El encuentro, realizado en Anchorage, Alaska, ha sido descrito como “histórico” por algunos analistas y como “profundamente preocupante” por otros, debido a su secretismo y a la exclusión de actores clave.

https://x.com/USAenEspanol/status/1956476298743754800?t=hmmykJE-cVgYTUTL9odQvw&s=19

El lugar de la reunión no es casual: Alaska, frontera geográfica y simbólica entre Rusia y Estados Unidos, se convierte en el escenario de unas conversaciones que podrían marcar el rumbo de la guerra en Ucrania y del equilibrio global de poder.

¿Posible alto al fuego?

Según fuentes diplomáticas, la agenda incluye negociaciones para un alto al fuego y el inicio de conversaciones sobre armamento nuclear. Sin embargo, la ausencia de Ucrania y de líderes europeos en las conversaciones ha generado fuertes críticas, tanto en Kiev como en Bruselas. Para muchos, esta exclusión cuestiona la legitimidad del proceso y abre la puerta a acuerdos que no necesariamente respondan a los intereses de la nación agredida.

Críticas en Washington

En Estados Unidos, legisladores y expertos han cuestionado la naturaleza de la cumbre, señalando que se desarrolla con un nivel de secretismo inusual y sin una supervisión clara del Congreso. Algunos temen que la reunión sirva para concesiones unilaterales a Rusia, debilitando la posición estratégica de la OTAN y de sus aliados europeos.

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Implicaciones geopolíticas

La cumbre Alaska no solo es un intento de mediación en el conflicto ucraniano; también representa un movimiento geopolítico de alto riesgo. Un eventual acuerdo que reduzca tensiones entre Washington y Moscú podría alterar drásticamente la estructura de la OTAN, la cohesión de la Unión Europea y la dinámica de poder en Asia, donde China observa de cerca cualquier reconfiguración de alianzas.

¿Paz o propaganda?

Mientras algunos interpretan el encuentro como un esfuerzo genuino de acercamiento, otros lo ven como un acto de propaganda política para ambas partes.

Putin busca proyectar una imagen de legitimidad internacional en plena guerra, mientras que Trump intenta posicionarse como un líder capaz de “lograr lo que otros no pudieron” en política exterior.

Por ahora, no se han revelado compromisos concretos ni un calendario de seguimiento, lo que deja la pregunta abierta: ¿estamos ante el inicio del fin de la guerra o frente a una jugada calculada para mover fichas en el tablero global?

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Demoliciones de barrios y crímenes de guerra

La destrucción deliberada de barrios enteros se ha convertido en política de Estado. Un informe de la BBC, citado por El Comercio, reveló que Israel ha demolido con explosivos miles de edificios civiles, incluidas torres de departamentos, escuelas, hospitales y mezquitas. Imágenes satelitales muestran zonas como Tel al‑Sultan reducidas a escombros. El Ejército justifica estas demoliciones alegando que Hamás oculta arsenales en viviendas, pero juristas consultados advierten que destruir bienes civiles en masa constituye un crimen de guerra según la Cuarta Convención de Ginebra. Observadores independientes van más allá: sostienen que la estrategia persigue abrir corredores de seguridad y forzar la migración palestina.

Periodistas y hospitales en la mira

La maquinaria bélica no distingue entre cámaras y fusiles. El 5 de junio de 2025, un bombardeo israelí contra el hospital Bautista de Ciudad de Gaza mató a cuatro periodistas gazatíes e hirió gravemente a un quinto. Según fuentes locales, los comunicadores se encontraban en el patio del hospital documentando los ataques cuando los cazas lanzaron las bombas. Reporteros Sin Fronteras considera que la Franja es el lugar más letal del mundo para ejercer el periodismo en 2025 y contabiliza más de 220 trabajadores de la prensa asesinados desde que comenzó la invasión. Además, los hospitales y clínicas, saturados y sin recursos, son bombardeados de forma sistemática. Matar al mensajero y destruir centros de salud desnuda la naturaleza de una guerra que busca silenciar y aterrorizar.

ONG israelíes reconocen genocidio

Ni siquiera dentro de Israel se sostiene el relato oficial. Las organizaciones israelíes de derechos humanos B’Tselem y Médicos por los Derechos Humanos-Israel acusaron formalmente a su propio gobierno de cometer genocidio en Gaza, la primera vez que ONG locales usan ese término. Mientras tanto, la comunidad internacional presiona por un alto al fuego y el Papa, líderes latinoamericanos y movimientos sociales exigen que cese el derramamiento de sangre y se proteja a la población civil. La reducción de Gaza a ruinas, la matanza indiscriminada y el desplazamiento forzado no son “daños colaterales”, sino la materialización de un proyecto colonial que recuerda los peores capítulos del siglo XX.

El progreso no puede construirse sobre cadáveres. Lo que ocurre en Gaza es un crimen de proporciones históricas que no puede quedar impune. La solidaridad con el pueblo palestino exige denunciar el genocidio, exigir justicia y apoyar a quienes, incluso dentro de Israel, se atreven a alzar la voz.

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El Sindicato de Guionistas de América (WGA), que ha mantenido una postura crítica frente al poder de los magnates tecnológicos, emitió un comunicado sobre el fenómeno: «Lo que observamos no es un simple choque de personalidades. Es una competencia por definir la infraestructura de la comunicación política. Cuando el dueño de la plataforma y el principal generador de contenido entran en conflicto, los usuarios y la información se convierten en el territorio en disputa».

Investigadores del Centro para la Contrarrestación del Odio Digital (CCDH) han documentado un incremento en la desinformación en X desde la llegada de Musk. Un informe de la organización indica que la moderación de contenido se ha reducido, lo que facilita la propagación de narrativas sin verificación. «La estrategia de Musk, bajo una bandera de ‘libertad de expresión absoluta’, ha creado un ecosistema donde las narrativas de Trump pueden florecer, pero al mismo tiempo compiten con Musk por ser la voz dominante», señala un investigador del CCDH.

