Un nuevo estudio publicado en la revista científica PNAS y liderado por la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), con apoyo del Panel Científico por la Amazonía (SPA) y la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la ONU, ofrece una radiografía cruda del deterioro en la cuenca amazónica y evidencia científica sobre cómo protegerla.

La investigación analiza los efectos acumulados de seis actividades humanas —represas, minería, petróleo, incendios, deforestación y carreteras— sobre cuatro ecosistemas clave: Andes amazónicos, bosques no inundados, humedales y ríos.

El hallazgo más contundente:

En los Territorios Indígenas y Áreas Protegidas (TIAP), solo entre el 14 y 16 % del territorio presenta impactos humanos; en zonas no protegidas, la cifra sube al 38 %.

“La conectividad ecológica depende de fortalecer la gobernanza indígena”, dijo el coordinador del estudio, Juan Manuel Guayasamín, vicedecano de Investigación de la USFQ. Aunque reconoce que la organización comunitaria es diversa, sostiene que sus modos de vida son más compatibles con los equilibrios del ecosistema que los modelos extractivos.

¿Qué propone la investigación?

• Enfoque territorial con apoyo estatal a las prácticas sostenibles indígenas.
• Protección activa de las áreas con menor fragmentación.
• Políticas públicas basadas en evidencia científica interdisciplinaria.

Ciencia al servicio del territorio

Este trabajo se integra al esfuerzo de más de 300 expertos convocados por el SPA desde 2019, en una red que articula saberes académicos e indígenas. La USFQ destaca que el estudio ofrece no solo diagnóstico, sino soluciones concretas y adaptadas a la complejidad ecológica y cultural de la Amazonía.

En tiempos donde el colapso ambiental parece acelerarse, la investigación deja un mensaje claro: no habrá Amazonía posible sin las comunidades que la habitan ni sin la ciencia que la documenta.

Enlace al artículo: pnas.org/doi/10.1073/pnas.2418189122

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El origen de la medida

La tarifa fue implementada por el Gobierno como parte de un plan para fortalecer el control de la actividad minera y financiar la lucha contra la minería ilegal. Según estimaciones oficiales, podría recaudar alrededor de USD 229 millones anuales que serían destinados a monitoreo, control y remediación ambiental.

https://x.com/ARCOM_Ecu/status/1938828707491389634?t=9wst2u4nuiVB13BeBxuldg&s=19

Argumentos de los mineros

Las organizaciones demandantes sostienen que la tasa es desproporcionada y perjudicial para pequeños y medianos productores, que ya cumplen con obligaciones tributarias y legales.

Advierten que la medida podría provocar el cierre de minas formales y aumentar la informalidad en el sector.

“Somos mineros legales y no podemos pagar valores tan exagerados ”, señaló Guillermo Godoy Presidente de la Cámara de la Pequeña Minería del Ecuador (CAPEMINE)

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El siguiente paso legal

La Corte Constitucional deberá decidir si admite a trámite la demanda y, en caso de hacerlo, evaluar la constitucionalidad de la norma. Los gremios piden que se suspenda la aplicación de la tasa hasta que se realice un análisis técnico y económico sobre su impacto.

Posición del Gobierno

El Ejecutivo defiende el cobro como una herramienta clave contra la minería ilegal, actividad que, según el Ministerio de Energía y Minas, ha crecido de forma acelerada y genera daños ambientales y pérdidas fiscales millonarias.

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La medida, que inicia el 20 de agosto de 2025, busca evitar la sobreestadía de visitantes y se dirigirá a personas de países con altos índices de permanencia irregular.

https://x.com/dw_espanol/status/1949783139481710770?t=OfckPqZBiQBFmkBjJrv3Vg&s=19

¿Cómo funcionará la fianza?

Será aplicada por un año, durante el cual los solicitantes podrán ser evaluados individualmente.Oficiales consulares podrán requerir un depósito de USD 5 000, 10 000 o 15 000, según criterio de riesgo migratorio. El dinero se devolverá cuando el viajero cumpla con su estadía o salga del país dentro del plazo permitido.

