El acto fue premeditado. Desde el lunes 2 de junio, comerciantes recibieron panfletos y llamadas amenazantes exigiendo pagos de hasta USD 3.000 como «entrada» y USD 200 semanales. Según uno de los comerciantes, los extorsionadores advirtieron que incumplir estos pagos desencadenaría atentados. «Avisamos a la Policía sobre las amenazas, pero las rondas preventivas no evitaron el ataque», declaró la fuente al diario Extra.

Imágenes difundidas en redes sociales evidencian el impacto de la detonación, incluyendo un cráter de 50 cm de ancho y 35 cm de profundidad entre dos locales. Personal del consorcio de limpieza Urvaseo retiró esta madrugada escombros metálicos y restos de cemento que cubrían la zona, mientras la Empresa Municipal de Gestión de Riesgos de Guayaquil evaluaba los daños.

La Policía Nacional analiza los restos del explosivo en medio de una ola creciente de extorsiones en el sector. Comerciantes expresan alarma ante lo que describen como actos terrorismo. «Estas bandas están probando su poderío con métodos de guerra», denunció una dirigente.

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Según la cartera de Estado, las clases culminaron el pasado 28 de febrero, y hasta el 13 de marzo se desarrollaron los exámenes supletorios, la entrega de calificaciones y las juntas de curso. Los estudiantes permanecerán en vacaciones hasta el 4 de mayo de 2025.

El nuevo periodo escolar arrancará el lunes 5 de mayo, de manera escalonada, con el siguiente cronograma:

• 5 de mayo: Bachillerato (1.º, 2.º y 3.º) e Inicial (grupos de 3 y 4 años)
• 6 de mayo: Educación General Básica Superior (8.º, 9.º y 10.º) y Preparatoria (1.º EGB)
• 7 de mayo: EGB Media (5.º, 6.º y 7.º) y EGB Elemental (2.º, 3.º y 4.º)

El ciclo académico estará dividido en tres periodos que suman un total de 200 días laborales, incluyendo el tiempo de vacaciones ininterrumpidas para los docentes.

Las fechas son de cumplimiento obligatorio para las instituciones fiscales. En tanto, las instituciones particulares, fiscomisionales y municipales podrán utilizarlas como referencia o acogerse voluntariamente al mismo calendario.

Corredores escolares reactivan la economía local en Guayaquil

Con miras al nuevo año lectivo, el Municipio de Guayaquil activó los corredores escolares en varios puntos de la ciudad, donde comerciantes ofrecen productos educativos a precios accesibles.

Uno de estos espacios funciona en la intersección de las calles Cacique Álvarez y Ayacucho, donde se comercializan mochilas, útiles escolares, uniformes y calzado. Los puestos están debidamente autorizados y operan bajo las medidas de seguridad y orden establecidas por la Dirección de Mercados y Asignaciones.

Los precios arrancan desde los 0,25 dólares, lo que ha sido bien recibido por padres de familia. “Los precios están muy económicos comparados con otros sitios; va bien para la economía de los padres de familia”, comentó Eduardo Aguirre, comprador. Por su parte, el comerciante José Taguasela destacó el respaldo municipal: “Es la primera administración que ha hecho lo mejor por Guayaquil y la ciudadanía”.

Los corredores escolares atienden de lunes a domingo, desde las 09h00 hasta las 17h00. Esta es la segunda edición consecutiva de la iniciativa, que busca ofrecer espacios seguros y apoyar la reactivación económica de la ciudad.

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La puesta en marcha de esta troncal comenzará con dos rutas alimentadoras estratégicamente diseñadas para mejorar la conectividad en la ciudad:

• Ruta 401: 25 de Julio – Batallón
• Ruta 402: Trinipuerto – Batallón

La implementación del sistema será progresiva, con la incorporación paulatina de más rutas alimentadoras. Se estima que todas estarán operativas entre finales de junio e inicios de julio, garantizando una transición ordenada y eficiente.

Es importante señalar que, debido a trabajos de mantenimiento en la calzada a cargo de la Dirección de Obras Públicas, las paradas 20, 21 y 22 no estarán habilitadas en la fase inicial. Sin embargo, se trabajará en su pronta reapertura para asegurar el acceso total a la nueva troncal.

Para facilitar la adaptación de los pasajeros, las rutas convencionales del SITU se retirarán gradualmente a medida que entren en funcionamiento las alimentadoras. Durante la fase de transición, ambos sistemas operarán en paralelo, permitiendo a los usuarios familiarizarse con los nuevos recorridos.

En este contexto, con la activación de las rutas 401 y 402, las líneas 27 y 40 del SITU dejarán de operar a finales de abril.

La Troncal 4 no solo representa un avance en movilidad, sino que también tendrá un impacto positivo en la comunidad. Se estima que beneficiará a más de 79.652 habitantes del suburbio de Guayaquil, reduciendo los tiempos de traslado y mejorando sus opciones de transporte. Además, generará más de 300 nuevos empleos, entre conductores, personal administrativo y mecánicos.