La competencia se traslada al control del relato electoral

El conflicto tiene implicaciones directas para el panorama electoral. Trump, en su búsqueda por un retorno al poder ejecutivo, depende de una maquinaria mediática que pueda controlar. La existencia de X como un feudo gobernado por Musk, un actor con su propia agenda política y económica, presenta una variable de incertidumbre para su campaña. Fuentes cercanas a la campaña de Trump han expresado a medios independientes su preocupación por la «imprevisibilidad» de Musk. Por otro lado, Musk ha cultivado una imagen de actor político, reuniéndose con líderes mundiales y opinando sobre conflictos internacionales, un rol que tradicionalmente no correspondía a los dueños de plataformas tecnológicas.

Desde el ámbito laboral, exempleados de Tesla y SpaceX han reportado un ambiente de trabajo donde la lealtad a la figura de Musk es un componente evaluado. En una declaración ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB), un grupo de ingenieros despedidos de SpaceX afirmó que fueron cesados tras redactar una carta interna que criticaba las declaraciones públicas de Musk. Este contexto laboral, según analistas de relaciones laborales, es un microcosmos de su estilo de liderazgo: un control vertical que no admite disidencia. «Tanto Trump como Musk exigen una adhesión total a su persona», comenta un sociólogo especializado en movimientos autoritarios. «La diferencia es que uno lo hace desde la política tradicional y el otro desde el poder corporativo. Su actual enfrentamiento es, en esencia, la colisión de dos modelos de poder unipersonal que compiten por el mismo espacio ideológico y mediático».

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Gjika, de 47 años, había ingresado a Ecuador en 2009 con una visa de visitante temporal.

Desde entonces, construyó una red criminal transnacional vinculada a tráfico de drogas, lavado de activos y delincuencia organizada. Su nombre figuraba en la lista roja de Interpol y era uno de los hombres más buscados del país.

Red criminal con fachada legal

Según el Ministerio del Interior, la organización que lideraba contaba con un nivel directivo, logístico y de colaboradores que operaban en Ecuador y otros países. Empresas legales habrían sido utilizadas para blanquear fondos ilícitos y ocultar actividades comerciales y financieras asociadas al crimen.

Gjika enfrenta un proceso por delincuencia organizada en el marco del caso Pampa, una de las investigaciones más amplias contra redes narcoempresariales en el país. La captura tiene fines de extradición.

La detención de Gjika no solo representa un avance judicial. También expone la magnitud de las redes mafiosas que operan en Ecuador bajo estructuras sofisticadas y con conexiones internacionales. La pregunta ahora es: ¿cuántos más como él siguen operando bajo el radar?

La captura de Gjika llega en un momento clave, cuando Ecuador enfrenta una ola de violencia atribuida precisamente al poder creciente del crimen organizado y sus vínculos con estructuras internacionales. Aunque su extradición podría significar un avance judicial, los analistas advierten que desmontar estas redes exige mucho más que capturas aisladas: se necesita una estrategia sostenida que ataque los flujos financieros, la complicidad institucional y la impunidad con la que han operado por varios años.

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Lo que para algunos podría parecer un simple síntoma de apatía, para varios analistas es una señal más profunda. “Hay una tendencia histórica desde 1983: cada década baja entre 5 y 10 puntos la participación”, recordó el politólogo Facundo Cruz, quien también identificó una nueva forma de protesta ciudadana: no ir a votar.

De la urna al vacío

El desinterés no llegó solo. Según Alejo Pasetto, de Epyca Consultores, muchas personas ni siquiera sabían qué se votaba. Era la primera vez que Buenos Aires renovaba sus 30 bancas locales sin coincidir con las elecciones nacionales, lo que generó una desconexión con el proceso y una campaña cargada de discusiones nacionales más que de temas municipales.

Para el analista Julio Burdman, ese desdoblamiento electoral “estuvo mal diseñado” y explica gran parte de la abstención. «No están funcionando los desdoblamientos electorales», advirtió, señalando que otros distritos como Salta o Santa Fe enfrentaron patrones similares.

¿Un nuevo 2001 sin cacerolas?

Los paralelos con la crisis del 2001 no se hicieron esperar. Aunque entonces hubo mayor participación, el llamado «voto bronca» —blanco o nulo— alcanzó el 24%. Hoy, ese descontento mutó: ya no se vota en blanco, directamente no se vota. “Estamos viviendo una reedición de 2001, pero con nuevos códigos. Ahora es la abstención la que habla”, opinó Cruz.

Burdman, en cambio, rechaza esa comparación: “Hoy hay recuperación económica y más optimismo. Lo que pasó fue una mala convocatoria”.

El resultado: menos votos, mismo ganador

Manuel Adorni, candidato oficialista y exvocero presidencial, ganó con apenas el 30% del total de votos emitidos. Para los expertos, la baja participación no resta legitimidad al resultado, pero sí plantea un dilema democrático. «El sistema político necesita de la participación ciudadana como su combustible vital», dijo Cruz. Sin ese insumo, el motor institucional comienza a fallar.

Pasetto fue más lejos: “Estas derechas radicalizadas prefieren poca participación y mucha polarización. Ganar con el 30% del 50% es más fácil cuando el resto se queda en casa”.

¿Se avecina una crisis de representación? ¿O solo estamos frente a una estrategia eficaz de desgaste democrático? Las urnas en Buenos Aires no hablaron… pero su silencio retumba.

