Entre los detenidos se encuentran:

• Yandry Nicomedes Macías Villamar, hermano de alias “Fito”, capturado en Quito.
• Jorge Alberto P. T., cuñado de “Fito”, detenido en Manta.
• Ángel Hermelindo B. B. y Dolores Onila Z. S., padres de la pareja sentimental de “Fito”, aprehendidos en Manta.
• José Gregorio B. Z., hermano de la pareja sentimental de “Fito”, arrestado en Portoviejo.
• Verónica Narcisa B. Z., pareja sentimental de “Fito”, sobre quien se ejecutó una orden de detención mientras se encuentra privada de libertad en la cárcel de mujeres de Guayaquil.

El operativo, denominado “Caso Blanqueo Fito”, tuvo como objetivo desmantelar la estructura financiera de Los Choneros. Durante las intervenciones, se incautaron 47 bienes inmuebles y 26 vehículos, cuyo valor estimado asciende a USD 12 millones. Además, se decomisaron armas de fuego, municiones, dispositivos electrónicos y documentos relacionados con actividades ilícitas.

El ministro del Interior, John Reimberg, destacó en su cuenta de X que esta operación representa un golpe significativo a la economía de la organización criminal liderada por alias “Fito”. “Atacamos la economía de la estructura criminal de José Adolfo Macías Villamar alias ‘FITO’”, afirmó Reimberg.

Alias “Fito” se encuentra prófugo desde enero de 2024, tras evadir controles en la Penitenciaría del Litoral. Actualmente, es buscado por la Interpol y enfrenta cargos en Estados Unidos por conspiración para la distribución internacional de cocaína, uso de armas de fuego para promover el narcotráfico y contrabando de armas.

Este operativo se enmarca en los esfuerzos del gobierno ecuatoriano por combatir el crimen organizado y desmantelar las redes financieras que sustentan a las organizaciones delictivas en el país.

Actualizaremos la información en nuestras redes sociales.

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El contrato, por $165.000, consta en los registros del Departamento de Justicia de EE.UU.

La Cancillería informó que contrataron la firma de “asesoría y cabildeo” para fomentar una relación constructiva con el gobierno de Trump. Esto ocurre en medio de la crisis de violencia en Ecuador.

El Gobierno afirma que seleccionó a Mercury Public Affairs LLC, una “firma de asuntos públicos de alto riesgo” y bipartidista. La empresa tiene experiencia en relaciones gubernamentales y en establecer contactos con instituciones oficiales en EE.UU.

“Empleamos estrategias tácticas neutrales que abarcan comunicaciones estratégicas, movilización de base, encuestas y cabildeo estatal, disponibles en nuestras 13 oficinas”, indica la empresa en su sitio web.

Justificación de contrato

La Cancillería afirma que la contratación se realizó mediante un “proceso de licitación competitivo”, siguiendo una “práctica corriente de gobiernos pasados”. Sostiene que la firma fue “la mejor, más rentable y beneficiosa para el Estado”.

“Constituye una herramienta adicional al servicio de las embajadas para avanzar sus intereses ante el Congreso, el Ejecutivo, los medios de prensa y los centros de estudios (de EE.UU.)”, detalló la Cancillería.

El viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Játiva, explicó a FM Mundo que la Cancillería declaró una “emergencia” antes de la contratación debido a las medidas inmigratorias anunciadas por Trump. Añadió que los temas principales del contrato son migración, seguridad, lucha contra el crimen organizado y comercio exterior.

“Se fundamenta en un plan de protección migratoria y se comenzó a buscar las firmas que asistan a la embajada, al Estado ecuatoriano, a la cancillería y a los diversos órganos gubernamentales del Ecuador”, precisó.

Játiva afirmó que pagarán el contrato en tres partes, sin detallar montos, y que tendrá un “período de prueba”.

“Hay que ver cómo funciona esto. Hay muchas empresas, pero no todas son buenas de las referencias que tenemos (…) El objetivo es tomar contacto con la gente clave del Gobierno de Estados Unidos”, afirmó.

La cadena CNN solicitó a la Embajada de Ecuador en EE.UU. más detalles sobre el contrato y sus objetivos específicos para acercarse a la administración Trump, También consultó a la Contraloría General de Ecuador si analizará el contrato, dado que la Cancillería asegura que incorpora recomendaciones previas del organismo. La Contraloría respondió que realizará las consultas respectivas.

