La decisión fue anunciada al término de la primera sesión del Comité, un ente creado recientemente por Decreto Ejecutivo. Edgar Lama, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), fue enfático al señalar que la medida busca «quitar el financiamiento a las mafias de la salud que por años han luchado por capturar hospitales».

Lama reveló que existen al menos 100 investigaciones internas en curso por presuntas irregularidades y destacó la repetición «sospechosa» de ciertos proveedores en los procesos de compra. Afirmó que, por primera vez, se implementará un «sistema digital incorruptible» para rastrear de forma transparente el inventario y la distribución de todos los medicamentos.

Ajuste en el flujo de recursos y compras

La ministra de Finanzas, Sariha Moya, aportó cifras concretas que evidencian el problema: de los USD 200 millones presupuestados este año para medicamentos, apenas se han ejecutado USD 100 millones. Aseguró que, a pesar de esta inversión, el desabastecimiento en los hospitales persiste, lo que apunta a «muchas irregularidades» en los mandos medios operativos.

Jimmy Martín, titular de la cartera de Salud, detalló que la descentralización no recaerá en cada hospital o dispensario, sino que se concentrará en el Ministerio de Salud y el IESS, quienes asumirán la responsabilidad directa de las adquisiciones para garantizar mayor control y eficiencia. «Tenemos que dar un paso firme, pero también estratégico y coordinado desde el Ejecutivo», afirmó.

Desde la Secretaría General de la Administración Pública, Cynthia Gellibert sentenció: «Durante décadas, la salud ecuatoriana siempre fue tratada como un negocio. Hoy este Gobierno le pone punto final al negociado en los hospitales».

Medidas insuficientes

La decisión gubernamental no estuvo exenta de críticas. Desde la bancada de Revolución Ciudadana, la asambleísta Christina Jácome tachó al nuevo Comité de redundante, al recordar que ya existe el Consejo Nacional de Salud (CONASA), establecido por ley y con experiencia en la materia. «Parece que algunos prefieren inventar comités y redescubrir el agua tibia», ironizó.

Su colega la asambleísta Viviana Veloz, consideró que la medida «llega tarde» y no ataca el fondo del problema: la falta crónica de presupuesto. Veloz exigió la declaratoria de emergencia del sistema de salud, argumentando que la crisis actual «desbordó hospitales y golpea más fuerte que en la pandemia«. Enumeró una serie de requisitos que, a su juicio, son indispensables: inversión real en infraestructura, equipos, pago a personal y una lucha firme contra la corrupción.

Frente al reclamo de emergencia, el Gobierno se negó en rotundo. Su postura oficial es que no existen las causales legales para tal declaratoria y que, además, esta podría abrir una «puerta a la corrupción».

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La protesta surge tras un año de la consulta popular en la que la ciudadanía votó mayoritariamente a favor de detener la explotación en esa zona de alta biodiversidad. Sin embargo, pese a esa decisión, la infraestructura petrolera continúa operativa y hasta ahora no existe un cronograma público de desmantelamiento, lo que genera frustración y críticas hacia el Gobierno y la Corte Constitucional.

Mandato popular incumplido

Los líderes Waorani recordaron que la consulta fue vinculante y que el Estado está obligado a ejecutar la decisión ciudadana. “El pueblo ya decidió, pero el petróleo sigue saliendo del Yasuní”, reclamaron los voceros durante la concentración. Para ellos, la demora en la aplicación del resultado refleja un desacato al mandato democrático y una vulneración directa a los derechos de los pueblos y de la naturaleza.

Resistencia y movilización ciudadana

La jornada estuvo marcada por la participación de organizaciones sociales, ambientalistas y colectivos juveniles que, con pancartas y consignas, señalaron que la voluntad popular no puede convertirse en un simple trámite. Desde su perspectiva, la falta de acciones concretas demuestra que los intereses económicos pesan más que el respeto a la democracia y la protección ambiental.

Corte Constitucional bajo presión

La Corte Constitucional se convierte en un actor clave en esta disputa, pues debe garantizar el respeto a la consulta y exigir al Ejecutivo un plan de retiro progresivo y transparente de la infraestructura petrolera. Hasta ahora, sin embargo, el tribunal no ha emitido resoluciones que obliguen a un cronograma detallado, lo que alimenta el malestar de las comunidades.

Implicaciones políticas y ambientales

El incumplimiento del mandato del Yasuní no solo abre un conflicto político entre el Gobierno, los pueblos indígenas y la sociedad civil, sino que también expone al país a cuestionamientos internacionales. El Yasuní es uno de los territorios más biodiversos del planeta, y la demora en su protección genera dudas sobre el verdadero compromiso del Ecuador frente al cambio climático y los derechos de la naturaleza.