 
Especificaciones de los nuevos buses de la Troncal 4
 

Los buses que se incorporarán a la Troncal 4 cumplen con los siguientes requisitos técnicos:

• Altura: 3,5 m
• Longitud: 13 m
• Anchura: 2,6 m
• Marca de chasis: VOLKSWAGEN (Brasil)
• Marca de carrocería: VARMA (Ecuador)

Distribución de puertas:

• 1 puerta en el lado derecho, delante del eje delantero.
• 1 puerta en el lado derecho, detrás del eje posterior.
• 2 puertas en el lado izquierdo, ubicadas entre los ejes.

Capacidad de los buses:

• 21 pasajeros sentados (incluido el conductor).
• 70 pasajeros de pie.

Es decir, la capacidad total: 91 pasajeros.

Además, las unidades cuentan con:

• Espacio destinado para silla de ruedas.
• 4 cámaras de seguridad en el interior del bus.
• Señalética inclusiva, destacando espacios para sillas de ruedas y asientos preferenciales.
• WIFI y aire acondicionado para mayor comodidad de los usuarios.

Con estas incorporaciones, el sistema de transporte troncalizado continúa su avance hacia un servicio más eficiente, cómodo y accesible para la comunidad.

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El núcleo de la controversia:

Según García, la instrucción fiscal —etapa investigativa a cargo del Ministerio Público— debió concluir el 16 de marzo de 2024, al cumplirse los 90 días improrrogables que marca el Art. 547 del COIP. Al no haberse realizado vinculaciones dentro de ese plazo, el juez Renán Andrade no tenía facultad legal para extender el proceso ni vincular al alcalde el 9 de abril, acción que García tilda de «arbitraria y nula».

Argumentos clave de la defensa:

1. Plazos vencidos: La Fiscalía no solicitó vinculaciones durante los 90 días iniciales, por lo que el juez debió cerrar la instrucción el 16 de marzo.
2. Extensión ilegal: El COIP solo permite 30 días adicionales si las vinculaciones ocurren dentro del plazo inicial, lo que no sucedió.
3. Medidas cautelares inválidas: El grillete electrónico impuesto a Álvarez carece de base legal, según García, al derivar de una instrucción «extemporánea».
4. Patrón de arbitrariedad: García señaló que la Unidad Especializada contra la Corrupción ya tuvo un juez sancionado por «negligencia manifiesta» en otro caso, y acusó a Andrade de replicar prácticas «al margen de la ley».

Reacción del alcalde Álvarez

En la audiencia de este 10 de abril, transmitida desde su residencia en Urdesa, Álvarez desestimó los cargos como un «teatro electoral» y rechazó la defensa pública asignada tras la ausencia de su abogado particular, Diego Córdova:

«Violaron mi derecho a la defensa. No autorizo que un funcionario público me represente», declaró, mientras el juez Andrade multaba a Córdova con dos salarios básicos (unos $940) e iniciaba una investigación disciplinaria.

La Fiscalía, liderada por Leonardo Alarcón, sostiene que Álvarez —como expresidente de Copedesa S.A. (2021-2022)— habría autorizado la venta ilegal de diésel en tres estaciones con capacidad sobrepasada, según informes del Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Unidad de Análisis Financiero (UAFE). El COIP prevé hasta cinco años de prisión por este delito.

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La Policía Nacional reportó un hecho violento en Socio Vivienda, un sector ubicado al noroeste de Guayaquil. Hasta las 18:30 del jueves 6 de marzo, las primeras investigaciones indicaban un saldo de nueve fallecidos y tres heridos.

Horas después, el jefe policial del Distrito Nueva Prosperina, Herbie Guamaní, confirmó que el número de víctimas mortales aumentó a 12. A las 21:53, la Policía Nacional confirmó que el número de víctimas ascendió a 22 personas asesinadas y tres heridas.

Los hechos violentos se registraron en distintos puntos del distrito Nueva Prosperina, específicamente en Socio Vivienda, La Casuarina y la Entrada a la 8. Entre las víctimas, tanto fallecidas como heridas, se identificaron varias personas con antecedentes por robo, tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas.

¿Por qué ocurrió la masacre en Socio Vivienda?

Este viernes 7 de marzo, el comandante de la Zona 8, Pablo Dávila, se pronunció sobre los hechos violentos ocurridos el jueves 6 de marzo, señalando que la masacre estaría relacionada con una disputa por territorio entre bandas criminales.

Según sus declaraciones, las facciones de Los Tiguerones, Los Fénix y Los Igualitos se enfrentaron en Socio Vivienda, dejando un rastro de sangre y miedo en la zona.

Durante la tarde, los habitantes reportaron haber escuchado más de 100 disparos, mientras al menos 20 hombres armados en motocicletas descendían de la zona montañosa para atacar a sus víctimas.

Los agresores no solo dispararon en las calles, sino que irrumpieron en viviendas para cometer los crímenes, mientras que en otros casos, las víctimas fueron asesinadas afuera de sus hogares.

La Fiscalía General del Estado inició de oficio una investigación por el asesinato de 22 personas en Socio Vivienda 1 y 2, La Casuarina y la Entrada de la 8. Agentes de la Fiscalía y la Policía Nacional realizaron los procedimientos correspondientes, mientras Medicina Legal llevó a cabo el levantamiento de los cuerpos.

Comunicado de Daniel Noboa

La mañana de este 7 de marzo, el presidente Daniel Noboa anunció a través de sus redes sociales el indulto presidencial para los agentes que participen en operativos en Nueva Prosperina.