Se desvincula de cualquier garantía de aprobación; si se paga sin solicitud oficial, no será reembolsado. Países iniciales en la listaHasta la fecha, solamente Malawi y Zambia han sido incluidos en el programa por tasas de sobreestadía de 14 % y 11 %, respectivamente.

La lista puede ampliarse o modificarse con 15 días de antelación, según el anuncio del Departamento de Estado.

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Los beneficiarios de la visa con fianza podrán ingresar y salir únicamente por tres aeropuertos: Boston (Logan), Nueva York (JFK) y Washington Dulles (IAD). Críticas e implicacionesOrganizaciones como la U.S. Travel Association han advertido que la nueva fianza podría reducir el turismo legítimo y dañar la competitividad del país como destino.

Expertos señalan que el requisito puede restringir acceso a personas de menores ingresos, limitando oportunidades laborales y familiares de viaje.

Antecedentes y perspectivas

La medida revive una propuesta presentada originalmente en 2020, pero que no fue ejecutada debido a la pandemia. Su resurgimiento marca un giro hacia políticas migratorias más restrictivas. Además, se anticipa un posible nuevo cargo adicional de USD 250 como «visa integrity fee», que puede añadirse a otros gastos consulares. Con esta iniciativa, EE. UU. introduce una barrera económica considerable para ciertos visitantes, lo que podría afectar la percepción internacional del país como destino. Aunque el programa comienza limitado a solo dos países, la experiencia y su transparencia operativa definirá si se expande y cómo impacta al turismo global y los viajes de negocios.

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El reconocido medio estadounidense The New York Times incluyó a las islas ecuatorianas en su lista de los 52 lugares más recomendados para visitar en 2025, ubicándose en el segundo puesto a nivel global, solo por detrás de una región del Reino Unido.

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¿Qué hace tan especial a Galápagos?

Las islas Galápagos se consideran uno de los destinos más extraordinarios del planeta por varias razones:

Fauna única en el mundo: tortugas gigantes, piqueros de patas azules, iguanas marinas y pinzones de Darwin son solo algunas de las especies que habitan este santuario natural.

Paisajes inolvidables: desde playas vírgenes como Bahía Gardner hasta aguas cristalinas ideales para el buceo, el entorno visual es tan diverso como sorprendente.

Protección ambiental activa: las autoridades han reforzado las políticas de conservación y manejo ecológico del turismo para proteger este ecosistema único.

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Un orgullo ecuatoriano

Este tipo de reconocimientos confirman que Ecuador cuenta con uno de los tesoros naturales más valorados del mundo. Las Galápagos no solo atraen a miles de turistas cada año, sino que también inspiran a científicos, fotógrafos y defensores del medioambiente a nivel global.

El segundo lugar en la lista del The New York Times no es casualidad.

Las Galápagos representan un equilibrio perfecto entre belleza natural, biodiversidad y conciencia ecológica. Visitar estas islas es una experiencia transformadora, tanto para los sentidos como para la conciencia ambiental.

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Admisión sin medidas cautelares

La Corte comunicó la decisión este viernes 4 de julio, tras aceptar los expedientes 50-25-IN y 51-25-IN al comprobar que cumplían con los requisitos jurídicos exigidos por la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Sin embargo, la Corte aclaró que no se concedieron medidas cautelares, ya que los pedidos de suspensión de la norma no cumplieron con las condiciones legales requeridas.

En contraste, la Corte rechazó una tercera demanda que presentó el ciudadano Gabriel Salvador Lema, al determinar que no cumplía con lo establecido en el numeral 5 del artículo 79 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Críticas desde la oposición

El partido Unidad Popular (UP) fue uno de los actores que presentó una de las acciones legales. Geovanni Atarihuana, su director nacional, calificó a la Ley de Solidaridad como una amenaza al orden democrático.