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Entre los programas suprimidos se encuentran el Programa Interministerial de Abordaje Integral de las Violencias Extremas, destinado a prevenir femicidios y transfemicidios mediante la coordinación entre fuerzas de seguridad, sistema judicial y servicios de salud. También desaparece el Programa Acercar Derechos, que ofrecía asesoramiento legal, acompañamiento psicosocial y acceso a recursos para mujeres y personas LGBTI+ en situación de violencia.

Otra de las iniciativas eliminadas fue MenstruAR, un programa que facilitaba el acceso gratuito a productos menstruales sostenibles en comunidades vulnerables de todo el país.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, justificó la medida como parte de una política de “simplificación del Estado”. Afirmó que la eliminación de estos programas supondrá un ahorro de más de 6.000 millones de pesos anuales. También calificó a estas iniciativas como parte de una “estructura ideologizada” heredada del kirchnerismo.

Sin embargo, desde las organizaciones sociales, feministas y de derechos humanos, recibieron la decisión como un “retroceso alarmante”. Colectivos que históricamente trabajaron en la prevención de la violencia de género advirtieron que la eliminación de estos mecanismos institucionales deja a miles de mujeres, niñas y personas LGBTI+ sin herramientas de protección ni acceso efectivo a la justicia.

Las cifras oficiales refuerzan la gravedad del momento: en Argentina, una mujer es asesinada cada 35 horas víctima de la violencia machista. La desaparición de estos programas, advierten las organizaciones, podría traducirse en más vidas perdidas, más casos impunes y una institucionalidad aún más alejada de las víctimas.

Hasta el momento, el Gobierno no ha detallado cuál será la “nueva perspectiva” desde la cual pretende abordar la violencia de género, aunque ha mencionado un enfoque centrado en la familia y sin “ideologías impuestas”.

Desde el movimiento feminista, las respuestas ya se sienten en las calles. En la marcha del 8 de marzo, miles de mujeres protestaron en distintas provincias del país en rechazo a las políticas del presidente Milei, exigiendo presupuesto, justicia y un Estado presente frente a las violencias.

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Muchos ciudadanos expresaron su profunda preocupación por la injerencia de expertos extranjeros en los procesos políticos internos del país.  Se temía que la participación de expertos extranjeros pudiera distorsionar la voluntad del pueblo y afectar a la integridad de las elecciones. Las críticas se intensificaron con la difusión en Internet de un vídeo realizado por miembros del Comité de Lucha contra la Injerencia Extranjera. En el vídeo, unos hombres enmascarados condenaban duramente la cooperación de Quiroga con los consultores, calificándola no sólo de poco ética, sino también de potencialmente peligrosa para la soberanía de Bolivia.

«Jorge Tuto Quiroga, no deberías estar orgulloso de traerlos aquí y utilizarlos como asesores. Así no debe ser. Si no se atienden nuestras demandas, escribiremos a los presidentes de Ecuador y México e insistiremos en que saquen a sus ciudadanos de nuestro país y no interfieran en nuestra política y en las próximas elecciones en nuestra patria», dijeron los miembros del comité.

Los activistas en contra de la implicación de Barba y Castillo en la política boliviana no se limitaron sólo a declaraciones públicas, sino que dieron un ultimátum a Quiroga, exigiendo el cese inmediato de la cooperación con asesores extranjeros. 

Jaime Barba y Santiago Nieto son dos expertos políticos internacionales contratados para asesorar al candidato presidencial boliviano Jorge Tuto Quiroga, de la alianza «Libre». Ambos fueron asesores del presidente electo de Ecuador, Daniel Noboa, y anteriormente del ex presidente argentino Mauricio Macri.

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El contrato, por $165.000, consta en los registros del Departamento de Justicia de EE.UU.

La Cancillería informó que contrataron la firma de “asesoría y cabildeo” para fomentar una relación constructiva con el gobierno de Trump. Esto ocurre en medio de la crisis de violencia en Ecuador.

El Gobierno afirma que seleccionó a Mercury Public Affairs LLC, una “firma de asuntos públicos de alto riesgo” y bipartidista. La empresa tiene experiencia en relaciones gubernamentales y en establecer contactos con instituciones oficiales en EE.UU.

“Empleamos estrategias tácticas neutrales que abarcan comunicaciones estratégicas, movilización de base, encuestas y cabildeo estatal, disponibles en nuestras 13 oficinas”, indica la empresa en su sitio web.

Justificación de contrato

La Cancillería afirma que la contratación se realizó mediante un “proceso de licitación competitivo”, siguiendo una “práctica corriente de gobiernos pasados”. Sostiene que la firma fue “la mejor, más rentable y beneficiosa para el Estado”.

“Constituye una herramienta adicional al servicio de las embajadas para avanzar sus intereses ante el Congreso, el Ejecutivo, los medios de prensa y los centros de estudios (de EE.UU.)”, detalló la Cancillería.

El viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Játiva, explicó a FM Mundo que la Cancillería declaró una “emergencia” antes de la contratación debido a las medidas inmigratorias anunciadas por Trump. Añadió que los temas principales del contrato son migración, seguridad, lucha contra el crimen organizado y comercio exterior.

“Se fundamenta en un plan de protección migratoria y se comenzó a buscar las firmas que asistan a la embajada, al Estado ecuatoriano, a la cancillería y a los diversos órganos gubernamentales del Ecuador”, precisó.

Játiva afirmó que pagarán el contrato en tres partes, sin detallar montos, y que tendrá un “período de prueba”.

“Hay que ver cómo funciona esto. Hay muchas empresas, pero no todas son buenas de las referencias que tenemos (…) El objetivo es tomar contacto con la gente clave del Gobierno de Estados Unidos”, afirmó.

