Contexto del caso

El juez electoral Fernando Muñoz resolvió que Diana Salazar fue víctima de violencia política de género. Las señaladas: Priscila Schettini, esposa del exdefensor del Pueblo Freddy Carrión, y Angélica Porras, abogada y activista, integrantes del colectivo Acción Jurídica Popular.

Ambas realizaron publicaciones en redes sociales en las que acusaban a Salazar de plagio en su tesis de grado y la atacaban con calificativos como “#LadyImpericia”, “copiona”, “inepta” e “incapaz”. La Universidad Central del Ecuador desestimó posteriormente el presunto plagio, aunque admitió errores en las citas académicas.

Argumentos de la sentencia

El TCE determinó que las publicaciones y declaraciones constituían violencia política de género conforme al artículo 280 del Código de la Democracia. Se alegó que los mensajes, además de desacreditar a Salazar como funcionaria, estaban cargados de estereotipos de género y buscaban minar su legitimidad como fiscal.

Las sanciones

1. Suspensión de derechos políticos:
   • Schettini: 3 años
   • Porras: 2 años Durante este período, no podrán postularse, ejercer cargos públicos ni votar.
2. Multas:
   • Schettini: USD 22.500
   • Porras: USD 13.500
3. Restricciones adicionales:
   • Prohibición de emitir contenido que aluda a la fiscal.
   • Eliminación de publicaciones ofensivas.
   • Disculpas públicas.
   • 40 horas de capacitación contra la violencia política de género.

¿Quién asume sus funciones?

Tanto Schettini como Porras son legisladoras electas por el movimiento Revolución Ciudadana (aunque no oficialmente posesionadas en el pleno). Dada la suspensión de sus derechos políticos, no podrán asumir su curul ni participar en el ejercicio de funciones legislativas. Sus alternos asumirán esas funciones, de acuerdo con el procedimiento parlamentario establecido por la Asamblea Nacional.

¿Sentencia legítima o acción política?

Para algunos sectores, el fallo representa un avance en la protección de las mujeres en la política, marcando un precedente claro contra los ataques basados en estereotipos de género.

Pero para otros, se trata de una respuesta política disfrazada de justicia. El colectivo Acción Jurídica Popular ha sido crítico de Salazar, especialmente tras presentar denuncias por presunto plagio. Para figuras como Angélica Porras, la fiscal usa selectivamente su poder: activa ciertos casos cuando le conviene políticamente y congela otros que afectan a aliados.

Este caso se suma a una lista de episodios que muestran cómo la fiscal general mueve fichas judiciales con cálculo político, un patrón que ha sido denunciado por actores de diversas tendencias.

Documentos y fuentes oficiales

• Sentencia del TCE – Documento PDF
• Sitio oficial de la Fiscalía General del Estado

Conclusión: Lo que parecía una sanción jurídica se ha convertido en un caso emblemático del uso del aparato electoral y judicial en un país donde la política y la justicia rara vez caminan por separado.

SENTENCIA DEL TCE: https://apps.tce.gob.ec/jml/bajar/Sentencias/3338a2_SENTENCIA-250-23-170124.pdf?utm_source=chatgpt.com

RECURSOS FGE: https://www.fiscalia.gob.ec/publicacion-de-sentencias/?utm_source=chatgpt.com

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CNE no podrá proclamar resultados oficiales

Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), confirmó que, a través de Secretaría General del organismo, se han recibido formalmente cuatro reclamaciones, las cuales se encuentran en proceso de verificación. Una reclamación no fue dada a trámite, de acuerdo con la auditora del movimiento RETO. «Cada reclamación ha sido ingresada con un conjunto de actas específicas. Una vez hecho el registro, se dispone a las áreas técnicas y jurídicas del CNE a realizar la revisión respectiva. Posteriormente, se entregará un informe que servirá de insumo clave para el pronunciamiento del Tribunal», señaló la presidenta del CNE en declaraciones oficiales.

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Las reclamaciones presentadas por la alianza de la excandidata presidencial, Luisa González, detallan:

• 343 actas presentan supuestas inconsistencias en las firmas.
• 171 actas carecerían de la firma del secretario de mesa.
• 780 actas no contarían con la firma ni del presidente ni del secretario.
• 435 actas registrarían inconsistencias numéricas en los resultados.

En total, las denuncias apuntan a 1.875 actas que, de acuerdo con los denunciantes, podrían afectar la transparencia y legalidad del proceso electoral. El excandidato vicepresidencial, Diego Borja, aseguró a este medio que las observaciones en los informes de las misiones internacionales dan cuenta de un gobierno ilegítimo de Daniel Noboa, ante los resultados que aún no han sido proclamados por el CNE. Asimismo, confirmó que no existe tal falta de respaldo a Luisa González por los pronunciamientos de los prefectoss de Pichincha, Manabí y Guayas y de los alcaldes de Quito y Guayaquil, quienes reconocieron los resultados electorales del pasado 13 de abril.

Atamaint anunció que el CNE ya ha activado los mecanismos técnicos y jurídicos para la revisión detallada de cada una de las actas señaladas, y que una vez concluido el análisis, se entregará un informe técnico al pleno del TCE para resolver las reclamaciones.“La institucionalidad democrática debe actuar con responsabilidad. Estamos cumpliendo con los procedimientos establecidos para garantizar la transparencia y la legitimidad del proceso”, aseguró.

Reacciones internacionales

Las inconsistencias detectadas han generado inquietud en diversos sectores políticos y sociales, que exigen claridad y celeridad en la revisión. Desde RETO-RC se insiste en que los errores y omisiones podrían alterar los resultados en varios territorios, por lo que solicitan la verificación inmediata y, de ser necesario, la repetición del sufragio en las zonas afectadas. Asimismo, los presidentes de México y Colombia han respaldado el pronunciamiento de Luisa González sobre sus dudas en la transparencia del proceso electoral.

Casi tres meses después, el Tribunal Contencioso Electoral sesionará este 1 de mayo para resolver las denuncias de infracción electoral presentadas por los movimientos Unidad Popular, PSC y PSE en contra del presidente-candidato Daniel Noboa en primera vuelta. Las acciones de inconstitucionalidad se refieren a la licencia para hacer campaña aelectoral que el primer mandatario no solicitó a la Asmablea Nacional, la designación de Cynthia Gelllibert como vicepresidenta y encargo de la presidencia por días, y el uso de recursos públicos que habrían sido usados para fines electorales.

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Respaldo a Luisa González desde el ámbito cultural

La candidata Luisa González ha recibido apoyo de figuras del ámbito cultural internacional. El músico británico Roger Waters, conocido por su activismo político, expresó su respaldo a González, instando a los ecuatorianos a votar por ella en las elecciones. Este apoyo busca destacar la importancia de la justicia social y la defensa de los derechos humanos en la agenda política de Ecuador.​

El respaldo de figuras culturales internacionales a González también refleja la preocupación por la situación de los derechos humanos y la justicia social en Ecuador. Estos apoyos buscan influir en la opinión pública ecuatoriana y fortalecer la posición de González en la contienda electoral.​

Además, el respaldo de figuras culturales internacionales a González también refleja la preocupación por la situación de los derechos humanos y la justicia social en Ecuador. Estos apoyos buscan influir en la opinión pública ecuatoriana y fortalecer la posición de González en la contienda electoral.​

Apoyos internacionales a Daniel Noboa

El presidente y candidato a la reelección, Daniel Noboa, ha recibido respaldo de figuras políticas internacionales. María Corina Machado, líder opositora venezolana, instó a los ecuatorianos a votar por Noboa, destacando la importancia de reafirmar la democracia y la libertad en la región. Desde España, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, participó en el cierre de campaña de Noboa, mostrando su apoyo al candidato.​

