En su defensa, presentada ante la Comisión presidida por Ferdinand Álvarez, Goyes desmonta los dos hechos imputados: su retiro de la sesión del 16 de abril y su inasistencia a la reinstalación del 22 de abril. Argumenta que ningún marco legal obliga a un vocal a avalar propuestas que considere inconstitucionales. Además recalcó que su postura defendió el artículo 181 de la Constitución, que exige especialización en garantías jurisdiccionales.

La funcionaria recordó que desde enero de 2025 propuso un modelo técnico para la selección de jueces, el cual incluía la creación de 24 unidades judiciales, 9 tribunales de apelación y 75 jueces especializados, con un presupuesto de USD 18.7 millones. Dicha iniciativa establecía criterios de mérito, transparencia y participación ciudadana. Sin embargo, sus ocho observaciones al reglamento —presentadas entre febrero y marzo— fueron ignoradas, junto con su solicitud de una matriz comparativa.

Alegatos

El 16 de abril, durante una sesión plenaria Goyes advirtió que el reglamento en discusión vulneraba el mandato popular del referéndum de abril de 2024 y omitía la especialización judicial. Ante la falta de diálogo, se retiró tras solicitar un espacio de concertación, gestión que posteriormente lideró la vocal Yolanda Yupangui. Esto derivó en la resolución 034-2025, que incorporó tres de sus cuatro observaciones (especialización, experiencia y probidad), excluyendo la paridad.

Goyes destacó que su postura fue avalada por la Corte Constitucional mediante una sentencia del 26 de mayo que declaró inconstitucional la Resolución 006-2025 por aplicar criterios administrativos ordinarios a la justicia constitucional. La Corte ordenó rediseñar el reglamento, y Goyes enfatizó que este fallo, más no su actuación causó el retraso en el concurso de jueces. Este hecho habría afecctado la planificación de la Escuela Judicial y la asignación presupuestaria.

“He propuesto y defendido un reglamento acorde con los principios constitucionales. No hay causal para juicio político, sino coherencia con el derecho y compromiso con el país”, señala en el documento.

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Abogados de Glas y Serrano reaccionan

La tarde del viernes 27 de junio, el condenado Daniel Salcedo llegó al Complejo Judicial Norte de Quito acompañado de un fuerte resguardo policial para rendir su testimonio sobre el asesinado de Fernando Villavicencio, ocurrido en agosto de 2023. Dos años después, la Fiscalía General del Estado retoma las investigaciones para dar con el o los autores intelectuales del magnicidio, en cooperación eficaz. Salcedo habría mencionado montos y nombres ante un juez y un fiscal, desde la cámara Gesell. Después de la diligencia, los abogados de Jorge Glas y José Serrano dijeron ante los medios de comunicación que sus clientes no tienen ningún rol de participación. Dámaris Cáceres, abogada del exvicepresidente, aseguró que su defendido no habría sido mencionado de manera directa en el testimonio y que los señalamientos a exautoridades de gobiernos pasado han sido muy escuetos, según las declaraciones publicadas en el medio El Dato.

Por su parte, el abogado del exministro del Interior indicó que no existen pruebas de que su defendido esté involucrado en el caso a pesar de que se ha dicho que se presentarían en la diligencia. Esta versión se encontró en el medio digital El Portal.

Diligencia reservada

Ante estas declaraciones, la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado oficial donde advirtió el inicio de acciones legales contra las personas que hayan difundido información catalogada como reservada, puesto que el testimonio constituye una diligencia a la que únicamente tienen acceso los sujetos procesales.

Sin embargo, cuatro meses después del crimen, la exfiscal ya anunciaba sus sospechas de Javier Jordán como uno de los involucrados. En una entrevista en el medio Teleamazonas, de diciembre de 2023, la exfiscal Diana Salazar dijo que en conversaciones de chats, de mayo hasta octubre de 2022, se revelaba una con Jordán en la que presuntamente solicitó fotografías, documentos, contactos y nombres de personas cercanas a Villavicencio.

También señaló que la información que se filtró del político provenía de bases de datos de la función pública, como ubicación desde el ECU 911, coordenadas, tarjetas de filiación, fichas y otras, que solo tenían acceso determinadas personas. “Imagínese que tenían a la mano todo lo necesario para cuando Fernando se les perdiera”, aseguraba la titular de la Fiscalía cuando aún estaba en funciones.

¿Hubo financiamiento y un financista?

Las declaraciones de ambos abogados coinciden en que Salcedo habría señalado que el asesinato de Villavicencio fue financiado con sumas de 20.000, 30.000 y 200.000 dólares pero que, ninguno de estos recursos representaría necesariamente momentos de pagos. Los periodistas mencionaron el nombre de Javier Jordán como el presunto financista, sin embargo, ninguna de las partes confirmó el nombre e indicaron que esta información está en la investigación de la Fiscalía.

Entre los nombres que se habrían mencionado de forma indirecta en el testimonio de Salcedo, estarían el del empresario Javier Jordán, así como el de un exministro identificado como “Pepe”, que algunos relacionan con José Serrano. También se habría afirmado la participación de actores cercanos a un movimiento político, aunque sin acusaciones directas ni documentación verificable. Estas menciones han generado una nueva ola de tensiones políticas y mediáticas.

¿Rumores, especulaciones o verdad a voces?

Desde los espacios virtuales, tanto actores políticos como ciudadanos han cuestionado que este proceso podría estar siendo manipulado con fines políticos, especialmente por figuras públicas que buscan vincular a un movimiento político sin pruebas sólidas.

Sin embargo, el testimonio de Daniel Salcedo deja en evidencia las tensiones entre justicia, poder y verdad. Mientras se mencionan o rumoran nombres que generan ruido político y mediático, las defensas insisten que se trata de acusaciones infundadas y esperan que la investigación sea transparente.

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En un comunicado oficial, la entidad señaló que la Oficina de Investigaciones de Seguridad de Nueva York retuvo el dispositivo, un iPhone Apple modelo 15 Plus, el pasado 13 de marzo, cuando prohibió el ingreso de Franco Loor a territorio estadounidense.

