Las labores de reparación registran un 45% de avance, mientras más de 60 tanqueros distribuyen agua gratuita en ocho puntos estratégicos. Muñoz confirmó la remoción de 90.000 m³ de lodo en la zona del siniestro y solicitó apoyo a municipios vecinos para ampliar la flota de camiones cisterna.

Además, respondió a críticas del Ministerio del Ambiente que cuestionó la falta de un plan de contingencia claro. «Bueno fuera que me llamaran a decir cuántos tanqueros necesitamos», dijo.

Puntos críticos de abastecimiento

• Tres cisternas inflables: Mercado de Guamaní (av. Quitumbe/Principal E), Parque San Francisco de Huarcay (La Ecuatoriana) y calles El Ángel/La Merced (La Argelia).
• Cinco hidrantes con tanqueros: Paraísos del Sur (av. Amaru Ñan), Hospital Padre Carollo (av. Rumichaca Ñan), Plataforma Gubernamental Sur (av. Quitumbe Ñan), Estación de Bomberos N.º6 (av. Llira Ñan) y Lucha de los Pobres (calle Manglaralto).

La distribución opera en dos turnos (05h00-13h00 y 14h00-22h00), con posibilidad de extensión según demanda.

Contexto de la emergencia

Intensas lluvias provocaron un movimiento en masa que colapsó la tubería de acero que alimenta la Planta de Tratamiento El Troje. Para repararla, se requiere retirar 180.000 m³ de escombros (equivalente a 18.000 volquetas), de los cuales ya se ha eliminado el 50%. El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Metropolitano coordina acciones con EPMAPS, Bomberos, EMSEGURIDAD y EMGIRS.

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Algunos lo aplaudieron como “rebeldía”, otros lo vieron como lo que fue: un acto de irresponsabilidad en un evento con organización previa, tiempo cronometrado y respeto mutuo como base. Porque no importa cuán buen músico te creas —o cuán alternativo, camaleónico o indie seas—, lo mínimo que exige la industria cultural (si es que realmente queremos construir una) es respeto por el oficio, por tus colegas y por el público.

De lo contestatario al desorden sin debate

Claqueteo y cronómetro: los conciertos son engranajes finos donde cada minuto cuenta. Pedir disculpas después no repara el daño. Artistas como La Máquina Camaleón —sin siquiera mencionar agendas políticas o reflexivas— optaron por el berrinche performativo, privando a otros músicos de su espacio y poniendo en riesgo a periodistas. Llamar al público a saltarse vallas es irresponsable, no disruptivo.

Mugre Sur: ¿protesta viable o doble moral?

En diciembre, Mugre Sur se valió de simbolismo extremo para lanzar su queja política. Fue juzgada por el poder institucional del momento, aunque se siguió presentando. Lo curioso es que, hoy, alguien defiende a La Máquina Camaleón con argumentos parecidos. Cuestionemos entonces el doble estándar: si insultar a Borja genera escándalo, ¿por qué no se le exige lo mismo a una banda que insulta al Municipio sin agenda ni propuesta?

La responsabilidad no es solo del artista

No existe industria cultural si eventos como este no tienen regulación, protocolos ni sanciones claras. Si te financia el Municipio y hay varias bandas con tiempos delimitados, ¿por qué no hay contratos con penalizaciones o mecanismos de mediación ante faltas?

La inacción del Municipio frente a la prolongación del show —mantener el altavoz abierto, intentar “amansar” a la banda en lugar de aplicar reglas básicas— deja en evidencia que el poder público tampoco está garantizando mínimos operativos.

Construcción colaborativa frente a egolatría

Para una industria cultural en serio —transparente, consensuada y sostenible— se requiere:

• Artistas que defiendan causas sin subestimar la producción, la prensa o las audiencias de otros.
• Organizadores públicos que diseñen procesos claros: cronogramas con cláusulas, sanciones y árbitros.
• Prensa libre, pero respaldada institucionalmente para garantizar su labor sin riesgo ni interferencia.
• Público informado sobre reglas: si la banda se extiende, el evento siguiente pierde tiempo. Eso debe estar estampado en el cartel, no en tu tuits.

Incómodo, pero necesario

Ni con La Máquina Camaleón se construye industria cultural ni pisando reglas se reivindica la postura. Tampoco hace falta santificar al Estado para señalar que su permisividad también es parte del problema. Asignar espacio público sin gestión, supervisión ni límites resulta en escenarios que, más que espacios de expresión, se vuelven catarsis anárquica.

En este país, la musicalidad de los reclamos no debe convertirse en histrionismo irresponsable. Si queremos industria cultural, debemos abandonar el teatro de errores individuales y exigir estructuras que garanticen expresión con orden, derecho con responsabilidad. Sin eso, lo que tenemos es ruido y descontrol, no cultura.

El debate que sí importa

Este episodio —como el de Mugre Sur en 2024— se presta para otro debate: ¿cuáles son los límites de la expresión artística en eventos financiados con fondos públicos? ¿Tiene el arte derecho a la crítica y a la incomodidad? Por supuesto. Pero con eso también viene la responsabilidad.

Si una banda se presenta en un festival con horarios compartidos, debe respetar su espacio. Si decide usar su plataforma para denunciar, debe estar lista para las consecuencias y no escudarse luego en un supuesto “boicot”.

Y si se busca construir una industria cultural sólida —con medios, con público, con gestión seria y condiciones dignas—, entonces hay que empezar por asumir responsabilidades.

En La Calle, creemos que el arte puede ser protesta, crítica, ruptura. Pero no caos irresponsable ni capricho disfrazado de disidencia. La industria cultural se construye, no se impone a gritos.

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En este tiempo ha intentado devolver estabilidad y mostrar resultados tangibles: según el Municipio, ha cumplido el 63% de su plan de trabajo con una inversión superior a USD 1.300 millones. Entre sus hitos más promocionados destacan la puesta en marcha del Metro de Quito y la adquisición de 60 trolebuses eléctricos para modernizar el transporte. No obstante, la otra cara de la moneda incluye obras cuestionadas, promesas pendientes y hasta un proceso de revocatoria de mandato en curso, impulsado por sectores ciudadanos descontentos.

A continuación, se analiza detalladamente la gestión de Muñoz en áreas clave –movilidad, seguridad, obras públicas, vivienda, cultura y comunicación– señalando avances concretos y decisiones acertadas, pero también falencias, controversias y falta de transparencia que han marcado estos dos años.

Movilidad: Metro en marcha pero integración pendiente

En el ámbito de movilidad, la administración Muñoz logró finalmente inaugurar el Metro de Quito tras varios años de espera. El 1 de diciembre de 2023 inició la operación comercial de la Línea 1, conectando Quitumbe (sur) con El Labrador (norte). Este nuevo sistema de transporte masivo es celebrado como transformacional y ha mejorado la percepción ciudadana al equiparar a Quito con urbes modernas.

La Alcaldía también incorporó 60 trolebuses 100% eléctricos a la flota de transporte municipal, reemplazando unidades obsoletas del Trolebús. Según el concejal Emilio Uzcátegui, hoy se repavimenta el doble de kilómetros de vías que en administraciones anteriores y se entrega “al menos una obra vial diaria” en la ciudad, reflejando una aceleración en el mantenimiento vial.

De hecho, el Municipio reporta que aumentó la rehabilitación de vías de 90 km anuales a 173 km por año, y en 2024 intervino más de 500 parques en distintos barrios. Obras viales de alto impacto, como la rehabilitación total de la avenida Galo Plaza Lasso, se concretaron “después de dos décadas” de deterioro.

No todo es tan bonito…

Expertos señalan que estos avances no han resuelto integralmente los problemas de movilidad. El Metro, si bien emblemático, opera muy por debajo de su capacidad: moviliza apenas unos 145.000 pasajeros diarios, ~36% de lo previsto (400.000). La falta de una integración tarifaria y operacional con el sistema de buses alimentadores limita su uso óptimo –un aspecto que no se ha concretado pese a las promesas.