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Una lucha que no se detiene

Los Waorani y los colectivos advierten que mantendrán la presión social hasta que se cumpla la decisión popular. Para ellos, esta no es solo una causa ambiental, sino también una lucha por el respeto a la democracia directa y a la voz del pueblo.

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El informe, de carácter no vinculante, irá al pleno del CPCCS para que sus siete consejeros decidan si acogen o rechazan estas recomendaciones técnicas. La designación de los cinco vocales principales y sus suplentes para el período 2025-2031 se prevé concrete en la primera semana de septiembre.

Entre los candidatos impugnados que resultaron avalados por la comisión se encuentran figuras como Mario Godoy, actual presidente de la Judicatura en funciones, quien acumuló cinco objeciones; Fausto Andrade; Ivonne Núñez; Wendy Moncayo; Alfredo Cuadros; Magaly Ruiz; Juan Carlos Benalcázar; y Fabián Fabara.

Godoy, la ficha polémica

Respecto a las objeciones contra Godoy, la más numerosas, la comisión argumentó que no puede pronunciarse sobre investigaciones pendientes, como el conocido «Caso Pendrive«, al estar estos asuntos en conocimiento de un órgano competente y no existir una sentencia ejecutoriada. Asimismo, determinó que no se puede criminalizar el ejercicio de su profesión de abogado por el hecho de haber defendido a personas vinculadas a presuntos casos de corrupción.

La comisión, integrada por asesores de confianza de los vocales del CPCCS, evaluó las impugnaciones presentadas bajo cuatro causales posibles: incumplimiento de requisitos legales, falta de probidad o idoneidad, incurrir en inhabilidades, u omitir o alterar información relevante. Concluyó que ninguna de las objeciones presentadas logró sustentarse válidamente en estas causales.

Si el pleno del CPCCS acepta el informe, se superaría esta fase de impugnaciones. El proceso continuaría con la presentación de los planes de trabajo de los aspirantes, para posteriormente proceder a la designación formal de los integrantes del nuevo Consejo de la Judicatura. Los funcionarios posteriormente serían posesionados en la Asamblea.

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Los señalamientos surgen tras un incidente ocurrido la tarde del lunes 18 de agosto en la comunidad de San Ignacio, en Latacunga, donde Iza afirmó que fue víctima de un hostigamiento que escaló hasta un intento de atropello. Según su testimonio, sujetos que se identificaron como agentes policiales realizaban labores de vigilancia y filmación sin autorización frente a su domicilio, en una clara vulneración de la jurisdicción comunitaria reconocida por la Constitución.

“Al increparlos, el vehículo arrancó a alta velocidad directamente hacia mí. De no haber sido por mi reacción, en este momento estaría muerto. Esto no es un accidente, es un intento de eliminación”, declaró Iza con crudeza durante una conferencia de prensa, asegurando que evidencias en los teléfonos intervenidos revelan un seguimiento constante desde inicios de año.

Respaldo del movimiento indígena

El MICC, en un comunicado oficial, elevó la gravedad de la denuncia, calificando los hechos como un “intento de asesinato” y una “persecución política” dirigida a amedrentar no solo a Iza, sino a todo el movimiento indígena. “Responsabilizamos directamente a Daniel Noboa y a su Gobierno por cualquier atentado contra la vida e integridad de nuestros dirigentes”.

La denuncia encontró eco inmediato en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), que emitió un pronunciamiento en solidaridad. La organización matriz denunció el uso del aparato de inteligencia estatal para la “criminalización” de los líderes sociales y alertó que estas prácticas represivas, lejos de aislarse, configuran una “política de Estado” para debilitar la organización popular y silenciar las voces críticas.

El silencio del Palacio de Carondelet pesa sobre la crisis. La falta de un desmentido oficial o de cualquier pronunciamiento por parte de las carteras de Gobierno o del Interior deja flotando una peligrosa incertidumbre.

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El valor más alto en viáticos es de USD 5.183 asignados a Emilia María Reece Holguín, subsecretaria General de Despacho e hija de la exasambleísta Marcela Holguín, para actividades en Europa entre abril y mayo con la finalidad de cumplir con las actividades programadas en la agenda del primer mandatario.

Funcionarios como la secretaria de Administración Pública, Cynthia Gellibert, y el secretario de Integridad Pública, Julio Neira recibieron USD 4.171 y USD 4.325 en viáticos internacionales respectivamente. El presidente Daniel Noboa no viaja solo a sus eventos en el exterior, pues le acompaña el Director de Fotografía que cobra USD 3.500 en viáticos; el Subsecretario de Protocolo USD 4.800; y el Analista Logístico USD 3.693.

Una nueva gira internacional

El mandatario visitará Brasil del 18 al 21 de agosto para tratar seguridad y comercio con Lula da Silva; Uruguay, donde se reunirá con Yamandú Orsi y promoverá inversiones; y Argentina, escenario de polémica por denuncias de fraude en exámenes de medicina entre estudiantes ecuatorianos. Posteriormente, viajará a Japón entre el 24 y 30 de agosto para impulsar inversiones con el primer ministro Ishiba Shigeru.