«El dispositivo -que fue retenido en el aeropuerto John F. Kennedy, de acuerdo con las atribuciones y facultades conferidas por la Ley de Estados Unidos- se entregó en una bolsa sellada del Departamento de seguridad de ese país», señaló.

La Fiscalía sostiene que el celular en cuestión podría aportar elementos relevantes en el marco de la investigación por presunta asociación ilícita dentro del caso Ligados, en el que están señalados Eduardo Franco Loor, los exconsejeros Augusto Verduga y Yadira Saltos, así como la actual consejera Nicole Bonifaz.

El Ministerio Público indicó que ingresó el dispositivo «en legal y debida forma» a la cadena de custodia durante la tarde de este jueves.

Además, la entidad comunicó que «ha solicitado a la autoridad competente, la autorización respectiva para la práctica de pericias y análisis digital del contenido del dispositivo celular».

Reacción de Franco Loor

Tras conocerse que su teléfono celular está en manos de la Fiscalía ecuatoriana, Eduardo Franco Loor se pronunció en su cuenta de X, donde afirmó que en dicho dispositivo «no encontrarán nada irregular, ningún indicio o prueba de ningún delito», ya que asegura haber dedicado su vida a la enseñanza universitaria por más de cuatro décadas y al ejercicio profesional del derecho.

El exabogado de Jorge Glas recalcó que es «un hombre culto y honesto», y que siempre ha actuado dentro del marco de la legalidad, guiado por principios éticos y cristianos. En ese sentido, sostuvo que nunca ha cometido delito alguno y que en el caso por el cual se lo investiga, «jamás me he asociado ilícitamente con nadie». Añadió que no existen elementos suficientes para formular una acusación en su contra y confía en que «brille la justicia y la verdad».

Sobre su rol en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Franco Loor aclaró que actuó en calidad de consejero electo y no a título personal. En su defensa, explicó que las resoluciones adoptadas por el Pleno del Cpccs están amparadas en la legalidad, de acuerdo con el Código Orgánico Administrativo. Además, argumentó que «los organismos o entidades del sector público no pueden cometer delitos», ya que, según el artículo 49 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), únicamente las personas naturales o jurídicas de derecho privado pueden ser sujetas de responsabilidad penal.

Cabe señalar que, dentro del caso Ligados, también figura como elemento de convicción un teléfono celular perteneciente al exconsejero Augusto Verduga. La Fiscalía ha difundido conversaciones extraídas de ese dispositivo, en las que se evidencia que la llamada ‘Liga Azul’ —integrada por consejeros afines al correísmo— mantenía vínculos con representantes de la Revolución Ciudadana, compartiendo intereses y objetivos políticos.

Confirmación de Fiscalía

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La Fiscalía afirmó que los cuatro acusados están vinculados con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Tres de ellos ejercieron como exconsejeros relacionados con el correísmo, mientras que la cuarta ocupa actualmente el cargo de consejera. De acuerdo con la acusación, su intención era alcanzar, junto a una organización política, el control del sistema financiero y de justicia en Ecuador.

Desde el 15 de marzo, la Fiscalía investiga penalmente a los exconsejeros de Participación Ciudadana, Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor. También procesa a la actual integrante del CPCCS, Nicole Bonifaz, por el delito de asociación ilícita.

Según la acusación del fiscal general subrogante, Wilson Toainga, el expediente revelaría una planificación y ejecución de estrategias ilícitas. El objetivo de estas acciones habría sido tomar el control de la institucionalidad del Estado.

¿Intento de control del sistema financiero?

Los procesados intentaron influir en el sistema financiero al incumplir la sentencia 372-23-EP-24 de la Corte Constitucional (CC) para designar a un Superintendente de Bancos afín a sus intereses, según señaló la Fiscalía. El exconsejero Augusto Verduga habría promovido este nombramiento, de acuerdo con el fiscal general subrogante, Wilson Toainga.

Durante una sesión del CPCCS el 22 de enero de 2025, Verduga propuso tomar en cuenta una resolución constitucional que declaraba la vulneración de derechos de Raúl González. Este último no pudo asumir el cargo de superintendente de Bancos en 2022. A pesar de que la sentencia no afectaba nuevos procesos de selección, Nicole Bonifaz, Eduardo Franco, Yadira Saltos y Augusto Verduga aprobaron la moción con sus votos.

Como resultado, la posesión de Roberto Romero, designado legalmente para el cargo en 2024, fue postergada. En su lugar, se solicitó a la Asamblea Nacional la posesión inmediata de Raúl González, en abierta contradicción con la decisión de la Corte Constitucional.

Fiscalía investiga presunto intento de control en el Consejo de la Judicatura

Durante la formulación de cargos del caso Liga2, la Fiscalía señaló que el sistema financiero no fue el único ámbito que los procesados intentaron controlar. Según el fiscal subrogante Wilson Toainga, estas personas habrían actuado en coordinación con miembros del movimiento Revolución Ciudadana (RC5) para influir en la designación de vocales del Consejo de la Judicatura (CJ).

De acuerdo con la investigación, este presunto control se habría ejecutado mediante gestiones con personal de la Asamblea Nacional y funcionarios de la Defensoría Pública, cuyas posturas ideológicas coincidían con las del correísmo. La Fiscalía sostiene que existen conversaciones en las que el exconsejero Augusto Verduga habría coordinado con miembros del CPCCS y de RC5 para retrasar el concurso del Consejo de la Judicatura con la intención de que, en caso de ganar las elecciones presidenciales, el Gobierno de Luisa González enviara la terna correspondiente.

Para concretar este plan, se habrían planteado medidas cautelares y tráfico de influencias, según Toainga. La Fiscalía indicó que los hechos evidencian la existencia de una asociación ilícita que buscaba el control del Estado, comprometiendo la imparcialidad en la selección de autoridades, responsabilidad del CPCCS.

