La decisión fue anunciada al término de la primera sesión del Comité, un ente creado recientemente por Decreto Ejecutivo. Edgar Lama, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), fue enfático al señalar que la medida busca «quitar el financiamiento a las mafias de la salud que por años han luchado por capturar hospitales».

Lama reveló que existen al menos 100 investigaciones internas en curso por presuntas irregularidades y destacó la repetición «sospechosa» de ciertos proveedores en los procesos de compra. Afirmó que, por primera vez, se implementará un «sistema digital incorruptible» para rastrear de forma transparente el inventario y la distribución de todos los medicamentos.

Ajuste en el flujo de recursos y compras

La ministra de Finanzas, Sariha Moya, aportó cifras concretas que evidencian el problema: de los USD 200 millones presupuestados este año para medicamentos, apenas se han ejecutado USD 100 millones. Aseguró que, a pesar de esta inversión, el desabastecimiento en los hospitales persiste, lo que apunta a «muchas irregularidades» en los mandos medios operativos.

Jimmy Martín, titular de la cartera de Salud, detalló que la descentralización no recaerá en cada hospital o dispensario, sino que se concentrará en el Ministerio de Salud y el IESS, quienes asumirán la responsabilidad directa de las adquisiciones para garantizar mayor control y eficiencia. «Tenemos que dar un paso firme, pero también estratégico y coordinado desde el Ejecutivo», afirmó.

Desde la Secretaría General de la Administración Pública, Cynthia Gellibert sentenció: «Durante décadas, la salud ecuatoriana siempre fue tratada como un negocio. Hoy este Gobierno le pone punto final al negociado en los hospitales».

Medidas insuficientes

La decisión gubernamental no estuvo exenta de críticas. Desde la bancada de Revolución Ciudadana, la asambleísta Christina Jácome tachó al nuevo Comité de redundante, al recordar que ya existe el Consejo Nacional de Salud (CONASA), establecido por ley y con experiencia en la materia. «Parece que algunos prefieren inventar comités y redescubrir el agua tibia», ironizó.

Su colega la asambleísta Viviana Veloz, consideró que la medida «llega tarde» y no ataca el fondo del problema: la falta crónica de presupuesto. Veloz exigió la declaratoria de emergencia del sistema de salud, argumentando que la crisis actual «desbordó hospitales y golpea más fuerte que en la pandemia«. Enumeró una serie de requisitos que, a su juicio, son indispensables: inversión real en infraestructura, equipos, pago a personal y una lucha firme contra la corrupción.

Frente al reclamo de emergencia, el Gobierno se negó en rotundo. Su postura oficial es que no existen las causales legales para tal declaratoria y que, además, esta podría abrir una «puerta a la corrupción».

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Tuit Cámara Comercio Quito: https://x.com/lacamaradequito/status/1957556217460502890?t=HcNxQ4FB0E6OO6Q4sYv35w&s=19

Tuit Cámara Producción:

https://x.com/CamaraCIP/status/1957552329693040803

Según fuentes policiales, el ataque fue perpetrado por sicarios que llegaron en motocicleta, disparándole en varias ocasiones en la cabeza. Aguayo murió en el lugar antes de que pudiera recibir atención médica. La Policía Nacional ha iniciado investigaciones para determinar si el crimen estaría relacionado con extorsiones, aunque esta hipótesis aún se encuentra bajo análisis.

Investigación en curso

La Policía ha recolectado evidencias balísticas y testimonios de testigos cercanos a la farmacia. Además, se están revisando cámaras de seguridad de la zona para identificar a los responsables. Autoridades locales han declarado que se trabajará con “toda la capacidad investigativa” para esclarecer los hechos y evitar impunidad.

El Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO) indica en su análisis estadístico semestral que la proporción de homicidios por uso de armas de fuego incrementó en 5 puntosporcentuales respecto al primer semestre de 2024 y que el 78,61% de homicidios intencionales se concentra en tres zonas de planificación —zonas 8, 4 y 5—, con un 39,5% correspondiente a la zona 8 que incluye Guayaquil, Durán y Samborondón. Guayaquil concentra el 31,7% de homicidios de todo el país.

Un líder gremial comprometido

Aguayo fue una figura destacada en el sector empresarial de Esmeraldas. Como presidente de la Cámara de Comercio, promovió iniciativas para fortalecer el comercio local y la seguridad en el sector productivo. Además, su labor como médico le ganó el respeto y aprecio de la comunidad. Su asesinato ha generado conmoción entre empresarios y ciudadanos que lo conocían.

Contexto de violencia en la región

Este crimen se suma a una serie de hechos violentos en Esmeraldas y otras provincias, donde los ataques a empresarios y comerciantes han ido en aumento, generando preocupación sobre la seguridad y la influencia del crimen organizado en la región.

Organizaciones sociales y gremiales han pedido a las autoridades acciones rápidas y efectivas para frenar la ola de violencia y garantizar la protección de líderes comunitarios y empresarios.

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Este asesinato se suma a uno de los casos de violencia en el país, mientras el gobierno celebra sus propias “victorias” en materia de seguridad, sin ofrecer respuestas efectivas para proteger a empresarios y ciudadanos frente a la ola de criminalidad que azota a Ecuador.

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El Decreto Ejecutivo 308, activado a las 00:00 de este martes 12 de agosto, sustituye el modelo de fijación de precios por un esquema de Precio de Paridad de Importación (PPI), trasladando íntegramente los costos internacionales a los consumidores ecuatorianos.

Según documentos oficiales, el cálculo ahora internaliza variables como el riesgo país, márgenes logísticos, seguros y hasta rendimientos de la deuda interna ecuatoriana, una vinculación inédita entre política fiscal y precios de hidrocarburos. La excepción es el diésel, congelado en USD 1.79 por «relevancia productiva», un guiño al sector empresarial que contrasta con el ajuste a gasolinas de uso masivo. Mientras la Súper de 95 octanos escaló de USD 3.48 a USD 3.57%.