La cadena CNN solicitó a la Embajada de Ecuador en EE.UU. más detalles sobre el contrato y sus objetivos específicos para acercarse a la administración Trump, También consultó a la Contraloría General de Ecuador si analizará el contrato, dado que la Cancillería asegura que incorpora recomendaciones previas del organismo. La Contraloría respondió que realizará las consultas respectivas.

El presidente Daniel Noboa ha pedido reiteradamente apoyo internacional para combatir el crimen organizado en Ecuador.

En junio, en una entrevista con The New Yorker, Noboa criticó que EE.UU. no brinde más recursos para esta lucha. El Departamento de Estado de EE.UU. informó a CNN que desde 2018 ha aportado USD 278 millones a Ecuador para seguridad y defensa, incluyendo asesoramiento, intercambios, capacitaciones, donaciones de suministros e intercambio de información.

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Las demandas fueron presentadas digitalmente en distintos juzgados del país, mientras que una se radicó en una comisaría de Buenos Aires y quedó en manos del fiscal Guillermo Marijuan. Los denunciantes, entre los que se encuentran ciudadanos damnificados y figuras de la oposición, acusan a Milei de haber impulsado el fraude al recomendar la criptomoneda en la red social X apenas tres minutos después de su lanzamiento.

El argumento del mandatario de que su acción fue un «error de entusiasmo» no convence a los denunciantes, quienes afirman que existen vínculos directos entre los desarrolladores de $LIBRA y su movimiento político. La justicia prevé sortear las causas para asignarlas a los juzgados federales correspondientes.

Denuncias en el ámbito civil y penal

El dirigente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, anunció que impulsará una demanda colectiva contra Milei en el fuero civil para exigir resarcimientos económicos a las víctimas del presunto fraude, tanto en Argentina como en Estados Unidos.

En el Congreso, el diputado Itai Hagman adelantó que presentará una denuncia penal contra Milei por negociaciones incompatibles con la función pública. Asimismo, el abogado Gregorio Dalbón, representante de la expresidenta Cristina Fernández, también figura entre los denunciantes.

El bloque parlamentario opositor Unión por la Patria informó que presentará un pedido de juicio político contra el presidente Milei por su presunta participación en la estafa con $LIBRA.

Primera denuncia bajo la jueza Servini

La primera denuncia contra Milei fue sorteada en Comodoro Py y quedó bajo la jurisdicción de la jueza María Servini y el fiscal federal Eduardo Taiano. La presentación inicial fue realizada por el exdiputado Claudio Lozano y el Observatorio del Derecho a la Ciudad. Según fuentes judiciales, las demás denuncias serán acumuladas en esta causa principal.

En la denuncia se menciona que Milei promocionó el sitio vivalalibertadproject.com y la criptomoneda $LIBRA en X, asegurando que tenía como objetivo «fondear pequeñas empresas y emprendimientos argentinos». Sin embargo, cuatro horas después eliminó la publicación y aseguró no estar «interiorizado en los pormenores del proyecto».

También fueron denunciados Julián Peh, CEO de Kip Network Inc. y KIP Protocol (empresa desarrolladora de $LIBRA); Daniel Parisini, conocido como «Gordo Dan»; el economista Agustín Laje; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y Hayden Mark Davis, representante de Kelsier Ventures, entre otros. El caso sigue en desarrollo mientras la justicia evalúa los próximos pasos en la investigación.

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Hasta el momento no se ha revelado la causa del deceso, aunque la cantante enfrentaba problemas de salud que la llevaron a reducir sus presentaciones en los últimos años.

Con una carrera de más de cuatro décadas, Paquita la del Barrio se consolidó como un símbolo de la música popular mexicana. Sus letras, cargadas de desamor y denuncia contra la infidelidad y el maltrato, conectaron con el público y la convirtieron en una referente de la música ranchera. A pesar de su fuerte mensaje en defensa de las mujeres, nunca se autodenominó feminista, pero sí una voz que expresaba el sentir de muchas. Su interpretación apasionada y su característico «¿Me estás oyendo, inútil?», de la célebre canción Rata de dos patas, se transformaron en un himno de empoderamiento femenino.

Su historia

Paquita la del Barrio nació el 2 de abril de 1947 en Alto Lucero, Veracruz. Desde temprana edad mostró su pasión por la música, participando en festivales escolares y soñando con una carrera artística. Sin embargo, las dificultades económicas la obligaron a abandonar la escuela tras completar la educación primaria. A los 16 años comenzó a trabajar en el gobierno municipal, donde conoció a su primer esposo, Miguel Gerardo, 30 años mayor que ella. La relación estuvo marcada por el maltrato y la desilusión al descubrir que él ya estaba casado.

Tras dejar esta relación, Paquita y su hermana Viola emigraron a la Ciudad de México en busca de oportunidades en la música. Juntas formaron el dueto Las Golondrinas, un primer paso en una trayectoria que la llevaría a convertirse en una de las más queridas exponentes de la canción ranchera. Su estilo inconfundible y su entrega en el escenario la hicieron trascender generaciones, dejando una huella imborrable en la cultura popular mexicana.

El fallecimiento de Paquita la del Barrio deja de luto al mundo de la música, que despide a una artista cuya voz y legado seguirán vivos en las memorias de su público.

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«Ningún país, por más importante que sea, puede pelearse con todo el mundo todo el tiempo», dijo Lula en una entrevista con radios de Minas Gerais, enfatizando que los BRICS representan prácticamente la mitad de la población mundial y un porcentaje similar del comercio exterior. «Tenemos derecho a debatir una forma de comercialización que no dependa solo del dólar», añadió con la seguridad de quien sabe que los tiempos han cambiado.

Mientras Trump se aferra al viejo sueño de un mundo unipolar, los BRICS siguen consolidando su influencia.