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El encuentro, realizado en Anchorage, Alaska, ha sido descrito como “histórico” por algunos analistas y como “profundamente preocupante” por otros, debido a su secretismo y a la exclusión de actores clave.

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El lugar de la reunión no es casual: Alaska, frontera geográfica y simbólica entre Rusia y Estados Unidos, se convierte en el escenario de unas conversaciones que podrían marcar el rumbo de la guerra en Ucrania y del equilibrio global de poder.

¿Posible alto al fuego?

Según fuentes diplomáticas, la agenda incluye negociaciones para un alto al fuego y el inicio de conversaciones sobre armamento nuclear. Sin embargo, la ausencia de Ucrania y de líderes europeos en las conversaciones ha generado fuertes críticas, tanto en Kiev como en Bruselas. Para muchos, esta exclusión cuestiona la legitimidad del proceso y abre la puerta a acuerdos que no necesariamente respondan a los intereses de la nación agredida.

Críticas en Washington

En Estados Unidos, legisladores y expertos han cuestionado la naturaleza de la cumbre, señalando que se desarrolla con un nivel de secretismo inusual y sin una supervisión clara del Congreso. Algunos temen que la reunión sirva para concesiones unilaterales a Rusia, debilitando la posición estratégica de la OTAN y de sus aliados europeos.

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Implicaciones geopolíticas

La cumbre Alaska no solo es un intento de mediación en el conflicto ucraniano; también representa un movimiento geopolítico de alto riesgo. Un eventual acuerdo que reduzca tensiones entre Washington y Moscú podría alterar drásticamente la estructura de la OTAN, la cohesión de la Unión Europea y la dinámica de poder en Asia, donde China observa de cerca cualquier reconfiguración de alianzas.

¿Paz o propaganda?

Mientras algunos interpretan el encuentro como un esfuerzo genuino de acercamiento, otros lo ven como un acto de propaganda política para ambas partes.

Putin busca proyectar una imagen de legitimidad internacional en plena guerra, mientras que Trump intenta posicionarse como un líder capaz de “lograr lo que otros no pudieron” en política exterior.

Por ahora, no se han revelado compromisos concretos ni un calendario de seguimiento, lo que deja la pregunta abierta: ¿estamos ante el inicio del fin de la guerra o frente a una jugada calculada para mover fichas en el tablero global?

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Galo Ubidia, presidente del gremio, reveló a Vistazo que esta práctica insostenible se agrava por la saturación de especialidades como medicina interna, pediatría, traumatología, ginecología-obstetricia y cuidados intensivos, ofertadas por universidades «sin estudios de planificación ni priorización de necesidades reales del sistema sanitario».

El 14 de agosto, médicos realizaron un plantón en Quito exigiendo al presidente Daniel Noboa y al ministro de Salud, Jimmy Martin, el reconocimiento de sus derechos constitucionales. Paola Gordillo, portavoz del movimiento, interpeló al mandatario: «Somos profesionales titulados, muchos con maestrías, que sostenemos el sistema de salud. ¿Usted trabajaría gratis?». Gordillo destacó vulneraciones como

«Ustedes sabían a lo que se metían» fue la única respuesta del ministro Martin el pasado 8 de agosto, según relató la doctora posgradista.

El ministro en la Asamblea

Frente a las críticas, el ministro Martín declaró en la Asamblea que conoce de primera manola problemática, pues su esposa fue posgradista. Sin embargo, atribuyó estos problemas a decisiones estatales de hace más de 10 años». También aseguró que está resolviendo estos problema junto al de las becas ofertadas.

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Pero la comparecencia nunca ocurrió: la silla del ministro quedó vacía, mientras las familias afectadas exigen justicia.

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A la misma hora, el Gobierno participaba en una marcha contra la Corte Constitucional, cuestionando la suspensión de artículos que, según el oficialismo, “clama el pueblo”.

La ausencia del ministro en la comisión que vela por los derechos de la niñez generó indignación y abrió un nuevo frente de críticas.

Choque político y cuestionamientos internos

El asambleísta Alfredo Serrano, del Partido Social Cristiano, denunció la intromisión del Consejo de Administración Legislativa (CAL) en el trabajo de fiscalización de la Asamblea Nacional, advirtiendo que las comisiones deben actuar con independencia y no supeditarse a la conveniencia política del Gobierno. Durante la posterior sesión de la Comisión de Salud (a la que sí acudió el ministro) Serrano lamentó que el debate se centre en procedimientos internos y no en respuestas urgentes frente a la crisis hospitalaria.

