Al parecer eso se fue al tacho de la basura porque a los “Padres de la Patria” poco o nada les importaron esas consideraciones de los electores.

Las malas prácticas políticas del antiguo Congreso Nacional se hacen recurrentes, evidentes y negociables en pleno Siglo XXI. En una época en la que se supone habíamos madurado políticamente, en la que la politiquería supuestamente había sido desterrada, en la que el sistema político y democrático en la esfera pública, y a la interna de los partidos políticos, se había fortalecido.

Pero no, el popular “camisetazo” o teóricamente conocido, en Ciencia Política, como el transfuguismo político, vuelve a ser noticia en nuestro país. En menos de un mes, ocho asambleístas dejaron sus partidos, fueron separados o expulsados por no acatar, supuestamente, la disciplina partidaria
Pachakutik llegó con 27 legisladores y se quedó con 25, el PSC obtuvo 18 escaños y ahora tiene 14, la ID contaba con 18 voluntades pero ahora solo tiene 16 y a esa lista se suma UNES que ayer tuvo su primer tránsfuga.

¿Qué hay detrás de los “camisetazos”? Los cálculos políticos de los partidos para lograr una mayoría que les permita una gobernabilidad legislativa para la aprobación de leyes acordes al proyecto político del Ejecutivo.

Sin embargo, estas nuevas mayorías denominadas móviles son perniciosas para el Gobierno de turno y los partidos, porque se convierten en fusibles que pueden causar un corto circuito el momento de implementar el plan del Gobierno, tomando en cuenta que los “camiseteros” no estarán dispuestos a vender su voto por migajas, siempre exigirán más pasta y cuotas de poder.

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Es inaudito que un funcionario público no haya hecho el más mínimo esfuerzo, en cuatro años de gestión, para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. Suena inverosímil, pero es la cruda realidad de nuestro país que tuvo como Primer Mandatario a un personaje nefasto dedicado, desde el primer día de su posesión, a denostar a las personas que le dieron el voto y también a traicionar su propio Plan de Gobierno que le llevó al poder.

Con ese antecedente, ya casi nada sorprende del señor Lenín Moreno, que prefirió, en 47 meses de mandato, estrechar la mano de los propietarios de los medios para anular un concurso público de frecuencias que buscaba democratizar el acceso a la información y fortalecer la libertad de expresión.

Implementó un modelo político y económico que benefició y enriqueció a los banqueros, que condonó millonarias deudas a empresarios morosos y debilitó las normativas que protegían el derecho de los trabajadores para que reciban una remuneración acorde a sus obligaciones y responsabilidades. Desbarató una institucionalidad que caminaba hacia una modernización para brindar un servicio de calidad.

Pero no nos engañemos, el señor Lenín Moreno sí deja la mesa servida para sus aliados los medios de comunicación que recibieron sin concurso público un título habilitante por 15 años más.

Los empresarios tienen una «Ley Humanitaria» que privilegia sus intereses en detrimento de los trabajadores y la Asamblea Nacional está a punto de aprobar la mal denominada Ley de Defensa de la Dolarización que pretende entregar la administración del Banco Central a los propietarios de los bancos. Ahí está la mesa servida.

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Vivimos en medio de una pandemia que hace colapsar al sistema de salud, vemos a miles de personas que se contagian a diario y otros cientos fallecen en sus casas o en los pasillos de los hospitales. El Gobierno no logra dar respuestas oportunas y adecuadas para mitigar el número de contagios o para que las casas de salud no colapsen y puedan atender de forma efectiva a los pacientes.

Las circunstancias coyunturales demandan liderazgo, certezas y, sobre todo, sentido humano y sentido común, carencias evidentes en este Gobierno que durante tres años y 11 meses lo único que ha hecho es desbaratar la poca institucionalidad que había en esta banana republic.

La indolencia e inoperancia de esta administración gubernamental es tal que los médicos siguen pidiendo a gritos que les entreguen insumos de bioseguridad para protegerse mientras realizan su ardua labor. También demandan la adquisición de insumos médicos básicos para atender a los pacientes contagiados con la COVID-19.

A esta triste realidad se suma la falta de medicamentos para pacientes oncológicos que deben cumplir con un tratamiento riguroso para salvar sus vidas.

En resumidas cuentas, el Gobierno de Lenín Moreno nos dice a todos los ecuatorianos sálvese quien pueda. Sin lugar a dudas, los que correrán con mejor suerte son aquellos que se saltan la fila para obtener una vacuna, aquellos que tienen la posibilidad de acceder a una clínica privada y aquellos que pueden confinarse sin pasar hambre o sin tener que preocuparse de obtener ingresos para pagar el arriendo y los servicios básicos.