Con la reciente adhesión de Arabia Saudita, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Irán e Indonesia, el bloque se ha fortalecido como una alternativa real al dominio financiero de Estados Unidos. Además, la lista de países socios sigue creciendo, con Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Uganda y Uzbekistán en la fila de aliados estratégicos.

Lejos de amedrentarse ante las amenazas de Washington, Lula insistió en que Brasil y sus socios deben centrarse en sus propios intereses sin ceder a las provocaciones. «No podemos perder tiempo preocupándonos por Trump. Lo que importa es lo que es mejor para nosotros y para el mundo», sentenció, dejando claro que Brasil, como actual presidente del bloque, no permitirá que el miedo dicte la agenda de los BRICS.

El mensaje es claro: el mundo ya no gira solo alrededor de Estados Unidos y el dólar no es el único eje del comercio global. Los BRICS avanzan hacia una mayor autonomía y, aunque Trump patalee, el cambio es inevitable.

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En Ecuador durante los últimos años, USAID ha destinado fondos a Fundamedios, una ONG que se presenta como defensora de la libertad de prensa, pero con cuestionamientos sobre su respaldo a comunicadores identificados con posiciones no progresistas. Además, se registraron aportes a otras organizaciones de la sociedad civil y proyectos que, si bien promueven la gobernabilidad y la transparencia, también tienen un mecanismo de influencia en la política interna ecuatoriana.

La presencia de USAID en Ecuador fue objeto de controversia en administraciones pasadas. Durante el gobierno de Rafael Correa, la agencia fue expulsada en 2014 bajo acusaciones de injerencia en asuntos internos. Sin embargo, en 2019, bajo la presidencia de Lenín Moreno, se reactivaron los acuerdos de cooperación, permitiendo nuevamente su operación en el país.

Organizaciones críticas con la presencia de USAID en Ecuador señalan que su financiamiento podría estar sesgado hacia grupos afines a la política exterior estadounidense, debilitando el desarrollo de una prensa verdaderamente independiente y de una sociedad civil autónoma.

¿Injerencia política?

En 2011, la investigadora estadounidense Eva Golinger aseguró que muchas organizaciones ecuatorianas, algunas vinculadas al movimiento indígena, recibían fondos financieros del Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través de la USAID y la NED (National Endowment for Democracy) para desestabilizar la administración del presidente Rafael Correa.

De igual manera, señaló que la exasambleísta de Pachakutik y actual prefecta de Cotopaxi, Lourdes Tibán formaba parte de la Corporación Empresarial Indígena, misma que recibía recursos de la USAID. También resaltó que su asesor era Norman Baily, «veterano» de la Central de Inteligencia norteamericana (CIA), quien fue jefe de una misión especial de inteligencia del gobierno de EE.UU., en Cuba y Venezuela.

“La USAID ya no es lo que fue en un principio: una organización que ayuda al desarrollo, a fines humanitarios. Ahora tiene objetivos políticos y más que todo en América Latina», resaltó.

Financiamiento

En 2024, varios acuerdos vinculantes entre organizaciones ecuatorianas y Estados Unidos han dado lugar a millonarios desembolsos. Según ForeignAssistance.gov, estos acuerdos son compromisos formales que resultan en desembolsos inmediatos o futuros, que pueden incluir contratos, subvenciones y otros tipos de asistencia:

• Futures Group Global; organización dedicada a mejorar la salud y el bienestar, firmó un acuerdo por USD 14,1 millones.
• Corporación Favorita; una conocida empresa ecuatoriana, recibió un proyecto de asistencia por USD 3 millones.
• Fundación Pachamama; dedicada a la conservación de los ecosistemas amazónicos, firmó un acuerdo de USD 4,8 millones con USAID.

Fundamedios y Participación Ciudadana

Corporación Participación Ciudadana, dirigida por Ruth Hidalgo, ha sido una de las organizaciones más críticas hacia los gobiernos progresistas en Ecuador. En 2024, recibió USD 627.343 de USAID para el «Proyecto de Asociación Innovadora entre Democracia y Gobernanza».

Por su parte, Fundamedios, una ONG defensora de periodistas y medios que no siguen la línea del progresismo, fue objeto de controversia durante años. En 2012, por ejemplo, el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Adam Namm, indicó que la organización había recibido USD 300.000. En 2024, esta ONG continúa recibiendo apoyo.

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Trump anunció que el nuevo centro albergará hasta 30.000 inmigrantes en situación irregular en Estados Unidos, a quienes considera una posible amenaza para la sociedad.

El presidente firmó la orden ejecutiva después de un evento en la Casa Blanca, donde también promulgó su primera ley como mandatario, la llamada ley Laken Riley, diseñada para agilizar la detención y deportación de inmigrantes indocumentados acusados de delitos menores.

La base de Guantánamo, ubicada en territorio cubano y arrendada de forma indefinida por EE.UU. desde 1903, ya ha servido como refugio temporal para migrantes, como ocurrió durante la «crisis de los balseros» en la década de 1990. Actualmente, parte de sus instalaciones se están utilizando para procesar a indocumentados interceptados en el mar.

Trump mencionó que este centro será para los extranjeros ilegales considerados de alto peligro. «Tenemos 30.000 camas en Guantánamo para detener a los peores extranjeros ilegales criminales que amenazan a los estadounidenses», afirmó el mandatario.

Y agregó: «algunos de ellos son tan malos que ni siquiera confiamos en que los países los retengan, no queremos que regresen, así que los vamos a enviar a Guantánamo».

El mandatario estadounidense dio la orden de tomar medidas para ampliar a su máxima capacidad el Centro de Operaciones Migratorias de la Estación Naval de la Bahía de Guantánamo a los secretarios de Defensa y de Seguridad Nacional.

¿Cuál es la reacción de Cuba?