“No hay plata, díganle al país eso; priorice el gasto en la gente antes que en el pago de deuda”, expresó, recordando momentos históricos en los que se privilegió la vida de los ciudadanos sobre la política fiscal.

¿Una agenda desviada?

El caso generó malestar porque, en lugar de responder directamente a la Comisión de Niñez que investigaba el hecho, el ministro optó por presentarse ante la Comisión de Salud. Este movimiento fue interpretado como una maniobra para diluir la presión política, similar a lo ocurrido en casos como el de los “chalecos de cartón” o el escándalo Progen, donde otros órganos intentaron absorber investigaciones ajenas.

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La versión del ministro Jimmy Martín negó que la muerte de los neonatos haya estado vinculada con la reutilización de cánulas, y afirmó que el brote de la bacteria Klebsiella pneumoniae (KPS) en el hospital “está controlado”. Además, cuestionó que el hecho se utilice con fines políticos.

Sin embargo, organizaciones de salud y defensores de derechos advierten que la respuesta oficial minimiza la gravedad del caso, pues no se han presentado informes técnicos completos ni un plan público de prevención para evitar nuevos brotes.

Lo que está en juego

Mientras las familias siguen sin respuestas claras y la crisis hospitalaria avanza, el caso pone en evidencia las fallas estructurales de transparencia y gestión en el sistema de salud público.

La pregunta que queda es: ¿por qué el ministro elige a qué comisión responder, dejando sin atender a la que representa directamente a las víctimas más vulnerables?

La entrada Crisis hospitalaria y evasivas oficiales: el silencio que indigna por la muerte de 18 neonatos en Guayaquil se publicó primero en La Calle.

«Eventualmente, una vez que las personas logren ver lo beneficioso que puede ser, se puede reformar para otros sectores», afirmó el primer mandatario durante la presentación de la primera Zona Franca Tecnológica en Cuenca.

La declaración chocan con su postura en campaña, cuando calificó esta modalidad como una «regresión de derechos». Ahora, bajo el argumento de un enfoque gradual, Noboa busca legitimar la medida pese al rechazo del 70% de los votantes en abril de 2024.

Zona Franca: incentivos y contradicciones

El proyecto estrella de Noboa en Cuenca, respaldado por inversión de Emiratos Árabes Unidos, ofrecerá exoneraciones tributarias como el 0% de Impuesto a la Renta por 5 años, 15% fijo posterior y aduaneras. Sin embargo, críticos señalan que la insistencia en flexibilizar derechos laborales, aún con garantías como Seguro Social y décimos, según la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, responde a compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

«El resultado en las urnas es de cumplimiento obligatorio. Pretender lo contrario es violar la Constitución», denunció el abogado constitucionalista Mauro Andino, tildando de «autoritaria» la actitud del Gobierno. Mientras, el Observatorio de la Dolarización alertó que la medida no mejora el empleo adecuado (solo 36% de trabajadores lo tienen) y prioriza «una agenda fracasada de ajuste fiscal».

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Sierra, exgerente del Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil y destituido por la anterior administración, fue vinculado por la legisladora a un caso de presuntas irregularidades en contrataciones públicas. Según una investigación de Primicias, Sierra habría adjudicado en septiembre de 2024 dos contratos consecutivos, por un total de USD 1.2 millones, pese a alertas del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).

El proveedor y los contratos adjudicados constaban en un listado publicado por la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), en donde se identificó 54 compras con presuntas irregularidades en 11 unidades médicas del MSP y del IESS. «¿Ese es el perfil para resolver la crisis sanitaria en Guayaquil?», interrogó Desintonio.

Vínculos estrechos

La asambleísta añadió que Sierra mantiene «estrechos vínculos» con Mario Aguirre y Carlos Charles Figalo, proveedores investigados por una denuncia de corrupción de USD 2 millones, destacando que Aguirre sería «compadre» del nuevo coordinador zonal. Recordó, además, que el legislador Ferdinand Álvarez (ADN) ya había alertado en comisiones anteriores sobre la influencia de Aguirre en contratos del MSP.

Desintonio culminó su intervención con una advertencia al ministro de Salud, Jimmy Martin: «Señor ministro, revisemos estos errores. Nelson Sierra, Aguirre y Figalo son tuerca y tornillo». El titular de esta cartera de Estado se abstuvo de responde estas declaraciones.

Contexto del nombramiento

Sierra reemplaza a Karla Mishell Jiménez Cordero, cuya salida se oficializó el 10 de agosto tras la muerte de 12 neonatos en el Hospital Universitario de Guayaquil. La Coordinación Zonal 8 abarca Guayaquil, Durán y Samborondón, responsable de políticas sanitarias y administración de recursos en esta jurisdicción.