TUIT Geovanni Atarihuana: https://x.com/geovanni_atari/status/1941271342252544345

 “El Gobierno busca consolidar un esquema de poder autoritario, usando como excusa la lucha contra la delincuencia”, afirmó Atarihuana. Además, denunció que la normativa otorga facultades excesivas al presidente, poniendo en riesgo derechos fundamentales y abriendo la puerta a detenciones sin garantías judiciales.

El debate de fondo: seguridad o concentración de poder

Aunque el Ejecutivo ha defendido la Ley como una herramienta legal para combatir el crimen organizado y restablecer el orden interno, varios expertos constitucionalistas advierten que sus disposiciones abren la puerta a una peligrosa concentración de poder. Según juristas consultados por este medio, la normativa permite al presidente emitir decretos con fuerza de ley y restringir derechos sin control legislativo efectivo, lo cual “viola el principio de separación de poderes y el equilibrio institucional”. El riesgo, señalan, es que bajo el argumento de enfrentar una emergencia, se naturalice el estado de excepción como forma de gobierno.

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Mientras el Gobierno defiende la Ley de Solidaridad como una herramienta para enfrentar la crisis de seguridad, crecen las alertas sobre posibles abusos de poder. La Corte Constitucional será ahora la encargada de dirimir si esta norma se ajusta al marco jurídico vigente o si vulnera las libertades fundamentales de los ecuatorianos.

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TUIT PORTAVOZ: https://x.com/radiolacalle/status/1937172074016960708?t=2NL8hDdbSmnJxPm8cpJ4HQ&s=19

¿Solución real o deuda disfrazada?

A primera vista, esta decisión puede parecer positiva; sin embargo, desde una mirada crítica, es fundamental examinar a fondo lo que realmente implica este anuncio. En lugar de impulsar un modelo soberano de transición energética basado en inversión pública, democratización del acceso a la energía y fortalecimiento del sector estatal, el Gobierno recurre, una vez más, a la vía fácil y riesgosa del endeudamiento externo. Esta estrategia no solo profundiza la dependencia del país frente a organismos multilaterales, sino que también subordina las políticas públicas a los intereses del capital extranjero.

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¿Qué es BIP?

El Banco Interamericano de Desarrollo, tradicionalmente vinculado a los intereses del capital transnacional y del libre mercado, rara vez otorga financiamiento sin imponer condiciones. Aunque se presente bajo el discurso de las “energías renovables”, en la práctica estos proyectos suelen terminar en manos de empresas privadas frecuentemente extranjeras que obtienen ganancias a partir del uso de recursos naturales, sin garantizar una participación real de las comunidades ni beneficios concretos para las zonas que históricamente han padecido los apagones.

¿Cero apagones? La reciente declaración de la ministra de Energía, Inés Manzano, presenta como una propuesta de “solución energética”. Sin embargo, esta postura podría interpretarse como una nueva vía de endeudamiento externo, una privatización encubierta del sector energético y un riesgo que compromete el futuro del país.

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Chamorro también subraya que, si bien el sector intenta alinearse con normativas internacionales como las IEC y CCS, la coexistencia de múltiples tipos de conectores —Tipo 1, Tipo 2, CCS1, CCS2 o GBT— complica la interoperabilidad. “La heterogeneidad de conectores impide que los sistemas dialoguen entre sí”, afirma. Esta situación no es exclusiva de Ecuador: en Perú, México, Chile y Colombia, las reglas técnicas aún se escriben mientras la infraestructura ya se construye, lo que crea fragmentación y barreras silenciosas para la adopción masiva del vehículo eléctrico.

Normativas incipientes y marcos fragmentados

En países como Perú y Ecuador, las normativas sobre infraestructura de carga eléctrica aún están en fases iniciales. En Perú, aunque el Decreto Supremo 022-2020-EM autoriza la carga comercial, la normativa técnica es todavía incipiente. “La diversidad de conectores es una barrera invisible que encarece los costos operativos y dificulta el crecimiento del ecosistema eléctrico”, explica Adolfo Rojas, presidente de AEDIVE Perú.