Estados Unidos ha mantenido el arrendamiento de Guantánamo a Cuba por más de un siglo, a pesar de la oposición del gobierno cubano, que generalmente rechaza los pagos simbólicos de alquiler.

El mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, calificó como un «acto de brutalidad» al anuncio del presidente de Estados Unidos.

Bruno Rodríguez, el ministro de Exteriores cubano, afirmó que el anuncio de Trump «muestra desprecio hacia la condición humana y el Derecho Internacional». El canciller aseguró, mediante la plataforma X, que “la decisión del Gobierno de Estados Unidos de encarcelar a migrantes en la Base Naval de Guantánamo, en un enclave donde creó centros de tortura y detención indefinida, demuestra un desprecio por la condición humana y el derecho internacional”.

¿Quiénes estarán detenidos en Guantánamo?

Como lo afirmaron funcionarios de la Administración de Trump, el centro se utilizará para “lo peor de lo peor”.

Un integrante del Gobierno de Trump, quien pidió mantener el anonimato porque no tiene autorización para declarar públicamente sobre el tema, dijo a AP que el centro sería utilizado para alojar a “criminales peligrosos” y personas que son “difíciles de deportar”.

Algunos países rechazan recibir a ciertos inmigrantes que Estados Unidos busca deportar.

Trump ha insistido en varias ocasiones en los riesgos que, según él, afrontan los estadounidenses debido a la presencia de aproximadamente 11 millones de inmigrantes sin estatus legal en el país. Aunque los inmigrantes suelen ser señalados por cometer delitos graves, representan una fracción muy pequeña de la población total. Diversos estudios académicos, aunque con resultados variados, en su mayoría no han encontrado una relación directa entre la inmigración y los delitos violentos.

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Durante la reunión, Daniel Noboa reafirmó el compromiso de Ecuador con la defensa de la democracia en Venezuela. Por su parte, Edmundo González agradeció el respaldo del gobierno ecuatoriano al proceso electoral del 28 de julio de 2024, en el cual fue declarado el ganador legítimo.

Tras un diálogo, ambos líderes acordaron tres medidas concretas para enfrentar al régimen de Nicolás Maduro y combatir el crimen organizado.

– Medida sobre el Tren de Aragua

Ecuador se comprometió a designar al grupo criminal Tren de Aragua como una organización terrorista, en respuesta al informe presentado por el CIES. Este paso busca frenar las actividades ilícitas de la organización en la región.

– Medida económica contra el régimen de Maduro

Ecuador ofrecerá hasta 250 mil barriles de petróleo diarios a los países que actualmente dependen del crudo venezolano. Según el presidente Daniel Noboa, esta medida busca eliminar una fuente clave de ingresos que financia al régimen de Nicolás Maduro.

– Medida anticorrupción y contra el crimen organizado

El tercer acuerdo consiste en un convenio entre la Secretaría Anticorrupción de Ecuador y el equipo de Edmundo González. Este pacto permitirá el intercambio de información clave para luchar contra el narcotráfico, la minería ilegal y la trata de personas, fortaleciendo las capacidades de ambos países en estas áreas.

Daniel Noboa enfatizó que este esfuerzo conjunto es un paso firme hacia la justicia y la protección de los derechos humanos en la región. Por su parte, González añadió que estos acuerdos no solo benefician a Venezuela, sino que representan un ejemplo de solidaridad regional. También agradeció al pueblo ecuatoriano por acoger a miles de venezolanos desplazados. Reiteró que la cooperación internacional es clave para enfrentar al crimen organizado y proteger la democracia en América Latina.

Reconocimiento a la lucha democrática de Edmundo González por parte de Daniel Noboa

Noboa destacó la valentía del pueblo venezolano en su constante lucha contra la corrupción y las prácticas dictatoriales que han marcado al régimen de Nicolás Maduro.

En este contexto, el mandatario ecuatoriano otorgó la Orden Nacional al Mérito en el grado de Gran Collar a Edmundo González, reconociendo su liderazgo y reafirmando el respaldo de Ecuador a la causa democrática en Venezuela.

Noboa también resaltó la firme posición de su gobierno en los foros internacionales, donde ha denunciado de manera consistente al régimen venezolano por ignorar la voluntad popular y cometer violaciones a los derechos humanos.

González expresó su agradecimiento, destacando que este reconocimiento trasciende lo meramente diplomático, representando también un firme compromiso con la verdad.

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«Los EE.UU. no pueden tratar como delincuentes a los migrantes colombianos. Desautorizo la entrada de aviones norteamericanos con migrantes colombianos a nuestro territorio. EE.UU. debe establecer un protocolo de tratamiento digno a los migrantes antes que los recibamos nosotros», escribió el mandatario colombiano en su cuenta de X.

El mensaje de Trump llegó desde su red social Truth. «Me acaban de informar que no se ha permitido que dos vuelos de repatriación procedentes de los Estados Unidos, con un gran número de delincuentes ilegales, aterricen en Colombia. Esta orden fue dada por el presidente socialista de Colombia, Gustavo Petro, que ya es muy impopular entre su pueblo. La negativa de Petro a estos vuelos ha puesto en peligro la seguridad nacional y pública de los Estados Unidos, por lo que he ordenado a mi Administración que adopte de inmediato las siguientes medidas de represalia urgentes y decisivas».

Las represalias

Entre las órdenes de Trump se encuentran:

– Aranceles de emergencia del 25% sobre todos los productos que entran en los Estados Unidos. En una semana, los aranceles del 25% se elevarán al 50%.

-Prohibición de viaje y revocación inmediata de visas a los funcionarios del Gobierno colombiano y a todos sus aliados y partidarios.

-Sanciones de visa a todos los miembros del partido, familiares y simpatizantes del gobierno colombiano.

