los datos evidencian el panorama económico del país, incluso, se desconoce si las proyecciones tomaron en consideración el colapso actual de la crisis energética. Las expectativas para el 2025 y el 2026 son más optimistas, pues el Banco Mundial pronosticó un crecimiento del 1.6% y 2.2% respectivamente.

Por otro lado, las últimas cifras del Banco Central del Ecuador (BCE) proyectaron un crecimiento del -1% al 9% del Producto Interno Bruto (PIB).

Más deuda para pagar deuda

El pasado 31 de mayo el Ecuador accedió a un nuevo crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un valor de USD 4.000 millones y un desembolso inmediato equivalente a USD de 1.000 millones, a través del programa de Servicio Ampliado del Fondo (SAF) con una duración de cuatro años.

En su discurso oficial, el ministro de Economía, Juan Carlos Vega, señaló que la inyección de estos recursos servirían para «sostener la seguridad ciudadana, impulsar obra pública, garantizar la protección social y direccionar al país por la senda de un crecimiento económico inclusivo». No obstante, el dinero está destinado para pagar viejas deudas, según expertos y asambleístas.

Cuatro meses después, la cartera de Estado busca una nueva obligación con el FMI. El ministro Vega confirmó que un segundo acuerdo con el FMI podría concretarse a mediados del 2025 bajo el programa de Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad con una duración de 18 meses. (AGM).

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El Desplome Financiero

El 5 de agosto de 2024, los mercados bursátiles experimentaron una jornada histórica de pérdidas. En Estados Unidos, Wall Street cerró con caídas no vistas en casi dos años.

Este desplome arrastró a las bolsas asiáticas y europeas. En Japón, el índice Nikkei cerró con una caída del 12,40%, su segunda mayor caída histórica, mientras que la bolsa de Seúl también sufrió una fuerte caída del 8,77%. Las principales bolsas europeas abrieron con pérdidas significativas, lo que reflejó el temor global a una recesión en Estados Unidos.

La caída en los mercados respondió a varios factores. La fortaleza del yen, tras una subida de tipos de interés por parte del Banco de Japón, afectó negativamente a las empresas exportadoras japonesas. En Estados Unidos, los datos negativos del mercado laboral de julio aumentaron el temor a una recesión, a pesar de la prevista subida de tipos de interés en septiembre. Estos factores desencadenaron una ola de ventas masivas en los mercados globales.

La recuperación tras el nuevo lunes negro

Las principales bolsas asiáticas, incluidas Tokio, Seúl y Taipéi, se recuperaron este martes 6 de agosto de 2024, después de la caída histórica del lunes. El Nikkei, el principal índice de mercado de Japón que agrupa a los 225 títulos más representativos, subió un 10,23 % hasta los 34.675,46 puntos y marcó su mayor aumento porcentual desde octubre de 2008 y su mayor subida en puntos de la historia. Esta recuperación se debió a una ligera depreciación del yen, que benefició a los exportadores japoneses.

La bolsa de Seúl mostró un rebote significativo de más del 3 %. Samsung Electronics y SK Hynix experimentaron aumentos del 1,68 % y 4,48 %, respectivamente. En Taipéi, el índice Taiex se recuperó un 0,78 % tras una caída histórica del 8,35 %, con Taiwan Semiconductor Manufacturing Company subiendo un 5,15 %. Las bolsas chinas y el Hang Seng en Hong Kong también vieron movimientos mixtos, mientras que los mercados del Sudeste Asiático y Australia se recuperaron, excepto Singapur, que bajó un 0,70 %.