Evidencias y formulación de cargos

Según la Fiscalía, dentro de la investigación se revelan conversaciones que muestran cómo el exconsejero Augusto Verduga recibía y gestionaba hojas de vida, actos notariales y carpetas de posibles candidatos para las ternas. Estos documentos habrían sido enviados desde la Asamblea Nacional y la Defensoría Pública, con el respaldo de personal del CPCCS y miembros del movimiento Revolución Ciudadana. Para la Fiscalía, esto demuestra una clara intención de actuar en contra de la Constitución y la ley.

Durante la audiencia, el fiscal Toainga presentó los elementos de convicción que sustentan la acusación contra los cuatro implicados, lo que permitió fundamentar el pedido de una instrucción fiscal. Tras casi ocho horas de audiencia, el conjuez Aguirre ordenó el inicio de una instrucción fiscal por 90 días y dictó medidas cautelares contra los procesados, como la presentación periódica ante la autoridad y la prohibición de salida del país.

Los cargos formulados corresponden al artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) bajo la figura de asociación ilícita. La Fiscalía recalca que el grado de participación de los acusados es en calidad de autores directos.

¿Qué dice Augusto Verduga?

El exconsejero de Participación Ciudadana y Control Social, Augusto Verduga, procesado en el caso Liga2, se pronunció a través de su cuenta en X con un extenso texto de nueve párrafos, en el que expresó su postura sobre el proceso judicial en su contra y denunció lo que considera una persecución política.

Verduga señaló que «la narración de los poderosos se hace oír sin pudor, sin rubor, mientras que los verdaderos problemas de la gente quedan enterrados en la miseria de la manipulación mediática». Además, aseguró que «mi único ‘delito’ ha sido desafiar al poder más monstruoso que hemos tenido en este país: la banca privada», criticando el rol del sistema financiero en la economía del país.

El exconsejero afirmó que «la persecución que estamos viviendo no es solo política; es un ataque brutal a nuestra esencia, a nuestra lucha, a nuestras ideas. Es una campaña de estigmatización diseñada con un solo fin: silenciar a aquellos que no se someten, a aquellos que cuestionan el orden corrupto que ha caracterizado a este Gobierno y sus dos antecesores».

También mencionó que «este ciclo de destrucción está por llegar a su fin», mostrando su convicción de que la situación actual cambiará. Finalmente, en su mensaje, sostuvo que «ya basta de la continuidad oscura de un proyecto que, bajo las administraciones de Moreno, Lasso y Noboa, ha llevado al Ecuador a la ruina. No cabe duda: el pueblo está despierto, el país está cansado de este juego sucio y pronto veremos el amanecer de una nueva etapa para nuestra sufrida Patria».

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Según informó la CC, las designaciones se realizaron conforme a lo establecido en el numeral 1 del artículo 191 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, durante la Sesión Jurisdiccional Extraordinaria n.° 006-E-2025.

El pleno de la Corte también está integrado por Jorge Benavides Ordóñez, Alejandra Cárdenas Reyes, Alí Lozada Prado, Teresa Nuques Martínez, Richard Ortiz Ortiz, Claudia Salgado Levy y José Luis Terán.

Como parte de una serie de cambios administrativos y tecnológicos, los jueces de la Corte Constitucional aprobaron un nuevo Reglamento Interno de Talento Humano compuesto por 166 artículos, cuyo objetivo es regular el ingreso y desempeño del personal.

La Corte Constitucional aprobó la normativa el 30 de enero de 2025 con el voto unánime de sus nueve jueces, estableciendo requisitos específicos para quienes aspiren a ser funcionarios de la institución.

Entre ellos, se exige ser mayor de 18 años y estar en pleno ejercicio de los derechos para ocupar un cargo. Además, no estar bajo interdicción civil ni en estado de insolvencia fraudulenta declarada judicialmente.

Además, los aspirantes no deben estar incursos en prohibiciones para ejercer cargos públicos, deben contar con la preparación académica o técnica requerida, haber sufragado y no tener deudas pendientes. También se exige la presentación de una declaración juramentada al inicio de funciones, entre otros requisitos.

¿Qué sucede con el nepotismo?

El nuevo reglamento de la Corte Constitucional establece restricciones estrictas para prevenir el nepotismo dentro de la institución. Ni el presidente de la CC, ni su delegado, ni los ocho jueces podrán designar, nombrar, posesionar o contratar a familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, así como a su cónyuge o pareja en unión de hecho legalmente reconocida.

En caso de que un juez tenga un familiar en estos grados de parentesco trabajando en la Corte bajo contrato de servicios ocasionales, civiles o técnicos especializados, el contrato se mantendrá hasta su finalización, pero no podrá ser renovado. También queda prohibida la contratación de asesores con parentesco dentro de los mismos grados y la «herencia» de cargos o puestos de trabajo.

Adicionalmente, el reglamento establece seis prohibiciones para los servidores de la CC. No podrán ocupar un cargo quienes tengan sentencias condenatorias ejecutoriadas por delitos como peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, tráfico de influencias, testaferrismo, lavado de activos, asociación ilícita, delincuencia organizada, delitos aduaneros, tráfico de drogas, acoso o explotación sexual, trata de personas, tráfico ilícito o violación.

Tampoco podrán ser parte de la Corte quienes hayan recibido créditos contrarios al ordenamiento jurídico o quienes hayan sido sancionados con remoción o destitución dentro de la institución. Además, se prohíbe el pluriempleo, por lo que ningún funcionario podrá desempeñar simultáneamente otro cargo en el sector público.

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Los jueces Lady Ávila Freire (ponente), Diana Fernández León y Xavier Barriga llegaron a esta conclusión tras revisar las actuaciones de Vera como jueza de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia en un caso relacionado con una queja presentada por Bryan Andrade Pérez, en calidad de procurador judicial de la compañía COMWARE S.A.

El abogado Washington Andrade, defensor de la jueza Nubia Vera, informó a La Calle que se está tratando de posicionar una idea equivocada sobre la situación, cuando el procedimiento establece otra cosa.

Cuatro puntos claves

Primero, Andrade explicó que la declaración de los jueces de la Sala podría constituir una falta grave, pero esto está sujeto a que se inicie un sumario administrativo, en el cual la jueza y su defensa tendrán la posibilidad de desmontar esos argumentos.