En México, la situación no es muy diferente. Conectores estadounidenses como el CCS1 y NACS conviven con estándares asiáticos como CHAdeMO, generando un panorama técnico complejo que también confunde a los usuarios e inversores. En Chile, país que adoptó tempranamente el Pliego Técnico N°15 con estándares como IEC 61851 y CCS, las autoridades enfrentan ahora el desafío de actualizar sus marcos frente a la evolución global del mercado.

El dilema regional: ¿unificar o adaptarse?

El debate sobre estandarización vs. adaptabilidad divide opiniones. Algunos expertos proponen un único estándar obligatorio; otros, como Carlos Lantigua, especialista en eMobility de República Dominicana, consideran que imponer reglas prematuras en mercados pequeños puede desacelerar la transición energética. La solución intermedia parece estar en la infraestructura flexible con adaptadores certificados, que permita convivir diferentes tecnologías sin sacrificar seguridad ni eficiencia.

A pesar de las diferencias, hay consenso en que la interoperabilidad es el corazón del sistema. Chamorro afirma que “con protocolos homologados, los costos bajan, se incentiva la competencia y se acelera la adopción del vehículo eléctrico”. Pero sin un marco común, cada país define su camino con influencias geopolíticas distintas, lo que fragmenta el mercado y retrasa los beneficios de una red regional conectada y funcional.

Estándares: ¿barrera o impulso?

Mientras fabricantes chinos dominan el mercado latinoamericano con conectores GBT, Tesla introduce el NACS en países con influencia estadounidense, y Europa impulsa CCS, el escenario resulta cada vez más confuso. “Pensar en América Latina como un solo bloque regulatorio es un error”, sostiene Eugenio Grandio, presidente de la Asociación de Electromovilidad de México. “Cada país responde a intereses distintos y eso genera un ecosistema sin cohesión técnica”. La falta de estandarización no es solo un problema de enchufes: es un freno a la transición energética y una amenaza para la inversión privada. La red de carga, en vez de ser un facilitador, se convierte en un campo minado de incompatibilidades técnicas y decisiones improvisadas.

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El propósito de la propuesta enviada como tercera Ley con calificación económica-urgente es incentivar el turismo ecológico, la investigación científica, los servicios ambientales y otras formas de “inversión privada responsable” para generar empleo y ampliar las economías locales en territorio catalogado como reserva natural del país. Así como lo mencionó la Secretaría General de Comunicación del Gobierno mediante un comunicado oficial en sus redes sociales:

TUIT PRESIDENCIA:

¿A quién favorece, realmente, esta ley?

Desde una mirada crítica, esta nueva propuesta del Ejecutivo levanta serias dudas sobre las verdaderas intenciones del actual Gobierno ¿Realmente se busca generar empleo e inversión, o es otro mecanismo para favorecer a las élites económicas del país? La propuesta no es aclara en quién controlará los recursos ni cómo se distribuirá la riqueza, lo que abre la puerta a una gestión poco transparente y excluyente. Aunque se anuncia la condonación del 100 % de intereses en las deudas del sector pesquero artesanal, esto solo beneficia a un grupo reducido, mientras miles de comunidades siguen sin un plan integral que garantice mejoras reales en sus condiciones de vida. En lugar de atender al pueblo, parece que una vez más se legisla para proteger intereses privilegiados.

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¿Por qué es tan urgente?

Debemos tener claro que, aunque este proyecto se presenta como algo positivo, podría ser solo un disfraz para avanzar en la privatización de lo público. Detrás del discurso de inversión y desarrollo, se esconde el riesgo de entregar nuestros recursos al sector privado, poniendo en peligro a la naturaleza y a las comunidades locales. En lugar de convertir la tierra, el agua y la biodiversidad en mercancías, se debería proteger la naturaleza como un bien común, no como un negocio.