Además, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, participó en el cierre de campaña de Noboa, mostrando su apoyo al candidato. Estos respaldos internacionales buscan fortalecer la imagen de Noboa como un líder comprometido con la democracia y la seguridad en la región.​

El respaldo de líderes internacionales a Noboa también refleja la preocupación por la estabilidad política y económica de Ecuador, así como su papel en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción. Estos apoyos buscan influir en la opinión pública ecuatoriana y fortalecer la posición de Noboa en la contienda electoral.​

Observación internacional y su impacto en el proceso electoral

La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha estado presente en Ecuador para supervisar el proceso electoral. En su informe preliminar, la OEA destacó la alta participación ciudadana y la tranquilidad durante la jornada electoral. La presencia de observadores internacionales busca garantizar la transparencia y legitimidad del proceso electoral en Ecuador.​

La observación internacional también tiene un impacto en la percepción de la comunidad internacional sobre la democracia en Ecuador. La transparencia y legitimidad del proceso electoral son fundamentales para fortalecer la confianza en las instituciones democráticas del país.​

Además, la observación internacional también tiene un impacto en la percepción de la comunidad internacional sobre la democracia en Ecuador. La transparencia y legitimidad del proceso electoral son fundamentales para fortalecer la confianza en las instituciones democráticas del país.​

Influencia de actores internacionales en la política ecuatoriana

La participación de actores internacionales en el proceso electoral de Ecuador refleja la importancia estratégica del país en la región. Los respaldos y pronunciamientos de líderes políticos y culturales internacionales buscan influir en la opinión pública ecuatoriana y en el resultado de las elecciones.​

Esta influencia internacional también destaca la interconexión de las democracias en América Latina y la necesidad de colaboración entre países para enfrentar desafíos comunes. La estabilidad política y económica de Ecuador es de interés para la comunidad internacional, que busca apoyar procesos democráticos transparentes y legítimos.​

Además, esta influencia internacional también destaca la interconexión de las democracias en América Latina y la necesidad de colaboración entre países para enfrentar desafíos comunes. La estabilidad política y económica de Ecuador es de interés para la comunidad internacional, que busca apoyar procesos democráticos transparentes y legítimos.

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Noboa y González: una contienda sin claros favoritos

A medida que se acerca la fecha decisiva del 13 de abril de 2025, la competencia entre el actual presidente, Daniel Noboa, y la candidata de las izquierdas, Luisa González, se intensifica. Ambos aspirantes cuentan con un respaldo popular cercano al 44%, reflejando una división notable en el electorado. La campaña ha estado caracterizada por la ausencia de debates públicos y una estrategia defensiva por parte de los candidatos, quienes han limitado su exposición mediática a reacciones de ataque. Noboa, heredero de una de las familias más poderosas del país, ha centrado su gestión en la militarización extranjera que incluye la presencia de Blackwater, empresa privada estadounidense señalada por participar en conflictos bélicos de países como Israel; mientras que, González, respaldada por organizaciones sociales e indígenas, busca terminar con la racha de gobiernos de derecha que ha gobernado desde el 2017 en Ecuador, a pesar de las condiciones en su coalición. ​

El papel del Consejo Nacional Electoral en la jornada electoral

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha anunciado que los primeros resultados preliminares de la segunda vuelta se darán a conocer a partir de las 18:00 del domingo 13 de abril. La presidenta del CNE, Diana Atamaint, indicó que se espera contar con una tendencia estable de los resultados alrededor de las 21:00. Sin embargo, estas proyecciones se basan en los simulacros realizados previamente para garantizar la transparencia y eficiencia del proceso electoral, pese a los cuestionamientos de la consjerea de oposición, Elena Nájera, quien ha manifestado su preocupación por la transparecnia en estas elecciones dados los pronunciamientos del Ejecutivo y la postura de mayoría del órgano de control electoral .

La titular del organismo recordó que más de 13 millones de ecuatorianos están habilitados para votar en el territorio nacional y en el exterior, y reiteró el llamado a ejercer el derecho al voto de forma pacífica y responsable. Para esta jornada, el CNE ha desplegado una logística que incluye más de 40 mil policías y militares en los recintos electorales, con el fin de resguardar la seguridad del proceso.

Asimismo, se anunció que el CNE contará con la presencia de misiones de observación internacional, incluyendo delegados de la OEA, UNIORE y la Unión Europea, quienes supervisarán el desarrollo de la jornada y el conteo. También se habilitarán centros de monitoreo en tiempo real y canales digitales donde los ciudadanos podrán consultar los resultados preliminares.

En caso de irregularidades, Atamaint señaló que los observadores nacionales, delegados de las organizaciones políticas y veedores independientes tendrán acceso a los recintos y centros de procesamiento de actas. El organismo ha enfatizado que su prioridad es garantizar un proceso confiable, técnico y sin interferencias políticas, a pesar de las críticas de favoritismo con el presidente-candidato y las recientes resoluciones que pondrían la cancha inclinada por el gobernante de turno que pretende la reelección.

Balotaje presidencial con altos índices de indecisión

La segunda vuelta electoral se presenta como un desafío significativo para el país, con un electorado dividido y un alto porcentaje de indecisos. La posibilidad de un voto nulo o en blanco también es considerable, reflejando el desencanto de una parte de la población con las opciones disponibles. Ambos candidatos enfrentan el reto de movilizar a sus bases y convencer a los votantes indecisos en los días previos a la elección. La comunidad internacional observa atentamente el desarrollo de estos comicios, dados los antecedentes políticos recientes de Ecuador y su impacto en la estabilidad regional.​

El desenlace de esta contienda electoral definirá el rumbo político y económico del país en los próximos años, en un contexto de crisis y polarización que demanda liderazgo y consensos.​

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Contratos millonarios para posicionar la gestión gubernamental

Desde el inicio de su mandato, Noboa suscribió varios contratos con agencias publicitarias para difundir las acciones y políticas de su administración. En febrero de 2024, se adjudicó un contrato de USD 2,5 millones a Mindshare Ecuador, seguido de otro en agosto por USD 2,3 millones con la misma empresa. Mabeca Corporation también recibió un contrato en mayo de 2024 por USD 2,5 millones. Más recientemente, en octubre de 2024, se inició un proceso de contratación con Norlop Thompson Asociados por USD 5 millones, sumando un total de USD 12,3 millones destinados a comunicación en un año.

Una parte significativa de este aumento se destinó a bienes y servicios de consumo, con una asignación de USD 406 millones. Este rubro incluye gastos operativos del Estado y adquisiciones necesarias para el funcionamiento de las instituciones públicas.

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Debate sobre el uso de recursos públicos en comunicación

Estas inversiones han suscitado cuestionamientos acerca de la pertinencia de destinar sumas considerables a comunicación en un contexto donde persisten necesidades urgentes en sectores como salud, educación y seguridad. Analistas políticos y sectores de la sociedad civil han expresado inquietudes sobre si estos gastos reflejan una estrategia para mejorar la imagen del gobierno más que una respuesta a las prioridades nacionales. Además, se ha señalado que, aunque la comunicación es esencial para informar a la ciudadanía, es fundamental equilibrar estos gastos con inversiones en áreas críticas para el desarrollo del país.​

El economista Luis Espinosa Goded criticó este incremento, señalando que refleja un «despilfarro público insostenible» y cuestionando la falta de reformas estructurales en la administración de Noboa.

Por otro lado, el Banco Central del Ecuador proyectó un crecimiento económico del 2,5% para 2025, atribuido a una mayor inversión pública y privada, así como a la implementación de proyectos de infraestructura y nuevos acuerdos comerciales. Sin embargo, advirtió sobre riesgos que podrían afectar estas proyecciones, como fluctuaciones en los precios del petróleo y tensiones comerciales internacionales. ​

La Asamblea Nacional ha tomado nota de estos contratos y se espera que en las próximas sesiones se analice la pertinencia y transparencia de estos gastos. La ciudadanía permanece atenta al uso de los recursos públicos, demandando una gestión que priorice el bienestar colectivo y la solución de los problemas más apremiantes del Ecuador.