La concejala Analía Ledesma critica que no existe aún tarifa integrada entre el Metro y los buses, manteniendo sistemas desconectados. Asimismo, el reconocido urbanista Fernando Carrión advierte que Quito padece de “metrodependencia”: se apostó todo al corredor norte-sur del Metro sin desarrollar soluciones complementarias. “Continuar con una visión norte–sur no resuelve los problemas actuales de movilidad”, señala Carrión, quien insta a “urbanizar el Metro” mediante buses transversales y conexiones hacia los valles de Tumbaco y Los Chillos, zonas de rápido crecimiento que siguen desatendidas.

En efecto, proyectos como la tercera fase de la Ruta Viva (conexión hacia el nuevo aeropuerto) o mejoras en la vía perimetral Simón Bolívar continúan pendientes. Incluso la ampliación del Metro hacia el norte (La Ofelia–Calderón) apenas está en estudios preliminares de financiamiento, a la espera de apoyo del Gobierno central y organismos multilaterales.

Muñoz reconoce implícitamente estas deudas.

En una entrevista admitió que “no me quejé todo lo que debí por cómo recibí la ciudad”, sugiriendo que heredó serias falencias en equipos y planificación que han dificultado cumplir todas las metas. Por ejemplo, reveló que al iniciar su mandato encontró maquinaria de la Empresa de Obras Públicas paralizada por falta de repuestos, un problema administrativo que venía de antes y retrasó intervenciones viales.

Aun así, críticos en el Concejo sostienen que a dos años falta una visión más estratégica: “Muchas obras carecen de enfoque territorial y se perciben más como propaganda”, acusa la concejala Ledesma, indicando que se prioriza la cantidad de obras sobre su planificación técnica. Ejemplo de esto es la Av. Patria, que tras una «intervención integral» nuevamente presenta grietas y descuido. Esta apreciación refleja la preocupación de que inaugurar una obra diaria –como proclama el Municipio– puede privilegiar el impacto comunicacional por encima de proyectos estructurales de movilidad de largo plazo.

Seguridad ciudadana: inversión en tecnología pero sensación de inseguridad

En materia de seguridad, el Municipio de Quito bajo Muñoz ha buscado apoyar a la Policía Nacional y reforzar la vigilancia local, aunque los resultados son discretos frente a la creciente delincuencia. Con recursos propios y la Tasa de Seguridad que pagan los capitalinos, se rehabilitaron 104 Unidades de Policía Comunitaria (UPC) en barrios de la ciudad, muchas de las cuales estaban abandonadas.

Además, se invirtieron más de USD 12 millones en equipamiento policial, dotando nuevos vehículos, motocicletas y tecnología a la fuerza pública. En diciembre de 2023, el Cabildo entregó 250 cámaras de videovigilancia al ECU-911 para ampliar la cobertura de monitoreo en puntos críticos.

Paralelamente, en 2024 se lanzó un plan para implementar un Centro Integrado de Monitoreo municipal: con USD 1,1 millones se contratará un sistema que integre cámaras de mercados, parques, transporte y barrios, con analítica de video y alertas en tiempo real. “En Quito tenemos cámaras dispersas que no están integradas ni generan alertas; eso va a cambiar”, explicó la secretaria de Seguridad, Carolina Andrade. Estas medidas evidencian un cambio hacia la tecnología preventiva y la coordinación con el ECU-911.

No obstante…

La sensación de inseguridad en la ciudadanía sigue siendo alta. Quito, al igual as otras urbes del país, ha visto incrementos en robos y hechos violentos durante este período. Si bien el control del delito recae principalmente en el Gobierno nacional, voces locales exigen mayor protagonismo municipal.

El especialista Marcelo Espinel señala que la administración “no ha logrado generar resultados emblemáticos” en seguridad, y que se requiere una respuesta más activa del Municipio frente a la delincuencia, aunque “no sea competencia directa” de este. Un ejemplo de los límites municipales se vio en mayo de 2023, cuando Muñoz inicialmente rechazó la compra de 200 nuevas cámaras solicitada por concejales, argumentando que el ECU-911 tenía 200 cámaras sin usar que debían aprovecharse antes de invertir más. Esta postura generó debate, si bien luego el Municipio optó por renovar cámaras existentes en sitios estratégicos en vez de adquirir completamente nuevas.

La respuesta institucional

Ante problemas como la acumulación de basura (vinculada también a salud y seguridad barrial) la comunicación del Municipio ha estado bajo escrutinio. Durante 2023-2024 Quito enfrentó una crisis de recolección de residuos por un contrato heredado con el consorcio Recobaq. La actual administración dio por terminado ese contrato en 2025 tras años de incumplimientos y litigios, e implementó un nuevo modelo de mantenimiento de flota con varios proveedores, anunciando un ahorro estimado de USD 6 millones en 2025.

Aunque esa decisión fue aplaudida, dejó ver falencias previas en control y transparencia: Recobaq demandó al Municipio y obtuvo pagos adicionales por sobrecostos, y en Concejo se criticó al gerente de la empresa de aseo por la falta de planificación en la transición, al punto de pedir su renuncia por las deficiencias operativas detectadas (vehículos dañados, falta de telemetría, etc.). Este episodio reflejó problemas de gestión interna y comunicación a la ciudadanía, pues barrios enteros sufrieron intermitencias en la recolección sin una explicación clara hasta que la situación se tornó crítica.

En suma, si bien Muñoz ha destinado más recursos que sus predecesores para apoyar la seguridad (patrulleros, cámaras, UPC), los resultados en reducción del delito no son evidentes y persisten reclamos. La administración defiende que estos dos años han sentado bases –infraestructura, tecnología, coordinación interinstitucional– para mejorar la seguridad, pero la ciudadanía aún espera mayor eficacia en combatir robos y violencia en las calles. La transparencia en el uso de la Tasa de Seguridad también es cuestionada por algunos concejales, quienes demandan que se rinda cuentas de cómo estos fondos están mejorando realmente la protección de los barrios.

Obras públicas: entre la revitalización urbana y cuestionamientos de calidad

La gestión de Muñoz exhibe un intenso programa de obras públicas, tanto a gran escala como de barrio, con el lema de “Quito renace” mediante miles de intervenciones. Además de las obras viales ya mencionadas (Metro, avenidas repavimentadas), se han emprendido proyectos para mejorar el espacio público y servicios básicos. Un ejemplo destacado es el plan “Agua para Calderón”, que busca dotar de agua potable a sectores populares del norte: su primera fase avanzó en un 65% durante este período.

En total se han renovado 36 km de redes de agua potable y extendido redes de alcantarillado en varias parroquias rurales, atacando rezagos de infraestructura básica. En el frente ambiental, el Municipio inició el cierre técnico del relleno sanitario El Inga, planteando un nuevo Complejo Ambiental para reciclar el 60-70% de la basura de la ciudad. Se ampliaron plantas de generación eléctrica con biogás del relleno y se aprobó una estrategia para descontaminar ríos, que incluye construir plantas de tratamiento de aguas residuales. Estas obras de servicios públicos, aunque menos visibles, son fundamentales para la sostenibilidad urbana a largo plazo.

En cuanto a espacios urbanos

La Alcaldía emprendió la recuperación de parques, bulevares y aceras. Más de 500 parques fueron intervenidos en 2024 con mejoras de juegos, luminarias y mobiliario. Dos proyectos emblemáticos inaugurados en diciembre de 2024 fueron el Bulevar “Quito Ciudad de Paz” en la av. De los Shyris (donde estaba la antigua tribuna) y el Sendero Seguro de la av. Colón. Estas obras, con inversiones de alrededor de USD 775 mil y USD 1,3 millones respectivamente, transformaron 1,4 km de vía con áreas verdes, juegos infantiles, gimnasios al aire libre, ciclovías y mejor iluminación.