Segundo, señaló que el proceso en el que se dictó esta declaratoria es el mismo en el que, ante la Comisión de Justicia, Vera manifestó que este número de proceso fue uno de los que se activaron luego de que le fuera sorteada la causa el 11 de noviembre. Añadió que la notificación de la resolución del sorteo y la asignación del tribunal llegó a su despacho apenas 45 minutos antes de que emitiera su fallo oral el 23 de diciembre. Según el abogado, en ese corto tiempo, la jueza fue objeto de amenazas e intentos de amedrentamiento con la advertencia de que se activaría un sumario administrativo en su contra y su posible destitución.

Ese mismo día, la magistrada Vera, luego de su veredicto, denunció haber recibido presiones de Mario Godoy para que falle en contra de Verónica Abad. «Es evidente que, como Mario Godoy, en funciones prorrogadas, está ejerciendo su poder al respecto», manifestó Andrade.

Tercero, el abogado reiteró que presentarán su defensa y dejó en claro que no se trata de una destitución. «La Corte Provincial no puede destituir, lo que hace es emitir esta declaración para que se inicie un proceso», sostuvo, añadiendo que demostrarán la falsedad de los argumentos en su contra.

Cuarto, mencionó que la jueza Nubia Vera ha insistido en solicitar medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además, resaltó que ya se han iniciado más de ocho acciones en su contra desde que tomó la decisión de fallar en el caso Abad.

El jurista agregó que, incluso, el día de ayer, jueves 13 de marzo, Nubia Vera fue impedida de acceder a su sistema informático.

Finalmente, Andrade fue enfático en que «esto no constituye una destitución» y criticó a los portales que han informado lo contrario, asegurando que «están incurriendo en falsedad».

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En los últimos días, han surgido nuevos elementos en el proceso judicial, incluyendo la versión del subteniente de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), John Zabala, una aparente campaña mediática de desprestigio en contra de los muchachos que perdieron su vida tragicamente y la audiencia de los militares procesados.

La versión del subteniente John Zabala en el caso de los Cuatro de Las Malvinas

Según consta en el expediente del caso, el subteniente de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), John Zabala, rindió su versión sobre los hechos que derivaron en la desaparición de Ismael y Josué Arroyo (15 y 14 años), Saúl Arboleda (15) y Steven Medina (11), conocidos como los Cuatro de Las Malvinas.

Zabala, a pesar de su poca experiencia — ya que un subteniente es el rango más bajo dentro de la oficialidad en la FAE —, estaba al mando de dos patrullas conformadas por 16 militares. En su testimonio, expuesto en el portal Primicias, explicó que, tras la detención de los cuatro menores, los uniformados continuaron con los operativos de requisa en Durán, mientras los niños permanecían en la parte trasera de las camionetas.

Órdenes, desvíos y jurisdicción militar

Las dos patrullas que capturaron a los menores alrededor de las 20:30 del 8 de diciembre no debían operar en el sur de Guayaquil. Según la distribución de funciones establecida en la militarización de la Zona 8, la FAE tenía asignada la vigilancia en Durán, mientras que la Armada debía encargarse del sur de Guayaquil.

Sin embargo, Zabala y su equipo fueron desviados de su operativo de Control de Armas, Municiones y Explosivos (Camex) en Durán y enviados a Guayaquil. La orden de desplazarse a la Terminal Terrestre fue dada a las 17:30 de ese mismo día por un oficial superior.

La custodia del camión con presunto contrabando

De acuerdo con el testimonio del subteniente, una camioneta de inteligencia militar detectó un camión con frutas, electrodomésticos y bultos de papas frente a la Terminal Terrestre de Guayaquil. Por ello, se dispuso que las patrullas de la FAE escoltaran el vehículo hasta las instalaciones de la Aduana, ubicadas en el sur de la ciudad.

El operativo de inspección del camión estuvo a cargo de personal de la Aduana y de inteligencia militar de la Escuela de Infantería Aérea.

Zabala no detalló qué tipo de artículos de contrabando encontraron en el camión. No obstante, afirmó que requirieron la presencia del Grupo de Operaciones Militares de Ámbito Interno (Gomai) Durán de la FAE como parte del procedimiento.

La detención de los menores y las requisas posteriores

Según la versión de los militares procesados, la detención de los cuatro menores ocurrió cuando las patrullas regresaban a Durán desde la Aduana. Al detenerse en un semáforo ubicado en la intersección de la avenida 25 de Julio y Ernesto Albán, en el sur de Guayaquil, recibieron la alerta de ciudadanos sobre un supuesto robo. En ese momento, capturaron a los niños frente a un centro comercial de la zona.

Después de la detención, los menores fueron transportados en la parte trasera de las camionetas mientras los militares continuaban realizando operativos de requisa en Durán, como parte del Camex.

La orden superior y el operativo posterior

El subteniente Zabala señaló que la orden de custodiar el camión con presunto contrabando provino del teniente coronel Francisco Iglesias. Este oficial no estuvo presente durante el operativo y tampoco ha sido procesado en el caso, pese a ser mencionado en múltiples testimonios dentro del expediente.

Tres días después de la desaparición de los menores, Iglesias lideró un operativo en Taura, cantón Naranjal (Guayas), donde, según la versión de los uniformados, abandonaron a los cuatro niños.

En esa intervención, se recuperó ropa perteneciente a los menores.

La Fiscalía ha citado al teniente coronel para que rinda su versión y explique por qué no coordinó este operativo con la Policía Nacional y el Ministerio Público, especialmente considerando que, en ese momento, la desaparición de los Cuatro de Las Malvinas aún no había tomado relevancia mediática.

Campaña Mediática

El pasado miércoles 19 de febrero se instaló la audiencia de apelación a la prisión preventiva de los 16 militares procesados por la desaparición de los cuatro de Las Malvinas.

Jesús López, abogado de uno de los imputados, publicó en sus redes sociales un video grabado el 8 de diciembre de 2024, el mismo día en que desaparecieron los menores. En las imágenes se observa a dos personas saliendo de un puente y acercándose a otra, quien los evade. Uno de ellos intenta golpearla, mientras que otro grupo de personas se aproxima por detrás.