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Un problema que trasciende lo personal: teme por su hija

La violencia vicaria es un tipo de agresión de género en la que los hijos son utilizados como herramienta para dañar a sus madres. Sin embargo, el tema aún no recibe la atención necesaria en la agenda pública del actual gobierno. Actualmente, la Asamblea Nacional se tramita la inclusión de un artículo que penalice este delito.

Gabriela Goldbaum, ex esposa de Daniel Noboa, impulsó esta reforma hace poco menos de un mes. Sin embargo, este miércoles 2 de abril, compartió en sus redes sociales la angustia que vive al ser privada del contacto con su hija. En su video de la comparecencia ante la Comisión de Justicia de la Asamblea, expuso los chats que mantuvo con la actual cónyuge del presidente, Lavinia Valbonesi.

Lavinia Valbonesi ejerce violencia vicaria

Según las conversaciones vía WhatsApp, Lavinia le dice que en los últimos días su hija ni siquiera se ha acordado de su madre, y que “es normal” que se les haya pasado por alto ponerla en contacto porque “están muy ocupados”. Agrega, además, que cuestionó que en los pasados 40 días no buscó (Goldbaum) llamar o emitir “ni un mensaje” a Daniel Noboa.

Goldbaum denuncia que Valbonesi parece disfrutar de su dolor. Su hija, de cinco años de edad, ha pasado 44 días seguidos sin poder ver ni hablar con su mamá “producto de una sentencia judicial falsificada”. En su momento, Goldbaum denunció a los jueces por prevaricado y falsedad ideológica. Tampoco se ha dado atención a ninguno de los cuatro escritos ingresados desde enero de 2025.

“Quieren mantenerme callada” (Gabriela Goldbaum)

El juez a cargo del caso declaró reservados los expedientes de régimen de visitas y de rebaja de pensión alimenticia que debería cumplir el presidente Noboa, desde su divorcio. Según Goldbaum, estas acciones legales buscan tenerla callada. Esto evidencia la falta de mecanismos efectivos para proteger a las mujeres y niños en situaciones de violencia familiar

Esta problemática no es nueva. En varias ocasiones, colectivos de mujeres han advertido sobre la negligencia estatal al abordar estos casos, dejando a las madres en una posición de indefensión ante agresores que instrumentalizan a sus propios hijos. A pesar de la existencia de leyes de protección, su aplicación sigue siendo deficiente, lo que permite que la violencia continúe impune.

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Una deuda del Estado con las mujeres

El silencio de las instituciones frente a la violencia vicaria resalta la falta de voluntad política para atender las denuncias de mujeres que atraviesan estas situaciones. Mientras el país se enfoca en la disputa entre Noboa y González por la segunda vuelta electoral, este tipo de violencia de género sigue afectando a cientos de madres en Ecuador sin que existan respuestas concretas por parte de las autoridades.

En la Asamblea Nacional, los debates sobre derechos de las mujeres han quedado en segundo plano, mientras las fuerzas políticas priorizan enfrentamientos partidistas. La falta de políticas públicas efectivas deja en evidencia que la lucha contra la violencia de género sigue siendo una deuda pendiente en Ecuador.

La violencia vicaria es un problema estructural que debe ser atendido con urgencia, no solo desde el ámbito judicial, sino también desde una transformación cultural que garantice la seguridad y bienestar de las mujeres y niños. Casos como el de Gabriela Goldbaum no pueden seguir siendo ignorados.

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Un escenario político polarizado

En las recientes elecciones, Daniel Noboa, actual presidente y candidato a la reelección por ADN, obtuvo el 44,63% de los votos válidos, mientras que Luisa González, representante del correísmo, alcanzó el 43,81%. Estos resultados evidencian una división casi equitativa en el electorado ecuatoriano. La Asamblea Nacional, reflejo de esta polarización, se ha convertido en un espacio donde ambas fuerzas políticas miden fuerzas, buscando consolidar apoyos y deslegitimar al adversario.

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Campañas electorales: ¿propuestas o ataques?

En este contexto, las campañas de ambos candidatos han intensificado sus discursos, enfocándose más en descalificaciones mutuas que en la presentación de propuestas concretas para solucionar los problemas que aquejan a la ciudadanía. Noboa, por un lado, destaca su lucha contra la delincuencia y el narcotráfico, mientras que González critica la gestión del actual mandatario, señalando el incumplimiento de promesas y el aumento del costo de vida. Además, González ha enfatizado la necesidad de combatir la corrupción y ha criticado la gestión de Noboa, acusándolo de utilizar recursos estatales para su campaña y de violar normativas legales. Estas acusaciones han generado un ambiente de desconfianza y han intensificado la confrontación en la Asamblea.​

Ciudadanía en medio del fuego cruzado

El país observa con preocupación cómo la política se convierte en un espectáculo de confrontaciones, dejando de lado los verdaderos intereses del país. La falta de debates sustanciales y la prevalencia de ataques personales generan desconfianza en el electorado, que busca soluciones reales a problemas como la inseguridad, el desempleo y la crisis económica. Es esencial que, más allá de las disputas partidistas, los líderes políticos prioricen el bienestar de la nación y trabajen en conjunto para construir un Ecuador más próspero y seguro.

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Compensación económica a las fuerzas del orden

Mediante los decretos ejecutivos 584 y585, ambos de caracter extraordinario, el Ministerio de Economía y Finanzas será el responsable de entregar los recursos a las instituciones y el Ministerio de Defensa se encargará de que la disposición presidencial se cumpla. El Gobierno Nacional entregará esta compensación económica denominada «Plan Legado de Honor» como retribución al esfuerzo y riesgo en el marco del
conflicto armado interno, decretado en enero de 2024.

Los ministros del Interior, John Reimberg, y de Defensa, Jean Carlo Loffredo, aparecieron en un video de redes sociales juntos para enaltecer la decisión del presidente-candidato. Reimberg dijo que «aunque no hay forma de compensar ese nivel de sacrificio (…) tanto policías como miliatres merecen estar mejor».

Decisiones electorales de Noboa

La decisión del Ejecutivo respondería a las críticas de la candidata Luisa González en el tercer eje del debate, donde aseguró que el primer mandatario «dice que trayendo mercenarios nos va a traer seguridad». Dijo, además, que es una manera de humillar a las Fuerzas Armadas del país. Asimismo, la candidata se refirió a la reunión que el primer mandatario tuvo con Erik Prince, fundador de la empresa rivada internacional Blackwater, organización paramilitar que ha generado polémica por posibles denuncias de violaciones a derechos humanos.

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Sin embargo, no es la única medida de apoyo económica que el presidente-candidato ha prometido durante su campaña. Mediante el Decreto 576 oficializó el Programa de Incentivo Emprende, que promete la entrega de USD 1.000 a actores de la Economía Popular y Solidaria del IEPS. A su vez, el Ejecutivo impulsó la actualización del Registro Social para el acceso al Bono de Desarrollo Humano (BDH).

Un día antes del inicio de la campaña electoral, el 22 de marzo, Noboa lanzó el plan “Ecuatorianos en Acción” que busca la entrega de 800 dólares en dos pagos a causa de la emergencia por lluvias, a personas de entre 30 y 64 años de las provincias de Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas, El Oro y Los Ríos, provincias en las que la candidata Luisa Gonzales había generado mayoría en primera vuelta.

Previo a la primera vuelta electoral, también dispuso la entrega de hasta USD 1.410 a ecuatorianos deportados desde los Estados Unidos por las políticas externas de Donald Trump.