Vecinos y comerciantes de la zona norte reconocen que ahora esos lugares son más seguros y amigables para el peatón, cuando antes estaban degradados. En palabras de un residente, “antes la Tribuna de los Shyris estaba abandonada y era peligrosa; ahora es un espacio verde más para la ciudad”. Estos proyectos buscan revitalizar la ciudad y rendir homenaje (el bulevar Shyris, por ejemplo, fue dedicado a los periodistas de EL COMERCIO asesinados en 2018).

No obstante…

Varias de estas obras han estado envueltas en polémica por su calidad, costo o prioridad. El bulevar de la av. De los Shyris, anunciado con bombos y platillos en las fiestas de Quito 2024, evidenció fallas estructurales a los dos meses de inaugurado: a fines de febrero de 2025, ciudadanos denunciaron adoquines sueltos, jardines destruidos y desmontaje de estructuras en el sitio. “El bulevar … costó $1 millón y no duró ni 2 meses, vergonzoso”, reclamó un usuario en redes junto a fotos del deterioro prematuro.

Esto obligó al Municipio a reintervenir la obra de emergencia, alimentando críticas de que se hizo “al apuro” por cumplir con una inauguración política en diciembre. En su defensa, las autoridades han dicho que los arreglos están cubiertos por garantía contractual, pero el episodio sembró dudas sobre la fiscalización y planificación de obras.

Otro caso son las adquisiciones estratégicas como la de los trolebuses eléctricos:

El Municipio compró 60 unidades a la empresa china Yutong a través de la oficina UNOPS de la ONU, para evitar una licitación local. Si bien las autoridades aseguran que se siguió la normativa, el organismo nacional de contratación pública (Sercop) halló presuntas irregularidades en ese modelo contractual.

Concejales como Michael Aulestia denunciaron un posible sobreprecio: según la oferta de Yutong, cada trolebús costaba USD ~496.000, pero mediante UNOPS el Cabildo habría pagado alrededor de USD 100.000 más por unidad. Es decir, el contrato total de USD 35,3 millones pudo encarecerse cerca de un 20% por costos de intermediación.

Además, Sercop cuestionó la legalidad de usar un convenio internacional cuando el 99% de los fondos fueron municipales, lo que debió regirse por la Ley de Contratación Pública local. La Contraloría General inició un examen especial de esta compra, y aunque la Empresa de Pasajeros defiende el procedimiento alegando transparencia, la falta de respuestas claras a pedidos de información de los concejales alimentó la suspicacia. Este incidente toca el tema de transparencia y posible elusión de controles, un punto sensible en la administración.

Los problemas de baja ejecución presupuestaria también han plagado a ciertas dependencias municipales encargadas de obras.

En los primeros cuatro meses de 2025, las más de 60 entidades municipales apenas invirtieron USD 134 millones de los 776 millones presupuestados para obras (17,3%), cuando lo esperable sería un avance mayor. Peor aún, 5 de las 10 Administraciones Zonales registraron menos del 1% de ejecución (algunas prácticamente 0%) en sus proyectos barriales hasta abril.

Esta parálisis llevó al alcalde Muñoz a tomar una decisión drástica en mayo de 2025: pidió la renuncia de los 10 administradores zonales para “oxigenar” la gestión territorial. “He pedido la renuncia de todos… ya veremos quiénes se quedan según el trabajo hecho”, anunció, reconociendo implícitamente que la burocracia barrial no estaba respondiendo. Concejales como Analía Ledesma calificaron la situación de “triste y grave”, pues la inacción de las zonales afecta directamente a los vecinos.

Otros, como Andrés Campaña, exigieron ceses inmediatos: “Quito no puede seguir esperando a funcionarios que no cumplen”. Tras esta sacudida, se espera que nuevos perfiles más dinámicos ocupen esas administraciones para acelerar obras en barrios y parroquias rurales, donde muchas promesas locales seguían incumplidas.

Desarrollo social y vivienda: avances discretos y promesas por cumplir

En el campo social y de vivienda, la administración Muñoz ha tenido logros puntuales, aunque sin grandes transformaciones hasta ahora. Uno de los aciertos más mencionados es la apuesta por la primera infancia: Quito destinó USD 65 millones a programas para niños de 0 a 5 años, liderando a nivel nacional en este ámbito. Se han inaugurado 3 nuevos centros “Quito Wawa” de cuidado infantil (con estándares considerados “de lujo”) y están en ejecución 3 más.

Estos centros brindan atención integral a cientos de niñas y niños, apoyando a madres trabajadoras en zonas vulnerables. También se reactivó la red de Casas Somos –espacios comunitarios de capacitación y recreación– que atendieron a 300.000 usuarios en dos años. Además, 11 casas comunales fueron rehabilitadas en barrios, devolviéndoles su utilidad para reuniones y actividades locales.

A través del Patronato San José (entidad municipal de ayuda social), se invirtieron USD 32 millones en programas sociales, beneficiando a miles de personas en situación de vulnerabilidad (adultos mayores, personas sin hogar, adicciones, etc.). En educación, aunque es competencia nacional, el Municipio contribuyó con la dotación de 19.000 libros a estudiantes y mejoras en 11 bibliotecas municipales.

Sobre vivienda, uno de los focos ha sido la regularización de asentamientos informales. En estos dos años se entregaron 3.684 títulos de propiedad a familias que vivían en barrios de hecho, consolidando su seguridad jurídica sobre sus terrenos. Este proceso de legalización es vital para barrios periféricos que por décadas carecieron de escrituras.

Sin embargo…

Más allá de la titulación, no se han materializado grandes proyectos de vivienda social nueva. La Secretaría de Hábitat y Vivienda muestra un bajo desempeño presupuestario (menos del 10% de ejecución a inicios de 2025), lo que indica lentitud en programas habitacionales.

Muñoz ofreció en campaña impulsar soluciones al déficit de vivienda asequible…

Pero hasta junio de 2025 no se reportan proyectos significativos de construcción de casas o departamentos populares. Esto ha sido notado por concejales y ciudadanos, considerando la urgencia de viviendas dignas para miles de familias en Quito.

La expectativa es que en la segunda mitad de su gestión, con equipos renovados, se aceleren iniciativas de vivienda social, quizá aprovechando suelo municipal o convenios público-privados. Por ahora, el saldo en vivienda es modesto, limitado a la regularización y algunos incentivos tributarios (como exoneraciones de tasas para mejoras habitacionales menores).

Cultura y arte: impulso a eventos masivos y defensa de la libertad creativa

En el ámbito cultural, la Alcaldía de Pabel Muñoz ha dado continuidad y realce a los eventos tradicionales de la ciudad, aunque no exenta de polémicas. Durante estos dos años se revitalizaron las Fiestas de Quito (cada diciembre) con una variada agenda de conciertos, festivales y actos barriales. El Municipio reporta que más de 400.000 personas participaron en las Fiestas de Quito 2024, que se extendieron del 20 de noviembre al 8 de diciembre de ese año.

Se organizaron eventos multitudinarios con artistas locales e internacionales; por ejemplo, se trajo al reconocido cantante de flamenco Diego El Cigala para un homenaje cultural, y se fortalecieron festivales como el Quitofest (música alternativa) y el Festival de la Luz. Estos esfuerzos apuntan a reactivar la cultura urbana y el orgullo capitalino, tras años en que la pandemia y la inestabilidad política opacaron las celebraciones.

Además, impulsaron eventos culturales como la Feria Internacional del Libro de Quito (FILQ) y la Fiesta Escénica de Quito, buscando posicionar a la ciudad como un epicentro cultural. La FILQ 2024, organizada por la Secretaría de Cultura del Municipio, contó con más de 300 actividades y una asistencia de aproximadamente 60,000 personas.

Sin embargo…

La gestión cultural ha enfrentado críticas por la falta de planificación y transparencia en la asignación de recursos. Por ejemplo, la FILQ 2024 fue objeto de cuestionamientos debido a denuncias de nepotismo y amiguismo en la selección de invitados y curaduría del evento. Escritores como Edwin Madrid señalaron que la feria parecía estar organizada por una camarilla que se aprovecha de su realización.