Sistema de bandas de precios

La Cámara de Distribuidores (Camddepe), liderada por Oswaldo Erazo, confirmó las alzas en redes sociales, pero recordó que el sistema de bandas de precios limita mensualmente las variaciones con un margen de aumento de hasta el 5% mensual y una disminución de hasta el 10%.

Pese a que el decreto ordena revisar esas tarifas en 60 días, Noboa activó el nuevo cálculo financiero este 12 de agosto. El próximo ajuste, el 11 de septiembre, confirmará si las «bandas» son un dique o una catapulta de precios.

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Masacre en altamar

En El Guabo, provincia de El Oro, 60 sujetos armados en lanchas interceptaron una embarcación civil cerca de La Gabarra este viernes. Sobrevivientes relataron a como los atacantes lanzaron granadas tras acorralar a entre 12 y 15 personas en la bodega del navío, incendiándolo.

La Policía Nacional confirmó 4 muertos y 7 heridos, aunque la cifra podría aumentar ante la desaparición de víctimas. Los heridos fueron derivados a centros de salud en Machala y Puerto Bolívar. Fuentes policiales atribuyen el ataque a una disputa entre los grupos narcocriminales Los Lobos y Sao Box por rutas marítimas.

Inseguridad en las calles de El Oro

Mientras tanto, en Machala, dos sicariatos se ejecutaron en menos de 24 horas: uno en plena vía pública y otro en el barrio Los Algarrobos.

En Huaquillas, un ataque armado dejó dos muertos —uno con antecedentes penales y una comerciante como daño colateral—. En Pasaje, un bombero voluntario previamente amenazado fue ejecutado a balazos.

Matanza en Guayas

La madrugada de este 10 de agosto, ocho personas (7 hombres y 1 mujer) fueron acribilladas frente a una discoteca en Santa Lucía. Agentes hallaron más de 90 restos de bala en la escena. Siete víctimas murieron en el acto; la octava falleció en un hospital.

Entre los identificados figuran Jorge Luis Urquizo Ferruzola (hermano del alcalde de Santa Lucía) y dos hombres con procesos por robo y homicidio. Un día antes, en Daule, dos personas fueron asesinadas en su vivienda de la urbanización Málaga II tras ser localizadas por sicarios que superaron controles de seguridad.

Estado de excepción

El presidente Daniel Noboa justificó el estado de excepción (vigente desde el 6 de agosto) por el «incremento de violencia por grupos armados organizados«. Sin embargo, las masacres ocurridas posteriormente al decreto cuestionan la efectividad de la medida.

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De mantenerse esta tendencia, Ecuador finalizaría el año con una tasa de 52 homicidios por cada 100.000 habitantes, la más elevada en su historia y de la región latinoamericana. Pese a los estados de excepción decretados por el presidente Daniel Noboa para combatir a bandas criminales en el marco del «conflicto armado interno», los primeros cinco meses de 2025 fueron los más violentos registrados, con mayo como el peor mes (926 homicidios).

Epicentros de la violencia

• – Guayaquil y su área metropolitana concentran el 31.7% de los homicidios nacionales. La Zona 8 (Guayaquil, Durán, Samborondón) acumula el 39.5% del total.
• – Durán registra una tasa de 103.31 homicidios por 100.000 habitantes, liderando el ranking en cantones poblados.
• – Los Ríos es la provincia más violenta (61.32/100.000), con los cantones de Puebloviejo (187.64) y Quinsaloma (111.41) entre los cinco más críticos del país.

Tendencias alarmantes

1. Adolescentes en riesgo: Los asesinatos de jóvenes entre 10 y 19 años aumentaron 68% (504 casos vs. 300 en 2024).
2. Armas de fuego: Su uso en homicidios creció 5 puntos porcentuales respecto a 2024, alertando sobre el tráfico ilegal.
3. Minería ilegal: Provincias amazónicas como Zamora, Pastaza y Orellana reportan incrementos sustanciales de violencia vinculada a la minería. Las Naves es un epicentro minero considerado el cuarto cantón más violento.

El análisis del OECO-PADF, basado en datos oficiales del Ministerio del Interior y proyecciones del INEC, advierte que la reducción de homicidios observada en 2024 fue revertida drásticamente. El documento subraya que los homicidios intencionales son el «principal indicador de inseguridad» y destaca la consolidación de patrones del crimen organizado en zonas estratégicas.

Lee aquí el informe:

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El exministro de Salud, Pepe Ruales, desmintió oficialmente que se haya saldado la deuda con SOLCA (Sociedad de Lucha Contra el Cáncer), revelando que el MSP adeuda 160 millones a sus 10 sedes provinciales —duplicando la cifra desde diciembre de 2023— y que solo ha pagado 26 millones en 2025.

Emergencia alimentaria en hospitales

Principales centros médicos de Quito, como el Hospital Enrique Garcés (330 camas) y el Eugenio Espejo (400 camas), recurren al Banco de Alimentos de Quito para obtener víveres. Una fuente de esa entidad confirmó a PRIMICIAS haber entregado más de 1.700 kilos de pollo y verduras desde junio de 2025, tras la solicitud de autoridades hospitalarias.

Personal médico y administrativo —incluyendo a profesionales con más de 20 años de servicio— denunció anónimamente que deben llevar alimentos desde sus hogares para cocinar y compartir con pacientes, debido a la falta de presupuesto. Mercedes Almagro, presidenta de la Asociación de Médicos, corroboró que el Eugenio Espejo suspendió la alimentación a pacientes y trabajadores porque «los proveedores no reciben pagos«.

Protestas y denuncias de corrupción

Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, exigió al gobierno «sensibilidad y solidaridad» ante la escasez de insumos para pacientes crónicos, especialmente renales. Kevin Valdez, portavoz de estos pacientes renales, reveló que la deuda estatal con centros de diálisis supera los USD 300 millones  e hizo un llamado de auxilio a organismos internacionales.