El presidente Daniel Noboa ha pedido reiteradamente apoyo internacional para combatir el crimen organizado en Ecuador.

En junio, en una entrevista con The New Yorker, Noboa criticó que EE.UU. no brinde más recursos para esta lucha. El Departamento de Estado de EE.UU. informó a CNN que desde 2018 ha aportado USD 278 millones a Ecuador para seguridad y defensa, incluyendo asesoramiento, intercambios, capacitaciones, donaciones de suministros e intercambio de información.

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“Hemos establecido una alianza estratégica para fortalecer nuestras capacidades en la lucha contra el narcoterrorismo y proteger nuestras aguas de la pesca ilegal”, tuiteó Noboa.

«El crimen organizado ha sembrado miedo y ha creído que puede operar con impunidad. Se les acaba su hora. Empieza la ayuda internacional en el Ecuador», afirmó Noboa.

El presidente de Ecuador no dio más detalles sobre la asociación entre su gobierno y Erik Prince. El ex Navy SEAL, ahora contratista de seguridad multimillonario, mantiene estrechos vínculos con la administración de Donald Trump, presidente de EE.UU.

Como parte de esta estrategia, el gobierno de Noboa anunció el domingo una recompensa de un millón de dólares por la captura de José Adolfo Macías Villamar, alias «Fito», uno de los narcotraficantes más buscados de Ecuador.

Desde enero de 2024, Noboa ha lanzado una ofensiva frontal contra las pandillas locales y los cárteles extranjeros. Estos grupos son responsables del aumento de la violencia en un país que hasta hace poco era considerado uno de los más seguros de América del Sur.

Ecuador, el paso de la droga

La ubicación estratégica de Ecuador, entre dos de los principales productores de cocaína del mundo –Perú y Colombia–, junto con sus puertos en el Pacífico, ha convertido al país en lo que los expertos describen como una “superautopista” de la droga, utilizada para transportar grandes volúmenes de narcóticos hacia Estados Unidos y Europa, ha destacado The Guardian.

“Estamos en guerra y estamos luchando contra un pueblo fuertemente armado, organizado, con respaldo financiero nacional e internacional y una estructura de terror y criminalidad que llega mucho más allá de las fronteras de Ecuador”, declaró Noboa en ese momento.

Sin embargo, la dura ofensiva del presidente no ha logrado detener la violencia y ha sido objeto de denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos, incluyendo torturas y detenciones arbitrarias.

Antecedentes de Erik Prince

En septiembre de 2007, la Guerra de Irak alcanzaba uno de sus momentos más violentos. En medio de este conflicto, el nombre de Erik Prince, fundador y director de Blackwater, comenzó a ganar notoriedad.

Los informes de la época detallan que la insurgencia iraquí lanzó una ofensiva sin precedentes, resultando en la muerte de cerca de 1.000 soldados estadounidenses solo ese año. Estados Unidos, al frente de la coalición internacional, había liderado la caída del régimen de Sadam Huseín.

Prince, exmilitar y heredero de una familia con fuertes lazos con el Partido Republicano, fundó Blackwater en 1997. A inicios de los 2000, Blackwater comenzó a recibir sus primeros contratos del gobierno de Estados Unidos.

Para 2003, con el inicio de la Guerra de Irak, Blackwater se convirtió en una de las principales empresas privadas contratadas por el gobierno de EE.UU. Su labor incluía brindar seguridad a funcionarios, proteger instalaciones militares y entrenar agentes en la zona de conflicto.

El 16 de septiembre de 2007, en la Plaza Nisour de Bagdad, un grupo de contratistas de Blackwater abrió fuego contra un vehículo. En el automóvil viajaba una pareja junto a su hijo. Los contratistas alegaron que fueron atacados y respondieron al supuesto fuego enemigo. Sin embargo, la situación escaló cuando se sumaron efectivos de la Policía iraquí y otros agentes de Blackwater, resultando en la muerte de 17 civiles.

Las versiones contradictorias entre Blackwater y el Gobierno de Irak llevaron a la suspensión de la autorización de la empresa en el país. El incidente también generó un debate global sobre el rol de las compañías privadas en los conflictos armados y su posible relación con el mercenarismo.