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Iza explicó que su postura se basa en el proyecto de la CONAIE de 1994, el cual sostiene que el movimiento indígena tiene raíces en la izquierda. Por ello, aseguró que nunca apoyarán a la derecha, aunque respetan a quienes tienen una opinión distinta.

«Políticamente, ideológicamente e históricamente el movimiento indígena nació en la izquierda y nunca estará dispuesto a ceder a la derecha», recalcó el presidente de la Conaie.

¿Cuáles son los pedidos para Luisa González?

Tras varias horas de sesión, la Asamblea Plurinacional de Organizaciones Sociales decidió presentar una serie de demandas a la candidata del correísmo, Luisa González, en el marco de la segunda vuelta electoral.

Entre sus principales posturas destacan el rechazo a una nueva Constituyente, la oposición a la privatización de sectores estratégicos, la reducción del IVA al 12%, la desmilitarización de los territorios, así como evitar la privatización del campo Sacha.

El organismo enfatizó que, aunque estas exigencias serán enviadas a González, la respuesta final queda en sus manos.

Iza reacciona a la alianza de Noboa con Blackwater

El presidente Daniel Noboa anunció una alianza estratégica con Blackwater, ahora conocida como Academi, una empresa militar privada estadounidense, con el objetivo de fortalecer la lucha contra el narcoterrorismo y proteger las aguas ecuatorianas de la pesca ilegal.

«El crimen organizado ha sembrado miedo y ha creído que puede operar con impunidad. Se les acaba su hora. Empieza la ayuda internacional en el Ecuador», afirmó Noboa al revelar el acuerdo tras reunirse con Erik Prince, fundador de Blackwater.

La empresa fue creada en 1997 por Erik Prince y Al Clark como una compañía de seguridad privada, enfocada en la capacitación de fuerzas del orden en EE.UU. Sin embargo, su historial ha sido ampliamente cuestionado. Un artículo publicado en Foreign Policy (FP) en 2014 señala que el nombre Blackwater es «sinónimo de algunos de los peores excesos de la guerra de Irak», destacando que la empresa ganó más de mil millones de dólares protegiendo instalaciones y personal estadounidense durante el conflicto.

El anuncio generó reacciones inmediatas, y durante su intervención de hoy, el líder de la CONAIE, Leonidas Iza, se dirigió a los generales, coroneles de las Fuerzas Armadas y de la Policía, cuestionando su postura frente al acuerdo con Blackwater. «¿Cuándo perdieron el honor, el patriotismo, que ahora se arrodillan cuando un Presidente de la República dice que van a venir mercenarios a dirigirles a ustedes?», expresó Iza en respuesta a la alianza de Noboa con Erik Prince.

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Las imágenes exponen a tres individuos con el rostro cubierto, presuntamente empleados municipales, afirmando que el cabildo los presiona para respaldar a un movimiento político en la segunda vuelta electoral del 13 de abril. A través de un comunicado en sus redes sociales, el Municipio calificó la denuncia como «falsa» y reiteró su respeto a la libertad de expresión y al derecho al voto de sus trabajadores.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, también reaccionó en su cuenta de X (antes Twitter), señalando que el video es parte de una «campaña sucia» en el marco de la contienda electoral entre el presidente-candidato Daniel Noboa y la aspirante de la Revolución Ciudadana, Luisa González.

Álvarez vinculó la difusión del video con estrategias electorales y aseguró que se trata de una activación política que no corresponde a empleados municipales. «Cada día que pasa, confirman con activaciones como estas, que no les dan los números», escribió el alcalde. Asimismo, compartió imágenes de uniformes municipales para desacreditar la autenticidad del material divulgado.

No es la primera vez que el alcalde denuncia este tipo de acciones. El 30 de enero, durante la campaña de la primera vuelta, alertó sobre la colocación de una pancarta con los colores de la Revolución Ciudadana en el Estadio Yeyo Úraga, la cual, según el Municipio, fue instalada por un ciudadano sin vínculos con el movimiento político. La intención era divulgar la falsa propuesta de construir una cárcel en esta área deportiva.

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Video filtrado

Jesús López, abogado de uno de los imputados, publicó en sus redes sociales, un video del pasado 8 de diciembre de 2024 (día de la desaparición) donde muestra imágenes minutos antes de la detención de Ismael, Josué, Steven y Nehemías.

En el video se logra ver a dos personas saliendo de un puente. Ambas se acercan a otra persona, esta los evade, y una de ellas intenta golpearla. De acuerdo con López, los niños eran las personas que salían del puente. Mientras, otro grupo de personas llegaba por detrás.

«Como la persona es esquivada por los ciudadanos, retornan a esconderse debajo del puente. Pasados 10 minutos la misma cámara graba el video que se hizo viral, donde una persona civil hace entrega de los ciudadanos (los menores) a los militares», afirma López. 

El abogado menciona que «lo curioso» es la diferencia de 10 minutos entre ambos videos. En este tiempo no hay registro de «qué acciones cometieron las personas que retornaron a esconderse debajo del puente (…) querían pruebas de que los militares actuaron en delito flagrante, pues las pruebas van apareciendo», concluye López.

¿El video cambia el rumbo de la investigación?

El fiscal, Christian Fárez, ha mencionado que el video filtrado no cambia, ni influye en la investigación. El video no prueba ningún delito y ha sido analizado por la Fiscalía. Además. Fárez menciona argumentos para que los militares continúen con prisión preventiva.

Además, recalca la falta de aplicación de protocolos en contexto de detención de niños, niñas y adolescentes, ya que los niños no fueron llevados ni a la Policía ni a la Fiscalía ecuatoriana.

En este contexto, ningún delito ha sido comprobado ya que no existen partes policiales o militares que proporciones detalles de la legalidad de esta detención.

Por otro lado, la discusión no trata de si hubo comisión de delito o no. La desaparición forzada implica que las víctimas fueron privadas de comunicación (según la defensa de las familias) y la ausencia de protocolos, no hubo un manejo adecuado del caso, lo que llevó a una a tener cuatro niños incinerados y sepultados.

¿El video podría traer problemas?

Erick Huilca, abogado de uno de los investigados, aclaró que su colega Jesús López no es el abogado de todos los imputados.

Por su parte, Fernando Bastidas, defensor de Derechos Humanos, calificó la publicación del video como “un ataque a nivel mediático”.

López recibió un rechazo por parte de uno de los abogados por su actuar al publicar el video. Bastidas señaló que, “uno de los abogados de los procesados rechazó el actuar del abogado Jesús. Señalando que, en primer lugar, la defensa de ellos, no va a ser mediática y en segundo lugar, que un abogado no puede hablar por los 16”.

“Apenas representa a cuatro procesados”, puntualizó Bastidas. Posteriormente, recalcó que López no buscaba un aporte para el desarrollo del proceso, al contrario, el abogado quería «polarizar aún más la situación”.

El defensor de los derechos humanos menciona que desconoce la ventaja que le daría publicar el video.

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Para sustentar su afirmación, compartió un documento oficial en el que se señala que, hasta el 11 de febrero de 2025, no se registraban transacciones de electricidad entre Ecuador y Colombia. Según el informe, las importaciones netas de energía ecuatoriana fueron de 0 GWh (gigavatios hora) en esa fecha.

Sin embargo, la ministra de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Inés Manzano, respondió a Bernal, precisando que la información presentada solo cubría hasta el 11 de febrero. «Claro, Andrea, eso es hasta el 11 de febrero. Estamos 18 de febrero. Hemos vendido 13, 14, 16 y 17 de febrero», afirmó. Junto a su mensaje, la ministra compartió un enlace con datos oficiales que evidenciaban registros de exportación de energía desde Ecuador hacia Colombia a partir del 15 de febrero.