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El proceso se originó tras acusaciones de Jaramillo contra Goyes por "incumplimiento de funciones", específicamente por su ausencia en una sesión plenaria del CJ el 16 de abril de 2025, donde se debatía el Reglamento para la creación de judicaturas constitucionales. El legislador sostuvo que la vocal faltó injustificadamente a cuatro convocatorias posteriores, afectando el quórum.  

En su defensa, Goyes calificó el juicio político de "absurdo y sin fundamentos", argumentando que su retiro de aquella sesión respondió a la negativa de discutir sus observaciones técnicas al reglamento. La vocal reveló que durante meses presentó objeciones al modelo propuesto, destacando que este no garantizaba la especialización judicial exigida por el Artículo 181 de la Constitución, ni incorporaba los resultados de la consulta popular de abril de 2024 que costó USD 60 millones y sigue sin implementarse.  

Argumentos:

Goyes exhibió una propuesta alternativa presentada el 10 de enero de 2025, que incluía 24 unidades judiciales, 9 tribunales de apelación y criterios de selección basados en méritos y transparencia, con un presupuesto estimado de USD 18.7 millones. Además, recordó que su postura fue avalada por la Corte Constitucional en sentencia del 26 de mayo, que declaró inconstitucional el reglamento original.  

Tras la votación, Viviana Veloz, coordinadora de la bancada de la Revolución Ciudadana, señaló que el oficialismo "no probó el incumplimiento de funciones" y advirtió que el proceso buscaba "sepultar la independencia judicial". Un intento de reconsideración solicitado por Victoria Desintonio fue rechazado, dejando firme la decisión que mantiene a Goyes en su 
cargo.  

La entrada El oficialismo no obtuvo los votos para la destitución de Solanda Goyes se publicó primero en La Calle.

La movilización, denominada «Firmes por Ecuador», profundiza la pugna entre el Ejecutivo y el máximo tribunal tras la suspensión provisional de 17 artículos de tres leyes emblemáticas del gobierno.

Según confirmaron fuentes legislativas, cerca de 69 asambleístas de la bancada oficialista gestionaron permisos por horas ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL), evitando ausentarse de la sesión plenaria de las 15h00 donde se evaluará el juicio político contra Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura. La concentración iniciará a las 11h00 en el Puente del Guambra (centro-norte de Quito), avanzando hacia la sede de la Corte, en el sector de La Mariscal.

Crisis jurídica y tensión política

El conflicto se desató tras la decisión de la Corte Constitucional el 4 de agosto de admitir demandas contra las leyes de Solidaridad Nacional, Integridad Pública e Inteligencia – impulsadas por el Ejecutivo como «urgentes»–, paralizando artículos clave. Noboa calificó el fallo como un obstáculo para «derrotar al terrorismo, la corrupción y la pobreza», anunciando la protesta durante un acto en Guayas.

Cuestionamientos a la movilización dorada

La bancada de Revolución Ciudadana (RC) rechazó el carácter de la convocatoria presidencial: «Ninguna causa justa inspira esta movilización», señaló en un comunicado, exigiendo a la Contraloría fiscalizar el uso de recursos públicos y vehículos oficiales. Además, solicitó al Ministerio de Trabajo listas de asistencia para verificar que servidores públicos no abandonen sus funciones.

La protesta se realiza en medio de una crisis hospitalaria que cobró la vida de 12 recién nacidos en el Hospital Universitario de Guayaquil por falta de insumos. Este hecho contrasta con la ausencia de sesiones matutinas en comisiones clave donde ADN tiene mayoría, exceptuando la Comisión de la Niñez que abordará precisamente dicha emergencia a la misma hora de la marcha.

Simbolismo y dobles agendas
Mientras el gobierno moviliza bases oficialistas hacia la Corte, sectores sociales recuerdan que el pasado 7 de agosto miles de ciudadanos –incluyendo personal médico y docentes– marcharon hacia el mismo tribunal para exigir la inconstitucionalidad de leyes que afectan derechos laborales y sociales.

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El documento enfatiza que Ecuador es un «Estado Constitucional de Derechos y Justicia», cuya estructura exige respeto a la independencia judicial. Citando a la Relatora Especial de la ONU para la Independencia Judicial, Margaret Satterthwaite, recuerda: «La independencia judicial no es opcional; es la base de la democracia. Las amenazas son inaceptables».

Los firmantes acusan al gobierno de buscar anular el sistema de pesos y contrapesos, evidenciado en la «anulación de facto del Legislativo» y su transformación en «brazo político del Ejecutivo».

Despidos masivos en Petroecuador: «Saboteo operativo»

Paralelamente, sindicatos del sector energético rechazaron el despido de cerca de 1.000 trabajadores adicionales en Petroecuador, anunciado anoche y ejecutado hoy. La Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y el Petróleo (ANTEP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Petroecuador (SINTEP) desmintieron el argumento gubernamental de un «ahorro de USD 31 millones». Los sindicatos identificaron a esta medida como un «engaño para encubrir el sabotaje a la operatividad de la empresa».