En esos años, la ONU reveló que varias empresas privadas estadounidenses operaban en Irak durante la guerra. Estas compañías reclutaban mercenarios en países como Ecuador y Honduras con ofertas laborales engañosas.

Sentencias y la desaparición de Blackwater

Las investigaciones realizadas en Estados Unidos por la Cámara de Representantes, el Ejército y el FBI concluyeron que los empleados de Blackwater fueron responsables de “bajas significativas y daños materiales” en Irak. Además, determinaron que al menos 14 de las víctimas en la Plaza Nisour fueron asesinadas sin justificación.

Basándose en estos hallazgos y otras pruebas, el 22 de octubre de 2014, cuatro contratistas de la empresa fueron declarados culpables de asesinato y homicidio. Uno de ellos recibió cadena perpetua, mientras que los otros tres fueron sentenciados a 30 años de prisión.

Tras el incidente, Blackwater comenzó a cambiar su enfoque y, desde 2008, redirigió sus actividades hacia la prestación de servicios de seguridad. En febrero de 2009, adoptó el nombre Xe Services, y dos meses después, Erik Prince renunció a su cargo como director, alejándose de la compañía.

Finalmente, en 2010, la empresa fue vendida y actualmente opera bajo el nombre de Constellis.

Cuestionamientos

El anuncio de que Erik Prince, exdirector ejecutivo de Blackwater, se sumaría a la estrategia de seguridad de Noboa desató indignación y temor, debido al historial de su empresa, vinculada a abusos y crímenes, como el asesinato de 14 civiles iraquíes en 2007 tras la invasión de Estados Unidos.

El abogado ecuatoriano Marlon Martínez Molina criticó duramente la decisión de Noboa, señalando que, tras el fracaso del plan Fénix, el presidente busca instaurar el paramilitarismo en Ecuador. Además, recordó que Blackwater ya estuvo involucrada en la muerte de civiles en Irak, cuestionando si el mismo escenario podría repetirse en el país. «Gobernar a través del delito», sentenció en su publicación.

La escritora ecuatoriana Cristina Burneo fue aún más contundente: “Noboa es la muerte del Ecuador… no hay fin al terror en este país”, escribió en la red social.

Por su parte, la activista Soledad Angus Freré expresó su preocupación por el rumbo del país, advirtiendo: “Nos estamos yendo directo al precipicio”.

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La Policía Nacional reportó un hecho violento en Socio Vivienda, un sector ubicado al noroeste de Guayaquil. Hasta las 18:30 del jueves 6 de marzo, las primeras investigaciones indicaban un saldo de nueve fallecidos y tres heridos.

Horas después, el jefe policial del Distrito Nueva Prosperina, Herbie Guamaní, confirmó que el número de víctimas mortales aumentó a 12. A las 21:53, la Policía Nacional confirmó que el número de víctimas ascendió a 22 personas asesinadas y tres heridas.

Los hechos violentos se registraron en distintos puntos del distrito Nueva Prosperina, específicamente en Socio Vivienda, La Casuarina y la Entrada a la 8. Entre las víctimas, tanto fallecidas como heridas, se identificaron varias personas con antecedentes por robo, tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas.

¿Por qué ocurrió la masacre en Socio Vivienda?

Este viernes 7 de marzo, el comandante de la Zona 8, Pablo Dávila, se pronunció sobre los hechos violentos ocurridos el jueves 6 de marzo, señalando que la masacre estaría relacionada con una disputa por territorio entre bandas criminales.

Según sus declaraciones, las facciones de Los Tiguerones, Los Fénix y Los Igualitos se enfrentaron en Socio Vivienda, dejando un rastro de sangre y miedo en la zona.

Durante la tarde, los habitantes reportaron haber escuchado más de 100 disparos, mientras al menos 20 hombres armados en motocicletas descendían de la zona montañosa para atacar a sus víctimas.

Los agresores no solo dispararon en las calles, sino que irrumpieron en viviendas para cometer los crímenes, mientras que en otros casos, las víctimas fueron asesinadas afuera de sus hogares.

La Fiscalía General del Estado inició de oficio una investigación por el asesinato de 22 personas en Socio Vivienda 1 y 2, La Casuarina y la Entrada de la 8. Agentes de la Fiscalía y la Policía Nacional realizaron los procedimientos correspondientes, mientras Medicina Legal llevó a cabo el levantamiento de los cuerpos.