“Todos los policías y militares que hayan actuado y que vayan a desplegarse en Nueva Prosperina, cuentan desde ya con indulto presidencial”, escribió el mandatario.

“Necesitamos que actúen con determinación y sin temor a represalias. Defiendan al país, yo los defiendo a ustedes”, escribió el mandatario, respaldando el accionar de las fuerzas de seguridad en medio de la crisis de violencia en la zona.

IF

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Video filtrado

Jesús López, abogado de uno de los imputados, publicó en sus redes sociales, un video del pasado 8 de diciembre de 2024 (día de la desaparición) donde muestra imágenes minutos antes de la detención de Ismael, Josué, Steven y Nehemías.

En el video se logra ver a dos personas saliendo de un puente. Ambas se acercan a otra persona, esta los evade, y una de ellas intenta golpearla. De acuerdo con López, los niños eran las personas que salían del puente. Mientras, otro grupo de personas llegaba por detrás.

«Como la persona es esquivada por los ciudadanos, retornan a esconderse debajo del puente. Pasados 10 minutos la misma cámara graba el video que se hizo viral, donde una persona civil hace entrega de los ciudadanos (los menores) a los militares», afirma López. 

El abogado menciona que «lo curioso» es la diferencia de 10 minutos entre ambos videos. En este tiempo no hay registro de «qué acciones cometieron las personas que retornaron a esconderse debajo del puente (…) querían pruebas de que los militares actuaron en delito flagrante, pues las pruebas van apareciendo», concluye López.

¿El video cambia el rumbo de la investigación?

El fiscal, Christian Fárez, ha mencionado que el video filtrado no cambia, ni influye en la investigación. El video no prueba ningún delito y ha sido analizado por la Fiscalía. Además. Fárez menciona argumentos para que los militares continúen con prisión preventiva.

Además, recalca la falta de aplicación de protocolos en contexto de detención de niños, niñas y adolescentes, ya que los niños no fueron llevados ni a la Policía ni a la Fiscalía ecuatoriana.

En este contexto, ningún delito ha sido comprobado ya que no existen partes policiales o militares que proporciones detalles de la legalidad de esta detención.

Por otro lado, la discusión no trata de si hubo comisión de delito o no. La desaparición forzada implica que las víctimas fueron privadas de comunicación (según la defensa de las familias) y la ausencia de protocolos, no hubo un manejo adecuado del caso, lo que llevó a una a tener cuatro niños incinerados y sepultados.

¿El video podría traer problemas?

Erick Huilca, abogado de uno de los investigados, aclaró que su colega Jesús López no es el abogado de todos los imputados.

Por su parte, Fernando Bastidas, defensor de Derechos Humanos, calificó la publicación del video como “un ataque a nivel mediático”.

López recibió un rechazo por parte de uno de los abogados por su actuar al publicar el video. Bastidas señaló que, “uno de los abogados de los procesados rechazó el actuar del abogado Jesús. Señalando que, en primer lugar, la defensa de ellos, no va a ser mediática y en segundo lugar, que un abogado no puede hablar por los 16”.

“Apenas representa a cuatro procesados”, puntualizó Bastidas. Posteriormente, recalcó que López no buscaba un aporte para el desarrollo del proceso, al contrario, el abogado quería «polarizar aún más la situación”.

El defensor de los derechos humanos menciona que desconoce la ventaja que le daría publicar el video.

IF

La entrada Caso Malvinas: «Video filtrado fue un ataque mediático», sostiene abogado de las 4 familias se publicó primero en La Calle.

Víctimas del ataque

Se trata de una pareja, la cual se movilizaba en un vehículo gris. El vehículo de las víctimas presenta múltiples impactos de bala, con al menos 13 disparos en la ventana y la carrocería del lado del conductor. En videos difundidos en redes sociales, se observa a transeúntes auxiliando a una mujer que recibió un disparo en la pierna.

Agentes de la Policía Nacional y paramédicos del Ministerio de Salud Pública (MSP) acudieron al lugar para atender a los heridos e iniciar las investigaciones.

El Puente de la Unidad Nacional es un complejo vial que conecta Guayaquil con los cantones de Samborondón y Durán. Está compuesto por cuatro puentes: dos sobre el río Daule y dos sobre el río Babahoyo, además de una vía que los enlaza a través del sector de La Puntilla.

IF

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Mientras tanto, el medio El Dato transmitió la diligencia con una reportera, a lo que Tala respondió calificándolo de «show» y asegurando que «no fue un allanamiento, sino la Superintendencia haciendo turismo». Además, criticó la legalidad del procedimiento y señaló que las instituciones involucradas «no tienen, ni por asomo, la facultad legal para realizar allanamientos”. Tala vinculó el operativo con recientes denuncias del alcalde Aquiles Álvarez y acusándolo de ser un «2×1 en persecución política».

Por otro lado, la periodista María Sol Borja se pronunció sobre el hecho, señalando que la productora intervenida es otra de «las odiadas por el mal enemigo». Cuestionó la participación de la Policía en una investigación de la Superintendencia y criticó que, aunque no se trató de un allanamiento, el medio El Dato maneja la narrativa como si lo fuera.