Según la versión de López, los niños eran las personas que salían del puente. Además, afirma que «como la persona es esquivada por los ciudadanos, retornan a esconderse debajo del puente. Pasados 10 minutos la misma cámara graba el video que se hizo viral, donde una persona civil hace entrega de los ciudadanos (los menores) a los militares».

Erick Huilca, abogado de uno de los investigados, aclaró que Jesús López no representa legalmente a todos los imputados.

Reacciones ante la publicación del video

Fernando Bastidas, defensor de derechos humanos, calificó la publicación del video como «un ataque a nivel mediático«. Además, mencionó que uno de los abogados de los procesados rechazó la acción de López, señalando que «en primer lugar, la defensa de ellos, no va a ser mediática y en segundo lugar, que un abogado no puede hablar por los 16».

Bastidas enfatizó que López «apenas representa a cuatro procesados» y cuestionó sus intenciones al publicar el material audiovisual. «No buscaba un aporte para el desarrollo del proceso, al contrario, el abogado quería polarizar aún más la situación», afirmó.

Finalmente, Bastidas indicó que desconoce cuál sería la ventaja de divulgar el video en este punto del proceso.

El desenlace de la audiencia

La Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas rechazó el pasado jueves 20 de febrero de 2025 el recurso de apelación presentado por la defensa de los 16 militares procesados por la presunta desaparición forzada de los Cuatro de Las Malvinas en Guayaquil.

La resolución fue anunciada en una audiencia virtual que inició a las 10:40, en la que el tribunal confirmó, en segunda instancia, la prisión preventiva para los uniformados. Con esta decisión, los procesados continuarán detenidos en la cárcel de Latacunga, en la provincia de Cotopaxi.

Argumentos de la defensa y de la Fiscalía

Durante la audiencia de apelación, que se llevó a cabo el miércoles 19 de febrero, la defensa de los militares argumentó que sus clientes han colaborado con el proceso judicial desde el inicio y que la prisión preventiva era una medida excesiva. En su lugar, solicitaron medidas sustitutivas como la prohibición de salida del país y presentaciones periódicas ante las autoridades judiciales.

Sin embargo, tanto la Fiscalía como los abogados de las familias de las víctimas insistieron en la gravedad del caso y en las irregularidades que marcaron el procedimiento de detención. El fiscal a cargo del caso acusó a los militares de obstaculizar la investigación, por lo que solicitó que se mantenga la prisión preventiva.

Con esta decisión, el proceso judicial contra los 16 uniformados sigue en curso, mientras las familias de las víctimas exigen justicia por la desaparición de los cuatro menores.

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Video filtrado

Jesús López, abogado de uno de los imputados, publicó en sus redes sociales, un video del pasado 8 de diciembre de 2024 (día de la desaparición) donde muestra imágenes minutos antes de la detención de Ismael, Josué, Steven y Nehemías.

En el video se logra ver a dos personas saliendo de un puente. Ambas se acercan a otra persona, esta los evade, y una de ellas intenta golpearla. De acuerdo con López, los niños eran las personas que salían del puente. Mientras, otro grupo de personas llegaba por detrás.

«Como la persona es esquivada por los ciudadanos, retornan a esconderse debajo del puente. Pasados 10 minutos la misma cámara graba el video que se hizo viral, donde una persona civil hace entrega de los ciudadanos (los menores) a los militares», afirma López. 

El abogado menciona que «lo curioso» es la diferencia de 10 minutos entre ambos videos. En este tiempo no hay registro de «qué acciones cometieron las personas que retornaron a esconderse debajo del puente (…) querían pruebas de que los militares actuaron en delito flagrante, pues las pruebas van apareciendo», concluye López.

¿El video cambia el rumbo de la investigación?

El fiscal, Christian Fárez, ha mencionado que el video filtrado no cambia, ni influye en la investigación. El video no prueba ningún delito y ha sido analizado por la Fiscalía. Además. Fárez menciona argumentos para que los militares continúen con prisión preventiva.

Además, recalca la falta de aplicación de protocolos en contexto de detención de niños, niñas y adolescentes, ya que los niños no fueron llevados ni a la Policía ni a la Fiscalía ecuatoriana.

En este contexto, ningún delito ha sido comprobado ya que no existen partes policiales o militares que proporciones detalles de la legalidad de esta detención.

Por otro lado, la discusión no trata de si hubo comisión de delito o no. La desaparición forzada implica que las víctimas fueron privadas de comunicación (según la defensa de las familias) y la ausencia de protocolos, no hubo un manejo adecuado del caso, lo que llevó a una a tener cuatro niños incinerados y sepultados.

¿El video podría traer problemas?

Erick Huilca, abogado de uno de los investigados, aclaró que su colega Jesús López no es el abogado de todos los imputados.

Por su parte, Fernando Bastidas, defensor de Derechos Humanos, calificó la publicación del video como “un ataque a nivel mediático”.

López recibió un rechazo por parte de uno de los abogados por su actuar al publicar el video. Bastidas señaló que, “uno de los abogados de los procesados rechazó el actuar del abogado Jesús. Señalando que, en primer lugar, la defensa de ellos, no va a ser mediática y en segundo lugar, que un abogado no puede hablar por los 16”.

“Apenas representa a cuatro procesados”, puntualizó Bastidas. Posteriormente, recalcó que López no buscaba un aporte para el desarrollo del proceso, al contrario, el abogado quería «polarizar aún más la situación”.

El defensor de los derechos humanos menciona que desconoce la ventaja que le daría publicar el video.

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La entrada Caso Malvinas: «Video filtrado fue un ataque mediático», sostiene abogado de las 4 familias se publicó primero en La Calle.

Mientras tanto, el medio El Dato transmitió la diligencia con una reportera, a lo que Tala respondió calificándolo de «show» y asegurando que «no fue un allanamiento, sino la Superintendencia haciendo turismo». Además, criticó la legalidad del procedimiento y señaló que las instituciones involucradas «no tienen, ni por asomo, la facultad legal para realizar allanamientos”. Tala vinculó el operativo con recientes denuncias del alcalde Aquiles Álvarez y acusándolo de ser un «2×1 en persecución política».

