TODO ESTABA LISTO PARA SU VIAJE

Según medios de comunicación nacionales, pocas horas antes Adolfo Macías Villamar habría sido retirado del Centro de Privación de Libertad La Roca bajo un fuerte resguardo policial y militar. La SNAI habría confirmado su salida vigilada por fuerzas militares.

TUIT EL DATO: https://x.com/ElDatoEcua/status/1947033208454832582

Según el medio afín al gobierno, El Dato, con imagen del avión estadounidense aterrizando al país las extradición, indicó que del líder de la banda de crimen organizado ‘Los Choneros’ se daría en pocas horas, sin embargo, hay medios que confirman su salida desde el aeropuerto de las FFAA de Guayaquil.

Hasta las 20:20 de hoy no se encontró información sobre este vuelo que habría llevado a Adolfo Macías hacia Estados Unidos en las páginas oficiales del Ejecutivo, 25 días después luego de haber sido aceptada la extradición por parte de Alias Fito.

PROCESO DE EXTRADICIÓN

La prohibición a las extradiciones a condenados por la justicia ecuatoriana fue eliminada en la consulta popular del 2024. Macías fue recapturado el pasado 25 de junio, tras un operativo militar en su domicilio en Montecristi, un año y medio después de su fuga del Centro Penitenciario de Guayaquil.

El 8 de julio de 2025, el gobierno estadounidense solicitó su extradición para ser juzgado en ese país sobre siete cargos por crimen organizado y narcotráfico.

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En abril de 2024, la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York encontró cargos en contra del cabecilla de ‘Los Choneros’ por asociación ilícita para distribución internacional de cocaína, contrabando de mercancías, compra de armas por terceros, uso de armas en tráfico de drogas y tráfico de cocaína.

La Corte Nacional de Justicia de Ecuador aceptó el pedido de Estados Unidos y el destino de Macías quedó en manos del primer mandatario. Este domingo 20 de julio circularon videos en redes sociales sobre el aterrizaje de un avión estadounidense al aeropuerto de las FFAA en Guayaquil. Noticia en desarrollo.

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Abogados de Glas y Serrano reaccionan

La tarde del viernes 27 de junio, el condenado Daniel Salcedo llegó al Complejo Judicial Norte de Quito acompañado de un fuerte resguardo policial para rendir su testimonio sobre el asesinado de Fernando Villavicencio, ocurrido en agosto de 2023. Dos años después, la Fiscalía General del Estado retoma las investigaciones para dar con el o los autores intelectuales del magnicidio, en cooperación eficaz. Salcedo habría mencionado montos y nombres ante un juez y un fiscal, desde la cámara Gesell. Después de la diligencia, los abogados de Jorge Glas y José Serrano dijeron ante los medios de comunicación que sus clientes no tienen ningún rol de participación. Dámaris Cáceres, abogada del exvicepresidente, aseguró que su defendido no habría sido mencionado de manera directa en el testimonio y que los señalamientos a exautoridades de gobiernos pasado han sido muy escuetos, según las declaraciones publicadas en el medio El Dato.

Por su parte, el abogado del exministro del Interior indicó que no existen pruebas de que su defendido esté involucrado en el caso a pesar de que se ha dicho que se presentarían en la diligencia. Esta versión se encontró en el medio digital El Portal.

Diligencia reservada

Ante estas declaraciones, la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado oficial donde advirtió el inicio de acciones legales contra las personas que hayan difundido información catalogada como reservada, puesto que el testimonio constituye una diligencia a la que únicamente tienen acceso los sujetos procesales.

Sin embargo, cuatro meses después del crimen, la exfiscal ya anunciaba sus sospechas de Javier Jordán como uno de los involucrados. En una entrevista en el medio Teleamazonas, de diciembre de 2023, la exfiscal Diana Salazar dijo que en conversaciones de chats, de mayo hasta octubre de 2022, se revelaba una con Jordán en la que presuntamente solicitó fotografías, documentos, contactos y nombres de personas cercanas a Villavicencio.

También señaló que la información que se filtró del político provenía de bases de datos de la función pública, como ubicación desde el ECU 911, coordenadas, tarjetas de filiación, fichas y otras, que solo tenían acceso determinadas personas. “Imagínese que tenían a la mano todo lo necesario para cuando Fernando se les perdiera”, aseguraba la titular de la Fiscalía cuando aún estaba en funciones.

¿Hubo financiamiento y un financista?

Las declaraciones de ambos abogados coinciden en que Salcedo habría señalado que el asesinato de Villavicencio fue financiado con sumas de 20.000, 30.000 y 200.000 dólares pero que, ninguno de estos recursos representaría necesariamente momentos de pagos. Los periodistas mencionaron el nombre de Javier Jordán como el presunto financista, sin embargo, ninguna de las partes confirmó el nombre e indicaron que esta información está en la investigación de la Fiscalía.

Entre los nombres que se habrían mencionado de forma indirecta en el testimonio de Salcedo, estarían el del empresario Javier Jordán, así como el de un exministro identificado como “Pepe”, que algunos relacionan con José Serrano. También se habría afirmado la participación de actores cercanos a un movimiento político, aunque sin acusaciones directas ni documentación verificable. Estas menciones han generado una nueva ola de tensiones políticas y mediáticas.

¿Rumores, especulaciones o verdad a voces?

Desde los espacios virtuales, tanto actores políticos como ciudadanos han cuestionado que este proceso podría estar siendo manipulado con fines políticos, especialmente por figuras públicas que buscan vincular a un movimiento político sin pruebas sólidas.

Sin embargo, el testimonio de Daniel Salcedo deja en evidencia las tensiones entre justicia, poder y verdad. Mientras se mencionan o rumoran nombres que generan ruido político y mediático, las defensas insisten que se trata de acusaciones infundadas y esperan que la investigación sea transparente.

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La inseguridad no ha sido resuelta

Aunque el presidente de la República afirmó en medios internacionales que los niveles de violencia en Ecuador han disminuido, la realidad que vive la ciudadanía a diario refleja todo lo contrario. La supuesta “reducción” de homicidios no se traduce en tranquilidad ni en que “algo maravilloso y mágico está ocurriendo”, porque el crimen organizado no se combate con actos publicitarios de aprehensiones ni tranques de guerra en las calles, sino con políticas sociales profundas, con acceso a oportunidades y con un Estado que no abandone a los más vulnerables.

Más deuda, menos soberanía

Mientras se distrae a la opinión pública con operativos y discursos de “orden”, se sigue comprometiendo al país con organismos multilaterales. Ecuador acumula ya una deuda alarmante con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y los últimos préstamos aprobados, que suman cientos de millones de dólares, se están destinando a reforzar aparatos represivos en lugar de fortalecer el tejido social.

El  disfraz del autoritarismo

Las tres leyes, recientemente aprobadas, han sido presentadas como un mecanismo moderno para combatir la corrupción y eficientar el Estado. Sin embargo, en la práctica, se convierte en una herramienta peligrosa para consolidar un modelo autoritario, centralizador y excluyente. Más allá de fortalecer la institucionalidad, reduce los controles previos en la contratación pública y elimina garantías constitucionales fundamentales.

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Finalmente, la recaptura de Alias ‘Fito’ no debe confundirse con un verdadero avance en seguridad, sino entenderse como parte de una estrategia política que utiliza el miedo para justificar retrocesos estructurales.

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