Sin embargo, este proyecto es la tercera ley urgente que emite el Presidente Daniel Noboa eso significa que la Asamblea tiene solo 30 días para aprobar, y si no lo hace, el presidente puede imponer directamente como en situaciones anteriores ya lo ha hecho.

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Lejos de ser un acto aislado, el impacto directo sobre el llamado “Pentágono israelí” marca un punto de inflexión: Irán ha optado por responder como Estado y no como actor encubierto, y ha enviado un mensaje claro al eje occidental —Israel ya no es intocable.

El mito de la supremacía estratégica, hecho polvo en Tel Aviv

Desde su fundación, el Estado israelí ha cultivado un relato basado en la superioridad tecnológica, la precisión militar y la defensa como principio rector. Pero el misil que impactó en las cercanías de la Torre Marganit no solo perforó concreto y acero: destruyó una ilusión.

El ataque iraní, limitado pero quirúrgico, no se dirigió contra civiles ni zonas ambiguas, sino contra el núcleo del poder coercitivo israelí. En el plano geoestratégico, eso equivale a una afrenta frontal al monopolio militar que Israel ha ejercido durante décadas con respaldo occidental. La imagen de humo sobre Tel Aviv no es solo simbólica: es profundamente política.

Netanyahu, atrapado entre la arrogancia militar y el aislamiento diplomático

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha apostado por una política exterior agresiva en los últimos meses: bombardeos en Siria, asesinatos selectivos de líderes regionales y una intensificación brutal del conflicto en Gaza. Su estrategia ha sido convertir la acción militar en herramienta de gobernabilidad interna, usando el miedo como cemento político.

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Pero el contraataque iraní revela los límites de esa lógica. Cuando un Estado asume que su poder está por encima de toda consecuencia, confunde disuasión con impunidad. El resultado es este: un misil en el corazón de Tel Aviv, una crisis interna sin precedentes y un colapso de la confianza pública en la supuesta invulnerabilidad del aparato militar.

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No es terrorismo, es guerra interestatal: la nueva era del conflicto

El episodio rompe con la narrativa simplista de «Israel responde» e «Irán amenaza». Lo ocurrido no encaja en las categorías habituales de ataque preventivo o represalia terrorista. Estamos frente a un enfrentamiento directo entre dos Estados con capacidades militares desarrolladas.

Irán no ha golpeado a la población civil; ha apuntado al cerebro operativo de su adversario. Y en hacerlo, ha impuesto una nueva lógica en el tablero de Medio Oriente: la del equilibrio del miedo real, no simbólico. Una guerra de lógicas estatales, donde cada decisión tiene consecuencias regionales —y globales—.

La fragilidad del poder militar sin responsabilidad

Lo que Israel ha perdido en este episodio no es solo un blanco estratégico, sino su autoridad moral frente al mundo. La prensa occidental podrá relativizar el hecho, hablar de daños menores y justificar el bombardeo como un episodio más. Pero la imagen de un Tel Aviv herido modifica la arquitectura simbólica del conflicto.

TUIT Israel Defense Forces: https://x.com/IDF/status/1933328551333216407

La Cúpula de Hierro, exaltada durante años como el escudo perfecto, ha demostrado límites claros cuando el adversario no lanza cohetes caseros, sino misiles balísticos diseñados por un Estado soberano. El monopolio del ataque se ha roto. Y con él, el relato de una Israel eternamente amenazada que actúa solo en defensa propia.Una era de equilibrio militar entre potencias regionales ha comenzado. Y con ella, el mundo se acerca peligrosamente a una confrontación directa donde ya no bastan las condenas diplomáticas ni las cumbres internacionales. Tel Aviv ha ardido no como símbolo de defensa, sino como consecuencia de una estrategia que confundió arrogancia con invulnerabilidad.