Además, se ha señalado la ausencia de una política pública clara de fomento a la lectura y la falta de inclusión de sectores como el sur de Quito y las zonas rurales en las actividades culturales. Críticos argumentan que, a pesar de la alta asistencia, la feria no logró democratizar el acceso a la lectura ni fortalecer una red de bibliotecas municipales.

Bajo Muñoz también se ha buscado democratizar la cultura llevando eventos a distintos sectores.

Se han organizado ferias, festivales de cine al aire libre, festividades barriales y apoyado iniciativas como “Quito, Capital del Orgullo” (festival LGBTI) y otros encuentros interculturales, alineados con el eje de ciudad intercultural del Acuerdo Quito 2034 firmado por esta Alcaldía.

Artistas locales han recibido espacios en la programación municipal y algunos fondos concursables se reactivaron tras años de recortes. No obstante, hay críticas de que la inversión en cultura sigue siendo baja en términos presupuestarios, y de que proyectos como nuevas casas de la cultura o museos no han avanzado.

También generó debate la decisión de eliminar la icónica “Tribuna de los Shyris” (estructura usada históricamente para desfiles), reemplazándola por el bulevar; algunos historiadores y vecinos cuestionaron la falta de consulta sobre ese cambio urbano. A pesar de ello, Muñoz parece haber logrado mantener un equilibrio entre promover actividades culturales masivas y respetar la diversidad de expresiones, sin mayores conflictos con la comunidad artística salvo el episodio mencionado.

Comunicación y transparencia: luces y sombras en la relación con la ciudadanía

La comunicación institucional de la Alcaldía de Quito ha sido activa pero percibida como insuficiente en ciertos momentos clave. Pabel Muñoz instauró un estilo de contacto frecuente con la ciudadanía a través de informes semanales (transmitidos por redes sociales y medios municipales), donde presenta las obras entregadas y las acciones emprendidas.

Muñoz ha apostado por una estrategia comunicacional centrada en la promoción de sus logros, utilizando eslóganes como “Quito renace” y “La ciudad más linda del mundo”. Eventos como “Quito, 2 años de obras” han sido ampliamente difundidos en medios oficiales y redes sociales, buscando reforzar la imagen de una gestión eficiente y cercana a la ciudadanía.

Sin embargo…

Esta estrategia ha enfrentado críticas por parte de diversos sectores que cuestionan la transparencia y el enfoque de la comunicación institucional. El evento «Pacto Quito», por ejemplo, fue objeto de señalamientos debido a la falta de claridad en su propósito y a la percepción de que se trató más de una actividad propagandística que de un espacio de diálogo ciudadano. Además, se ha señalado que la cobertura de estos eventos en medios municipales ha sido unilateral, sin incluir voces críticas o disidentes.

Expertos en comunicación política han advertido sobre los riesgos de una estrategia centrada exclusivamente en la promoción de logros, sin espacio para la autocrítica o el debate público. Según el analista Juan Pérez, “una comunicación institucional efectiva debe ser bidireccional, permitiendo la retroalimentación ciudadana y abordando tanto los aciertos como los desafíos de la gestión”.

Por otro lado, el Municipio ha potenciado la plataforma Quito Informa

Esta plataforma está para difundir noticias positivas de la gestión, con un tono muy proactivo. De hecho, gran parte de la población conoce las cifras de “obras por día” y otros logros a través de estos boletines oficiales. Sin embargo, analistas apuntan a una falta de comunicación más transparente y bidireccional en temas sensibles. Por ejemplo, cuando se produjeron fallas en el recién inaugurado Metro (demoras, adaptación al sistema de apertura manual de puertas, largas filas en horas pico), la Alcaldía tardó en reconocer los inconvenientes públicamente y explicar las soluciones.

Situaciones similares ocurrieron con el problema de la basura: la administración se centró en atacar políticamente a gestiones pasadas por el contrato deficiente, pero fue menos ágil en informar a la gente qué se estaba haciendo de inmediato para recoger los desechos acumulados en las calles.

En términos de transparencia…

si bien no ha estallado ningún escándalo grave de corrupción imputable a Muñoz, sí hay cuestionamientos sobre ciertos procesos. La contratación de los trolebuses vía UNOPS, ya comentada, fue percibida por concejales opositores como una forma de evadir la licitación pública nacional. La Contraloría General del Estado sancionó al alcalde en 2024 por una infracción electoral considerada grave (realizar supuesta campaña política con recursos municipales), lo que fue un revés en la imagen de su administración.

Aunque Muñoz acató la sanción y la situación no escaló a su destitución, este hecho alimentó el discurso de sus detractores, que lo acusan de usar la Alcaldía con fines proselitistas. Organizaciones de control ciudadano han pedido más rendición de cuentas: por ejemplo, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo sugirió fortalecer la difusión de datos abiertos sobre contratos y presupuesto para despejar dudas y mejorar la confianza.

Pabel Muñoz enfrenta un desafío político comunicacional singular

Un sector de la ciudadanía está impulsando un proceso de revocatoria de mandato en su contra. Este esfuerzo, liderado por el activista Néstor Marroquín, surgió a fines de 2023 y ha cobrado fuerza durante 2024. Para octubre de 2025 los promotores esperan reunir las 206.000 firmas necesarias para llamar a las urnas.

¿Las razones? Oficialmente argumentan incumplimiento de funciones (se lo acusa de hacer proselitismo político), pero en el fondo es un voto de desaprobación a su gestión. “El descontento es evidente: falta capacidad de administración, obras mal hechas y contratos cuestionables”, resume Marroquín, el líder de la revocatoria.

Esta iniciativa, inédita en Quito en décadas recientes, refleja que Muñoz no ha logrado comunicar ni convencer a una parte importante de la ciudadanía sobre el rumbo de la ciudad. Sus seguidores, sin embargo, han salido a respaldarlo; el 3 de junio de 2025, cientos marcharon por la Amazonas proclamando “Quito tiene alcalde” y acusando a grupos de poder de querer desestabilizar.

La celebración

Muñoz, en ese acto, cuya organización y ejecución costó aproximadamente 30 mil dólares, enfatizó que entregará 3.000 obras al final de su administración y desafió a sus opositores diciendo “que lloren los que no quieren ver a Quito grande, porque seguiremos haciendo obra”. Este pulso retórico muestra a un alcalde confiado en sus realizaciones, pero que quizás no ha tendido suficientes puentes de diálogo con los sectores críticos.

Incluso desde aliados se le recomienda ajustar su comunicación. Concejales cercanos han sugerido “refrescar el equipo” de la Alcaldía y mejorar el diálogo con la ciudadanía y la rendición de cuentas. La idea es que, más allá de publicitar lo hecho, Muñoz debe escuchar activamente las necesidades no satisfechas y reconocer errores para recuperar credibilidad. Su reciente admisión de que debió haber visibilizado más el desastre institucional que heredó es un paso en esa dirección.

El reto a futuro será proyectar una segunda mitad de mandato enfocada en resultados por encima de discursos, como apuntó un análisis de Primicias. En palabras de Espinel, “cambiar de alcalde a mitad del camino solo generaría una administración interina sin margen para corregir el rumbo”, por lo que el destino de Quito depende de que Muñoz logre corregir las falencias y reconquistar la confianza ciudadana.

Un balance crítico y la hoja de ruta hacia 2025

Tras dos años, el balance de la gestión de Pabel Muñoz en Quito es mixto. Por un lado, hay avances tangibles: la ciudad cuenta por fin con un Metro operativo, flota eléctrica nueva, vías y parques remozados, más apoyo a la Policía, y programas sociales fortalecidos. Se ha recuperado en algo la estabilidad municipal que tanto faltó en años anteriores, con un presupuesto ejecutado del 82% en 2024 (frente a 75% en 2023), indicador de mayor eficacia administrativa. Muñoz ha demostrado capacidad para ejecutar obra pública a ritmo acelerado y para concebir planes de largo plazo como el Acuerdo Quito 2034, que fija ejes estratégicos en combate a la pobreza, seguridad y sostenibilidad ambiental.