Impacto crítico en operaciones:

• Transporte de crudo: Cuatro de cinco capitanes de amarre en terminales marítimos —figuras clave para la seguridad en carga/descarga de buques— fueron desvinculados.
• Perforación: Se eliminó al 50% del equipo de ingeniería, incluyendo personal con experiencia crítica en bloques operativos.
• Geología: Tras recortes previos, los geólogos restantes cubrían hasta tres campos simultáneamente; nuevos despidos profundizan la crisis técnica.

Los sindicatos destacan que un informe ya alertaba sobre un déficit de 1.200 trabajadores. Ahora, el gobierno habría duplicado ese vacío, poniendo en riesgo la producción, exportación y refinación. ANTEP/SINTEP vinculan esta medida con un «plan de desmantelamiento deliberado» para debilitar la empresa y facilitar la privatización de activos rentables, advirtiendo que constituye un «ataque a la soberanía energética y los derechos laborales de toda la clase trabajadora».

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El origen de la medida

La tarifa fue implementada por el Gobierno como parte de un plan para fortalecer el control de la actividad minera y financiar la lucha contra la minería ilegal. Según estimaciones oficiales, podría recaudar alrededor de USD 229 millones anuales que serían destinados a monitoreo, control y remediación ambiental.

https://x.com/ARCOM_Ecu/status/1938828707491389634?t=9wst2u4nuiVB13BeBxuldg&s=19

Argumentos de los mineros

Las organizaciones demandantes sostienen que la tasa es desproporcionada y perjudicial para pequeños y medianos productores, que ya cumplen con obligaciones tributarias y legales.

Advierten que la medida podría provocar el cierre de minas formales y aumentar la informalidad en el sector.

“Somos mineros legales y no podemos pagar valores tan exagerados ”, señaló Guillermo Godoy Presidente de la Cámara de la Pequeña Minería del Ecuador (CAPEMINE)

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El siguiente paso legal

La Corte Constitucional deberá decidir si admite a trámite la demanda y, en caso de hacerlo, evaluar la constitucionalidad de la norma. Los gremios piden que se suspenda la aplicación de la tasa hasta que se realice un análisis técnico y económico sobre su impacto.

Posición del Gobierno

El Ejecutivo defiende el cobro como una herramienta clave contra la minería ilegal, actividad que, según el Ministerio de Energía y Minas, ha crecido de forma acelerada y genera daños ambientales y pérdidas fiscales millonarias.

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De mantenerse esta tendencia, Ecuador finalizaría el año con una tasa de 52 homicidios por cada 100.000 habitantes, la más elevada en su historia y de la región latinoamericana. Pese a los estados de excepción decretados por el presidente Daniel Noboa para combatir a bandas criminales en el marco del «conflicto armado interno», los primeros cinco meses de 2025 fueron los más violentos registrados, con mayo como el peor mes (926 homicidios).

Epicentros de la violencia

• – Guayaquil y su área metropolitana concentran el 31.7% de los homicidios nacionales. La Zona 8 (Guayaquil, Durán, Samborondón) acumula el 39.5% del total.
• – Durán registra una tasa de 103.31 homicidios por 100.000 habitantes, liderando el ranking en cantones poblados.
• – Los Ríos es la provincia más violenta (61.32/100.000), con los cantones de Puebloviejo (187.64) y Quinsaloma (111.41) entre los cinco más críticos del país.

Tendencias alarmantes

1. Adolescentes en riesgo: Los asesinatos de jóvenes entre 10 y 19 años aumentaron 68% (504 casos vs. 300 en 2024).
2. Armas de fuego: Su uso en homicidios creció 5 puntos porcentuales respecto a 2024, alertando sobre el tráfico ilegal.
3. Minería ilegal: Provincias amazónicas como Zamora, Pastaza y Orellana reportan incrementos sustanciales de violencia vinculada a la minería. Las Naves es un epicentro minero considerado el cuarto cantón más violento.

El análisis del OECO-PADF, basado en datos oficiales del Ministerio del Interior y proyecciones del INEC, advierte que la reducción de homicidios observada en 2024 fue revertida drásticamente. El documento subraya que los homicidios intencionales son el «principal indicador de inseguridad» y destaca la consolidación de patrones del crimen organizado en zonas estratégicas.

Lee aquí el informe:

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En un debate tenso y polarizado, la Asamblea abordó este 7 de agosto la reforma constitucional que busca eliminar el financiamiento público a movimientos políticos. La propuesta, impulsada por el oficialismo, apunta a modificar los artículos de la Constitución que garantizan recursos estatales y promoción electoral equitativa para estas organizaciones.