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El proyecto «Orión», financiado con un crédito de USD 60 millones del BID, articulará tres ejes: renovación de hardware, ciberseguridad e IA para detectar anomalías en facturación, seguimiento de transacciones en tiempo real y declaraciones automáticas sugeridas.

Según Damián Larco, director del SRI, la tecnología superará las limitaciones de las auditorías manuales: «Lograremos mayor cobertura y eficiencia«, afirmó. El sistema, operativo en 2027, apunta a un control del 100% del catastro y modernizará la institución.

Las deudas VIP

Mientras el SRI anuncia este respaldo tecnológico, documentos oficiales revelan deudas pendientes de empresas vinculadas a altas figuras gubernamentales:

1. Exportadora Bananera Noboa S.A. (vinculada al presidente Daniel Noboa) mantiene una deuda de USD 95.16 millones con el SRI por impuestos, intereses y multas impagas.

1. Tejidos Pintex S.A. y Empresas Pinto S.A. (relacionadas con la vicepresidenta María José Pinto) adeudan al SRI USD 141mil y USD 115 mil. Además adeuda USD 6.8 millones a otras entidades, incluidos USD 3.1 millones por jubilaciones patronales de 700 extrabajadores despachados tras trasladar operaciones a Perú (2016-2019).

Carlos Guevara, presidente de jubilados de Pintex, confirmó en los tribunales que decenas de juicios siguen activos por impagos. Pese a esto, Noboa y Pinto han calificado acciones previas del SRI como «persecución política«, aunque fuentes oficiales insisten en que solo se exigió el cumplimiento de obligaciones tributarias y laborales durante gobiernos anteriores.

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Revolución Ciudadana (RC), la principal fuerza opositora y la más votada en las últimas elecciones legislativas, solo obtuvo la presidencia de dos comisiones: Garantías Constitucionales y Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes. El movimiento Pachakutik consiguió una presidencia y el Partido Social Cristiano (PSC) quedó fuera de la dirección de cualquier mesa.

La sesión se instaló con 149 legisladores y marcó la principalización de los alternos Diego Matovelle y David Arango, en reemplazo de Annabella Azín (ADN) y Pamela Aguirre (RC), respectivamente. La moción fue presentada por el legislador oficialista Ferdinan Álvarez, quien también fue designado como presidente de la Comisión de Fiscalización, una de las más estratégicas para el control político.

Entre las comisiones más influyentes que quedaron en manos de ADN están Justicia, Régimen Económico, Desarrollo Económico, Relaciones Internacionales y Salud. Estos espacios son clave para impulsar reformas legales, económicas y fiscales, así como para dar seguimiento a la gestión gubernamental.

La Revolución Ciudadana, que denunció una distribución desigual y poco representativa, se encuentra relegada a comisiones con menor capacidad de incidencia inmediata. Sus vocerías cuestionaron que el reparto de comisiones responde a un acuerdo de mayoría coyuntural impulsado por ADN con independientes y sectores minoritarios.

El bloque oficialista ha utilizado su fuerza parlamentaria para afianzar el control del Legislativo desde noviembre de 2023. Con esta nueva configuración, consolida una posición que le permitiría impulsar reformas constitucionales parciales o modificar leyes clave sin el apoyo de la oposición.

La composición de las comisiones refuerza el desequilibrio de fuerzas en la Asamblea, en un contexto electoral marcado por la incertidumbre y el avance de la segunda vuelta presidencial. Mientras tanto, la RC —que obtuvo más votos populares— vuelve a quedar fuera de las decisiones más relevantes.

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23 de abril de 2025

Una imagen vale más que mil principios constitucionales.

Colgada en la puerta del Pleno de la Asamblea Nacional, la fotografía del Papa Francisco —fallecido apenas tres días atrás— se convirtió en símbolo de lo que estaba por ocurrir: reverencia, silencio y archivo.