Por otro lado…

Persisten deudas importantes. La falta de planificación integral se evidencia en movilidad (sin integración de transportes, proyectos viales rezagados), en desarrollo urbano (crecimiento de suburbios no atendido) y en vivienda (poco avance en soluciones habitacionales). La gestión ha estado marcada por una excesiva confianza en la propaganda de “obras diarias”, descuidando a veces la calidad y pertinencia de esas obras –como lo demuestran casos como el bulevar Shyris en mal estado a semanas de inaugurado.

En cuanto a transparencia, si bien no hay acusaciones directas de corrupción contra el alcalde, la sombra de posibles sobreprecios y manejos poco ortodoxos en contrataciones (trolebuses, entre otros) ha generado ruido y merece ser aclarada a plenitud. La comunicación municipal, muy efectiva para publicitar logros, pero deficiente en otros aspectos importantes de transparencia ciudadana, debe ahora enfocarse en rendir cuentas claras y en involucrar más a la ciudadanía en las decisiones, para disipar esa percepción de distancia que alimenta iniciativas como la revocatoria.

En resumen, Pabel Muñoz llega a la mitad de su mandato con luces y sombras. Ha tenido aciertos en estabilizar y reactivar Quito tras el desgobierno previo, pero también desaciertos en prometer más de lo cumplido y en subestimar la frustración ciudadana en ciertos temas. Los próximos dos años serán definitivos: o consolida los 3.000 “abrazos de esperanza” –como él llama a sus obras– con verdaderos cambios estructurales, o el desencanto podría opacar sus logros y dar paso a otro periodo de incertidumbre política en la capital.

En palabras del propio Muñoz: “me entrego cotidianamente para trabajar por ustedes, para que mejore la calidad de vida de todos los quiteños”. La ciudadanía estará vigilante de que ese compromiso se traduzca en resultados palpables, más allá de los anuncios, en un Quito que exige eficacia, honestidad y visión de futuro.

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Abarca conversó con nosotros en una entrevista para La Ventana Podcast. Explicó en profundidad las decisiones tomadas durante su gestión y cómo ha enfrentado el proceso judicial.

Abarca explicó que su firma en la terminación de mutuo acuerdo del contrato con la empresa SALUMED respondió a la urgencia sanitaria, la falta de fondos y la imposibilidad legal de rescindir unilateralmente. Argumenta que nunca hubo beneficio personal, que las pruebas se aplicaron con criterios epidemiológicos en sectores vulnerables y que su decisión permitió salvar vidas.

“El Municipio no podía adquirir más pruebas por falta de presupuesto. Esperar dos meses habría sido letal. Actué con ética y conciencia”, subrayó.

En el documento, Abarca sostiene que su firma en la terminación del contrato fue parte de una acción legal justificada, adoptada en un contexto de emergencia y bajo argumentos técnicos y jurídicos. Señala que su accionar estuvo motivado por la urgencia de salvaguardar vidas, no por beneficios personales.

También describe las consecuencias que ha tenido este proceso judicial: el deterioro de su salud, la afectación a su familia, la pérdida de oportunidades laborales y una prolongada incertidumbre jurídica. Reitera que no busca privilegios, sino un fallo justo que reconozca su gestión durante una de las peores crisis sanitarias que vivió la ciudad.

Descarga aquí el testimonio completo de Ximena Abarca en PDF

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Zonas de alto riesgo y modos de operar

Los puntos críticos se concentran en sectores como la Argelia, la bajada a Cumbayá y el redondel de ingreso a Calderón, según el especialista en riesgos Christian Rivera. “Grupos delictivos operan en red. Identifican vehículos con un solo ocupante y los persiguen para interceptarlos”, advierte. El testimonio de Ángel Simbaña da cuenta de estas prácticas: su neumático fue perforado con un tornillo y, al detenerse para cambiarlo, dos hombres intentaron asaltarlo usando el engaño de la ayuda.

En otro caso, Francisco Silva fue embestido por un auto cerca de Zámbiza. Al bajarse, fue inmovilizado y su camioneta robada por los ocupantes del otro vehículo. Aunque presentó una denuncia, su auto no fue recuperado.

Inseguridad al alza en Quito

Según datos de la Fiscalía, los robos en Quito crecieron un 11% entre enero y abril de 2025, comparado con el mismo período del año pasado. El robo a personas lidera la estadística con 2.066 casos, seguido del robo de autopartes (910), vehículos (823) y motocicletas (429). La mayoría de los delitos ocurren por la noche (32,5%), seguido de la tarde (27,5%) y la madrugada (21,1%).

El experto en seguridad Hernán Moreano señala que la delincuencia se adapta al entorno. “En la Simón Bolívar, las curvas, la congestión y la poca visibilidad favorecen a quienes buscan atacar. Los agresores estudian patrones y aprovechan la soledad de ciertos tramos para actuar”, explica. También destaca la presencia de libadores en sectores periféricos, lo que agrava los riesgos.

Una vía estratégica, una amenaza constante

La Simón Bolívar conecta el norte y el sur de Quito y soporta un tráfico diario de cerca de 90.000 vehículos. A pesar de su importancia logística, la vía es una de las más peligrosas de la ciudad tanto por la siniestralidad vial como por la criminalidad. La falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades, sumada a una política de seguridad que prioriza el espectáculo sobre la prevención, ha permitido que el crimen se instale con comodidad.

Hasta el cierre de este reportaje, no hubo respuesta oficial de la Policía Judicial respecto a los grupos delictivos que operan en la zona.

Recomendaciones ciudadanas

Christian Rivera, recomienda evitar transitar por la Simón Bolívar en la noche o la madrugada, especialmente si se viaja solo. Sugiere no detenerse ante fallas sospechosas o choques menores, y contactar de inmediato al 911. En caso de enfrentarse a una emboscada, lo primordial es preservar la vida. “Lo material se puede recuperar. Resistirse ante delincuentes armados puede ser fatal”, puntualiza.

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De acuerdo con el Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad), los 222 municipios del país están obligados a renovar cada dos años a sus autoridades secundarias, incluyendo la figura de Vicealcaldía. En el caso de Quito, la normativa exige que este puesto sea ocupado por una concejala, en cumplimiento de los principios de paridad de género.

Aunque tradicionalmente la Vicealcaldía ha tenido un rol protocolario —limitado a suplir ausencias temporales del Alcalde—, el precedente de Santiago Guarderas, quien asumió el cargo tras la destitución de Jorge Yunda en 2021, Actualmente, el puesto lo ocupa María Fernanda Racines, integrante de Revolución Ciudadana.

Perfiles en contienda

Hasta el 6 de mayo, tres nombres destacaban en la carrera por la Vicealcaldía:

1. María Fernanda Racines: Revolución Ciudadana
2. Estefanía Grunauer: Pachakutik
3. Cristina López: Alianza Partido Socialista Ecuatoriano – M. Sociedad Unida Más Acción

La designación no solo definirá una figura de respaldo administrativo, sino que podría marcar el rumbo político de la capital en un escenario de incertidumbre.

Con información actualizada al 8 de mayo de 2025.

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La ciudad de Quito, capital política del Ecuador, vuelve a colocarse en la línea de fuego de un debate que trasciende lo administrativo: la legitimidad del poder democrático frente a su constante desestabilización. Esta vez, el epicentro del conflicto gira en torno al proceso de revocatoria de mandato solicitado contra el alcalde metropolitano, Pabel Muñoz. Un procedimiento que, si bien está contemplado en la Constitución como un derecho ciudadano, también se ha transformado —en contextos marcadamente polarizados— en un recurso de confrontación política.

A menos de tres años de iniciada su gestión, el alcalde enfrenta una embestida jurídica promovida por sectores opositores que, con base en argumentos relacionados con el deterioro del espacio público, la ineficiencia de algunas agencias municipales y el malestar ciudadano en ciertos barrios, buscan interrumpir su mandato por la vía de la revocatoria. Pero el análisis no puede quedarse en la superficie de los hechos. Hay que ir más allá.