Comunicado de Daniel Noboa

La mañana de este 7 de marzo, el presidente Daniel Noboa anunció a través de sus redes sociales el indulto presidencial para los agentes que participen en operativos en Nueva Prosperina.

“Todos los policías y militares que hayan actuado y que vayan a desplegarse en Nueva Prosperina, cuentan desde ya con indulto presidencial”, escribió el mandatario.

“Necesitamos que actúen con determinación y sin temor a represalias. Defiendan al país, yo los defiendo a ustedes”, escribió el mandatario, respaldando el accionar de las fuerzas de seguridad en medio de la crisis de violencia en la zona.

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En los últimos días, han surgido nuevos elementos en el proceso judicial, incluyendo la versión del subteniente de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), John Zabala, una aparente campaña mediática de desprestigio en contra de los muchachos que perdieron su vida tragicamente y la audiencia de los militares procesados.

La versión del subteniente John Zabala en el caso de los Cuatro de Las Malvinas

Según consta en el expediente del caso, el subteniente de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), John Zabala, rindió su versión sobre los hechos que derivaron en la desaparición de Ismael y Josué Arroyo (15 y 14 años), Saúl Arboleda (15) y Steven Medina (11), conocidos como los Cuatro de Las Malvinas.

Zabala, a pesar de su poca experiencia — ya que un subteniente es el rango más bajo dentro de la oficialidad en la FAE —, estaba al mando de dos patrullas conformadas por 16 militares. En su testimonio, expuesto en el portal Primicias, explicó que, tras la detención de los cuatro menores, los uniformados continuaron con los operativos de requisa en Durán, mientras los niños permanecían en la parte trasera de las camionetas.

Órdenes, desvíos y jurisdicción militar

Las dos patrullas que capturaron a los menores alrededor de las 20:30 del 8 de diciembre no debían operar en el sur de Guayaquil. Según la distribución de funciones establecida en la militarización de la Zona 8, la FAE tenía asignada la vigilancia en Durán, mientras que la Armada debía encargarse del sur de Guayaquil.

Sin embargo, Zabala y su equipo fueron desviados de su operativo de Control de Armas, Municiones y Explosivos (Camex) en Durán y enviados a Guayaquil. La orden de desplazarse a la Terminal Terrestre fue dada a las 17:30 de ese mismo día por un oficial superior.

La custodia del camión con presunto contrabando

De acuerdo con el testimonio del subteniente, una camioneta de inteligencia militar detectó un camión con frutas, electrodomésticos y bultos de papas frente a la Terminal Terrestre de Guayaquil. Por ello, se dispuso que las patrullas de la FAE escoltaran el vehículo hasta las instalaciones de la Aduana, ubicadas en el sur de la ciudad.

El operativo de inspección del camión estuvo a cargo de personal de la Aduana y de inteligencia militar de la Escuela de Infantería Aérea.

Zabala no detalló qué tipo de artículos de contrabando encontraron en el camión. No obstante, afirmó que requirieron la presencia del Grupo de Operaciones Militares de Ámbito Interno (Gomai) Durán de la FAE como parte del procedimiento.

La detención de los menores y las requisas posteriores

Según la versión de los militares procesados, la detención de los cuatro menores ocurrió cuando las patrullas regresaban a Durán desde la Aduana. Al detenerse en un semáforo ubicado en la intersección de la avenida 25 de Julio y Ernesto Albán, en el sur de Guayaquil, recibieron la alerta de ciudadanos sobre un supuesto robo. En ese momento, capturaron a los niños frente a un centro comercial de la zona.

Después de la detención, los menores fueron transportados en la parte trasera de las camionetas mientras los militares continuaban realizando operativos de requisa en Durán, como parte del Camex.

La orden superior y el operativo posterior

El subteniente Zabala señaló que la orden de custodiar el camión con presunto contrabando provino del teniente coronel Francisco Iglesias. Este oficial no estuvo presente durante el operativo y tampoco ha sido procesado en el caso, pese a ser mencionado en múltiples testimonios dentro del expediente.

Tres días después de la desaparición de los menores, Iglesias lideró un operativo en Taura, cantón Naranjal (Guayas), donde, según la versión de los uniformados, abandonaron a los cuatro niños.

En esa intervención, se recuperó ropa perteneciente a los menores.