En respuesta, Bernal publicó una tabla con detalles sobre las transacciones realizadas en las fechas mencionadas. Según los datos, sí hubo exportaciones de energía desde Ecuador a Colombia entre el 13 y el 17 de febrero, aunque con variaciones en los volúmenes de energía exportada y los ingresos generados.

Según la información citada por la periodista Andrea Bernal, el 15 de febrero fue el día con mayor exportación registrada, alcanzando los 3,594 MWh y generando un ingreso de $193,178.99. En contraste, el 16 de febrero, a pesar de una proyección de 5,516 MWh, solo se exportaron 52 MWh, lo que representó un ingreso de $2,983.42.

El precio neto de exportación ha mostrado fluctuaciones, con valores que han oscilado entre 13.38 c$/kWh (13 de febrero) y 3.85 c$/kWh (17 de febrero). No obstante, la información expuesta fue eliminada minutos después.

Para esclarecer que existe detrás de estas exportaciones de energía, La Calle se contactó en exclusiva con Jorge Luis Hidalgo, consultor energético; y Marco Acuña, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos de Pichincha, quienen exponen la realidad acerca de este suceso.

Jorge Luis Hidalgo: «Colombia es un mal vecino»

1. Diferencias en la venta de electricidad entre Ecuador y Colombia

Jorge Luis Hidalgo, experto en materia energética, señala que existe una diferencia en los precios de la electricidad que Ecuador y Colombia intercambian. Según menciona, «cuando Colombia nos vende electricidad, nos vende con un precio de chulco«, mientras que Ecuador le vende a Colombia con tarifas subsidiadas. Desde su perspectiva «Colombia es un mal vecino».

Hidalgo plantea que esta situación debería ser revisada por las autoridades ecuatorianas, ya que, según afirma, «Ecuador le vende mucho más barata la energía a Colombia de lo que Colombia le vende a Ecuador«. Aunque reconoce que los costos pueden variar según factores como la época del año y las horas de consumo, sostiene que «aún así, Ecuador le vende con precios regalados y eso es una tarifa que debe revisarse».

2. Razones detrás de la negativa de Colombia a la exportación de Ecuador

Hidalgo atribuye la decisión de Colombia de negar la actual exportación de electricidad desde Ecuador a un «tema político«, señalando que la situación ocurre en un contexto electoral. Según menciona, «es tan obvio, es tan fácil de demostrar, que es evidentemente ya un tema de querer hacer un daño político».

El experto enfatiza que su análisis se basa en una perspectiva técnica y no en una postura política. «Yo no puedo, si tuviera una posición política fuera diferente, pero yo tengo una posición técnica«, afirma. Además, considera que, a pesar de la controversia generada, este es un momento oportuno para discutir las tarifas de electricidad entre ambos países. «Es verdad que le vendimos a Colombia y Colombia está mintiendo. Pero es un buen momento, ya que se ha armado esta polémica, de que empecemos a debatir sobre los precios«, concluye.

3. Importancia de la exportación en el mercado energético de Ecuador

Hidalgo considera que el volumen de electricidad que Ecuador exporta a Colombia es «bastante pequeño, bastante pequeño«, aunque expresa que esta situación podría cambiar. También explica que la capacidad de exportación varía según las condiciones del sistema eléctrico ecuatoriano y menciona que «Ecuador está con embalses llenos«.

Además, recuerda que en el pasado, incluso en épocas de apagones, Ecuador ha vendido energía a Colombia, por lo que le resulta llamativa la indignación en torno a este tema. Según detalla, el intercambio de electricidad entre ambos países puede darse incluso en un mismo día, dependiendo de la demanda y la oferta de cada nación. «Puede haber momentos en los que nosotros le exportemos en un día a Colombia y en el mismo día nos importen ellos«, señala.

4. Posible error en un dato periodístico

Durante la conversación, se abordó la discrepancia entre la proyección y la exportación real de energía el 16 de febrero. Según lo reportado, se estimó que Ecuador exportaría más de 5,500 MWh, pero en realidad solo se enviaron 52 MWh. Ante esto, Hidalgo cuestiona la veracidad del dato publicado por la periodista Andrea Bernal, señalando que «usualmente se hacen planificaciones un día o dos días antes» con base en factores como el estado de los embalses y las previsiones de lluvia. Desde su perspectiva, una diferencia tan grande no debería ocurrir.

Al referirse a una tabla mencionada en la conversación, enfatiza que «este dato es muy probable que sea errado» y concluye que no lo considera «un dato correcto».

Marco Acuña: «Debe existir transparencia de lado y lado»

1. ¿Ecuador realmente está exportando energía a Colombia?

Marco Acuña, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha, explica que, si bien existe un flujo de energía de Ecuador a Colombia, esto no significa necesariamente que haya una compra por parte de Colombia. Según señala, «eventualmente puede haber un flujo de energía de Ecuador a Colombia, pero que no es porque Colombia lo está comprando«, sino que se trata de un ajuste técnico para mantener la estabilidad del sistema interconectado.

Acuña también cuestiona la narrativa oficial sobre la recuperación del sector eléctrico en Ecuador y considera que se trata de «anuncios que tratan de decir que el Ecuador ha superado la crisis energética cuando no creemos que en realidad sea así«. Destaca que la generación térmica sigue jugando un papel clave, junto con la hidroeléctrica, en el abastecimiento de la demanda interna.

2. Diferencias en los precios de la energía entre Ecuador y Colombia

Sobre las condiciones de intercambio de energía, Acuña explica que Ecuador normalmente exporta energía hidroeléctrica, cuyo costo es más bajo en comparación con la energía térmica que Colombia vende a Ecuador. Según detalla, «Colombia nos está vendiendo desde los 17 centavos del kilovatio hora y nos han vendido hasta 67 centavos el kilovatio hora, dependiendo de las condiciones de oferta y demanda».

Asimismo, reconoce que esta diferencia en los precios debería regularizarse en algún momento. «Es un buen momento para que Ecuador tome en cuenta los precios y todo este tema«, menciona, refiriéndose a la necesidad de revisar las condiciones de intercambio energético entre ambos países

3. ¿Es realmente beneficiosa la exportación de energía para Ecuador?

Acuña considera que las recientes exportaciones de energía no son lo suficientemente significativas como para afirmar que Ecuador ha superado su crisis energética. En su opinión, estas ventas han sido utilizadas más con un propósito político que económico. «Se sigue manejando desde un ámbito político y ahora político electoral en el que se trata de poner muchas cosas en la mesa para evidenciar que estamos saliendo de la crisis«, sostiene.

Además, menciona que se han anunciado nuevos proyectos de generación bajo el esquema de alianzas público-privadas, como los proyectos Santiago y Cardenillo. Sin embargo, cuestiona los costos de inversión propuestos. «El Cardenillo prácticamente se lo está lanzando casi a 3 millones de dólares por megavatio, lo cual es bastante más alto que lo que normalmente se estaría estructurando para proyectos hidroeléctricos«, advierte.

4. Falta de transparencia en la información sobre el intercambio de energía

Acuña también se refirió a la polémica generada en torno a la exportación de energía y a la negativa de Colombia de reconocer las compras hasta el 11 de febrero. Expresa que espera que esta situación no tenga motivaciones políticas y que, por el contrario, se garantice la transparencia en la información. «Esperaría que no obedezcan de lado y lado a razones políticas», afirma.

El experto señala que anteriormente los datos sobre el flujo de energía estaban fácilmente disponibles en la página del CENACE, pero actualmente esto ha cambiado. «Hoy día no se puede ver fácilmente, no se puede tener fácilmente esa información«, comenta, haciendo hincapié en la necesidad de mayor acceso a datos verificables sobre las transacciones energéticas entre Ecuador y Colombia.