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Con una puntuación de 0.93/1, Los Frailes figura en el puesto 11 a nivel general entre más de 200 playas evaluadas de 11 países. Es también la mejor ubicada del Ecuador en este ranking internacional que no solo considera la estética del lugar, sino su desempeño ambiental, social y de gestión costera.

“Este trabajo supone un avance significativo en la gobernanza costera, al integrar ciencia, gestión ambiental y participación social en un enfoque innovador y multidimensional”, señalan los coordinadores del informe, Elaine de Oliveira y Camilo M. Botero.

Evaluación técnica y enfoque ambiental

A diferencia de otros listados turísticos, el ranking del CIF Playas se construyó a partir de una metodología científica basada en un Marco de Priorización de Playas. Esta herramienta analiza 20 criterios divididos en cuatro dimensiones clave: recreación, protección costera, conservación ambiental y condiciones sanitarias.

En el caso de Los Frailes, su alto puntaje se debe a su estado de conservación natural, la calidad de sus aguas, la baja intervención humana y el entorno protegido en el que se encuentra. Su categoría es de playa natural, lo que implica un mayor peso en los indicadores ecológicos y de protección. “Las playas como Los Frailes, con hábitats bien conservados y baja presión humana, representan sistemas socio-naturales clave que deben ser protegidos y reconocidos”, destaca el informe.

Ecuador en el mapa costero de América Latina

Este reconocimiento posiciona a Los Frailes como un referente del turismo costero sostenible en la región. También evidencia el potencial de las playas ecuatorianas para figurar en estándares internacionales, siempre que se prioricen acciones de gestión, conservación y regulación del turismo.

El Ranking de Mejores Playas 2025 es desarrollado por CIF Playas y la Red Iberoamericana Proplayas, con participación de 71 expertos de distintas disciplinas. Las playas fueron evaluadas con visitas en terreno, datos geoespaciales y consultas a comunidades locales.

El informe completo está disponible en: https://www.rankingmejoresplayas.com

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Quito, 31 julio (La Calle).- Este 30 de julio de 2025, grupos de activistas protagonizaron una marcha pacífica pero enérgica en Quito para rechazar el Decreto Ejecutivo Nº 60 emitido por el presidente Daniel Noboa. Esta disposición, que ordena la fusión de seis ministerios y el despido de 5.000 funcionarios públicos, ha generado preocupación por el debilitamiento institucional de carteras clave como la del Ambiente y la de la Mujer y Derechos Humanos.

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DECRETO 60 ELIMINA MINISTERIOS CLAVES

El Decreto Ejecutivo Nº 60, firmado el 24 de julio de 2025, establece la fusión del Ministerio de la Mujer con el Ministerio de Gobierno, y del Ministerio del Ambiente con la cartera de Energía y Minas. La medida también contempla una masiva desvinculación de personal público. Organizaciones civiles advierten que estas fusiones invisibilizan agendas fundamentales como la defensa del ambiente y la protección de derechos de mujeres y niñas.

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MUJERES LIDERAN LA MARCHA EN QUITO

La protesta comenzó en los exteriores del Ministerio de la Mujer y culminó frente al Ministerio del Ambiente, en el norte de la capital. Con pancartas, tambores y consignas como “¡Fuera, Noboa, fuera!”, las manifestantes denunciaron que eliminar instituciones orientadas a garantizar derechos es una regresión inaceptable. Algunas portaban cruces negras y nombres de víctimas de femicidio como símbolo de denuncia.

TUIT Secretaría General de Integridad Pública EC: https://x.com/Integridad_EC/status/1950707990069227562

FUNDACIÓN ALDEA ALERTA POR VIOLENCIA DE GÉNERO

Datos de la Fundación Aldea revelan que entre el 1 de enero y el 15 de marzo de 2025 se registraron 82 femicidios en Ecuador, de los cuales al menos 12 fueron contra niñas o adolescentes. Estos datos refuerzan la crítica de que eliminar el Ministerio de la Mujer desmantela políticas urgentes frente a la violencia de género.

La movilización ciudadana contra el Decreto 60 evidencia el rechazo a medidas que, según organizaciones sociales, vulneran derechos fundamentales y debilitan la estructura institucional del país. Las protestas continúan y se prevé que más colectivos se sumen en los próximos días en defensa de los derechos humanos y ambientales.

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Quito, 29 julio (La Calle).- Ecuador atraviesa una profunda transformación demográfica. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en 2024 se registró la tasa de natalidad más baja de los últimos 34 años. Los nacimientos cayeron en 1,4 por cada 1.000 habitantes respecto al año anterior, revelando una tendencia sostenida a la baja desde la década de 1990. Esta disminución, que pone al país en camino hacia el envejecimiento poblacional, ya provoca debates sobre sus posibles impactos económicos y sociales. Es así que la natalidad cae a su punto más bajo en 34 años

Nacimientos en descenso: más de 24.000 menos en un año

De acuerdo con cifras del INEC, Ecuador pasó de registrar 180.272 nacimientos en 2022 a 156.220 en 2023, lo que representa una caída de más de 24.000 alumbramientos en solo 12 meses. En 2024, los nacimientos sumaron 215.714, manteniéndose en niveles históricamente bajos. La tasa global de fecundidad también se redujo a 1,7 hijos por mujer, por debajo del nivel de reemplazo poblacional de 2,1.

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Adolescentes aún dan a luz, pero el grueso de nacimientos proviene de mujeres de 20 a 34 años

Pese a la baja natalidad, el número de embarazos adolescentes no muestra cambios significativos. En 2024, 1.621 niñas entre 10 y 14 años y 30.580 adolescentes entre 15 y 19 años fueron madres. Sin embargo, los rangos de edad con mayor frecuencia de nacimientos se ubicaron entre los 20 y 34 años, donde se concentra más del 70% de los partos.