La Fiscalía ha citado al teniente coronel para que rinda su versión y explique por qué no coordinó este operativo con la Policía Nacional y el Ministerio Público, especialmente considerando que, en ese momento, la desaparición de los Cuatro de Las Malvinas aún no había tomado relevancia mediática.

Campaña Mediática

El pasado miércoles 19 de febrero se instaló la audiencia de apelación a la prisión preventiva de los 16 militares procesados por la desaparición de los cuatro de Las Malvinas.

Jesús López, abogado de uno de los imputados, publicó en sus redes sociales un video grabado el 8 de diciembre de 2024, el mismo día en que desaparecieron los menores. En las imágenes se observa a dos personas saliendo de un puente y acercándose a otra, quien los evade. Uno de ellos intenta golpearla, mientras que otro grupo de personas se aproxima por detrás.

Según la versión de López, los niños eran las personas que salían del puente. Además, afirma que «como la persona es esquivada por los ciudadanos, retornan a esconderse debajo del puente. Pasados 10 minutos la misma cámara graba el video que se hizo viral, donde una persona civil hace entrega de los ciudadanos (los menores) a los militares».

Erick Huilca, abogado de uno de los investigados, aclaró que Jesús López no representa legalmente a todos los imputados.

Reacciones ante la publicación del video

Fernando Bastidas, defensor de derechos humanos, calificó la publicación del video como «un ataque a nivel mediático«. Además, mencionó que uno de los abogados de los procesados rechazó la acción de López, señalando que «en primer lugar, la defensa de ellos, no va a ser mediática y en segundo lugar, que un abogado no puede hablar por los 16».

Bastidas enfatizó que López «apenas representa a cuatro procesados» y cuestionó sus intenciones al publicar el material audiovisual. «No buscaba un aporte para el desarrollo del proceso, al contrario, el abogado quería polarizar aún más la situación», afirmó.

Finalmente, Bastidas indicó que desconoce cuál sería la ventaja de divulgar el video en este punto del proceso.

El desenlace de la audiencia

La Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas rechazó el pasado jueves 20 de febrero de 2025 el recurso de apelación presentado por la defensa de los 16 militares procesados por la presunta desaparición forzada de los Cuatro de Las Malvinas en Guayaquil.

La resolución fue anunciada en una audiencia virtual que inició a las 10:40, en la que el tribunal confirmó, en segunda instancia, la prisión preventiva para los uniformados. Con esta decisión, los procesados continuarán detenidos en la cárcel de Latacunga, en la provincia de Cotopaxi.

Argumentos de la defensa y de la Fiscalía

Durante la audiencia de apelación, que se llevó a cabo el miércoles 19 de febrero, la defensa de los militares argumentó que sus clientes han colaborado con el proceso judicial desde el inicio y que la prisión preventiva era una medida excesiva. En su lugar, solicitaron medidas sustitutivas como la prohibición de salida del país y presentaciones periódicas ante las autoridades judiciales.

Sin embargo, tanto la Fiscalía como los abogados de las familias de las víctimas insistieron en la gravedad del caso y en las irregularidades que marcaron el procedimiento de detención. El fiscal a cargo del caso acusó a los militares de obstaculizar la investigación, por lo que solicitó que se mantenga la prisión preventiva.

Con esta decisión, el proceso judicial contra los 16 uniformados sigue en curso, mientras las familias de las víctimas exigen justicia por la desaparición de los cuatro menores.

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Video filtrado

Jesús López, abogado de uno de los imputados, publicó en sus redes sociales, un video del pasado 8 de diciembre de 2024 (día de la desaparición) donde muestra imágenes minutos antes de la detención de Ismael, Josué, Steven y Nehemías.

En el video se logra ver a dos personas saliendo de un puente. Ambas se acercan a otra persona, esta los evade, y una de ellas intenta golpearla. De acuerdo con López, los niños eran las personas que salían del puente. Mientras, otro grupo de personas llegaba por detrás.

«Como la persona es esquivada por los ciudadanos, retornan a esconderse debajo del puente. Pasados 10 minutos la misma cámara graba el video que se hizo viral, donde una persona civil hace entrega de los ciudadanos (los menores) a los militares», afirma López. 

El abogado menciona que «lo curioso» es la diferencia de 10 minutos entre ambos videos. En este tiempo no hay registro de «qué acciones cometieron las personas que retornaron a esconderse debajo del puente (…) querían pruebas de que los militares actuaron en delito flagrante, pues las pruebas van apareciendo», concluye López.