Este comportamiento, explica, se debe a la estructura de generación hidroeléctrica de Ecuador. Recalcando que «la mayoría de nuestras hidroeléctricas son de paso. Entonces, en algún momento del día podemos tener excedentes y es factible venderle a Colombia. Y ese mismo día en la noche, en hora pico, probablemente necesitemos, entonces lo compramos», concluyó.

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Según el comunicado, las recientes declaraciones de la ministra de Educación, Alegría Crespo, publicadas en la cuenta oficial del Ministerio de Educación sobre la aplicación de protocolos para garantizar el libre desarrollo de la personalidad en las aulas, evidencian un enfoque parcial frente a los problemas que afectan a la niñez en Ecuador. Mientras se pronuncia de manera enfática en contra de lo que denomina «ideologías de género», ha evitado abordar con la misma contundencia situaciones críticas como el bullying, el acoso y la violencia que enfrentan niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo.

Problemas que se ignoran

En el comunicado, la Federación Ecuatoriana de Organizaciones «LGBTI» enumeró varios casos que, según señalan, la ministra ha ignorado, evidenciando una falta de respuesta ante problemáticas graves que afectan a la niñez y adolescencia en Ecuador.

Uno de los casos destacados es el de violencia y abuso sexual dentro del sistema educativo. Se menciona que la ministra no se pronunció con la misma contundencia con la que ha abordado otros temas sobre la denuncia ocurrida en la Unidad Educativa Fiscal Nahim Isaías Barquet, en Carapungo, donde una madre alertó sobre la agresión sexual que sufrió su hijo por parte de sus compañeros.

Otro de los problemas señalados es la captación de niños y adolescentes por parte del crimen organizado. Mientras la ministra prioriza advertencias sobre un supuesto «adoctrinamiento» en la educación, miles de menores en Ecuador están siendo reclutados por redes del narcotráfico y grupos criminales.

Finalmente, el comunicado también advierte sobre el aumento de suicidios de niños, niñas y adolescentes como consecuencia del bullying en los espacios educativos. La postura de la ministra contra la aplicación de protocolos ordenados por la Corte Constitucional contribuye, según la organización, a invisibilizar la realidad de estos estudiantes y a perpetuar la discriminación.

Se exigen acciones concretas en beneficio de las futuras generaciones

La organización señaló que hará público este pronunciamiento una vez que haya reunido todos los elementos necesarios. No obstante, esperan una respuesta oficial de la ministra de Educación en su calidad de máxima autoridad, con un mensaje claro y contundente, similar al comunicado audiovisual emitido recientemente. En esta ocasión, instan a que el pronunciamiento esté enfocado en la prevención del bullying en los espacios educativos, abordando problemáticas como el racismo, la xenofobia, la aporofobia, la homofobia y la transfobia, entre otras formas de discriminación que afectan a niños, niñas y adolescentes en el país.

Organismos como la CIDH han señalado que los Estados deben garantizar el derecho al libre desarrollo de la personalidad sin discriminación por identidad de género. La negativa del Ministerio de Educación a implementar protocolos adecuados constituye una forma de negligencia estatal y una posible violación constitucional. Además, el comunicado señala que este pronunciamiento se da en un contexto electoral, acusando a la ministra de utilizar la desinformación con fines políticos para favorecer al gobierno.

El comunicado responsabiliza a la ministra de Educación por su silencio ante las graves problemáticas que afectan a la niñez en Ecuador. Señala que la falta de pronunciamientos y acciones concretas frente a los abusos sexuales en escuelas, la captación de menores por el crimen organizado y los suicidios provocados por el acoso escolar la convierten en cómplice de una crisis que pone en riesgo la vida de miles de niños y niñas. Además, advierten que su inacción no solo perpetúa estos problemas estructurales, sino que contribuye a su sostenimiento dentro del sistema educativo.

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¿Qué festejaba ADN?

Luego de los resultados preliminares de las elecciones del pasado domingo 9 de febrero, el presidente-candidato Daniel Noboa no salió a festejar junto a sus simpatizantes en el evento que su partido le tenía preparado en el Hotel Le Parc de Quito. Un día después, el primer mandatario decidió que su mejor salida pública sería un comunicado en redes sociales para “agradecer” a sus votantes, sin embargo, lejos de mostrar humildad y aceptar su derrota de primera vuelta en urnas, aseguró que ADN había ganado a los partidos del “Viejo Ecuador” y que se habían convertido en la primera fuerza política del país.

Horas más tarde de ese lunes post electoral, se conocía que la Revolución Ciudadana tenía más curules en la Asamblea Nacional. Pero, Noboa intentó sostener la narrativa de haber ganado, pero ¿a quién? Este viernes 14 de febrero, el Consejo Nacional Electoral llevó a cabo la sesión de audiencia pública para conocer el reporte de los resultados de las actas de escrutinio de los comicios de primera vuelta para las dignidades de presidente, vicepresidente, asambleístas y parlamentarios andinos. Los consejeros no tuvieron ninguna observación y los resultados finales serán proclamados mediante resolución de pleno, luego del análisis de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica del órgano electoral.

Vea también: «Prohibición de fotos en el voto: CNE evalúa medida ante denuncias de presiones«

Sin embargo, con 67 curules para la próxima Asamblea Nacional la Revolución Ciudadana se impone como la fuerza política con una diferencia mínima de ADN. El partido oficialista obtuvo mayores resultados en la Sierra ecuatoriana, pero la RC ganó ampliamente en la Costa, ante lo que presidente Noboa se refirió en una entrevista del martes como las provincias que votaron por el narcotráfico.

Estas declaraciones dadas en cadena radial el lunes en la mañana, gracias a la retransmisión de los medios aliados a radio Centro Digital, conocido medio afín al oficialismo, provocaron reacciones de autoridades de gobierno y una ciudadanía que afirmaba que estos señalamientos estigmatizaban el voto de los costeños. La excandidata vicepresidencial, Cristina Reyes, fue una de las primeras en manifestar su rechazo en redes sociales. Luisa González, candidata presidencial de la RC, respondió a sus declaraciones pidiendo respeto por el país y el electorado que no le dio el voto. Asimismo, la presidenta de la actual Asamblea, Viviana Veloz, aprovechó la sesión ordinaria del pleno del miércoles 12 de febrero, para rechazar sus señalamientos. Del mismo modo, se manifestaron alcaldes y prefectos de las provincias, cantones y parroquias de la Costa del país.

Dato que mata relato

Según la aplicación del Consejo Nacional Electoral, los resultados con corte al 15 de febrero corresponden al 100% de actas escrutadas a nivel nacional e internacional. Estos datos que serán oficializados por el pleno del CNE muestran que el movimiento de la Revolución Ciudadana se reivindica como la primera fuerza política del país con 67 asambleístas sobre los 66 de ADN, 9 de Pachakutik, 4 del Partido Social Cristiano, 1 de la Alianza UP-PID-PSE, 1 de Construye y 2 de partidos locales. Noboa y sus voceros aseguraron que se habría dado un fraude por tres curules legislativos con supuestas inconsistencias en provincias de la Costa ecuatoriana, situación que fue resuelta por los observadores internacionales de la OEA, quienes desmintieron estas aseveraciones del primer mandatario.

Ver «Comunicado de la Misión de Observación Electoral de la OEA en Ecuador»

La tendencia es irreversible

Los resultados de la Asamblea Nacional reflejan el escenario político que tendrá el país para los próximos cuatro años de gobierno, sobre una división de poderes entre la Revolución Ciudadana y ADN. Para el balotaje de abril, los candidatos de ambos partidos tienen una diferencia mínima en menos del 1% de que marca una polarización aún más profundizada, que podría vaticinar que Ecuador va hacia un bipartidismo.

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¿A qué se debe esta medida?

Esta posible restricción surge a raíz de denuncias sobre presuntas presiones de grupos delictivos para influir en el voto a favor de una u otra candidatura.