La Amazonía lidera en nacimientos; Pichincha, a la cola

Las provincias con mayor número de nacimientos son Napo, Morona Santiago, Orellana, Sucumbíos y Pastaza. En contraste, las tasas más bajas se registran en Pichincha, Azuay, Carchi, Tungurahua y Loja. En cuanto a la salud perinatal, el informe del INEC señala que el 61,8% de las defunciones fetales se deben a causas no especificadas, mientras que el 20,2% corresponde a hipoxia intrauterina.

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¿Está Ecuador preparado para enfrentar su futuro demográfico? Expertos como Jorge García Guerrero, exdirector del INEC, advierten que Ecuador está en medio de una “transición demográfica avanzada”. El envejecimiento de la población ya es una realidad que podría afectar el sistema de salud, la seguridad social y el mercado laboral. Mientras tanto, Eva María Mera, actual directora del INEC, atribuye esta caída de la natalidad a factores como el acceso a la educación, el uso de anticonceptivos y cambios culturales. El desafío está sobre la mesa: el país debe anticiparse y adaptar sus políticas públicas a esta nueva etapa.

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El 20 de agosto de 2023, el 58.91% de los votantes ordenó la suspensión total de actividades en este territorio. La zona es considerada uno de los epicentros de biodiversidad planetaria y hábitat de pueblos indígenas en aislamiento voluntario (PIAV).

Pese al mandato de la Corte Constitucional, la producción petrolera continúa sin interrupción. Yasunidos señaló que el gobierno ha creado «excusas, trámites y comités fantasmas» para evadir la voluntad ciudadana, incumpliendo tres obligaciones centrales.

• No suspensión de operaciones en el Bloque 43, pese al plazo de un año para desmantelamiento progresivo.
• Falta de revocatoria de licencias ambientales e inicio del retiro de infraestructura.
• Desprotección crítica de territorios PIAV, sin acciones para garantizar su derecho al no contacto.

Un llamado al cumplimiento de la voluntad popular

El colectivo enfatizó que el Comité de Ejecución de la Voluntad Popular —creado tardíamente por el gobierno de Daniel Noboa— solo se ha reunido dos veces sin resultados concretos.

La exigencia de acción judicial urgente se agrava por el Decreto Ejecutivo No. 60, que debilita al Ministerio de Ambiente y a la cartera de Derechos Humanos al fusionarlos con otros Ministerios. Yasunidos alertó que este marco «promueve un retroceso institucional» y consolida una tendencia regresiva del gobierno contra derechos colectivos y ambientales.

«La Corte Constitucional debe defender la soberanía popular. El Yasuní no se negocia«, cerró el colectivo, emplazando al máximo tribunal a ordenar la suspensión inmediata de actividades en el bloque y sancionar a las autoridades responsables.

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Quito, 28 julio (La Calle).- Desde 2017, la calidad de los servicios públicos en Ecuador ha ido en declive. El despido masivo de funcionarios y la eliminación progresiva de instituciones han reducido la capacidad operativa del Estado, afectando directamente a la ciudadanía. Esta tendencia, marcada por las decisiones de los gobiernos de Lenín Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa, ha coincidido con el fortalecimiento de los vínculos financieros con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que impone exigencias de ajuste estructural a cambio de préstamos millonarios.

REDUCCIÓN DEL ESTADO IMPACTA EN LA VIDA DIARIA

Los efectos de los recortes estatales ya se sienten en todo el país. En el Registro Civil, la falta de turnos para cédulas y pasaportes genera malestar ciudadano, mientras que hospitales públicos enfrentan escasez de medicamentos e insumos básicos. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la percepción de la calidad del servicio público cayó de 6,9 puntos en 2014 a 6,4 en diciembre de 2024, con una tendencia a la baja desde el gobierno de Lenín Moreno.

DE 130 A 101 INSTITUCIONES EN 8 AÑOS

Tras la salida de Rafael Correa en 2017, que dejó 130 instituciones activas, Moreno eliminó 29 entidades y recortó más de 67.000 cargos bajo su “plan de optimización”. Lasso continuó esta política, y ahora Noboa profundiza el recorte: desde el 24 de julio de 2025 inició el despido de 5.000 funcionarios públicos y anunció la fusión de ministerios, reduciendo de 20 a 14 carteras y de nueve a solo tres secretarías. Esta medida representa una disminución del 41% en el tamaño del gabinete ministerial.

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FMI MARCA LA HOJA DE RUTA

La influencia del FMI ha sido determinante en este proceso. Desde 2020, Ecuador firmó múltiples acuerdos con el organismo internacional. El más reciente, firmado el 31 de mayo de 2024, por USD 4.000 millones y ampliado a USD 5.000 millones en julio de 2025, exige una reducción constante del gasto público, incluidos sueldos, inversión y funcionamiento estatal. Noboa, al igual que sus antecesores, ha alineado su política económica con los lineamientos del Fondo, priorizando la “racionalización del gasto” sobre la calidad de vida de la población.

TUIT Secretaría General de Integridad Pública EC: https://x.com/Integridad_EC/status/1949092338602778740

UNA EFICIENCIA QUE EXCLUYE

Mientras el Gobierno central cumple con los indicadores de eficiencia impuestos por organismos multilaterales, miles de ecuatorianos enfrentan un Estado cada vez más ausente. La reducción del gasto y la eliminación de instituciones no solo debilitan la estructura pública, sino que agudizan la crisis social en sectores vulnerables. La pregunta que queda es: ¿quién se beneficia de esta eficiencia si los servicios básicos siguen deteriorándose?

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Según estimaciones preliminares, más de 10.000 funcionarios podrían ser despedidos en las próximas semanas. Las áreas afectadas no serán técnicas ni estratégicas. Serán —otra vez— las de soporte: Administración, Talento Humano, Comunicación Social, Financiero, Compras Públicas y Tecnología.

Aún no hay cifras oficiales, pero en cada institución ya se están levantando listas con nombres de quienes se quedarán y de quienes serán notificados de su desvinculación.

¿Quién se salva?