¿El video cambia el rumbo de la investigación?

El fiscal, Christian Fárez, ha mencionado que el video filtrado no cambia, ni influye en la investigación. El video no prueba ningún delito y ha sido analizado por la Fiscalía. Además. Fárez menciona argumentos para que los militares continúen con prisión preventiva.

Además, recalca la falta de aplicación de protocolos en contexto de detención de niños, niñas y adolescentes, ya que los niños no fueron llevados ni a la Policía ni a la Fiscalía ecuatoriana.

En este contexto, ningún delito ha sido comprobado ya que no existen partes policiales o militares que proporciones detalles de la legalidad de esta detención.

Por otro lado, la discusión no trata de si hubo comisión de delito o no. La desaparición forzada implica que las víctimas fueron privadas de comunicación (según la defensa de las familias) y la ausencia de protocolos, no hubo un manejo adecuado del caso, lo que llevó a una a tener cuatro niños incinerados y sepultados.

¿El video podría traer problemas?

Erick Huilca, abogado de uno de los investigados, aclaró que su colega Jesús López no es el abogado de todos los imputados.

Por su parte, Fernando Bastidas, defensor de Derechos Humanos, calificó la publicación del video como “un ataque a nivel mediático”.

López recibió un rechazo por parte de uno de los abogados por su actuar al publicar el video. Bastidas señaló que, “uno de los abogados de los procesados rechazó el actuar del abogado Jesús. Señalando que, en primer lugar, la defensa de ellos, no va a ser mediática y en segundo lugar, que un abogado no puede hablar por los 16”.

“Apenas representa a cuatro procesados”, puntualizó Bastidas. Posteriormente, recalcó que López no buscaba un aporte para el desarrollo del proceso, al contrario, el abogado quería «polarizar aún más la situación”.

El defensor de los derechos humanos menciona que desconoce la ventaja que le daría publicar el video.

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Víctimas del ataque

Se trata de una pareja, la cual se movilizaba en un vehículo gris. El vehículo de las víctimas presenta múltiples impactos de bala, con al menos 13 disparos en la ventana y la carrocería del lado del conductor. En videos difundidos en redes sociales, se observa a transeúntes auxiliando a una mujer que recibió un disparo en la pierna.

Agentes de la Policía Nacional y paramédicos del Ministerio de Salud Pública (MSP) acudieron al lugar para atender a los heridos e iniciar las investigaciones.

El Puente de la Unidad Nacional es un complejo vial que conecta Guayaquil con los cantones de Samborondón y Durán. Está compuesto por cuatro puentes: dos sobre el río Daule y dos sobre el río Babahoyo, además de una vía que los enlaza a través del sector de La Puntilla.

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La pancarta, de 6 metros de largo por un metro cincuenta de ancho, tenía impresos los rostros de los cuatro niños que perdieron la vida, poco después que un grupo de militares los abandonara en la localidade rural de Taura: Nehemías Arboleda, Steven Medina, Ismael Arroyo y Josué Arroyo.

A los nombres de los niños, los hinchas amarillos acompañaron un texto emotivo: “No los dejemos morir”.

El Caso Las Malvinas: desaparición y asesinato de cuatro menores en Guayaquil

El Caso Las Malvinas hace referencia a la desaparición y asesinato de Nehemías Arboleda, Steven Medina, Ismael Arroyo y Josué Arroyo, cuatro menores de edad en Guayaquil, Ecuador, en diciembre de 2024.

Los niños fueron vistos por última vez en el sector de Las Malvinas, luego de disputar un partido de fútbol. Según las investigaciones, en ese momento fueron detenidos por miembros de las Fuerzas Armadas.

Por este caso, la Fiscalía ha procesado a 16 militares por el presunto delito de desaparición forzada. Sin embargo, las indagaciones también apuntan a la posible participación de un grupo de delincuencia organizada (GDO) en el asesinato de los menores.

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Ambos hombres recibieron disparos en la cabeza y el tórax; uno de ellos falleció en el interior del automóvil, mientras que el otro intentó escapar, pero su cuerpo fue hallado a pocos metros de la puerta del conductor. Durante el tiroteo, una mujer que se encontraba en el vehículo también resultó herida y fue trasladada de emergencia a un hospital. Su estado de salud aún es incierto.