El presidente de la República y candidato a la reelección, Daniel Noboa, denunció el martes 11 de febrero que algunos electores habrían sido sometidos a presiones para votar a favor de su rival, Luisa González, candidata del movimiento Revolución Ciudadana (RC).

«En ciertas provincias, inclusive votantes, recibían amenazas de grupos armados para que voten por la candidata que los representa», expresó.

José de la Gasca denuncia amenazas

El ministro de Gobierno, José de la Gasca, también se refirió esta mañana a la propuesta de prohibir la toma de fotografías a la papeleta de voto.

«Me han hecho llegar un sin número de alertas y de denuncias en las cuales me dicen a mí ‘me pedían que muestre la foto para que no me voten y no me renueven el permiso en la alcaldía’, (…) ‘esto es territorio de Los Lobos, esto es territorio de Los Choneros y tengo que mostrar el voto porque si no ya sabe lo que me pasa’. ¿Usted cree que quieren denunciar?», dijo en RTP Radio.

Ante esta situación, instó al CNE a tomar medidas y a prohibir que los votantes porten un celular al momento de marcar la papeleta.

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La decisión fue oficializada mediante el Decreto Ejecutivo 534, en el cual el presidente expresó su agradecimiento por «los leales y valiosos servicios prestados» por Vega. Asimismo, en el documento resaltó «su dedicación y compromiso con el país».

Vega expresó su agradecimiento a Noboa por la oportunidad de desempeñarse como Ministro de Finanzas a través de una carta publicada en sus redes sociales.

Su reemplazo, Jaramillo, cuenta con formación superior y maestrías en Ingeniería Industrial, Marketing y Administración de Empresas. Además, trabajó en la Industria Cartonera Ecuatoriana, perteneciente al Grupo Noboa.

Antes de liderar el Ministerio de Producción, Jaramillo fue director del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (Senae).

¿Cómo fue la gestión de Vega?

Juan Carlos Vega asumió el cargo el 27 de noviembre de 2024, pocos días después del inicio del gobierno de Daniel Noboa.

Durante su administración, enfrentó una grave crisis de liquidez en el Presupuesto del Estado, heredada de la gestión de Guillermo Lasso.

En abril de 2024, lideró la firma de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por USD 4.000 millones, de los cuales el gobierno de Noboa ya ha recibido USD 1.500 millones.

Además de este acuerdo, el Gobierno avanzaba en la gestión de una segunda línea de crédito con el FMI, bajo el programa del Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad (SRS o RSF por sus siglas en inglés).

Durante la gestión de Vega, se implementaron medidas que en administraciones anteriores habían tenido un alto costo político. Una de ellas fue la reducción del gasto en subsidios a la gasolina de bajo octanaje mediante un mecanismo de bandas de precios.

Otra decisión relevante fue el aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12% al 15%, lo que sacó a Ecuador de la lista de países con el IVA más bajo en la región.

Además, Vega lideró el segundo canje de deuda por conservación en el país. Este mecanismo permite que inversionistas destinen fondos a la protección de la Amazonía, logrando así una reducción de USD 527 millones en la deuda externa ecuatoriana.

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Durante su pronunciamiento, López acusó a los medios de comunicación de difundir odio bajo el pretexto de la libertad de expresión.

En su discurso, los calificó como «voceros», sugiriendo que responden a intereses ajenos al ejercicio periodístico independiente.

¿Qué dijo Blanca López?

López inició su intervención recordando las declaraciones de Pallares y Guerrero en distintos medios, a los que calificó como espacios que “destilan odio” y se escudan en “la libertad de expresión”.

La vicealcaldesa también acusó a ambos de ser “voceros del gobierno”, sugiriendo que su discurso responde a intereses políticos. Además, afirmó que este tipo de comentarios están afectando a la región costera del país.

El pronunciamiento de Blanca López responde a las polémicas declaraciones que acusan a la población de la Costa ecuatoriana de ser delincuentes o aliados del narcotráfico. Esto, por haber votado por la candidata Luisa González.

Según la vicealcaldesa, estos comentarios surgen porque ciertos sectores no aceptan los resultados de las elecciones, ya que no favorecieron al gobierno de Daniel Noboa.

“Se atreven a descalificar a la población que no votó por el gobierno actual señalándola de hacerle el juego a la delincuencia y de estar vinculados al narcotráfico”, afirmó López.

Rechazó que se acuse a las provincias de la Costa de estar relacionadas con el narcotráfico y aseguró que se trata de un error. “Somos las provincias más afectadas por la violencia”, enfatizó.

López también sostuvo que su pronunciamiento responde a la falta de un verdadero plan de seguridad para enfrentar la crisis que atraviesa el país. Asimismo, criticó a los medios por omitir estos hechos y señaló que es necesario aceptar los resultados electorales “así no te favorezcan”.

También cuestionó a ciertos periodistas que, según ella, pretenden que “la democracia se debe ajustar a sus deseos”. Además, enfatizó que “respetar la libertad de expresión no significa que aceptemos que digan lo que les dé la gana con los micrófonos y perjudiquen la dignidad de nuestro pueblo”, rechazando el uso de los medios para descalificar a la ciudadanía.

Para cerrar su intervención, hizo un llamado a la población a seguir votando con confianza, asegurando que su voluntad será respetada y agregó que no serán víctimas de “descalificaciones por parte de pseudo-periodistas”.

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Sin embargo, este 12 de febrero, Lupa Media, un medio especializado en periodismo de verificación, desmintió la declaración de Luisa González, afirmando que se trata de información falsa.

¿Qué evidencia presenta Lupa Media?

El medio señala que no hay pruebas que respalden la afirmación de que una candidata del movimiento ADN tenga un vínculo familiar con el narcotraficante Adolfo Macías, alias “Fito”. Además, una investigación periodística reveló que si bien 20 candidatos a asambleístas de ADN han enfrentado procesos penales, ninguno de ellos está vinculado con alias “Fito” ni con algún tipo de asociación ilícita

La desinformación ha circulado en redes sociales desde agosto de 2024 y ha señalado falsamente a Adriana García como candidata de ADN Sin embargo, los registros oficiales confirman que ella se postuló por la alianza “Avanza” y el movimiento «Por la Seguridad y Bienestar de los Manabitas», sin ninguna relación con ADN.

¿Cuál es el origen de esta desinformación?

La desinformación sobre supuestos vínculos familiares entre candidatas y alias «Fito» se basa en un caso diferente y no en evidencia concreta contra el movimiento ADN.

Los chats revelados en la investigación del caso Metástasis muestran que el narcotraficante Leandro Norero le pidió al exalcalde de Manta, Agustín Intriago, incluir en su lista de concejalas a Lady García, hermana de la asambleísta Adriana García

Adriana García fue electa asambleísta en las elecciones anticipadas de 2023 por el Movimiento Construye-Gente Buena. Para las elecciones generales de 2025 se candidatizó por la alianza «Avanza» y el movimiento «Por la Seguridad y Bienestar de los Manabitas» no por ADN. Aunque en sus redes sociales mostró afinidad con Daniel Noboa no resultó electa en estos comicios.

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La cadena radial fue transmitida por Radio Centro, un medio conocido por su afinidad con el gobierno de Noboa, desde el Palacio de Carondelet, este martes 10 de febrero de 2025.

Noboa denuncia «irregularidades«

El candidato-presidente explicó que no se dirigió a sus simpatizantes el domingo tras las elecciones porque «ha habido muchas irregularidades».

Noboa afirmó que trataron de minimizar la captura de un objetivo de alto valor de «Los Lobos». Asimismo, insinuó que la RC intentó hacer de menos el hecho ya que «estaban conectados directamente con la RC»

Además, acusó a la Revolución Ciudadana (RC) de tener presuntos vínculos con la banda criminal «Los Lobos. Según sus declaraciones, este grupo habría amenazado a la población para que votara a favor del correísmo.