Por otro lado, la periodista María Sol Borja se pronunció sobre el hecho, señalando que la productora intervenida es otra de «las odiadas por el mal enemigo». Cuestionó la participación de la Policía en una investigación de la Superintendencia y criticó que, aunque no se trató de un allanamiento, el medio El Dato maneja la narrativa como si lo fuera.

Borja también recordó que Catrina Tala fue la primera periodista en dar espacio a Gabriela Goldbaum, ex esposa de Daniel Noboa, para hablar sobre la denuncia de «violencia psicológica» en contra del actual presidente de la nación; también destacó su vínculo con el alcalde Aquiles Álvarez, otro de los personajes que, según ella, también está en la mira del «mal enemigo».

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La entrada Superintendencia de Compañías investiga productora audiovisual vinculada a empresaria Catrina Tala se publicó primero en La Calle.

El fallo responde a una acción extraordinaria de protección presentada por la Procuraduría General del Estado (PGE) junto a otras cinco entidades estatales. Según la Corte, las resoluciones judiciales previas vulneraron el derecho a la seguridad jurídica, calificando la actuación de los jueces como un «error judicial inexcusable».

Investigación por presunto prevaricato

Entre las medidas dictadas, la Corte dejó sin efecto la devolución de los bienes a los Isaías, así como la compensación económica que les había sido otorgada en instancias previas. Además, ordenó a la Fiscalía investigar a los jueces responsables de las sentencias que beneficiaban a los hermanos Isaías.

El Consejo de la Judicatura también fue instruido para determinar las sanciones correspondientes contra los magistrados implicados.

Contexto del caso

El origen del litigio se remonta a 2018, cuando los hermanos Isaías lograron revertir, mediante decisiones judiciales, la incautación de sus propiedades, realizada tras el colapso del sistema financiero ecuatoriano en 1999. Las sentencias ahora anuladas habilitaron la devolución de bienes que no habían sido vendidos, donados o cedidos por el Estado, según investigaciones previas.

La Corte Constitucional argumentó que el proceso judicial estuvo marcado por irregularidades, señalando que la transformación de medidas cautelares en acciones de protección fue improcedente.

Un precedente para la seguridad jurídica

La PGE celebró la decisión como una victoria en la defensa de los intereses públicos. «Este fallo reafirma el compromiso del Estado con la seguridad jurídica y evita el uso indebido de garantías constitucionales», señaló un comunicado oficial.

El caso Isaías sigue siendo uno de los capítulos más controversiales del feriado bancario, que dejó graves secuelas económicas y sociales en el país.

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«Se ejecutan órdenes de detención contra 7 agentes de Tránsito, que habrían exigido dinero a cambio de no sancionar infracciones como el incumplimiento de la medida de pico y placa. Además, otras 2 personas son detenidas con fines investigativos», explicó la Fiscalía en su cuenta de X.

Entre los indicios se encontraron teléfonos, equipos portátiles, dinero, licencias, matrículas y tarjetas con el número de cuenta de ahorros para realizar el chantaje. En otra investigación sobre el mismo caso se detuvo a los agentes de tránsito Cristian C., Segundo J. y Geovanny M., quienes habrían exigido pagos para no reportar presuntas infracciones de tránsito relacionadas con el plan de restricción vehicular “Pico y Placa” o con circulación de vehículos con llantas lisas. En total se realizaron tres investigaciones y más de diez allanamientos.

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Entre las 07h00 y las 07h10 del 19 de septiembre se registró el delito en la intersección de las avenidas Pichincha y Velasco Ibarra, en el sector de El Trébol. Un vehículo VolksWagen gris con placas PFC-2793 circulaba por la zona cuando una motocicleta con dos individuos se acercó a dispararles.

Los ocupantes, un hombre de 36 y una mujer 33 años, tienen heridas a la altura del cuello y el tórax, según la información de los paramédicos del servicio de emergencias, fueron trasladados rápidamente a una casa de salud. En el lugar del delito, la Policía encontró al menos siete indicios de proyectiles.

Según la información de las placas del vehículo, éste pertenecería a Katherine Lizbeth M.M., quién hasta este septiembre desempeñaba sus funciones en la dirección de asesoría jurídica del Servicio Nacional de Atención a Privados de la Libertad (SNAI), según el registro de transparencia de la institución.

Asimismo, el SNAI ya se pronunció al respecto. La mañana de este 19 de septiembre de 2024, en el sector El Trébol en Quito, se registró un ataque armado contra dos personas, entre ellas una funcionaria administrativa del SNAI. Como resultado de este atentado, las personas quedaron heridas y han sido trasladadas para recibir la atención médica urgente.

Policía Nacional realiza las investigaciones para esclarecer y determinar a los posibles responsables del suceso. El SNAI tomará las acciones legales pertinentes para llevar el caso ante las autoridades competentes. Rechazamos categóricamente cualquier acto de violencia o intimidación contra funcionarios de nuestra institución.

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Ante la noticia del supuesto secuestro, el abogado de Kevin solicitó postergar su intervención para el final de la diligencia, compromiso que será justificado por escrito.

El pasado de alias Kevin

Alias Kevin es acusado por la Fiscalía de haber gestionado beneficios carcelarios para Norero y su familia, así como de haber defendido al capo en un proceso para recuperar bienes decomisados en Samborondón.

Esta audiencia marca el octavo día del juicio, donde 37 procesados enfrentan acusaciones de manipular la justicia a favor de personas privadas de libertad, con cuatro de ellos señalados como cabecillas y los demás en calidad de colaboradores. Previamente, los abogados defensores han cuestionado la solidez de la investigación fiscal, particularmente los chats revelados como evidencia del caso.

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Ubicaron las características del vehículo en que se movilizaban, lo que les permitió aprehender a Wilson O., quien habría sido el conductor y, por ende, coautor del delito. Los agentes decomisaron un arma de fuego, varios cartuchos y un teléfono celular.