-Inspecciones reforzadas de Aduanas y Protección Fronteriza de todos los nacionales y cargas colombianas por razones de seguridad nacional.

-IEEPA: Se impondrán sanciones bancarias, financieras y de tesorería en su totalidad.

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En un comunicado oficial de Presidencia, el Gobierno colombiano confirmó su participación en la Asamblea Extraordinaria de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), convocada para el próximo 30 de enero, donde se abordarán temas cruciales como la cooperación entre países miembros en materia migratoria y la protección de los derechos humanos.

Paralelamente, anunciaron que se dispondrá del avión presidencial para facilitar el retorno digno de los connacionales que iban a llegar hoy a Colombia. “De ninguna manera los colombianos, como patriotas y sujetos de derechos, han sido ni serán desterrados del territorio colombiano”.

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“Ellos nos necesitan mucho más de lo que nosotros los necesitamos. De hecho, no los necesitamos; ellos nos necesitan. Todos nos necesitan”, afirmó Donald Trump como respuesta a una pregunta de una periodista brasileña, quien le consultó sobre su visión de la relación entre Estados Unidos con América Latina y Brasil.

Sin embargo, Trump suavizó su discurso al señalar que la relación con los países latinoamericanos “debería ser genial” durante su mandato.

Las relaciones entre Trump y Lula en sus inicios

Poco después de la investidura presidencial de Trump, el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva deseó al líder republicano un mandato “exitoso” que promoviera “la prosperidad y el bienestar del pueblo de EE. UU.”, además de contribuir a “un mundo más justo y pacífico”.

En redes sociales, Lula destacó la importancia de la relación entre Brasil y Estados Unidos, calificándola como una «trayectoria de cooperación basada en el respeto mutuo y la amistad histórica». Resaltó los fuertes lazos entre ambos países en áreas clave como el comercio, la ciencia, la educación y la cultura. «Estoy seguro de que podemos seguir avanzando en estas y otras áreas», expresó.

Los negocios por encima de la ideología

Sin embargo, antes de la ceremonia de investidura, Lula dejó clara su postura de evitar conflictos con Trump, pese a sus marcadas diferencias ideológicas. Durante una reunión con su gabinete en Brasilia, señaló: «Yo deseo que los estadounidenses continúen siendo los socios históricos de Brasil porque, de nuestra parte, no queremos pelea ni con Venezuela, ni con los estadounidenses, ni con China, ni con la India, ni con Rusia».

Estados Unidos es el segundo socio comercial de Brasil, con un intercambio que asciende a 80.910 millones de dólares, según estadísticas brasileñas, manteniendo un balance equitativo entre ambos países.

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Sin embargo, lo más preocupante son la declaración de emergencia nacional en la frontera con México, las restricciones en el derecho de ciudadanía por nacimiento y la eliminación de la aplicación para pedir asilo CBP One. Las acciones han llevado a que miles de personas se queden desamparadas en la frontera estadounidense – mexicana. 

Unos tienen permiso para quedarse 20 días en México, otros menos. La mayoría son familias con niños pequeños. José Louiza, acompañado de su esposa y su hijo de 13 años, tenía el turno de las 13:00. Sin embargo, a las 11:00 dieron el aviso: «Las citas existentes programadas de CBP One ya no son válidas». Venían de Venezuela y su frustración era latente tras cruzar una selva y seis países, recoge diario El País.

Las opciones que tienen son pocas. Trump anunció que establecerá de nuevo el programa Quédate en México que obliga a los migrantes a quedarse en ese país hasta que se les asigne una cita para continuar con el trámite de refugio. La medida pone en manos del gobierno mexicano el destino de cientos de migrantes a lo que se suma las olas de deportados mexicanos. La situación de los deportados y migrantes de otros países es incierta.

Dependiendo del país de origen, los migrantes pueden solicitar el parole humanitario para casos urgentes o hacer el trámite de visado.

Ciudadanía por nacimiento 

La enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos indica que: «Toda persona nacida o naturalizada en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del Estado en donde residen». En el decreto ejecutivo, Trump agregó: «pero la Enmienda 14 jamás se interpretó para extender la ciudadanía universalmente a cualquiera que haya nacido dentro de Estados Unidos». 

Detallan dos casos:

– Cuando la madre de la persona estuvo ilegalmente presente en Estados Unidos y el padre no era un ciudadano estadounidense o un residente legal permanente al momento en que dicha persona nació.

– Cuando la madre de la persona, al momento del nacimiento, estuvo presente en Estados Unidos de manera legal, pero temporal y el padre no era un ciudadano estadounidense o un residente permanente legal al momento en que dicha persona nació. 

La orden ejecutiva indica que con la permanencia temporal de la madre al momento del nacimiento de la persona se refieren, «por ejemplo, y no limitado a», quienes visiten Estados Unidos bajo el respaldo del Visa Waiver Program, o estén en el país con una visa de estudiante, trabajo o turista. 

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“Ya terminó mi ciclo. Me estoy muriendo. El guerrero tiene derecho a su descanso”, declaró al semanario local Búsqueda.

El líder histórico del Frente Amplio explicó que su avanzada edad, sumada a dos enfermedades crónicas, hacen inviable someterse a procedimientos médicos agresivos. “El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. Mi cuerpo no aguanta tratamientos bioquímicos ni cirugías”, afirmó Mujica, quien lideró Uruguay entre 2010 y 2015.

En un tono reflexivo, Mujica pidió privacidad para vivir sus últimos días y aprovechó para enviar un mensaje a sus compatriotas. “Lo que quiero es despedirme. Es fácil respetar a quienes piensan como uno, pero el fundamento de la democracia es respetar a quienes piensan distinto. Por eso, les doy un abrazo a todos”. Estas palabras resonaron profundamente en una sociedad que lo reconoce como una de las figuras más emblemáticas de la región.