Solo se mantendrá el personal que, en palabras del Gobierno, “agrega valor”. En la práctica, esto significa técnicos especializados y operativos. Por ejemplo:

• En la Senescyt, que será absorbida por el Ministerio de Educación, no serían despedidos docentes universitarios.
• En el Ministerio del Ambiente, que se fusionará con Energía, se conservaría al personal técnico.

Todo lo demás está en revisión. El mensaje es claro: el peso del ajuste no lo pagarán los asesores de los grandes despachos que ganan de 3.000 para arriba, sino quienes hacen que el Estado funcione en silencio, esos engranajes que hacen que la maquina funcione correctamente por un sueldo que a lo sumo superaría los 1.000 dólares.

Sin embargo, nada está dicho. Como ya fue mencionado días anteriores, pese a que el gobierno fue enfático en decir que no despediría a médicos y docentes, personal sanitario fue desvinculado de la Maternidad Isidro Ayora.

Las fusiones confirmadas

Estas son las instituciones que dejarán de existir como tales y se integrarán a otras:

• Ministerio de Cultura y Ministerio del Deporte → se integran al Ministerio de Educación.
• Ministerio del Ambiente → se fusiona con Energía.
• Ministerio de la Mujer → se disuelve y sus competencias pasan al Ministerio de Gobierno.
• Secretarías como Senescyt, Ecuador Sin Desnutrición, Planificación y Gestión Inmobiliaria → también serán absorbidas.

Más de 200.000 funcionarios trabajan en estas instituciones. Aunque no todos serán despedidos, los recortes ya están en marcha. El exvicepresidente Alberto Dahik anunció con entusiasmo que serían aproximadamente 50.000 nuevos desempleados en Ecuador. ¿El sector privado estará preparado para ofrecer un empleo a todos estos seres humanos que buscan llevar el pan a su casa?

¿Y la eficiencia?

Con cada recorte, se pierde también conocimiento, continuidad y capacidad de respuesta. Desde afuera, parecerá que todo sigue igual. Pero dentro, hay instituciones que se están vaciando de lo que las hacía funcionar.

El Gobierno dice que esto se trata de “modernizar el Estado”. Pero modernizar no debería ser sinónimo de precarizar. Ni de despedir sin evaluación. Ni de debilitar los servicios públicos.

En nombre del ahorro, se está despidiendo a quienes sostienen la salud, la educación, la planificación, la protección social.

Y como siempre, los que sobran nunca son los de arriba.

¿La postura de La Calle? Como siempre, los seres humanos.

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La eliminación del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, el cierre de la Secretaría Técnica de Desnutrición Infantil, la fusión del Ministerio de Ambiente con Energía y Minas, y los despidos masivos en salud, educación y cuidado son algunas de las medidas que han encendido la protesta organizada desde los territorios.

“Nos hemos declarado en Asamblea y movilización permanente”, señala el comunicado difundido este 26 de julio. Las organizaciones denuncian que este ajuste estructural no es técnico ni inocente. Es una decisión política que precariza la vida, la salud, la educación y los derechos de las personas más vulnerables del país.

Convocatoria a movilización en Quito

El Movimiento de Mujeres Diversas, Feministas y Disidencias ha convocado a una rueda de prensa para el lunes 28 de julio a las 09h00, en los exteriores de la Corte Constitucional, en Quito. Allí también presentarán su posicionamiento colectivo frente a lo que consideran un abandono institucional sin precedentes.

Asimismo, ese mismo día, a las 16h30, realizarán una movilización frente al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, como “acto simbólico de resistencia y denuncia pública”.

Exigen:

• La restitución inmediata del Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Ambiente y la Secretaría Técnica de Desnutrición Infantil.
• El cese de despidos masivos y la recuperación del empleo público en sectores sociales.
• El archivo de las reformas al sistema de pensiones.
• La publicación íntegra del acuerdo firmado con el FMI.
• Garantías para la protesta social feminista y los derechos en los territorios.

Un llamado a la prensa libre y comprometida

Finalmente, en un contexto de creciente autoritarismo y silenciamiento, el movimiento hace un llamado a una cobertura ética y rigurosa que ponga en el centro la vida, los derechos humanos y la justicia social.

“La democracia no se mide por la eficiencia presupuestaria, sino por la capacidad del Estado de cuidar a su gente”, concluyen.

#MujeresContraElAjuste.

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Los despidos se ejecutaron en menos de 24 horas después de que el Gobierno confirmara el recorte de 5.000 funcionarios públicos. Aunque el Ejecutivo insistió en que los recortes no afectarían al personal sanitario y de educación, lo ocurrido en esta casa de salud desmiente el discurso oficial.

Personal crítico fuera del sistema

Según la Federación Médica Ecuatoriana (FME), fueron desvinculados:

• Tres enfermeras del Servicio de Neonatología.
• Un médico de la Sala de Internación.
• Un médico de la Unidad de Cuidados Intensivos Maternos (UCIM).
• Una trabajadora social.
• Un bioquímico farmacéutico del Servicio de Farmacia.
• Un servidor administrativo.

La organización calificó los hechos como una “amenaza directa a la calidad y continuidad de la atención materno-infantil” y advirtió que iniciará acciones legales para exigir la reinstalación del personal afectado.

Notificaciones sin evaluación previa

El medio de comunicación Radio Pichincha confirmó que las notificaciones de despido llegaron desde la Coordinación Zonal 9 del Ministerio de Salud, sin evaluaciones previas ni justificaciones técnicas. “Solo notificaron. No hubo evaluaciones ni reuniones previas. Nos pidieron revisar los correos para ver si estábamos entre los desvinculados”, relató un médico del hospital que pidió anonimato por temor a represalias.

Los propios jefes de servicio —visiblemente consternados— alertaron a sus equipos: “Revisen sus correos, están despidiendo a personal con y sin nombramiento”, indicó una fuente interna.

¿Recorte o desmantelamiento?