Borja también recordó que Catrina Tala fue la primera periodista en dar espacio a Gabriela Goldbaum, ex esposa de Daniel Noboa, para hablar sobre la denuncia de «violencia psicológica» en contra del actual presidente de la nación; también destacó su vínculo con el alcalde Aquiles Álvarez, otro de los personajes que, según ella, también está en la mira del «mal enemigo».

IF

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El incidente, capturado en un video que se viralizó, muestra al hombre aferrándose a la parte delantera de un auto rojo. A través de su cuenta en X, Álvarez solicitó a la Empresa Pública Municipal de Seguridad (Segura EP) que identificara al propietario del vehículo.

Tras la intervención de las autoridades, se encontró al afectado, a quien se le brindó atención médica y asistencia para presentar la denuncia ante la Fiscalía en la ciudad de Guayaquil.

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Una de las guías falleció instantáneamente en el lugar, mientras que la otra fue trasladada de emergencia a una casa de salud en el norte de Guayaquil. Pese a los esfuerzos médicos, la segunda víctima también perdió la vida, según confirmó el SNAI. El suceso ha generado conmoción en la comunidad penitenciaria y entre las autoridades, que han iniciado investigaciones con el fin de identificar y capturar a los responsables.

El distrito Pascuales, donde se encuentra el complejo carcelario de Guayaquil, ha sido escenario de una creciente ola de violencia, registrando hasta el 28 de agosto un total de 142 asesinatos, según datos de Segura EP, la empresa de seguridad municipal de Guayaquil. Este incidente resalta la crítica situación de crítica que afecta la zona y que genera preocupación por la seguridad de quienes laboran en el sistema penitenciario.

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Un contingente policial resguarda las inmediaciones de dicho hospital hasta que Muentes reciba el alta médica. Posteriormente, deberá regresar al centro carcelario. El ex funcionario es procesado por el presunto delito de delincuencia organizada.

Muentes rompió el silencio

A finales de abril, Muentes intentó desmentir las acusaciones de, la también implicada, Mayra Salazar en su contra, en el marco del Caso. Según Fiscalía, ambos actores eran parte de una estructura corrupta que controlaba el sistema de Justicia de la provincia del Guayas.

Entre las principales declaraciones de Muentes, afirmó que el no manejaba la justicia y que tampoco costeaba los honorarios de Salazar (quién habría sido la asesora de comunicación del ex legislador), persona que “jamás fue de su confianza”. 

Por ahora, el Servicio de Atención a las Personas Privadas de la Libertad (SNAI) no ha entregado mayores detalles respecto del diagnóstico de Pablo Muentes; tampoco del tiempo que permanecerá en bajo vigilancia médica antes de regresar a prisión.

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El 5 de enero, tres días antes de la fuga de Fito de la cárcel, su esposa, hijos y otros familiares llegaron al país sin problemas, residiendo en una casa en Malagueño, Córdoba.

Las autoridades argentinas admitieron que la migración no bloqueó su entrada, ya que carecían de información precisa sobre su conexión con el líder de Los Choneros.

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Argentina, sugirió una posible planificación para comprar la casa, trasladar a la familia y luego escapar de la prisión.

Las pistas que dejaron

Las pistas sobre la familia llegaron a Córdoba, donde se descubrieron movimientos sospechosos. La investigación reveló que la familia estaba instalada en un country y que tras su llegada, se equipó la casa con muebles nuevos.

El ministro de seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, destacó la rápida confirmación de la relación con el narcotraficante fugitivo, luego de una investigación inmediata. Posteriormente, se procedió con un megaoperativo que concluyó con la deportación de la familia.

La ministra Patricia Bullrich afirmó la determinación del gobierno argentino en no convertirse en un «narcoestado» y en proteger a sus ciudadanos.

“Este Gobierno está decidido a proteger a los argentinos y a mostrarle al mundo que la Argentina no va a ser guarida de delincuentes, ni de familiares de delincuentes”, afirmó Bullrich.

Liberación de la familia de Fito

Utilizando una resolución migratoria, el Gobierno argentino expulsó a la familia de Fito. Sin embargo, la ministra ecuatoriana Mónica Palencia informó que la esposa de Fito no tiene órdenes de arresto, resultando en su liberación tras regresar a Ecuador.

Los familiares de Adolfo Macías Villamar, prófugo de la justicia, fueron retenidos en la Base Aérea de Guayaquil desde la madrugada del viernes. Luego abandonaron el recinto en un convoy de vehículos de alta gama.

La entrada Estas fueron las pistas que dejó la familia de alias ‘Fito’, antes de su expulsión de la Argentina se publicó primero en La Calle.

Todo eso ocurrió pese a que el presidente Daniel Noboa decretó estado de excepción para «controlar» la situación que ya se desató en los centros penitenciarios. Con la nueva disposición, militares y agentes del orden saldrían a patrullar las calles del país y «evitar» que los disturbios escalen. Sin embargo, los antisociales se tomaron diferentes pasajes para generar desmanes.

Esmeraldas

Ciudadanos reportaron varios ataques la noche del 8 de enero. Antisociales prendieron fuego a un vehículo en una gasolinera en Vuelta Larga. Los delincuentes arrojaron un artefacto explosivo a un auto que cargaba gasolina.