Sus últimos días

El expresidente relató que planea permanecer en su chacra, ubicada en las afueras de Montevideo, donde dedica tiempo a trabajos cotidianos, como manejar un tractor que compró recientemente. “Todos los días ando un poquito en el tractor, aunque sea simbólico. Estoy acomodando las cosas para los que van a quedar aquí en la chacra. No tengo hijos, pero igual voy a dejar descendencia”, dijo, haciendo referencia a su legado.

Asimismo, Mujica reiteró su deseo de ser sepultado junto a su querida perra Manuela, bajo un sequoia que plantó en su propiedad. “Estoy haciendo los papeles para que me entierren allí. Y ya está”, comentó con serenidad. Este gesto simboliza su fuerte conexión con la tierra y su estilo de vida sencillo, que marcó su trayectoria política y personal.

Su médica personal, Raquel Pannone, confirmó que, a pesar de la metástasis, Mujica no experimenta dolor ni ha visto alterada su rutina diaria. “Es importante centrarnos en un señor de casi 90 años que tiene derecho a usar su tiempo como él lo considere”, expresó Pannone, reiterando el pedido de privacidad.

Gracias a la vida

A pesar de su delicado estado de salud, Mujica se muestra agradecido por la vida que tuvo. En una reciente entrevista con BBC Mundo reflexionó: “A pesar de todo, estuve muchos años preso, me pasó de todo, y luego fui presidente. Por eso tengo que gritarle gracias a la vida”. Este reconocimiento sintetiza la resiliencia de un hombre que dedicó su existencia a la lucha por sus ideales.

Por otro lado, el veterano político celebró haber dejado encaminado su proyecto político con la elección de Yamandú Orsi como presidente, quien asumirá el cargo en marzo. Mujica considera este triunfo como un paso hacia la continuidad de sus principios en el Frente Amplio y un cierre simbólico a su carrera política, que abarcó desde su militancia como guerrillero tupamaro hasta ocupar la máxima magistratura de su país.

El legado de José “Pepe” Mujica trasciende las fronteras de Uruguay, consolidándose como un referente internacional de humildad, austeridad y compromiso social. Su mensaje final, cargado de gratitud y dignidad, queda como un testimonio vivo de su filosófica manera de entender la vida y la política.

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El BID desglosa este impacto en tres áreas fundamentales: la pérdida de capital humano, donde se incluyen las pérdidas por muertes violentas y encarcelamientos; los gastos en seguridad privada, que representan un 47% del costo total; y los recursos públicos invertidos en prevención y justicia penal, que abarcan un 31% del costo total. La pérdida de capital humano, a su vez, se llevó un 22% del gasto estimado. En palabras del presidente del BID, Ilan Goldfajn, «el crimen limita el crecimiento, genera desigualdad y desvía inversiones esenciales.»

Asimismo, el informe detalla que países como Jamaica, Trinidad y Tobago, Honduras, Ecuador, y México, entre otros, encabezaron las cifras de homicidios y de pérdida de capital humano, con valores de hasta el 1,19% del PIB. En contraste, Bolivia y Argentina mostraron menores tasas de homicidios, con pérdidas en capital humano de apenas 0,08% y 0,1% del PIB.

Finalmente, 3l costo directo del crimen se traduce, según el BID, en una barrera para el desarrollo a largo plazo, impidiendo la creación de empleos y afectando la inversión. Este informe destaca la urgencia de políticas integrales y coordinación entre los países para reducir el impacto de la delincuencia en la economía y en la vida de millones de personas en América Latina y el Caribe.r

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«En campaña que no ha cambiado un centímetro su posición anti-inmigrante. En el debate presidencial dijo que los inmigrantes haitianos se comen las mascotas del Springfield y otras frases por el estilo que también hemos visto en su primer período electoral», dijo el antropólogo y analista política, Jacques Ramírez a La Calle.

Asimismo señaló que al menos en el Ecuador desde 2021 hasta septiembre del 2024 la ola migratoria ascendió a alrededor de 416 mil personas. Ramírez aclaró que en general EE.UU. tiene una política estatal en torno a los temas migratorios, sobre todo referente a lucros de América Latina y el Caribe.

«Este año ya es el de mayor salida migratoria o de encuentros de ecuatorianos con la patrulla fronteriza estadounidense. Se terminó el año fiscal y hubo más encuentros que en el 2023. Esto ya se venía monitoreando desde antes, se veía venir este dato», resaltó.

Según su análisis, el triunfo de Trump genera más complicaciones para los migrantes en general sin direccionamiento a una nacionalidad, sin embargo, manifestó que existe una preocupación en el manejo de la migración que entra por el frontera sur, a través de México. Apuntó que el país norteamericano ya ha tomado algunas medidas para contener el incremento de flujos migratorios desde el sur desde esta zona, pero no han sido muy efectivas.

De igual manera manifestó que la historia y los estudios nos han demostrado que cuando se cierra un paso, se produce un reacomodo de los flujos migratorios y nuevas vías alternas, en este caso la ruta del «tapón del Darién».

Política antimigración

Durante su administración, Trump redujo drásticamente los programas de asilo y restringió el ingreso de ciudadanos de países con mayoría musulmana, una medida cuestionada por ser discriminatoria.

En el contexto de las elecciones presidenciales de 2024, Trump retomó sus críticas hacia las políticas migratorias actuales. En sus discursos, reiteró la necesidad de “fortalecer la frontera” y afirmó que, de regresar a la presidencia, reinstaurará políticas que limiten la inmigración “ilegal”, con el propósito de “proteger a las familias estadounidenses”.

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