Ese mismo día, sin presencia de sus proponentes, sin debate a fondo y con los micrófonos enmudecidos, el Legislativo decidió enterrar la Ley de Libertad e Igualdad Religiosa. La propuesta, nacida en la Defensoría del Pueblo y retomada por la legisladora Esther Cuesta (Revolución Ciudadana), buscaba establecer límites claros entre fe y poder político.

No era una amenaza a la espiritualidad. Era una advertencia al abuso.

No era contra la fe. Era contra el poder.

El proyecto proponía sancionar a iglesias que, desde sus púlpitos, hicieran proselitismo político, promovieran discursos de odio o interfirieran en elecciones. No perseguía creencias, sino el uso de la religión como plataforma electoral.

Pero los temores pudieron más. Legisladores de todas las bancadas se alinearon para archivar la propuesta sin enfrentar el debate ético de fondo. Se escudaron en tecnicismos: que las exenciones tributarias no eran competencia legislativa, que el traslado del registro religioso al Ministerio de la Mujer era improcedente. Palabras para evitar decir la verdad: el miedo a incomodar al poder eclesiástico es más fuerte que la voluntad de legislar con valentía.

La política se arrodilló

La Asamblea no debatió el fondo del problema: ¿puede una iglesia intervenir en elecciones sin consecuencias?

¿Debe una institución religiosa tener más margen de acción política que una organización social?

La respuesta fue evasiva.

Mientras algunos hablaban de libertad de culto, lo que se evitó fue hablar de libertad de conciencia, derechos LGBTI+, derechos de mujeres, de niñez, de personas no creyentes.

La fe se respeta. La impunidad no.

Carmen Tiupul, asambleísta de Pachakutik, confesó en el Pleno que la propuesta “confundió” a las comunidades indígenas. “Los adultos mayores me decían que nos iban a sancionar solo por rezar en comunidad”, relató.

Ese miedo —impulsado desde sectores religiosos que se sintieron amenazados— se convirtió en argumento político. Y así, el Estado volvió a ceder terreno frente al dogma.

¿Quién protege a quienes no tienen púlpito?

Mientras tanto, muchas personas continúan siendo señaladas, marginadas o atacadas desde espacios religiosos por su identidad, orientación sexual o creencias. El proyecto proponía evitar justamente eso. Pero fue silenciado.

La Revolución Ciudadana, lejos de defender su propia propuesta, guardó silencio. Solo Pierina Correa habló… para recordar que era el día del trabajador legislativo.

El laicismo no se decreta, se defiende

No se archivó solo una ley. Se archivó la posibilidad de hablar de la relación entre política y religión con madurez democrática.

Se archivó la protección del espacio público como territorio plural.

Se archivó la defensa de quienes creen distinto o no creen.

Y sobre todo, se archivó el valor de hacer política sin miedo.

El Estado laico no es un lujo.

Es una garantía democrática.

La fe es libre.

El poder, no.

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Ecuador vive días convulsos. La democracia, ya erosionada por la desconfianza ciudadana, se ve sacudida ahora por una denuncia tan alarmante como difusa: el gobierno de Daniel Noboa afirma haber desarticulado un supuesto plan de magnicidio, en el que estarían involucrados sicarios mexicanos y actores políticos locales vinculados —según la narrativa oficial— a “sectores derrotados” en la reciente contienda electoral. La acusación se presentó bajo un título que, lejos de buscar apaciguar el ambiente, parece diseñado para polarizar aún más: “La venganza de los malos perdedores”.

La gravedad de una amenaza contra la vida del presidente no puede ser minimizada. Sin embargo, el contexto y la forma en que se ha comunicado esta denuncia invitan a una lectura crítica. El país se encuentra en plena efervescencia política, con la oposición —particularmente la liderada por Luisa González y el expresidente Rafael Correa— denunciando presuntas irregularidades en el balotaje del 13 de abril. La propia Organización de Estados Americanos, en su informe preliminar, ha señalado inconsistencias en el proceso electoral, incluyendo fallas técnicas y retrasos que afectaron la transparencia del escrutinio.