La OEA descarta fraude electoral

Horas después de la entrevista de Noboa, la misión observadora de la Unión Europea afirmó que no ha encontrado «ni un solo elemento objetivo que indique que ha habido cualquier tipo de fraude» en las elecciones.

En la misma línea, la OEA emitió un comunicado este martes en el que señaló: «La Misión, hasta el momento, no ha identificado ni recibido indicios de irregularidades que puedan alterar los resultados de la elección».

Luisa González responde a declaraciones de Noboa

A través de su cuenta en X, la candidata presidencial, Luisa González, respondió a las acusaciones de Daniel Noboa con cinco puntos clave:

1. Exigió respeto a los ecuatorianos, asegurando que Noboa «no siente la Patria en el alma» y criticándolo por no conocer el Himno Nacional.

2. Le recordó que la cuñada de ‘Fito’ es candidata a la Asamblea por su partido.

3. Defendió a los votantes de la Revolución Ciudadana, afirmando que «no son ni narcos ni delincuentes».

4. Cuestionó el Plan Fénix, señalando que enero fue «el mes más violento en la historia del Ecuador» y que esto es responsabilidad de Noboa.

5. Pidió explicaciones sobre el uso de bienes y recursos del Estado en campaña, acusándolo de cometer delitos graves.

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Luisa Gonzáles y su afinidad con Manabí

En los últimos años, el apoyo electoral mayoritario al correísmo se ha concentrado principalmente en las provincias de Guayas, Manabí y Los Ríos, en la región Costa; y en Azuay, en la Sierra.

Con el 99,85 % de actas validadas en Manabí, Luisa González, candidata presidencial por Revolución Ciudadana (RC) y oriunda de esta provincia, obtuvo el 65,83 % de los votos; mientras que el presidente electo, Daniel Noboa, de la alianza Acción Democrática Nacional (ADN), alcanzó el 34,17 %.

Para muchos militantes de RC, partido fundado por el expresidente Rafael Correa, Manabí es considerado su bastión político. En las elecciones presidenciales y legislativas de agosto pasado, la Revolución Ciudadana logró cinco asambleístas en esta provincia.

Además, en los comicios seccionales de febrero, el prefecto Leonardo Orlando, perteneciente a esta agrupación, fue reelecto.

¿Por qué la RC siempre se impone en Manabí?

Esteban Ron, analista político, explicó en El Universo que el respaldo sólido del correísmo en Manabí responde a la conexión que los votantes mantienen con el proceso impulsado por esta agrupación política en la provincia.

“Las autoridades, los candidatos, e inclusive la ejecución de obra la sintieron en este tema de cercanía, lo que te produce un voto emocional, es decir, un voto no discernido. Un voto a través del cual el elector lo que hace es recordar lo que fue la Revolución Ciudadana, identificarse con el mismo y lanzar el voto”, comentó el especialista sobre esta variable político-cultural.

Además, Ron destacó otra variable de análisis: la político-operativa. En este sentido, señaló que también existe una estrecha relación entre la dirigencia provincial de RC (así como en general en la Costa) con la ciudadanía.

“Tienen figuras emblemáticas fuertes y que te generan todavía esa adhesión programática a la Revolución Ciudadana. Puede ser la dirigencia provincial, cantonal, inclusive la dirigencia parroquial que sigue sosteniendo, a nivel de dirigencia, el proceso de Revolución Ciudadana”, expresó.

El tercer aspecto que analizó fue el territorial, resaltando que, pese a considerar Manabí como su bastión, la militancia continúa trabajando en el territorio, lo que refuerza la fidelidad del electorado.

“Finalmente, todo confluye en un tema de cercanía. Hay que recordar que Manabí fue la provincia, a pesar del hecho aislado del terremoto, que tuvo altos y grandes beneficios directos y sociales por parte de Revolución Ciudadana. A eso se suma que la candidata era oriunda de Manabí”, concluyó Ron.

Daniel Noboa y el reto de ganar terreno en Manabí

Ron considera que a Noboa le faltó mayor trabajo territorial para consolidarse como una verdadera alternativa en la provincia. Explica que, frente al impacto del voto emocional, era necesario inducir al electorado hacia una mínima racionalidad en su decisión.

“Daniel Noboa se cuidó muchísimo en no ir a Manabí, porque lo daban como una votación perdida y que inclusive los porcentajes de votación hacia el correísmo fueron más fuertes que en las elecciones seccionales (febrero). Y qué induces tú con eso, a la crítica del proceso”, expuso el académico.

En su análisis, Ron señala que el presidente electo debe fortalecer la dirigencia en Manabí, ya que actualmente es temporal y se conformó recientemente con motivo del proceso electoral. “Necesita empezar a ser disruptivo en los cantones que, a pesar de tener una fuerza correísta, necesita generar presencia”, comentó.

Finalmente, ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño en Manabí, Ron sostiene que si Noboa atiende de manera inmediata las necesidades que puedan surgir en la provincia, podría consolidar su presencia en la región a través de una gestión planificada y efectiva.

Actores locales fortalecieron la votación en Manabí

Héctor Farfán, analista político, señaló que el avance de ADN en Manabí refleja, por un lado, cierta madurez en el electorado ecuatoriano, quien, a su criterio, “entiende que tiene que haber un equilibrio dentro de la Asamblea Nacional y no darle ese gran caudal de votos. Si bien se lo dan para presidente, no se repite en Asamblea”.

Por otro lado, considera que esto evidencia la persistencia del correísmo y el anticorreísmo como las fuerzas predominantes, marcando una fuerte polarización que deja al resto de candidatos prácticamente sin relevancia.

Fernando Rodríguez, consultor y estratega, destaca que la votación en Manabí también responde al trabajo de los actores políticos en el territorio. “Cómo ellos, como autoridades locales, provinciales, han hecho tangible la gestión abanderada por un partido político y que ha sido utilizada en esa provincia para decir, miren, nosotros estamos en la capacidad de hacer esto”, explicó.

En este contexto, Rodríguez considera que Daniel Noboa no logró consolidar su presencia en la provincia. “Se le quedó un poco en el cartucho de la gestión, poder demostrar en Manabí que él puede hacer mejor las cosas (…) Porque no tiene tanta fuerza a nivel seccional de autoridades”, concluyó.

Santa Elena le da la espalda a Noboa

En los últimos tres comicios, el jefe de Estado y aspirante a la reelección, Daniel Noboa, no ha conseguido la victoria en la provincia de Santa Elena, donde reside y a la que representó como legislador en el período 2021-2023.

Los resultados de las votaciones del domingo 9 de febrero reflejan un claro triunfo de Luisa González, candidata presidencial del correísmo, quien obtuvo el 54,59 % de los votos, superando al mandatario, que alcanzó el 37,02 % del respaldo popular.

En Santa Elena, 273.872 ciudadanos estaban habilitados para votar, pero solo 247.402 acudieron a las urnas. La provincia está conformada por tres cantones: Salinas, La Libertad y Santa Elena. Aunque nació en Estados Unidos, el presidente Daniel Noboa reside en Olón, una comuna del cantón Santa Elena.

En las elecciones anticipadas de agosto de 2023, convocadas tras la disolución de la Asamblea Nacional por el expresidente Guillermo Lasso debido a una pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo, Luisa González obtuvo el 35,44 % del respaldo en Santa Elena, mientras que Noboa alcanzó el 33,2 %. Estos resultados corresponden a la primera vuelta.

En el balotaje de octubre de 2023, donde Noboa y González disputaron la presidencia, la candidata del correísmo volvió a imponerse en Santa Elena con el 54,4 % del respaldo popular, frente al 45,6 % obtenido por el actual mandatario.

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