Las autoridades recogieron al menos 17 casquillos en la escena, pero aún no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el crimen. Trascendió que una de las víctimas ya había sufrido la pérdida de un hermano en un hecho violento en 2022, lo que genera interrogantes sobre posibles conexiones con esta nueva tragedia.

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Los antisociales llegaron al lugar y abrieron fuego alrededor de las 17:00 de este 5 de octubre, dejando a las víctimas sin signos vitales. La Policía recogió indicios y busca imágenes de cámaras de seguridad para aclarar lo sucedido.

Durán: epicentro de la violencia en 2024

Este hecho se suma a otros crímenes recientes en Durán, como el asesinato de una familia el 27 de septiembre en Oramas González, y otros dos homicidios en ellas calles del sector 28 de Agosto en las últimas semanas. La creciente violencia ha impulsado la implementación de un octavo estado de excepción en la localidad, con operativos policiales y militares constantes.

Durán integra parte de la Zona 8 junto a Guayaquil y Samborondón. A la fecha ha registrado al menos 370 muertes violentas en lo que va de 2024.

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Por ahora, no se han revelado mayores detalles sobre las últimas investigaciones desplegadas por el agente asesinado.

La institución policial expresó su pesar por la pérdida de Ramírez. En un comunicado oficial, reafirmaron su compromiso de continuar la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, subrayando que la muerte de su compañero no quedará impune.

Actualmente, las investigaciones de la Policía están en marcha con el fin de identificar y capturar a los autores del crimen. Equipos especializados de la Policía trabajan en la recolección de pruebas para esclarecer el ataque y arrojar luz sobre las circunstancias que rodearon el trágico desenlace. El ataque a un miembro activo de la fuerza ha intensificado el clima de inseguridad que se vive en Esmeraldas.

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Equipos de emergencia, incluyendo una ambulancia del Ministerio de Salud, patrulleros de unidades especiales y una lancha de la Armada Nacional, llegaron rápidamente al lugar para socorrer a las víctimas y asegurar la zona.

Personal especializado recolectaba pruebas para identificar a los responsables del atentado. En tanto, la vivienda donde ocurrió la explosión quedó completamente destruida, con daños graves en su estructura y techo, además de afectar a otras domicilios cercanos.

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El incidente, capturado en un video que se viralizó, muestra al hombre aferrándose a la parte delantera de un auto rojo. A través de su cuenta en X, Álvarez solicitó a la Empresa Pública Municipal de Seguridad (Segura EP) que identificara al propietario del vehículo.

Tras la intervención de las autoridades, se encontró al afectado, a quien se le brindó atención médica y asistencia para presentar la denuncia ante la Fiscalía en la ciudad de Guayaquil.

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Bajo la amenaza de un arma de fuego, le quitaron el dinero en efectivo que tenía. Debido a las políticas de seguridad de la estación gasolinera, el funcionario no contaba con una cifra exhorbitante de dinero en el momento del suceso. La víctima no pudo reconocer los rostros de los agresores.

Ahora la Policía revisará las cámaras de seguridad para identificar a los responsables en el marco de la respectiva investigación. La atención en la gasolinera continuó, pero con vigilancia policial reforzada.

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Según testimonios de los moradores, el tiroteo comenzó cerca de las 22:00, y rápidamente se viralizaron imágenes en redes sociales mostrando a los vecinos reunidos en la calle N85, mientras patrulleros, policías y bomberos llegaban al lugar.

Tras confirmarse la presencia de personas heridas por armas de fuego, se activó el Código Plata, para salvaguardar la vida de los involucrados. Las investigaciones correspondientes al suceso siguen en desarrollo.

Un historial preocupante

En los últimos tres meses, la calle N85 se ha convertido en epicentro de violencia y crímenes. En agosto de este año, un sujeto con antecedentes penales murió tras recibir seis impactos de bala, mientras transitaba por una acera; y en julio, tres personas, incluidos dos menores de edad, fueron acribilladas en una peluquería cercana.

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«Hace aproximadamente 3 horas llegué a la morgue a recoger lo que quedó de mi hermana, una mujer de familia, tranquila, con un gran futuro por delante, se va cumpliendo con el estado y con honor, aún nadie nos ha llamado si quiera a decirme “lo siento” por parte del gobierno», escribió en su cuenta de X, la noche del 12 de septiembre.