Luces y sombras de una gestión en construcción

Pabel Muñoz llegó a la Alcaldía con una propuesta de ciudad ordenada, planificada, con enfoque técnico y progresista. Su visión era clara: una administración que dejara atrás el caos y la improvisación que marcaron los últimos años de gestión municipal. Y en varios frentes, esta visión ha comenzado a materializarse.

Obras estratégicas de movilidad, continuidad en los planes de infraestructura urbana, modernización de procesos administrativos y una hoja de ruta coherente para el desarrollo de Quito han caracterizado el primer tramo de su mandato. En conjunto con concejales aliados y ciertas instituciones municipales que sí han funcionado a la altura —como la Empresa de Obras Públicas, la Secretaría de Planificación o la Secretaría de Territorio—, se han impulsado acciones concretas que comienzan a marcar un antes y un después.

No obstante, también es verdad que la ejecución de esas políticas ha chocado contra un muro: una parte de su equipo técnico ha fallado. El mal diseño de algunos nombramientos, la falta de criterio político en la selección de directores y funcionarios clave, y la poca capacidad de ciertas agencias para aplicar los lineamientos definidos por el despacho del alcalde, han terminado pasándole factura a su imagen.

La Agencia Metropolitana de Control, por ejemplo, ha dejado escapar las riendas del espacio público. En barrios comerciales, estaciones de transporte y zonas de alta circulación, el crecimiento del comercio informal ha dado pie a la percepción de que la ciudad se convierte en un mercado sin ley. La falta de articulación entre instituciones también ha debilitado la respuesta frente a reclamos ciudadanos cotidianos. Y en varios casos, la ineficiencia de mandos medios ha desdibujado los esfuerzos realizados desde la cúpula.

¿Un mal alcalde o un mal equipo?

La pregunta de fondo no es si hay o no errores en la gestión —porque sí los hay, y graves—, sino si estos errores responden a una falta de voluntad política del alcalde o a la ineficiencia estructural de una administración pública que arrastra vicios desde hace décadas. La evidencia apunta a lo segundo.

Pabel Muñoz no ha gobernado con desinterés. Por el contrario, ha demostrado presencia, criterio y liderazgo político. Pero ha sido traicionado por una parte del sistema que no termina de alinearse a su visión. Y si bien es responsable último por conformar ese equipo, sería desproporcionado usar esas falencias como justificación para anular su mandato.

La revocatoria como herramienta de revancha

Lo que preocupa es el trasfondo del proceso de revocatoria: el uso reiterado de esta figura legal como arma de desgaste político. Ya sucedió en el pasado con Jorge Yunda, y el precedente fue nefasto. Quito entró en un limbo institucional del que aún no se recupera. Hoy, el riesgo se repite.

La revocatoria es, en teoría, un derecho ciudadano para hacer rendir cuentas a sus autoridades. Pero cuando es activada con fines electorales, por grupos contrarios a la línea ideológica del alcalde y no por un movimiento ciudadano transversal, pierde legitimidad. La sola posibilidad de que dos o tres ciudadanos —con capacidad económica y jurídica para impulsar un proceso— puedan truncar la decisión popular de cientos de miles de quiteños, debería generar alarma.

Detrás de esta ofensiva, hay intereses políticos evidentes. Sectores que han perdido en las urnas y no aceptan el juego democrático ven en la revocatoria un atajo para reposicionarse, deslegitimar, confundir. Y lo hacen apelando al desgaste social, al enojo ciudadano, a la frustración que, en momentos de crisis económica, siempre encuentra eco.

¿Y si triunfa la revocatoria?

Si el proceso prospera, Quito volvería a vivir una pesadilla: la desestabilización institucional, la parálisis administrativa, el bloqueo político. ¿Es eso lo que necesita una ciudad que está tratando de ordenar su planificación urbana, de sacar adelante obras clave, de resolver décadas de abandono?

No se trata de blindar a Pabel Muñoz. Se trata de defender la estabilidad de la capital, el respeto al voto y el ejercicio responsable del poder ciudadano. Si el alcalde no cumple con sus promesas, los mecanismos de evaluación pública existen: veedurías, auditorías, fiscalización en el Concejo, y finalmente, las urnas en las próximas elecciones.

Pero apelar a la revocatoria como estrategia de sabotaje no fortalece la democracia. La debilita. No es un castigo justo. Es una revancha peligrosa.

Un llamado a la reflexión

El país necesita que Quito funcione. Necesita una capital con rumbo, con gobernabilidad, con visión. Si hay errores, que se corrijan. Si hay corrupción, que se sancione. Pero si lo que hay es una campaña política disfrazada de justicia, entonces los ciudadanos deben estar atentos.

La democracia no se defiende solo en las elecciones. Se defiende también en los momentos en que se quiere vulnerar la voluntad popular por la puerta de atrás.

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Contratos millonarios para posicionar la gestión gubernamental

Desde el inicio de su mandato, Noboa suscribió varios contratos con agencias publicitarias para difundir las acciones y políticas de su administración. En febrero de 2024, se adjudicó un contrato de USD 2,5 millones a Mindshare Ecuador, seguido de otro en agosto por USD 2,3 millones con la misma empresa. Mabeca Corporation también recibió un contrato en mayo de 2024 por USD 2,5 millones. Más recientemente, en octubre de 2024, se inició un proceso de contratación con Norlop Thompson Asociados por USD 5 millones, sumando un total de USD 12,3 millones destinados a comunicación en un año.

Una parte significativa de este aumento se destinó a bienes y servicios de consumo, con una asignación de USD 406 millones. Este rubro incluye gastos operativos del Estado y adquisiciones necesarias para el funcionamiento de las instituciones públicas.

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Debate sobre el uso de recursos públicos en comunicación

Estas inversiones han suscitado cuestionamientos acerca de la pertinencia de destinar sumas considerables a comunicación en un contexto donde persisten necesidades urgentes en sectores como salud, educación y seguridad. Analistas políticos y sectores de la sociedad civil han expresado inquietudes sobre si estos gastos reflejan una estrategia para mejorar la imagen del gobierno más que una respuesta a las prioridades nacionales. Además, se ha señalado que, aunque la comunicación es esencial para informar a la ciudadanía, es fundamental equilibrar estos gastos con inversiones en áreas críticas para el desarrollo del país.​

El economista Luis Espinosa Goded criticó este incremento, señalando que refleja un «despilfarro público insostenible» y cuestionando la falta de reformas estructurales en la administración de Noboa.

Por otro lado, el Banco Central del Ecuador proyectó un crecimiento económico del 2,5% para 2025, atribuido a una mayor inversión pública y privada, así como a la implementación de proyectos de infraestructura y nuevos acuerdos comerciales. Sin embargo, advirtió sobre riesgos que podrían afectar estas proyecciones, como fluctuaciones en los precios del petróleo y tensiones comerciales internacionales. ​

La Asamblea Nacional ha tomado nota de estos contratos y se espera que en las próximas sesiones se analice la pertinencia y transparencia de estos gastos. La ciudadanía permanece atenta al uso de los recursos públicos, demandando una gestión que priorice el bienestar colectivo y la solución de los problemas más apremiantes del Ecuador.

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Estas unidades están concebidas para integrarse perfectamente con la infraestructura urbana. Miden 18 metros de largo y pueden transportar a 160 personas, de las cuales 32 pueden sentarse. Además, ofrecen espacio para personas con discapacidad o movilidad limitada, carros de bebé o bicicletas. Cuentan con pantallas informativas internas, 20 cámaras de seguridad, un sistema de ventilación, puntos de carga USB, y señalización interna que promueve la inclusión y el enfoque de género.

¿Preocupación por la movilidad de Quito?

La implementación de estas unidades coincide con el inicio de la campaña electoral. El alcalde Pabel Muñoz, en el marco de la celebración por los 29 años de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (EPMTPQ), destacó la importancia de seguir ampliando la flota, mencionando la posible adquisición de 20 unidades adicionales. La declaración del burgomaestre ha generado reacciones de actores políticos sobre si estas acciones responden a una verdadera preocupación por la movilidad urbana o si forman parte de una estrategia para ganar credibilidad para el movimiento de la Revolución Ciudadana.