Las autoridades indicaron que otro explosivo fue detonado cerca del Comando Subzonal policial de Esmeraldas. Según los agentes, no hubo heridos ni daños materiales. Un operativo se desplegó en la zona para recabar indicios y dar con los responsables de los hechos.

Según la institución del orden, detuvieron a dos sospechosos y serán procesados por terrorismo.

Quito

En el sur de la capital, un auto fue incendiado frente a una gasolinera. El vehículo tenía dos cilindros de gas en su interior. El capitán José Moreno indicó que el auto habría sido abandonado a las 19:40 aproximadamente.

Los agentes hallaron otra motocicleta en llamas cerca de la Unidad de Policía Comunitaria (UPC), en San Martín. Otro incidente se registró en el puente peatonal en la Autopista General Rumiñahui. La Policía Nacional realizó una explosión controlada en este punto. Un tramo del puente y su estructura quedaron parcialmente destruidos.

También, los uniformados confirmaron el secuestro de una policía de una UPC en Llano. La víctima fue identificada como Alberto Gómez. En un clip que circula en redes sociales, el policía pide ayuda al primer mandatario, mientras tres antisociales lo apuntan con armas de fuego. Al final del video se escuchan varios disparos. Se desconoce el estado del agente; no obstante, los policías desplegaron varias patrullas para localizar a su compañero.

Guayaquil

Antisociales colocaron un artefacto explosivo en una casa de Guayaquil. Los habitantes tuvieron que salir atemorizados. Además, en distintas calles del sector, prendieron fuego a tres vehículos. Una vivienda del Fortín también fue el blanco de los eventos, el hecho dejó daños en el techo y otras estructuras.

Mientras que, en la Isla Trinitaria el fuego se apoderó de un bus y dos autos pequeños. El Cuerpo de Bomberos del sector atendió la emergencia y llamó «a la paz».

El Oro

Un auto fue incinerado en Río Bonito, El Oro. Los uniformados solicitaron paso a los vehículos que transitaban por la carretera para brindar ayuda a los ciudadanos que se encontraban cerca del atentado. De la misma manera, los agentes confirmaron el secuestro de tres agentes en la UPC Wilson Franco de Machala. También se desconoce el estado de salud de las víctimas.

Riobamba

Riobamba se registró una explosión de un coche bomba en las calles México entre García Moreno y Pichincha. Tampoco hay reportes de víctimas mortales pero sí daños materiales.

¿El Plan Fénix pa’ cuando?

Los últimos acontecimientos se desataron luego de la fuga o «desaparición» -como prefieren nombrarlo las autoridades- de Adolfo Macías, alias Fito, de la Cárcel Regional de Guayaquil. Según el secretario de Comunicación, Roberto Izurieta, el escape del delincuente se debería al plan para «desmantelar» los privilegios de la PPL en el reclusorio.

Sin embargo, las autoridades se pronunciaron varias horas más tarde de que el hecho se viralizó en redes sociales y otras ni siquiera lo han hecho. El SNAI, entidad a cargo de todos los reclusos, no ha emitido información clara sobre esta fuga y la de otros reos; o el estado de los guías penitenciarios retenidos en los centros. La Policía, las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y el gabinete tampoco han especificado la ruta del Plan Fénix que aplicarán ante el devastador escenario que vive el país.

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En 2019, se reportaron 1,145 muertes violentas, pero en 2022, esta cifra se cuadruplicó, alcanzando 4,609 crímenes, según reportes de a Policía Nacional. En medio de este contexto, la GITOC actualmente clasifica a Ecuador como el sexto país con mayores índices de extorsiones, con una puntuación de 8.00 en el Índice Global del Crimen Organizado 2023 (empatando con Guatemala, Mali, Nigeria, Sudáfrica y Yemen).

Este sombrío panorama ha contribuido a que Ecuador sea etiquetado como uno de los países más peligrosos, generando inquietud tanto a nivel nacional como internacional.

La cruda realidad de las extorsiones

La Unidad Nacional de Investigación Antisecuestros y Extorsión (Unase) ha desglosado las extorsiones en cuatro tipos distintos:

Extorsión Virtual (2,895 casos): La modalidad virtual se presenta como la más frecuente, donde los extorsionadores amenazan a las víctimas a través de Internet, exponiendo información sensible y generando un clima de miedo.

Extorsión Común (1,984 reportes): En este tipo, los criminales amenazan con causar daño a la víctima o a sus familiares, solicitando dinero a cambio para evitar la violencia. Es una forma más directa de coacción que afecta la seguridad personal y familiar.

Modalidad Vacuna (866 casos): Grupos delictivos organizados buscan establecer control en determinadas áreas mediante intimidación, generando cobros ilegales sistemáticos a cambio de brindar una supuesta «seguridad» a locales comerciales y familias.

Extorsión Sexual (154 reportes): Este tipo de extorsión implica la amenaza de compartir información íntima enviada por la víctima. La privacidad y la seguridad emocional se ven amenazadas, creando un entorno de vulnerabilidad y temor.

La Unase, encargada de investigar estos delitos, ha informado sobre 5,863 eventos de extorsión en su rendición de cuentas del 2022. Sin embargo, la cifra de extorsiones para agosto de 2023 está a punto de igualar la totalidad de casos registrados en el año anterior. Un hecho que refleja un panorama complejo para las autoridades.