Por otra parte, la Fiscalía informó que un juez dictó prisión preventiva al coautor de este trágico hecho. Desde la Policía Nacional expresaron que la directora asesinada debía informar si corría algún peligro y el SNAI, por el momento, no se pronuncia acerca la falta de escoltas para los directores de las cárceles del país.

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De acuerdo con Alejandro Barreto, especialista en medicina interna, Glas tiene un grave cuadro clínico que se va deteriorando de a poco debido a las condiciones de encierro y la polifarmacia, es decir los diferentes medicamentos que recibe. El exvicepresidente recibe en 42 a 45 pastillas al día para diferentes dolencias y enfermedades, entre los que están psicofármacos y analgésicos (opiodes). La medicina, recetada por el cuerpo médico del SNAI, pueden tener consecuencias graves como las alucinaciones o lagunas mentales que, de acuerdo con el doctor, están presentes en Glas.

La falta de un tratamiento fuera de lo farmacéutico, debido a las condiciones de la prisión, ha llevado al exfuncionario a la depresión y según los testimonios de quienes lo han visitado, a insistir en acabar con su vida.

Encerrado en un cuarto de 2 x 3, sin luz solar. Yo he estado presente en los pasillos, las habitaciones y es algo desesperante a pesar de que solo he pasado dos horas. Esto es devastador para cualquier persona (...) Una de las acciones principales en un caso como el del ingeniero Glas que tiene una psicopatía, con una depresión severa, un cuadro de ansiedad severo y un intento de suicidio es grave es cambiar su entorno", dijo Barreto. 

Cuadro depresivo

Por otro lado, la asambleísta Sofía Espín, indicó que ha visitado tres veces a Glas y en las tres veces, la última el 14 de agosto, reiteró su deseo de atentar contra su vida. Además solo recibe la luz solar durante 30 minutos cada dos días La legisladora agregó que responsabilizan por la vida y la integridad del exvicepresidente al Gobierno de Daniel Noboa. Los abogados del Comité Internacional dijeron que solicitaron el 22 de agosto poder visitar a Glas en la Roca, pero no han tenido respuesta del Gobierno.

Barreto indicó que no hay posibilidad de un tratamiento para Glas en las condiciones en las que se encuentra. Es por eso que los médicos de la SNAI han llegado a la polifarmacia excesiva. No se puede asegurar si habría una presión externa en la receta de esos medicamentos. Este medio solicitó información al SNAI, pero todavía no hay respuesta. (MIB)

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De acuerdo con Salazar, las declaraciones del periodista Andersson Boscán no le sorprenden, ya que entre los chats del narcotraficante asesinado Leandro Norero figuraban mensajes, donde «se trataban de naños queridos». Agregó que las investigaciones del caso aparecen en diciembre de 2022 y que en el operativo La Pampa se realizaron allanamientos y se apresaron a 8 presuntos miembros de la mafia albanesa.

«Se informó de manera maliciosa que se le comunicó a Gjika para que abandone el país. Falso, cuando inició la investigación, él ya había salido del país. (…) El caso se encuentra a la espera de la audiencia preparatoria de juicio, la Fiscalía va a presentar la acusación formal», expresó.

¿Qué dice La Posta?

El medio digital indicó que la operación conjunta La pampa no contó con la detención de Djika debido a que la Fiscalía General del Estado le habría avisado para que escape. Asimismo indicó que las empresas de la mafia albanesa, presuntamente culpables del delito del lavado de activos no han sido eliminadas por el Estado, una responsabilidad de la UAFE y la Superintendencia de Compañías.

En su noticiero matutino Café La Posta, Boscán se refirió al asunto. «Yo no nombré a Diana Salazar, nombré a la Fiscalía. Si se sintió aludida por las dos personas cercanas a los altos despachos de Fiscalía que avisaron a la mafia albanesa, por algo será ¿no?». (MIB)

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Según la Fiscalía, la investigación está vinculada con la decisión de la CNJ de otorgar un habeas corpus al expresidente de la Judicatura, Wilman Terán el pasado 12 de agosto. El tribunal autorizó su traslado de la cárcel de máxima seguridad La Roca en Guayaquil a la Cárcel 4 en Quito, donde cumplirá su prisión preventiva.

Esta controvertida decisión fue adoptada por las juezas Tapia y Muñoz, quienes aceptaron una apelación a este recurso legal que previamente fue negado por otro tribunal. El juez Alejandro Arteaga fue el único en votar contra de esta resolución.

Jueces en rechazo

Los allanamientos no incluyeron solo las oficinas de las juezas, sino también un domicilio. En un comunicado, la Corte pidió que se respeten las competencias y decisiones de los jueces, destacando la importancia del debido proceso y la presunción de inocencia. José Suing, presidente encargado del órgano de justicia, subrayó la necesidad de mantener la independencia judicial frente a cualquier presión externa.

Por su parte, la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (Aemaj) también se pronunció, calificando los allanamientos como «una afrenta directa a la independencia judicial». El gremio advirtió sobre el riesgo de que las decisiones judiciales se vean influenciadas por presiones externas, lo que podría comprometer la imparcialidad del sistema de justicia.

¿Qué dicen las jueces implicadas?

En respuesta a las acusaciones, la jueza Enma Tapia defendió su decisión en un comunicado en redes sociales, enfatizando que actuó con «imparcialidad jurídica». Tapia criticó que, durante el proceso, ni el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) ni el Ministerio de Salud Pública (MSP) presentaron pruebas que refutaran las alegaciones de daño psicológico presentadas por Terán.

Este caso ha desatado un intenso debate sobre la independencia judicial y la posible influencia de factores externos en decisiones judiciales de alto perfil.

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El pasado 14 de agosto el presidente de este organismo, Mario Godoy, solicitó a Contraloría una auditoría al proceso contractual de Métricas-Web S.A.S, empresa encargada de aplicar las pruebas de confianza a los postulantes.

Ante esta situación, el Pleno de la Judicatura dispuso devolver a las áreas técnicas, los informes sobre la prueba teórica del concurso y suspender su conocimiento hasta que Contraloría entregue los resultados.

Por otro lado, las autoridades dispusieron a la Dirección Nacional de Talento Humano que en un plazo de 10 días presente ante el Pleno un informe sobre el proceso de contratación con la empresa en cuestión.