Impacto en el Sistema Financiero Global y en Ecuador

La repercusión de estos eventos se extiende más allá de los mercados financieros. En un reportaje de Primicias, José Orellana Giler, asesor de reestructuración financiera, y Hans Soledispa, economista, analizaron los posibles efectos para Ecuador. Orellana Giler explicó que el sistema financiero global está interconectado, y las recientes caídas son un «reacomodo» debido a la incertidumbre geopolítica y económica. Soledispa destacó que una recesión en Estados Unidos impactaría a los migrantes ecuatorianos debido a la disminución de la demanda de trabajo, reduciendo así las remesas enviadas al país. Además, mencionó que la contracción económica afectaría el comercio entre Estados Unidos y Ecuador, lo que disminuiría la demanda de bienes y servicios ecuatorianos.

Fuentes: Primicias, DW News y EuroNews

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Ante el déficit de electricidad en el país, la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) adjudicó diferentes procesos de contratación emergente, entre ellos el contrato millonario de la barcaza turca. No obstante, estas medidas no descartan el retorno de los apagones a nivel nacional.

El pasado 1 de agosto se oficializó el acuerdo con la empresa turca en el que se estima que el servicio de abastecimiento de energía durará más de 600 días, es decir, hasta el 23 de mayo del 2026. La nave de generación eléctrica denominada Emre Bey alcanza una potencia efectiva de 100 MW, con capacidad de factor de planta igual o mayor al 85 %.

La barcaza operará desde la subestación de Las Esclusas en Guayaquil y tendrá un plazo de 30 días para instalarse a partir de la firma del contrato. Asimismo operará por 540 días y al finalizar el contrato deberá desmontar la infraestructura en 60 días.

Claúsulas del contrato

Según lo establece el documento, el combustible de la barcaza será proporcionado por Petroecuador a CELEC EP. La contratista tendría la responsabilidad de gestionar el transporte, almacenamiento y seguros necesarios.

La ficha técnica de la subestación de Esclusas establece que la nave fluvial debe cargar aproximadamente 2,100,000. galones de Fuel Oil n° 6 cada siete días ya que consume un mínimo de 16 kwh/gal.

Los precios establecidos por Petroecuador del pasado 12 de julio indican que el galón de este combustible tiene un valor de USD 1.98, sin embargo, CELEC adquiere el Fuel Oil por un valor subsidiado de 0.42 ctvs sin IVA, es decir, que mensualmente existiría un gasto de USD 3.528.000 millones en combustible.

Por otro lado, el contrato también establece una cláusula de arbitraje internacional a petición de la contratatista. La implementación de esta medida fue consultada a la Procuraduría, razón por la cual la adjudicación tuvo un retraso de un mes hasta la espera de una respuesta.

La cláusula establece que en caso de controversias que no sean solucionadas entre ambas partes la última instancia sea el arbitraje internacional con sede en Londres. Los costos del arbitraje serán ordinariamente pagados por la parte vencida, sin embargo, en casos de decisiones divididas, el tribunal tendrá la última palabra. (AGM).

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En el país norteamericano, los índices Nasdaq Composite y S&P cayeron en un 6,2% y 4%, respectivamente. La caída de bolsa más grave ocurrió en Japón, donde el índice Nikkei se hundió un 12,4%, la peor cifra desde 1987.

El índice de referencia de Corea del Sur, el Kospi, cayó más del 10% en un momento dado. Los mercados de valores de Taiwán, Singapur, Australia, Hong Kong y China continental cayeron. Las acciones de la India, uno de los mercados de mejor desempeño en Asia este año, cotizaron más del 2 por ciento a la baja. El desplome de más del 10% en el bitcoin, la criptomoneda más importante del mundo, es también una señal de temor entre los inversores.

Las preocupaciones se activaron debido a la publicación de un informe sobre el empleo en EE.UU. En julio se crearon 114.000 puestos de empleo por debajo de los 175.000 que se esperaban y la tasa de desempleo llegó al 4,3%. Las cifras llevan a pensar en una recesión a los inversores, especialmente por la probable decisión de la Reserva Federal de mantener las tasas de interés hasta septiembre y los problemas se agraven.

Fuentes: diario El País, The New York Times

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