El presidente de la comisión legislativa, Esteban Torres (ADN), abrió la discusión con un cuestionamiento frontal al sistema vigente. Reveló que desde 2008 se han destinado USD 263 millones entre el Fondo Partidista Permanente y el Fondo de Promoción Electoral.

«En las últimas elecciones, 16 candidatos presidenciales compitieron y la mayoría no superó el 1% de votos«, subrayó, mientras detallaba montos históricos recibidos por fuerzas como Alianza PAÍS (USD 18 millones), Partido Social Cristiano (USD 12 millones) y Revolución Ciudadana (USD 2 millones). Torres defendió que la transparencia de ingresos seguirá bajo vigilancia del Consejo Nacional Electoral, la UAFE y el SRI.

División de opiniones

Frente a esta postura, la oposición levantó alertas sobre el riesgo para el pluralismo político. Carmen Tiupul, quien ha votado con el oficialismo en las últimas leyes, anunció su voto en contra. «Esta reforma perjudica a los movimientos pequeños», dijo. Aunque evitó hablar por toda su bancada, señaló que «la mayoría» de sus seis legisladores rechazarán la propuesta.

Desde Revolución Ciudadana, el asambleísta Christian Hernández acusó al oficialismo de hipocresía fiscal: «¿Recuperarán los USD 70 millones gastados en consultas populares de 2024 y 2025, los USD 76 millones de la deuda Noboa o los USD 150 millones de Progen?». Hernández insistió en que eliminar el financiamiento «atenta contra la igualdad de participación».

La reforma, que ya fue aprobada en comisión el 23 de julio, deberá someterse a consulta popular a finales del 2025 si obtiene el aval del Pleno Legislativo.

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Tres asambleístas de Revolución Ciudadana –Juan Andrés González, Lenín Barreto y Blasco Luna– formalizaron el 31 de julio ante la presidencia de la Asamblea Nacional una solicitud de juicio político contra Manzano. La petición, respaldada por más del 25% del Legislativo (según artículo 79 de la LOFL), alegó causales constitucionales y legales (artículos 78-79 LOFL y 131 Constitución).

Los legisladores vinculan a la ministra con el Caso Progen –contratos adjudicados el 2 de agosto de 2024 para construir las centrales hidroeléctricas El Salitral (100 MW) y Quevedo (50 MW)–, donde la Contraloría detectó indicios de responsabilidad penal y civil.

González manifestó que «la Asamblea no puede evadir su deber de control político ante posibles actos de corrupción», mientras Barreto alertó que el escándalo «ha comprometido todo el sector energético». La Fiscalía General del Estado mantiene una investigación penal paralela por el caso.

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En un mensaje difundido a través de la red social X, el mandatario sostuvo que esta nueva consulta representa un paso firme “hacia el futuro” y defendió su carácter como “democrática y popular”, en respuesta a quienes han cuestionado el rumbo de su administración. Noboa ya había anticipado esta iniciativa semanas atrás, pero ahora presentó formalmente el contenido de las preguntas.

¿Qué propone esta nueva consulta?

Estas son las siete preguntas oficiales que serán sometidas a votación ciudadana, de aprobarse el mecanismo:

1. Bases militares extranjeras: Propone eliminar la prohibición de instalar o ceder bases militares nacionales a fuerzas extranjeras.

2. Financiamiento a partidos políticos: Plantea eliminar la obligación del Estado de entregar recursos públicos a las organizaciones políticas.

3. Eliminación del CPCCS: Propone suprimir el organismo y transferir sus competencias a la Asamblea, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría.

4. Reducción de asambleístas: Plantea reformar el sistema electoral para disminuir el número de curules en la Asamblea Nacional.

5. Contratación por horas en turismo: permitir esta modalidad solo para jóvenes en su primer empleo, garantizando derechos laborales.

6. Juicio político a jueces constitucionales: Establecer que los jueces de la Corte Constitucional podrán ser destituidos por la Asamblea.

7. Reapertura de casinos: permitir salas de juego en hoteles cinco estrellas, con tributos destinados a combatir la desnutrición infantil.

¿Qué implican estas reformas?

Esta nueva propuesta de referéndum llega meses después de la primera consulta de Noboa, celebrada en abril de 2024, en la que solo algunas preguntas fueron aprobadas. En esta ocasión, el enfoque apunta a cambios estructurales dentro del aparato estatal, incluyendo la disolución de un organismo clave como el CPCCS, la reforma legislativa y la posibilidad de volver a autorizar la presencia de fuerzas extranjeras en suelo nacional.

Aunque el Gobierno ha presentado la consulta como una herramienta de modernización, varias voces en sectores jurídicos y sociales advierten que muchas de las preguntas requieren reformas constitucionales de fondo, y podrían alterar el equilibrio de poderes, los mecanismos de control y la representación política.

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¿Consulta o estrategia política?