Consecuencias desgarradoras

El informe de GITOC revela que el creciente problema de las extorsiones ha provocado que muchas personas opten por abandonar Ecuador.

«Los vacunadores» o extorsionadores son citados como una de las principales razones de la emigración, amenazando incluso con actos terroristas si no se cumplen con los pagos exigidos. Esta situación ha llevado al país a una encrucijada, donde la seguridad y la estabilidad se ven amenazadas por la violencia descontrolada.

JR

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En el último trimestre se han reportado 22 casos de suicidios, según datos de Segura EP y el Ecu-911 de Guayaquil. Esto representa un incremento del 175%, respecto de los últimos tres meses del 2022. En tanto, las emergencias relacionadas con la salud mental, que implican conductas suicidas y autolesiones, han aumentado a 44 en el último mes del año.

¿Quiénes son los más propensos a casos de suicidios?

Sorprendentemente, la tendencia refleja un cambio demográfico, pasando de adolescentes a personas jóvenes y adultas de 20 a 40 años.

Por otro lado, el desglose demográfico reveló que las mujeres son más propensas a buscar ayuda, mientras que los casos consumados son predominantemente de hombres.

Factores como el desapego emocional, la desesperación económica y los niveles de inseguridad contribuyen a estos comportamientos, indicó William Muñoz, jefe médico de Segura EP. Adicionalmente, informó acerca de un significativo aumento en las llamadas mensuales por salud mental, alcanzando las 400, frente a las 200-250 habituales.

¿Cómo reconocer los signos de alerta?

El aislamiento, el encierro o la falta de apetito son algunas señales de depresión. Otro indicador de un trastorno depresivo puede incluir dolores o molestias que incluyen taquicardias, desmayos, mareos, dolor de cabeza, incluso colon irritable.

Asimismo, ante indicios como ideas negativas, baja autoestima, signos de depresión o de ansiedad, especialistas solicitan a la ciudadanía buscar ayuda profesional.

Ante estos casos, Segura EP brinda apoyo a través de la línea 911. Psicólogos ofrecen contención emocional las 24 horas.

JR
 

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El narcotraficante orquestó una compleja red de sobornos y manipulación judicial en Ecuador, involucrando a esos jueces, apodados «suicidas» por la acción de prestarse a recibir pagos indebidos a cambio de decisiones judiciales que beneficiaban los oscuros intereses de Norero.

Durante la audiencia de formulación de cargos, la fiscal general Diana Salazar reveló la astuta estrategia de Norero al registrar meticulosamente todas sus negociaciones, almacenadas en alrededor de 15 teléfonos celulares. Mientras exigía a sus cómplices eliminar evidencia, él guardaba celosamente estos registros comprometedores.

Esta red de corrupción que involucra diversos niveles judiciales, desde jueces hasta secretarios judiciales y funcionarios administrativos, que son:

Juez 1 – Ronald Xavier G. C., alias La Momia

Ronald G., conocido como «La Momia», actuaba como juez de garantías penitenciarias en el Guayas. Su papel crucial era emitir resoluciones judiciales a favor de los procesados vinculados a Norero. A cambio de sobornos, aceptó recibir sumas considerablemente altas, llegando a pactar incluso sobreseimientos por cuantiosas cifras que, según los registros, serían de al menos USD 30.000.

Juez 2 – Adolfo Richard G. G.

Adolfo G., miembro de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial del Guayas, colaboró facilitando la apelación de la prisión preventiva del hermano de Norero, Israel Norero. Por sus servicios, recibió beneficios económicos (USD 5.000 según expuso Fiscalía), evidenciando la conexión entre el mundo judicial y los intereses corruptos de Norero.

Juez 3 – Jhoan Gustavo M. M., alias Puma

Conocido como «Puma», Jhoan Gustavo M. también formaba parte de la Sala de lo Penal en la Corte Provincial del Guayas. Su colaboración, similar a la de Adolfo G., se materializó en sobornos sustanciales (a cambio de la venta de decisiones judiciales cuyos montos ascienden a $ 70.000 por cada miembro de la familia Norero). Al igual que Adolfo G., Jhoan M. fue parte del Tribunal de la apelación a la prisión preventiva de Israel Norero

Juez 4 – Glenda Elizabeth O. M.

Glenda O., jueza de la Unidad Judicial de Samborondón, se involucró a esta red tras asumir el caso de tráfico ilegal de armas relacionado con Norero. A cambio de beneficios económicos, manipuló sus decisiones judiciales, contribuyendo a la estrategia de impunidad de la organización criminal.

Juez 5 – Santiago Paul Z. S.

Santiago Z., juez de la Sala Penal de la Corte Provincial de Cotopaxi, colaboró al formar parte del tribunal que conoció el habeas corpus a favor de la hermana de Norero. A cambio de beneficios económicos, facilitó decisiones judiciales que incrementaron ilegítimamente su patrimonio (en una ocasión habría recibido sobornos de USD 6.000 y USD 8.000).

Juez 6 – José Luis S. D.

José Luis S., también de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Cotopaxi, colaboró junto a Santiago Z. en el habeas corpus de la hermana de Norero. Su participación reflejó la corrupción endémica, recibiendo sobornos a cambio de decisiones judiciales (él habría recibido al menos USD 14.000).