Este hecho se suma a una larga lista de inconsistencias en las decisiones del Gobierno respecto al sistema público de salud. Aunque se habló de una “reingeniería institucional” para optimizar recursos, el despido de personal en áreas críticas deja al descubierto una realidad preocupante: se está debilitando la primera línea de atención materna, neonatal y farmacológica en uno de los hospitales con mayor carga asistencial del país.

La Maternidad Isidro Ayora, ubicada en el centro norte de Quito, atiende miles de partos al año y es referencia nacional en atención obstétrica de alta complejidad. Los despidos impactan no solo a los trabajadores, sino a cientos de mujeres, niñas y recién nacidos que acuden cada día en busca de atención.

¿Qué sigue?

La Federación Médica exigió al Ministerio de Salud (MSP) una revisión inmediata del proceso y denunció públicamente el incumplimiento del compromiso presidencial de “no tocar al talento humano en salud”. Hasta ahora, el MSP no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la situación.

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Quito, 15 de julio (La Calle). – Durante una de las noches más frías del invierno en Tunuyán, Mendoza, Juan Carlos Leiva, un hombre en situación de calle, murió por hipotermia tras negarse a abandonar a su perro Sultán, su única compañía. Aunque le ofrecieron refugio, Leiva rechazó toda ayuda que implicara separarse del animal. Su historia, conocida semanas después, conmovió a todo un país y expuso las fallas estructurales del sistema de asistencia social frente a quienes viven en la calle. ¡Murió de frío en Mendoza por no abandonar a su perro!

RECHAZÓ AYUDA PARA NO DEJAR A SULTÁN

El municipio de Tunuyán intentó trasladar a Leiva a un albergue nocturno, pero este se negó cuando supo que su perro no podría ingresar. Los refugios en la provincia no están preparados para recibir mascotas, lo que representa un obstáculo insalvable para muchas personas en situación de calle. “Agradecía el abrigo, pero no aceptaba dejar solo a su compañero”, relató una vecina que solía asistirlo. Juan dormía cada noche en una garita de colectivos, hasta que el frío extremo terminó por vencerlo.

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LA HISTORIA QUE MOVILIZÓ A UN PAÍS

La muerte de Leiva fue visibilizada por la Iglesia Católica y rápidamente se viralizó. Vecinos, organizaciones y artistas locales comenzaron a rendir homenaje a su gesto de amor incondicional. Sultán, el perro que lo acompañó hasta el final, hoy vive en un hogar seguro, gracias a una ciudadana que se comprometió a cuidarlo. Su historia ha despertado una ola de solidaridad y de reflexiones sobre cómo el Estado debe garantizar derechos básicos sin imponer decisiones tan desgarradoras.

EL ABANDONO ANIMAL TAMBIÉN ES UN PROBLEMA EN ECUADOR

En Ecuador, el abandono de perros se ha convertido en una problemática visible y creciente. Según organizaciones de protección animal, más de 250.000 perros viven en las calles, expuestos al maltrato, al hambre y a enfermedades. Muchos de estos casos se relacionan con la falta de educación sobre tenencia responsable y con la ausencia de políticas públicas eficaces. Así como en Argentina, miles de personas en situación vulnerable en Ecuador conviven con animales como única fuente de afecto, enfrentando también la exclusión de los sistemas de ayuda por no querer separarse de ellos.

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¿QUIÉN CUIDA A LOS QUE NO TIENEN NADA?

Desde la Municipalidad de Tunuyán reconocieron que conocían el caso y lamentaron profundamente el desenlace. “Es una situación que nos duele”, afirmaron a medios locales. También admitieron que el sistema de albergues no contempla aún la realidad de personas en situación de calle con mascotas, a pesar de ser un fenómeno común. La muerte de Juan Carlos Leiva no solo dejó una huella emocional, sino también una urgente necesidad de políticas públicas más inclusivas.

El legado de Juan Carlos no es solo una historia de tristeza, sino un grito de alerta: el sistema de asistencia debe evolucionar para reconocer los vínculos afectivos como parte esencial de la dignidad humana. La vida de una persona no puede depender de elegir entre un techo o su única compañía.

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Las labores de reparación registran un 45% de avance, mientras más de 60 tanqueros distribuyen agua gratuita en ocho puntos estratégicos. Muñoz confirmó la remoción de 90.000 m³ de lodo en la zona del siniestro y solicitó apoyo a municipios vecinos para ampliar la flota de camiones cisterna.

Además, respondió a críticas del Ministerio del Ambiente que cuestionó la falta de un plan de contingencia claro. «Bueno fuera que me llamaran a decir cuántos tanqueros necesitamos», dijo.

Puntos críticos de abastecimiento

• Tres cisternas inflables: Mercado de Guamaní (av. Quitumbe/Principal E), Parque San Francisco de Huarcay (La Ecuatoriana) y calles El Ángel/La Merced (La Argelia).
• Cinco hidrantes con tanqueros: Paraísos del Sur (av. Amaru Ñan), Hospital Padre Carollo (av. Rumichaca Ñan), Plataforma Gubernamental Sur (av. Quitumbe Ñan), Estación de Bomberos N.º6 (av. Llira Ñan) y Lucha de los Pobres (calle Manglaralto).

La distribución opera en dos turnos (05h00-13h00 y 14h00-22h00), con posibilidad de extensión según demanda.

Contexto de la emergencia

Intensas lluvias provocaron un movimiento en masa que colapsó la tubería de acero que alimenta la Planta de Tratamiento El Troje. Para repararla, se requiere retirar 180.000 m³ de escombros (equivalente a 18.000 volquetas), de los cuales ya se ha eliminado el 50%. El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Metropolitano coordina acciones con EPMAPS, Bomberos, EMSEGURIDAD y EMGIRS.

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La iniciativa surge tras documentarse 71.270 procesos judiciales por delitos sexuales entre agosto de 2014 y mayo de 2025. El informe resaltó que uno de cada cinco casos (22%) involucró a niños, niñas y adolescentes.