El anuncio ocurre en medio de tensiones internas en la Asamblea y un clima electoral anticipado. Noboa busca reposicionarse políticamente con una agenda que combine gobernabilidad y reformas estructurales. Sin embargo, la Corte Constitucional aún debe pronunciarse y determinar si las preguntas cumplen con los requisitos legales para someterlas a consulta.

Preguntas repetidas y observaciones pendientes

Un aspecto clave que no ha pasado desapercibido es que algunos temas ya fueron planteados en la consulta popular anterior de abril de 2024, aunque con redacción diferente. Por ejemplo, el trabajo por horas, el sistema legislativo y los ajustes al CPCCS ya estuvieron entre los ejes sometidos a votación en esa ocasión.

Aunque el presidente no ha mencionado esto directamente, la repetición de temas ya evaluados por la ciudadanía o por la Corte Constitucional podría generar cuestionamientos tanto legales como políticos. Expertos coinciden en que es importante tomar en cuenta las observaciones previas emitidas por el organismo constitucional y los resultados del proceso anterior, para evitar redundancias o conflictos de interpretación.

Por ahora, el Gobierno ha planteado los temas, pero el debate recién comienza, tanto en lo técnico como en lo político.

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La vocera gubernamental Carolina Jaramillo confirmó este lunes que, tras la declaratoria de desierto del proceso liderado por Celec para alquilar 260 megavatios de turbinas termoeléctricas, se activará «inmediatamente» un plan de alquiler de energía flotante por 230 megavatios. El anuncio llega en un contexto crítico: desde septiembre, Ecuador enfrentará el estiaje, período de sequía que reduce el caudal de ríos y limita la generación hidroeléctrica, fuente del 90% de la matriz nacional.

Antecedentes

Según Jaramillo, todas las ofertas para las turbinas fueron no pasaron los filtros por incumplir requisitos, revelando fallas en la planificación energética. La solución ahora planteada —barcazas— ya fue implementada en 2023 con resultados cuestionables: tres plantas flotantes de la turca Karpowership costaron USD 250 millones, pero los apagones alcanzaron 14 horas diarias. Además, en septiembre de 2024, una de estas barcazas redujo su producción a 12 MW por fallas logísticas en el suministro de combustible, evidenciando vulnerabilidades operativas.

En julio de 2024, una investigación de Primicias reveló que la barcaza Emre Bey zarpó de Turquía días antes de que Celec lanzara su licitación, mientras una denuncia por presunto tráfico de influencias envolvía al entonces ministro Roberto Luque y al gerente de Celec. Pese a ello, el Gobierno insistió en el modelo de emergencia, amparado en la declaratoria de excepción de abril de 2024.

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La noticia llega en un contexto de crisis fiscal sostenida, retrasos en pagos a proveedores estatales y reclamos por falta de inversión pública en áreas sensibles como salud, educación y seguridad. Sin embargo, el Ejecutivo insiste en que este nuevo endeudamiento responde a “acuerdos estratégicos” con el país asiático.

Un patrón que se repite

Este no es el primer acuerdo financiero de gran magnitud entre Ecuador y China. Desde hace más de una década, el país ha firmado múltiples convenios de crédito, financiamiento de infraestructura y compromisos bilaterales que han generado tanto inversión como dependencia.

Lo que preocupa, una vez más, es la escasa transparencia sobre las condiciones de este préstamo: ¿cuál es la tasa de interés?, ¿hay garantías involucradas?, ¿qué entidades ejecutarán los proyectos?, ¿se usarán empresas chinas para la obra pública, como ha ocurrido en el pasado?

Ninguna de esas preguntas ha sido respondida aún por la Cancillería ni por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Energía… pero ¿para quién?

Aunque el crédito se destinará al sector energético, no se han detallado los proyectos específicos que recibirán los fondos. Se desconoce si se trata de generación eléctrica, mejora de redes de transmisión, inversión en energías renovables o expansión petrolera.

Organizaciones de la sociedad civil y economistas han advertido que sin claridad técnica ni social sobre las obras, este tipo de endeudamiento puede terminar priorizando megaproyectos poco útiles, costosos o sin retorno real para la población.

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Una deuda que sigue creciendo

Con este nuevo crédito, Ecuador suma más de USD 7.000 millones en deuda bilateral con China, según datos del Ministerio de Economía. A eso se suma el peso de la deuda externa total, que ya supera el 60 % del PIB. Mientras tanto, la presión fiscal sigue ahogando al Estado y los desembolsos comprometidos en áreas sociales se postergan.

¿Alivio económico o dependencia política?

En los últimos meses, el gobierno de Daniel Noboa ha intensificado su relación con Beijing, buscando financiamiento, cooperación comercial y respaldo internacional. El crédito actual podría interpretarse como un gesto diplomático. No como una nueva señal de dependencia estructural, bajo la apariencia de inversión estratégica.

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