Juez 7 – Emerson Giovanni C. U.

Emerson C., juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales y de Tránsito de Santo Domingo de los Tsáchilas, tuvo a su cargo casos relacionados con el brazo armado de Norero: alias Cuyuyui y alias Madrid (este último fallecido). Benefició a ambos individuos vinculados a la organización criminal, contribuyendo así al incremento de la violencia en las calles, a cambio de pagos de su jefe.

Juez 8 – Ángel Harry L. V.

Ángel L., juez de la Unidad Multicompetente del cantón La Concordia, Santo Domingo de los Tsáchilas, fue instrumental en los intentos de liberación ilegítima de bienes de Norero. A cambio de dinero, apoyó la causa de la organización criminal para levantar medidas cautelares sobre propiedades incautadas,.

Otros implicados: funcionaria Mayra Carolina S. M.

Mayra Carolina, funcionaria judicial en la provincia del Guayas, destacó por su contacto directo con Norero. Su papel administrativo se centró en armar escenarios que favorecieran la impunidad, identificando jueces dispuestos a «suicidarse» por pagos indebidos a cambio de fallos judiciales favorables. Ella habría pactado los sobornos con los administradores de justicia de la sala de la Corte Provincial de Cotopaxi; y luego manipulado el sistema de sorteo de jueces para que los casos asociados a Norero caigan donde los jueces suicidas, que eran los jueces de la Corte Provincial de Cotopaxi.

Cristian Gabriel S. C., alias CR7

CR7, secretario judicial de Ronald G., desempeñó un papel clave en viabilizar las decisiones condicionadas de su superior. Desde instrucciones directas de Norero, manipuló el cierre de instrucciones fiscales.

Este desglose ilustra la complejidad y la magnitud de la red de corrupción judicial encanezada por los ocho «suicidas», que salió a la luz por intermedio del Caso Metástasis.

JR

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Hasta el 11 de diciembre, la Zona 8 ha registrado un total de 2,587 muertes violentas en el presente año, marcando un impactante aumento del 83.1% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este incremento posiciona a la Zona 8 como el territorio con la mayor cantidad de homicidios a nivel nacional.

¿Dónde se concentra la violencia?

La Zona 8 abarca doce distritos, siendo diez parte de Guayaquil, uno de Durán y otro de Samborondón. El distrito líder en índices de violencia sigue siendo Nueva Prosperina, con un aumento del 70.6% en crímenes entre periodos (551 homicidios en total). Su geografía irregular dificulta el acceso policial, y las bandas Águilas-Fatales y Lobos-Tiguerones están involucradas en delitos como tráfico de sustancias, sicariato, usurpación de terrenos, asaltos y robos variados.

Durán, segundo de la lista, ha escalado a esa posición con 406 muertes violentas hasta inicios de este mes, lo que se traduce en un aumento porcentual de 244%. Los Chone Killer y los Latin King disputan territorio en este cantón de la provincia de Guayas, siendo escenario de intensas intervenciones policiales que han resultado en enfrentamientos y bajas policiales, según reveló el coronel de Policía Jorge Hadathy, jefe del distrito Durán.

El Distrito Sur, ahora tercero en crímenes, registró 374 hasta el pasado lunes, reflejando un aumento del 87% respecto al año anterior. Bandas como Los Lagartos, Lobos y Mafia 18 tienen incidencia en este territorio, donde ocurrió la tragedia del Guasmo Sur, donde se dirigía a miembros de Los Lagartos, resultando en la trágica muerte de cuatro niños y su madre.

Pascuales se mantiene como el cuarto distrito con más asesinatos, reportando 247 homicidios hasta el 11 de diciembre, un incremento del 76.43% en comparación con el año pasado. Águilas, Lobos y Tiguerones están involucrados en actividades ilícitas como tráfico interno de drogas, extorsiones, sicariato y colocación de artefactos explosivos.

Esteros, quinto distrito más violento, registra 221 homicidios, un aumento del 56.74% en comparación con el año pasado. Bandas como Lagartos, Lobos y Fatales-Águilas operan en esta área, cometiendo delitos que incluyen robo de vehículos, tráfico de drogas y extorsiones.

¿Quiénes están detrás del asedio en la Zona 8?

Las bandas delictivas operando en la Zona 8 no solo representan una amenaza local, sino que también sirven como brazo armado y logístico para los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.

Renato Rivera, coordinador del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), advierte que Ecuador cerrará el 2023 como el país más violento de América Latina, superando a naciones como Venezuela y Honduras.

Si la tendencia al alza persiste, el país podría culminar el año con alrededor de 7,600 crímenes y una tasa de 45 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes, subrayando la urgencia de abordar la creciente crisis de seguridad que afecta a la nación.

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Entre las medidas que anunció el mandatario destaca la construcción de dos cárceles de máxima seguridad y una de supermáxima seguridad. Ambos proyectos empezarían en febrero de 2024. 

Noboa anunció que contará con el mismo equipo israelí que participó en la construcción de la megacárcel de El Salvador, junto con el presidente Nayib Bukele. 

En una entrevista del pasado 6 de diciembre en «Una mirada a Quito», Noboa mencionó que «El problema central está en la Penitenciaria del Litoral«. 