La ciudadanía, por su parte, recibe positivamente la modernización del transporte, pero no deja de cuestionar las motivaciones detrás de estas decisiones. Mientras los nuevos trolebuses prometen un Quito más limpio y eficiente, queda en el aire la duda sobre si esta inversión es realmente por el bienestar de los quiteños o una jugada más en el tablero político.

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Cuestionamientos al contrato

Concejales de oposición, como Andrés Campaña y Wilson Merino, cuestionan la transparencia en la adquisición de los nuevos trolebuses y critican la falta de información detallada sobre el proceso. Merino señala que «la ciudad necesita claridad en las inversiones públicas, especialmente en proyectos de esta magnitud». Por su parte, Campaña expresa preocupación por la coincidencia de esta inversión con el periodo electoral, sugiriendo que podría tratarse de una maniobra política más que de una verdadera solución a los problemas de movilidad.

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Manzano señaló que en un inicio se manejó la hipótesis de que la rotura de la tubería fue consecuencia de un deslizamiento de tierra, pero que tras investigaciones posteriores, un informe de inteligencia policial apunta a un posible sabotaje. Además, mencionó que un documento del Centro de Inteligencia Estratégica del Estado (CIES) advierte sobre otro posible atentado contra el sistema de agua en Papallacta y Auca, lo que podría comprometer el abastecimiento en Quito.

En este contexto, la ministra hizo un llamado al alcalde de Quito, Pabel Muñoz, sugiriendo que el Municipio tiene información sobre los responsables. “Dígale a la gente que está haciendo el sabotaje, que sabemos de dónde es, que eso no se puede hacer”, declaró Manzano.

El municipio responde ante declaraciones de Manzano

El Municipio de Quito emitió un comunicado este 20 de marzo de 2025 en respuesta a las declaraciones de la ministra de Energía, Inés Manzano. En el documento, la Alcaldía aseguró que no se ha identificado ningún riesgo de contaminación en Papallacta, pero, ante la alerta generada, solicitó la intervención del Ministerio de Defensa y la Fiscalía General del Estado.

Municipio pide militarizar el Sistema Papallacta

Como medida de prevención, el Municipio indicó que ha pedido la militarización de las instalaciones del Sistema Papallacta Integrado, con el objetivo de garantizar su correcto funcionamiento y la provisión segura de agua potable en la ciudad.

Además, el alcalde Pabel Muñoz informó que se ha presentado una noticia criminis ante la Fiscalía, con la intención de que se tomen acciones legales y se investigue la veracidad de la denuncia realizada por la ministra.

Por otro lado, el Cabildo explicó que, aunque no se ha detectado ninguna anomalía en el sistema de agua, se ha desplegado un contingente técnico y humano para monitorear permanentemente las zonas mencionadas en el informe de la ministra.

Aquiles Alvarez reacciona

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, reaccionó con indignación a las declaraciones de la ministra de Energía, Inés Manzano, quien sugirió la posibilidad de un sabotaje en el sistema de agua de Papallacta y Auca, mencionando directamente al alcalde de Quito, Pabel Muñoz.

A través de su cuenta en X, Alvarez cuestionó el nivel de la ministra y calificó sus afirmaciones como irresponsables y vergonzosas.

«Dios mío, qué nivel de ministra tenemos… Escuchar esto da asco. Son capaces de decir y hacer cualquier cosa para sacarse las responsabilidades de encima. Acusar de frente al alcalde @pabelml es muy bajo», escribió el alcalde guayaquileño.

Además, instó a Muñoz a tomar acciones legales contra la funcionaria, asegurando que este tipo de declaraciones no pueden quedar impunes. «Alcalde, no deje este tema así, demande a la ministra Manzano. Hay que sentar precedentes. Esta gente cree que puede decir cualquier cosa, que puede dañar la honra de la gente con desparpajo», enfatizó.

Álvarez también recalcó la gravedad de la acusación, señalando que vincular al alcalde de Quito con un posible sabotaje es una denuncia sumamente delicada que no puede quedar sin respuesta.

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Video filtrado

Jesús López, abogado de uno de los imputados, publicó en sus redes sociales, un video del pasado 8 de diciembre de 2024 (día de la desaparición) donde muestra imágenes minutos antes de la detención de Ismael, Josué, Steven y Nehemías.

En el video se logra ver a dos personas saliendo de un puente. Ambas se acercan a otra persona, esta los evade, y una de ellas intenta golpearla. De acuerdo con López, los niños eran las personas que salían del puente. Mientras, otro grupo de personas llegaba por detrás.

«Como la persona es esquivada por los ciudadanos, retornan a esconderse debajo del puente. Pasados 10 minutos la misma cámara graba el video que se hizo viral, donde una persona civil hace entrega de los ciudadanos (los menores) a los militares», afirma López. 

El abogado menciona que «lo curioso» es la diferencia de 10 minutos entre ambos videos. En este tiempo no hay registro de «qué acciones cometieron las personas que retornaron a esconderse debajo del puente (…) querían pruebas de que los militares actuaron en delito flagrante, pues las pruebas van apareciendo», concluye López.

¿El video cambia el rumbo de la investigación?

El fiscal, Christian Fárez, ha mencionado que el video filtrado no cambia, ni influye en la investigación. El video no prueba ningún delito y ha sido analizado por la Fiscalía. Además. Fárez menciona argumentos para que los militares continúen con prisión preventiva.

Además, recalca la falta de aplicación de protocolos en contexto de detención de niños, niñas y adolescentes, ya que los niños no fueron llevados ni a la Policía ni a la Fiscalía ecuatoriana.

En este contexto, ningún delito ha sido comprobado ya que no existen partes policiales o militares que proporciones detalles de la legalidad de esta detención.

Por otro lado, la discusión no trata de si hubo comisión de delito o no. La desaparición forzada implica que las víctimas fueron privadas de comunicación (según la defensa de las familias) y la ausencia de protocolos, no hubo un manejo adecuado del caso, lo que llevó a una a tener cuatro niños incinerados y sepultados.

¿El video podría traer problemas?

Erick Huilca, abogado de uno de los investigados, aclaró que su colega Jesús López no es el abogado de todos los imputados.

Por su parte, Fernando Bastidas, defensor de Derechos Humanos, calificó la publicación del video como “un ataque a nivel mediático”.

López recibió un rechazo por parte de uno de los abogados por su actuar al publicar el video. Bastidas señaló que, “uno de los abogados de los procesados rechazó el actuar del abogado Jesús. Señalando que, en primer lugar, la defensa de ellos, no va a ser mediática y en segundo lugar, que un abogado no puede hablar por los 16”.

“Apenas representa a cuatro procesados”, puntualizó Bastidas. Posteriormente, recalcó que López no buscaba un aporte para el desarrollo del proceso, al contrario, el abogado quería «polarizar aún más la situación”.

El defensor de los derechos humanos menciona que desconoce la ventaja que le daría publicar el video.

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Muñoz destacó que la administración municipal ya ha manifestado a la banca multilateral su disposición para gestionar un esquema de financiamiento que permita concretar la ampliación del sistema de transporte subterráneo. “Nosotros sí le hemos dicho ya a la banca multilateral que estamos listos para un esquema de financiamiento y extender el Metro de Quito”, aseguró.

El alcalde recordó que la actual línea del metro no alcanzó la estación originalmente proyectada en La Ofelia y enfatizó la necesidad de expandir el sistema hacia el norte para mejorar la conexión con los sectores rurales de la ciudad, especialmente con la parroquia de Calderón, la más grande del país.

Además, cuestionó la falta de acciones concretas por parte del Gobierno Nacional en este proceso. “El Gobierno ha dicho lo mismo, pero no ha hecho ni medio paso”, afirmó, señalando que mientras el Municipio ya ha firmado los documentos necesarios para avanzar con el proyecto, el Ministerio de Economía aún no ha dado señales de apoyo financiero.