Adicionalmente, las autoridades resolvieron de forma unánime la modificación del cronograma del concurso, hasta tener una respuesta de Contraloría.

¿Una empresa fantasma?

La alerta de presuntas irregularidades surgió a partir de una investigación de Teleamazonas, medio que reportó inconsistencias en el domicilio que registra la dirección de la empresa en la Superintendencia de Compañías. Al llegar de visita al lugar no hallaron las oficinas y se desconoce el paradero de los directivos.

Por otro lado, la empresa fue constituida en julio del 2022 y la única experiencia previa estuvo relacionada a un contrato por el servicio de software de pruebas psicométricas para el Municipio de Ibarra por USD 3.700.

Asimismo gran parte de los miembros de la compañía no registran títulos profesionales en la Sennescyt. Por otro lado, uno de los números telefónicos registrado está asociado con una farmacia.

Durante su comparecencia en la Comisión de Fiscalización, Godoy recomendó suspender el concurso hasta no tener un informe sobre presuntas irregularidades. (AGM).

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Un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia sentenció a 26 años de cárcel a 4 expolicías Erick Salinas, Mario Cevallos, Aurelio Chila y Marcos Villacrés, el rosto de Salinas quedó plasmado en una fotografía de diario El Universo llevando detenido a un hombre, cuyo rostro lo cubría su propia camiseta. El expolicía vestía de civil en el operativo y luego se supo que no pertenecía ya a las filas de la Policía Judicial.

Los desaparecidos

El hombre era Johnny Gómez, a quien su esposa reconoció en la fotografía del diario. Desde que recibió la llamada de su esposo diciendo: «mija, estoy en los patios de la P.J metido en un carro rojo, ven entra hasta el fondo. Me van a matar», la vida de Dolores Guerra se convirtió en un vía crucis buscando respuesta del paradero de su esposo, a quién no volvió a ver. Estudió derecho en ese proceso para entender los periplos del juicio en contra de los expolicías.

26 años es la máxima pena que da el Estado ecuatoriano por el delito de desaparición forzada. Los culpables deberán pagar a Guerra y su hijo USD 237.000 por los daños causados y pagar el tratamiento psicológico por 5 años. La misma multa se estableció para la madre y hermano de César Mata. En el carro rojo iban Gómez, Mata, Erwin Vivar y  Seydi Velez, única sobreviviente de este caso.

No es la primera vez que hay un proceso judicial por este caso, mientras la Policía mantenía la versión de inocencia para los exagentes, las inconsistencias reabrieron el caso en 2014. Allí el peritaje determinó los argumentos para determinar que lo sucedido el 19 de noviembre en la farmacia Fybeca no era un operativo sino una masacre cruel.

Los hechos

Durante los años 90, el poder de la Policía Nacional creció en Guayaquil ante el aumento de los casos de delincuencia en la ciudad, así lo explica la Comisión Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH). Programas como “Más Seguridad” terminaron siendo tapadera de abusos, torturas y violaciones a los derechos humanos.

En ese contexto, la primera versión del caso habla de un intento de robo a la farmacia Fybeca de La Alborada, miembros del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) de la Policía, bajo el mando del mayor Eduardo René González Flores (que aún continúa prófugo) abrieron fuego contra los presuntos asaltantes.

Como resultado ocho personas murieron Carlos Germán Andrade Almeida, que fue a comprar pañales a la farmacia; el mensajero del establecimiento Guime Elisandro Córdova Encalada, José Vicente Cañar Reyes, Jasmany Alexánder Rosero López, Raúl Javier Salinas Chumacero, Miguel Ángel Quispe Portilla, Richard Gonzalo Tello Jácome, y Genry Germán Aguiar Vargas (presuntos delincuentes).

Los vacíos

Aparecieron las inconsistencias, el jefe de Criminalística indicó que los registros de balística revelaron que no hubo disparos de los supuestos asaltantes. Asimismo, un informe del Ministerio Fiscal Distrital de Guayas y Galápagos determinó que no hubo dicho enfrentamiento.

A eso se suma que las autopsias indican que por el lugar de los disparos, estos se realizaron de adelante hacia atrás o por la espalda. Según los testimonios que recoge la Comisión de la Verdad, Carlos Andrade suplicó que no lo maten que él era pastor evangélico. Al mensajero le dieron tres disparos estando en el suelo boca abajo, el de la nuca le produjo la muerte.

El caso se llamó las Dolores, por el nombre de las viudas de Andrade y Córdova, a las que se suma la viuda de Gómez. Erwin Vivar apareció en Venezuela en 2016, según su testimonio recibieron torturas y luego los arrojaron a un estero, donde les dispararon a él y a Gómez. Sin embargo, ni los restos de Gómez o Mata han sido encontrados. (MIB)

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El pasado 24 de julio, Salazar acudió a la sala penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) para recibir su sentencia. Además de los ocho meses que aún le quedan en la cárcel de Cotopaxi, el magistrado ordenó el pago de USD 11.040 como reparación integral ante el perjuicio al Estado.

Por otro lado, la sentenciada deberá pagar una multa USD 5.520, ofrecer disculpas públicas por sus actos y acatar el decomiso de sus bienes. El juez del caso destacó que las declaraciones de Salazar sirvieron para exponer la corrupción en las altas esferas de la justicia.

¿Qué dicta la ley?

El artículo 491 del Código Integral Penal (COIP) reconoce a la cooperación eficaz como el acuerdo de suministro de datos, instrumentos, efectos, bienes o informaciones precisas, verídicas y comprobables, que contribuyan al esclarecimiento de los hechos investigados o permitan la identificación de otros responsables.

Para que el sentenciado acceda a los beneficios de este mecanismo el fiscal debe expresar en su acusación si la cooperación prestada fue eficaz.

Asimismo, el mismo funcionario deberá proponer una pena no menor al 20 % del tiempo mínimo de la infracción. No obstante si el caso es de alta relevancia social y permite procesar a integrantes de una organización delictiva la pena no podrá ser menor al 10 %. (AGM).

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