Las acciones propuestas por el jefe de Estado se desarrollarían en zonas alejadas con el fin de desconcentrar la Penitenciaría del Litoral, que «se ha vuelto una fábrica del crimen«, según reveló. 

«Ecuador tendrá dos mega cárceles de seguridad en tecnología’’ mencionó Mónica Palencia, Ministra de Gobierno en una entrevista para Ecuavisa. Señaló que definirán los detalles económicos del proyecto en los próximos días. 

Expulsión de reos extranjeros 

El primer mandatario además, hizo hincapié en la expulsión de unos 1.500 presos extranjeros que tengan condenas ejecutoriadas de más de cinco años. Ellos serán enviados a sus países de origen para completar sus penas. 

También indicó que el 80 % de los extranjeros presos en el país provienen de Venezuela, Colombia y Perú. Adicionalmente, mencionó que la Cancillería ha tenido acercamientos con las autoridades de dichas naciones para completar los trámites y concretar el traslado de los reos. 

Cárceles barcazas 

La implementación de cárceles barcazas, o prisiones flotantes que se usan en naciones como Países Bajos o Estados Unidos, serían una opción temporal hasta que estén listas las nuevas cárceles de máxima seguridad (cuyas construcciones tardarían alrededor de siete meses en construirse), pero también se usarían a mediano plazo para reducir el hacinamiento en el sistema carcelario. Se espera que estas cárceles operen en el mar a una distancia de 80 millas de la costa ecuatoriana. 

«Este es un país de paz. Se invita a todos los que quieran venir a visitarlo. Incluso hay gente que quiere venir con todas las ganas de trabajar y hacer las cosas bien, pero el que quiera hacer las cosas mal, se va«, manifestó el presidente. 

Estas cárceles flotantes llegarían al país «en siete, ocho meses», dependiendo del lugar en el que se encuentren. Afirmó que han identificado tres opciones de barcazas para traer al país: una está en Australia, otra en Reino Unido y la tercera en Estados Unidos. 

Noboa expresó que es necesario intervenir principalmente en la Penitenciaría del Litoral, que es en donde está el problema central de la crisis carcelaria. 

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Durante el operativo «Centinela II», agentes de la Unidad Nacional de Investigación de Sustancias Químicas (UNSQ) incautaron estas dosis que pretendían ser comercializadas de forma clandestina. Las investigaciones revelaron que ingresaron de contrabando por la frontera sur y que se venden libremente, pese a los controles policiales.

El reporte señala que el fentanilo primero llegaba a la bodega para ser comercializado después en el mercado negro sin receta. Junto a los 70 mg de fentanilo se encontraron 10.800 mg blíster de Diazepam, 2.800 mg de blíster de Clonazepam y 980 mg de Alprazolam.

La Policía ecuatoriana está detrás del fentanilo (sustancia sintética) porque es considerado por la ciencia médica como un potente opioide 50 veces más que la heroína y 100 veces más que la morfina.

«Según un reporte, esta sustancia proviene de México, China y la India, que la misma causa dependencia que es difícil superar la abstinencia», reza el escrito.

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Sus actividades presenciales se retomarán el próximo 22 de agosto. Se trata de la Universidad de Guayaquil (UG), Universidad Católica Santiago de Guayaquil (UCSG) y la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol).

Las instituciones informaron que, frente a las reacciones violentas de este lunes en el contexto del traslado del cabecilla de la banda delictiva Los Choneros, alias ‘Fito’, decidieron que las actividades docentes serían virtuales.

Por su parte, el personal administrativo también se mantendría en modalidad de teletrabajo. Sin embargo, para algunas actividades presenciales, los directivos de cada lugar las coordinarán de forma puntual y de ser requeridas. El retorno presencial está previsto para el 22 de agosto, luego de las elecciones presidenciales anticipadas.

ESTADO FALLIDO: Lasso pide al FBI investigar el asesinato de Villavicencio

Además, la medida se alinea al Estado de excepción decretado por el presidente Guillermo Lasso, luego del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. No obstante, el personal de guardianía de esa institución continuará laborando normalmente.

La inseguridad en Guayaquil

La mañana del lunes 14 de agosto de 2023, hombres motorizados y con camisetas blancas protestaron por el traslado de alias ‘Fito’ de la Penitenciaría del Litoral a La Roca.

Tras el asesinato de Fernando Villavicencio, el presidente Lasso dispuso que ‘Fito’ sea movilizado de centro penitenciario el 12 de agosto. Algunas hipótesis apuntan que este líder criminal estaría detrás del magnicidio, pues Villavicencio alertaba que recibía amenazas de su parte.

De la misma manera, varios reclusos al interior de la Penitenciaría del Litoral iniciaron una huelga de hambre para presionar el retorno de “su líder” a ese centro de rehabilitación social.

Los hallazgos tras “la movilzación”

La Policía Nacional informó que realizó un operativo en el barrio La Nueva Prosperina, que se ubica en lo alrededores de “La Peni”, luego de la movilización de los motorizados. En la operación se detuvo a dos sujetos que tenían en su poder: 3 subametralladoras, 1 pistola, 2 motos reportadas como robadas y sustancias sujetas a fiscalización (S.B).

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