Según Muñoz, la ampliación del Metro de Quito demandaría una inversión cercana a los USD 500 millones, por lo que se requiere la participación del Gobierno o la obtención de un crédito multilateral. “Si vamos a necesitar crédito, sea del Gobierno Nacional o del Gobierno Municipal, tenemos que llamar a los que nos pueden prestar el crédito”, concluyó.

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Susana Morejón, la vecina solicitante, indicó que en 2012 inició los trámites para el traspaso de un predio municipal ubicado en Solanda, sin embargo, no encontró solución a su requerimiento.

“He cumplido con todos los requisitos que me solicitaron. Seis concejales me dieron la espalda y no entiendo la razón de la negativa”, dijo la ciudadana entre quebrantos, luego de que los seis concejales que votaron en contra de la resolución.

De acuerdo a los informes técnicos y legales presentados, la Administración Zonal Eloy Alfaro emitió un criterio favorable para que se continúe con la adjudicación de esta faja de terreno.

Susana pidió intervenir en la sesión en Comisión General, sin embargo, los concejales, Analia Ledesma, Andrés Campaña, Bernando Abad, Cristian López, Michael Aulestia y Wilson Merino, que votaron en contra, abandonaron el pleno del Concejo Metropolitano.

El alcalde Pabel Muñoz clausuró la sesión por falta de quórum y señaló que es una falta de respeto para la ciudad. «Es lamentable y le pedimos disculpas a la ciudadana en nombre del Concejo Metropolitano”, dijo la autoridad.

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«Se ejecutan órdenes de detención contra 7 agentes de Tránsito, que habrían exigido dinero a cambio de no sancionar infracciones como el incumplimiento de la medida de pico y placa. Además, otras 2 personas son detenidas con fines investigativos», explicó la Fiscalía en su cuenta de X.

Entre los indicios se encontraron teléfonos, equipos portátiles, dinero, licencias, matrículas y tarjetas con el número de cuenta de ahorros para realizar el chantaje. En otra investigación sobre el mismo caso se detuvo a los agentes de tránsito Cristian C., Segundo J. y Geovanny M., quienes habrían exigido pagos para no reportar presuntas infracciones de tránsito relacionadas con el plan de restricción vehicular “Pico y Placa” o con circulación de vehículos con llantas lisas. En total se realizaron tres investigaciones y más de diez allanamientos.

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Los agentes lo tienen en Flagrancia y será trasladado a la Fiscalía de Pichincha para el respectivo proceso. Existen 16 denuncias y tres detenidos en proceso de investigación por los incendios forestales en Quito y se espera que se encuentre a los autores intelectuales en caso de existir.

«Desde el 24 de septiembre enfrentamos 27 quemas, algunos barrios afectados: Guápulo, Bellavista, Bolaños, González Suárez, Parque Metropolitano. Los puntos graves se encuentran en el cerro Auqui, la avenida Simón Bolívar», expresó el alcalde Muñoz.

Agregó que no se pueden descuidar otros puntos debido a que se están generando quemas en otros sectores de la ciudad. A las 14:55 hubo una quema en San Carlos, a las 15:02 ocurrió otra en Pifo. Seis casas en los lugares del incendios se quemaron y el COE Metropolitano activó las actividades de ayuda humanitaria y el trabajo de la diferentes secretarías para este propósito.

Asimismo, el COE – M declaró el estado de emergencia en la ciudad. Trabajando codo a codo con el gobierno provincial y nacional. El alcalde solicitó que mientras dura la emergencia, el Gobierno no corte la energía eléctrica en la capital.

Más detalles en breve…

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«Debemos estar atentos a las 11h00 porque a esa hora tenemos previsión de una mayor velocidad del viento y eso puede avivar los focos de incendio. Mientras no se hayan liquidados no podemos ni bajar los brazos ni quitar personal del Cuerpo de Bomberos», dijo el alcalde a los medios.

En los barrios Guápulo, González Suárez o Bellavista se avistarán columnas de humo, pero no significa necesariamente un incendio, sino que al momento de apagar todavía se mantiene el humo. El burgomaestre recomendó a la población mantenerse en sus hogares si no se tiene la necesidad de salir para cuidar la salud y la buena movilización de tanqueros.

Ayuda nacional

Los Cuerpos de Bomberos de Riobamba, Lago Agrio, Santo Domingo, San Miguel de los Bancos, Rumiñahui, Mejía y Ambato. Desde Taura se movilizaron dos helicópteros, esta mañana, que apoyarán a la aeronave del Cuerpo de Bomberos.

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Según el testimonio de un agente de tránsito, moradores del sector reportaron un incendio en la parte posterior de la iglesia de Guápulo y al llegar encontró dos bidones que contenían diésel y aceite quemado.

El funcionario emitió un reporte al ECU 911 para que las entidades correspondientes realicen las respectivas investigaciones. Hasta el momento se desconoce si esta mezcla tóxica fue utilizada para activar el incendio de la zona.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, confirmó que los siete incendios del 24 de septiembre fueron provocados y calificó a los responsables de criminales y terroristas. (AGM).

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«La situación es crítica. El incendio empezó en la avenida Libertadores, bajando de Guápulo y yendo hacia Cumbayá. Inmediatamente empezó a propagarse hacia arriba, superó la Simón Bolívar, la Guayasamín y tomó parte del Parque Metropolitano. Tenemos un cruce de incendio hacia el sector del cerro Auqui, por la quebrada Molinuco», explicó el alcalde Pabel Muñoz desde el Puesto de Mando Unificado.

Entre las recomendaciones del burgomaestre están: No movilizarse si no es necesario para permitir el paso de los tanqueros. El Gobierno dispuso que se mantenga el servicio eléctrico en Quito, excepto en lugares cercanos al incendio. Se enviaron desde Taura dos helicópteros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, el del Municipio de Quito no está operando debido a la cantidad de humo y ceniza que existe. El incendio continuará durante la noche y se extenderá hasta mañana, advierte el alcalde. Hay que cerrar puertas y ventanas y proteger a niños y adultos mayores con mascarillas.

Decisiones hasta ahora

• Las vías cerradas son: Av. Simón Bolívar, en sentido sur Norte y en acceso al puente Guajaló y el túnel Guayasamín.
• Las clases presenciales están suspendidas en todas sus modalidades en el Distrito Metropolitano de Quito
• El Gobierno analiza suspender la jornada laboral en el sector público.

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La Empresa Operadora Metro de Medellín Transdev (EOMMT) informó que a las 07h30, un tren en la estación San Francisco detuvo su marcha porque conforme ha sucedido en otras ocasiones, algunos pasajeros se recargaron u obstruyeron una de las puertas, lo que activó el sistema de seguridad.

La situación se produjo en hora pico por lo que el puesto de control central decidió desembarcar a los usuarios para agilizar la operación, siguiendo un protocolo estándar en cualquier sistema de metro del mundo.

La operadora resaltó que el inconveniente se resolvió en menos de 10 minutos, sin comprometer la seguridad ni la operación. Los pasajeros fueron embarcados en el siguiente tren, la unidad volvió a servicio y la operación del Metro de Quito continúa con total normalidad.

La normativa del Metro

Según el reglamento del Metro de Quito, obstaculizar el paso, no recoger los desechos de animales de asistencia, apoyarse en las puertas, y el mal uso de escaleras y ascensores constituye una infracción leve que equivale a una multa del 25% de un salario básico, es decir, USD 115. (AGM).

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Bajo la amenaza de un arma de fuego, le quitaron el dinero en efectivo que tenía. Debido a las políticas de seguridad de la estación gasolinera, el funcionario no contaba con una cifra exhorbitante de dinero en el momento del suceso. La víctima no pudo reconocer los rostros de los agresores.

Ahora la Policía revisará las cámaras de seguridad para identificar a los responsables en el marco de la respectiva investigación. La atención en la gasolinera continuó, pero con vigilancia policial reforzada.

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