Según el documento al que accedió La Calle, el Ejecutivo fundamenta la medida en datos alarmantes: 6 de cada 10 víctimas de violación en Ecuador son menores de edad. El texto subraya fallas institucionales que han normalizado la impunidad, pese a que el 97% de los casos se denuncian ante la Fiscalía.

Detalles de la propuesta:

1. Castración química: Aplicable a toda persona con «sentencia condenatoria ejecutoriada por violación», aunque el contexto enfatiza su uso para proteger a menores.
2. Registro reservado: Busca impedir que condenados trabajen en escuelas, transporte infantil o centros de salud.

El gobierno citó experiencias internacionales: Chile y Colombia con registros de inhabilitación, e Indonesia y siete Estados de EE.UU. con castración química para agresores de menores. Destacó estudios que señalan una reducción de reincidencia al 2%-5% tras intervenciones médicas, frente a tasas cercanas al 50% sin ellas.

Trámite constitucional

La propuesta fue enviada a la Corte Constitucional el 11 de julio. De ser admitida, requerirá aprobación de la Asamblea Nacional. El Ejecutivo argumenta que el sistema judicial actual es «insuficiente» ante patrones de reincidencia, agravados por el crimen organizado que usa violencia sexual «para dominación o reclutamiento».

Aquí la propuesta de la reforma:

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María José Viteri lo vivió en carne propia cuando intentó cancelar su plan con Claro Ecuador. Lo que prometía ser un trámite rutinario se transformó en una pesadilla financiera: le exigieron pagar USD 25 dólares por una anulación —a pesar de que su plan mensual costaba USD 18— y un mes adicional de servicio por «tiempos administrativos».

«Además les solicité el documento o la aceptación de mi parte donde estaba de acuerdo con estos montos que tenía que pagar y la persona encargada me dijo que busque en la ley, que ahí está. Al final pedí un certificado de ya no adeudar nada y me cobraron USD 3 adicionales. Finalmente terminé pagando casi 3 veces más de mi plan actual«, declaró la usuaria en redes sociales.

Otro es el caso de Alexander Ortega, quien señaló a este medio de comunicación que en reiteradas ocasiones recibe llamadas de Claro para que cambie su operadora telefónica. El ciudadano dijo que la última vez que contestó solicitó que ya no lo contactaran, pero el personal le manifestó que si acepta el servicio lo borrarán de la base de datos.

Sumándose a las denuncias, un usuario en redes sociales manifestó su preocupación al denunciar que canceló el servicio hace dos meses con la confirmación de los mismos asesores de Claro. Sin embargo, relató que aún le exigen el pago de un plan que ya anuló.

Cobros indebidos y una sentencia constitucional

Otro es el caso de Jackie Herrera, tras seis meses esperando inútilmente que la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) activara el internet en una nueva vivienda. Canceló y pagó USD 350 por un servicio que nunca recibió. Cinco años después, al ingresar al sector público, descubrió una deuda de USD 3.500 y un juicio coactivas que le impedían ejercer su cargo al tener una deuda con esta empresa pública.

La defensa legal de CNT argumentó que la usuaria nunca entregó los routers de Wi-Fi, pese a que sí lo había hecho, según narró Herrera. Al consultar el valor de cada equipo se enteró que su costo era de USD 1.000 por unidad.

Casos similares se registraron con Movistar hasta 2018 por lo que la Defensoría del Pueblo presentó una acción de protección contra la operadora perteneciente a Otecel S.A. La demanda exponía como la empresa debitó fondos de 65 quiteños sin contrato alguno.

«Movistar respondía con promesas de ‘investigaciones de seis meses’, pero nunca solucionó el fondo del problema», señaló el organismo. Este patrón de cobros indebidos hacia los usuarios impulsó un fallo histórico. El 5 de marzo de 2025, la Corte Constitucional prohibió a todas las operadoras generar deudas por servicios o equipos no solicitados.

La sentencia, un triunfo colectivo tras años de batallas, ordenó a la Arcotel crear en seis meses protocolos estrictos de verificación de identidad, mecanismos ágiles para reclamos y regulación del manejo de datos personales. La normativa aún sigue en tratamiento. Además, exigió que las empresas informen este derecho a todos los usuarios vía SMS. «Las telefónicas han vulnerado sistemáticamente los sistemas de reparación de quejas», sentenció la Corte.

Réplica

Aún seguimos a la espera de una respuesta, sin embargo, pese a diversas denuncias de esta índole empresas como Claro manifestaron que su portal web cuenta con un portal de denuncias, en donde la operadora se compromete a responde los requerimientos. Además citó lo que estable La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales.

«La ley busca garantizar el derecho que tienen los ciudadanos ecuatorianos a que se resguarden sus datos personales, a poder acceder libremente a dicha información y a decidir sobre ella», dice la operadora en su página web.

Además, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) ya había manifestado en 2023 que atiende bajo demanda diferentes «eventos fortuitos», una vez el cliente se acerca a un centro de atención al cliente. De igual manera señaló que habría notificaciones de cobros excesivo por «descuidos del mismo usuario«.

¿Filtración de datos?

Marco Rodríguez, experto en ciberseguridad, advirtió que el consentimiento forzado en cookies de páginas web frágiles facilita el robo de datos personales. Agregó que las filtraciones masivas —como el ataque a CNT en 2022— vierten nombres, cédulas y teléfonos en la Dark Web, Telegram y Discord. Agregó que grupos delincuenciales pueden comprar estas bases de datos para realizar fraudes o suplantar identidades.

«No solamente atacantes, sino también las empresas telefónicas u otras empresas de otro rubro, llegan a obtener o a comprar esta data para comenzar a ofrecer sus productos de manera insistente, también por llamadas telefónicas», alertó.