Asimismo, Icaza indicó que la persona que transportaba a su hermano era uno de sus compañeros de trabajo en el Centro de Rehabilitación. «Solo quiero puntualizar algo, mi hermana no venía con “custodia” (Por qué no tenía) iba con la persona que a veces le hacía de expreso, ojo, salió de la morgue del hospital hoy a las 11 pm, nunca llegó un fiscal, menos la dinased, y si hasta ahora nadie nos dice nada, gracias Ec».

El 3 de septiembre asesinaron al director de la cárcel de Sucumbíos que tampoco contaba con escoltas para su seguridad y movilización. Ante el asesinato de Icaza, el SNAI y el Ministerio del Interior publicaron una nota de pésame en redes sin embargo, calificaron al hecho de un fallecimiento sin tener en cuenta la causa del asesinato.

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Una de las guías falleció instantáneamente en el lugar, mientras que la otra fue trasladada de emergencia a una casa de salud en el norte de Guayaquil. Pese a los esfuerzos médicos, la segunda víctima también perdió la vida, según confirmó el SNAI. El suceso ha generado conmoción en la comunidad penitenciaria y entre las autoridades, que han iniciado investigaciones con el fin de identificar y capturar a los responsables.

El distrito Pascuales, donde se encuentra el complejo carcelario de Guayaquil, ha sido escenario de una creciente ola de violencia, registrando hasta el 28 de agosto un total de 142 asesinatos, según datos de Segura EP, la empresa de seguridad municipal de Guayaquil. Este incidente resalta la crítica situación de crítica que afecta la zona y que genera preocupación por la seguridad de quienes laboran en el sistema penitenciario.

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Los atacantes le dispararon más de cinco veces en la cabeza antes de huir en una motocicleta. La Policía encontró diez casquillos de bala en la escena del crimen. Según el sistema Judicial, la víctima no tenía antecedentes penales.

El cuerpo de Kobelsky fue trasladado a la morgue de Santa Elena, donde se espera que se realice la autopsia. De momento, el hecho se suma a una seguidilla de casos de sicariato que han incrementado en esta provincia en los últimos dos meses.

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«Estamos todos bien, hemos tenido mucha suerte. Todavía tenemos el susto en el cuerpo, pero ahora lo único que queremos es volver a España», dijo uno de los afectados. Los empleados están en una hostería en Playas esperando su regreso a España, la mayoría son de Galicia.

Por ootro lado el Teniente Coronel Mauricio Santamaría, jefe del distrito Progreso, indicó que un antisocial en motocicleta disparó contra el bus, el conductor hizo una maniobra y aceleró mientras recibía los disparos, luego al ver que no podía lograr nada, desapareció. «El conductor llegó a Playas, dejó a los ciudadanos en la hostería y se pone a buen recaudo para pedir auxilio. La Policía se acerca al lugar y le consultan cómo sucedieron las cosas. El jefe del distrito Playas, Juan Camilo Salinas organiza un operativo».

Hasta el momento, no se ha identificado o apresado a ningún ciudadano que tenga relación con el hecho. La policía en Posorja aumentó los controles a vehículos. Los ciudadanos españoles trabajaban en la reparación de un atunero de la empresa armadora Albacora y volvían de su jornada laboral cuando recibieron el ataque. (MIB)

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Durante el operativo de este domingo, realizado en su casa en el sector María Auxiliadora de la ciudad de Manta, la Policía encontró una pistola, diez cartuchos y una alimentadora.

Alias «Perro Negro» es considerado un miembro clave de Los Choneros, organización liderada por Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, quien está prófugo tras escapar de la cárcel Regional de Guayaquil en enero de este año.

«Perro Negro» tenía antecedentes

El historial judicial de alias «Perro Negro» incluye nueve procesos por diversos delitos, registrados en el sistema del Consejo de la Judicatura. Sus problemas legales comenzaron en 2009 por asuntos de alimentos y abandono de hogar. En tanto, en 2011 y 2012 enfrentó cargos por robo y drogas. El pasado año fue procesado por porte ilegal de armas.

La captura de alias «Perro Negro» fue resultado de una intervención conjunta de la Policía Judicial, Criminalística y el Grupo de Intervención y Rescate (GIR) dentro del plan de acción 2.0, destinado a combatir la delincuencia en Manta.

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