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Por esta y otras declaraciones, como las que hizo cuando estaba sentado en la mesa con sus aliados los banqueros, a quiene dijo que odiaba a las personas que votaron por él, apenas el 4% de los ecuatorianos le cree.

El 96% de la gente desaprueba la gestión del presidente, eso se entiende plenamente porque con este Gobierno el país ha retrocedido entre 4 y 10 años en temas de desempleo y pobreza. Además, la economía de Ecuador se encuentra en plena recesión, en parte por las consecuencias de la pandemia de la COVID-19 pero también por las malas decisiones tomadas por Moreno y sus ministros de economía que prefirieron pagar al FMI antes que precautelar el bienestar de la mayoría de los ecuatorianos y afrontar con esos recursos los embates de la emergencia sanitaria.

La traición de Lenín Moreno al proyecto de la Revolución Ciudadana, las decenas de muertos y centenas de heridos por la brutal y desproporcionada represión policial en octubre de 2019, el nefasto manejo de la emergencia sanitaria, el reparto de hospitales, los actos de corrupción en pleno estado de excepción y, recientemente, la vinculación del Contralor General del Estado, Pablo Celi, en un delito de delincuencia organizada le dejan a Ecuador en el fango.

El presidente electo el 11 de abril del 2021 tiene un reto enorme, sin embargo, sus primeras declaraciones sobre las acciones que implementará una vez que se posesione el 24 de mayo no son tan alentadoras. En todo caso, esperemos que su administración logre sacar del fango al Ecuador.

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¿Por qué tanto interés y tozudez por parte de este Gobierno -que apenas tiene el 4% de aceptación- para que la Asamblea aprueba esta Ley? ¿Se repite el escenario de 1994 donde el Congreso allanó el camino para el feriado bancario de 1999 en el Gobierno de Jamil Mahuad? ¿Por qué se quiere privatizar el Banco Central?

Estas preguntas deben contestar el presidente Lenín Moreno, el ministro Pozo y los representantes de la banca. Tienen la obligación de transparentar el interés por entregar el manejo de la política monetaria y crediticia del país a los dueños de los bancos.

En plena emergencia económica, sanitaria y política este Gobierno benefició a la banca y a las élites económicas del país con leyes que tienen con nombres rimbombantes pero que en la práctica generaron desempleo, como la denominada Ley Humanitaria que precarizó el trabajo de miles de personas. Asimismo, la Ley de Fomento Productivo condonó millonarias deudas a 25 grupos empresariales y cómo olvidar la Ley que impuso un impuesto del 2% a los microempresarios. Mientras tanto el pueblo ecuatoriano tiene que seguir mendigando por un puesto de trabajo mal remunerado y que no le alcanza para tener una vida digna.

No hay duda que la Ley de Defensa de la Dolarización es una Ley de Defensa y Beneficios para la banca que pone en riesgo la estabilidad del sistema monetario del país. 

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¿Hasta qué punto el alcalde conocía de los acercamientos, relaciones y disposiciones que daba su hijo Sebastián a los funcionarios municipales más cercanos a su despacho? ¿Por qué el hijo del alcalde tenía vía directa con los secretarios municipales? ¿Ellos nunca le comentaron nada al alcalde sobre este tema? ¿Nadie alertó sobre esta flagrante irregularidad?

Estas y otras preguntas deben ser aclaradas por Yunda padre, para que los quiteños puedan recuperar la confianza en su administración tan venida a menos, que ahora se encuentra en el ojo del huracán y bajo la lupa de la Fiscalía.

Este es el tercer escándalo que pone a tambalear a Yunda. El primero fue sobre la supuesta vinculación de entrega de grandes obras, como la repavimentación, a empresas lideradas por sus amigos más cercanos. El segundo fue la adquisición de las pruebas PCR que, hasta el momento, deja como saldo un prófugo de la justicia, el exsecretario de Salud, Lenín Mantilla, tres grilletes electrónicos colocados al propio alcalde, a la Secretaria de Salud y un tercero a la científica Linda Guamán. A estos dos escándalos se suma la supuesta participación de su hijo en la compra y adquisición de bienes.

Hasta que la justicia tome una decisión al respecto, la ciudadanía está expectante. Sin embargo, llama la atención que un medio digital haya tenido acceso a documentos y pruebas que son parte de una investigación que se encuentra en fase de indagación.

Muchas dudas y pocas certezas. Esperemos que el alcalde y la justicia, dentro del debido proceso, determinen responsabilidades y aclaren estos hechos.

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