Rodríguez recordó a la ciudadanía que la Ley de Protección de Datos personales los ampara y que pueden presentar una denuncia si descubren la filtración de sus datos desde una empresa. Además sugirió protocolos para proteger información personal en la web:

• Un método adicional para el ingreso de aplicaciones como el Authenticator
• Cambiar cada cierto período las contraseñas de cuentas privadas
• Evitar utilizar las redes de Wi-Fi públicas ya que ahí existe más riesgo de robo de datos.

¿Qué dice la Defensoría del Pueblo?

Rodrigo Varela, secretario general misional de la Defensoría del Pueblo, puntualizó que el primer paso es resolver los conflictos legales entre los usuarios y las empresas de telefonía. Si en esta instancia no se logran resolver las denuncias puede entrar en actuación la Defensoría tal como lo hizo en el 2018 al respaldar la acción de protección contra Movistar. Asimismo detalló que el organismo cuenta con mecanismos internos para llegar a acuerdos entre las partes y se repare la vulneración de derechos.

De igual manera aclaró que la sentencia de la Corte Constitucional no solo aplica para Otecel.S.A conocida como Movistar sino para todas las operadoras telefónicas. Recalcó que este dictamen genera un jurisprudencia vinculante y obligaciones de las empresas con sus usuarios.

Por otro lado, hizo hincapié en la transparencia que deben tener las empresas con sus usuarios y el respeto a la libertad de contratación. Resaltó que valores extra de pago deben estar sujetos a una documento que justifique ese cobro, de lo contrario el usuario ya puede acogerse al dictamen de la Corte Constitucional antes mencionado.

Respecto a la protección de datos, Varela declaró que actualmente trabajan en mesas técnicas con la Superintendencia de Protección de Datos Personales (SPDP) para reforzar la normativa que protege la información ciudadana. Recalcó que las empresas tienen la obligación de proteger la privacidad ciudadana, incluso, delegar a una equipo especializado que se encargue del tema.

Otras formas de denuncia

Frente a este panorama, desde octubre de 2024 la Superintendencia de Protección de Datos se convirtió en el bastión de defensa ciudadana. Cualquier persona puede denunciar llamadas no autorizadas, filtraciones o uso indebido de información personal.

El proceso es claro: descargar el formulario en sdpdp.gob.ec, adjuntar pruebas como grabaciones o capturas de pantalla, y enviarlo con firma electrónica a denuncias@sdpdp.gob.ec. «Antes de denunciar, revise si en algún contrato autorizó uso publicitario de sus datos», precisó René Orbe, intendente de Control y Sanción en Ecuavisa. Si se comprueba la infracción, las multas pueden alcanzar el 1% de la facturación anual de la empresa —una cifra millonaria para gigantes como Claro— y se ordena la suspensión inmediata del acoso. La resolución debería tardar un máximo de 40 días.

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La erosión regresiva en el río Coca y su afluente el Loco, activa desde 2020, interrumpe el flujo desde la Amazonía hasta el puerto de Esmeraldas. La estatal Petroecuador, responsable del 84% de la producción nacional, sufrió un desplome aún más agudo: su extracción cayó 76% (de 369.589 a 89.348 barriles/día), equivalente a 280.241 barriles diarios perdidos.

Este deterioro agrava la «caída libre» de la empresa pública, ya afectada por falta de inversión y trabas legales en campos estratégicos como el Bloque 43-ITT.

¿Apagón petrolero?

Las proyecciones gubernamentales de alcanzar 580.000 barriles/día en 2025 contrastan con el diagnóstico del Banco Central (BCE), que en abril redujo la estimación a 479.900 barriles. Los últimos datos de la Agencia de Regulación Hidrocarburífera revelan que, entre enero y mayo, la producción promedió 465.450 barriles/día. La nueva parálisis del OCP este 7 de julio, apenas horas después de reactivarse, confirma la insostenibilidad del modelo.

La crisis desnuda la descoordinación entre planificación estatal y capacidad operativa, donde fenómenos naturales previsibles se convierten en catástrofes recurrentes. Además dejan al descubierto la falta de protocolos ante las rotura de oleoductos.

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En su defensa, presentada ante la Comisión presidida por Ferdinand Álvarez, Goyes desmonta los dos hechos imputados: su retiro de la sesión del 16 de abril y su inasistencia a la reinstalación del 22 de abril. Argumenta que ningún marco legal obliga a un vocal a avalar propuestas que considere inconstitucionales. Además recalcó que su postura defendió el artículo 181 de la Constitución, que exige especialización en garantías jurisdiccionales.

La funcionaria recordó que desde enero de 2025 propuso un modelo técnico para la selección de jueces, el cual incluía la creación de 24 unidades judiciales, 9 tribunales de apelación y 75 jueces especializados, con un presupuesto de USD 18.7 millones. Dicha iniciativa establecía criterios de mérito, transparencia y participación ciudadana. Sin embargo, sus ocho observaciones al reglamento —presentadas entre febrero y marzo— fueron ignoradas, junto con su solicitud de una matriz comparativa.

Alegatos

El 16 de abril, durante una sesión plenaria Goyes advirtió que el reglamento en discusión vulneraba el mandato popular del referéndum de abril de 2024 y omitía la especialización judicial. Ante la falta de diálogo, se retiró tras solicitar un espacio de concertación, gestión que posteriormente lideró la vocal Yolanda Yupangui. Esto derivó en la resolución 034-2025, que incorporó tres de sus cuatro observaciones (especialización, experiencia y probidad), excluyendo la paridad.

Goyes destacó que su postura fue avalada por la Corte Constitucional mediante una sentencia del 26 de mayo que declaró inconstitucional la Resolución 006-2025 por aplicar criterios administrativos ordinarios a la justicia constitucional. La Corte ordenó rediseñar el reglamento, y Goyes enfatizó que este fallo, más no su actuación causó el retraso en el concurso de jueces. Este hecho habría afecctado la planificación de la Escuela Judicial y la asignación presupuestaria.

“He propuesto y defendido un reglamento acorde con los principios constitucionales. No hay causal para juicio político, sino coherencia con el derecho y compromiso con el país”, señala en el documento.

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