En este clima de tensión institucional, el anuncio de un intento de asesinato presidencial, sin pruebas públicas claras ni detalles verificables, podría funcionar no solo como una alerta, sino como una herramienta de reposicionamiento político. La apelación al miedo como recurso para cohesionar el poder no es nueva: se inscribe en lo que la periodista e investigadora Naomi Klein definió como “la doctrina del shock” —una estrategia que utiliza situaciones extremas o traumáticas para implementar medidas excepcionales, justificar decisiones autoritarias o silenciar el disenso.

¿Está el gobierno enfrentando una amenaza real, o está utilizando el pánico como instrumento de control político? Esta pregunta, lejos de ser retórica, es fundamental para entender el momento que atraviesa Ecuador. Porque si bien el Estado tiene el deber de proteger la vida del presidente y de actuar con contundencia ante cualquier amenaza, también tiene la obligación de rendir cuentas con responsabilidad, transparencia y mesura. El uso de una narrativa cargada de epítetos ideológicos y de acusaciones sin sustento público debilita la credibilidad institucional, en lugar de fortalecerla.

El riesgo no es solo el descrédito. El verdadero peligro es que se normalice la manipulación del miedo como forma de gobierno, y que el país, en lugar de recuperar la confianza en sus procesos democráticos, se sumerja en una espiral de paranoia, persecución y polarización permanente.

Ecuador necesita claridad, no consignas. Responsabilidad, no espectáculo. Verdad, no relatos que se ajustan al guion del momento. La legitimidad de un gobierno no se consolida con discursos encendidos ni con enemigos invisibles, sino con hechos, transparencia y respeto a la institucionalidad.

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Desde la asunción del municipio capitalino en mayo de 2023, el Alcalde se ha enfrentado a críticas y procesos que buscan removerlo del cargo. Pese a esto, según indica Muñoz, ha logrado una inversión de USD 1.300 millones en obras públicas para la ciudad.

Controversias

En marzo de 2024, el ex vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Juan Guarderas, buscó la destitución y el retiro de los derechos políticos del alcalde. Acusándolo de actos proselitistas en favor de la ex candidata presidencial, Luisa González, en el contexto de las elecciones generales de 2023.

Tras el fallo del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Pabel asumió la multa por USD 9.200, y pidió disculpas públicas. Sin embargo, el 14 de mayo, pese a que la normativa prohíbe una doble sanción por la misma falta, el TCE autorizó la entrega de formularios al Colectivo “Chao Pabel”, para la recolección de 205.636 firmas. Mismas con las que se convocaría a un referéndum en donde la ciudadanía decidiría la continuidad de Muñoz.

El pasado 31 de marzo la nueva flota de trolebuses eléctricos entró en operación. Sesenta buses fueron comprados a la empresa Yutong. Sin embargo 14 de ellos se irían sumando luego de pasar por aduana, lo que ocasionó otra de las polémicas que encara el burgomaestre. El Concejal Michael Aulestia denunció una supuesta “falta de transparencia” en los costos de los trolebuses. Con esto solicitó que los vehículos puedan operar a partir de la resolución de los problemas administrativos. El pasado 15 de abril, el concejal Andrés Campaña informó sobre la autorización de acciones de control desde la Contraloría.

En esta ocasión, la ciudadana Patricia Herrera impuso una nueva denuncia al Alcalde en calidad de presidente del Consejo Cantonal de Protección de Derechos. El juez Ángel Torres sería el asignado para evaluar la admisibilidad del supuesto caso de ”violencia política de género” del cual no se conocen mayores detalles. (S.O)

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La intención de este concurso es embellecer y recuperar espacios públicos como parques, plazas, calles y zonas de uso comunitario. Luis Alfonso Saltos, asesor de la Alcaldía de Guayaquil, indicó que se busca una coordinación con la academia y, en este caso, el objetivo es la participación de estudiantes de Arquitectura y Urbanismo con enfoques de innovación, sostenibilidad, priorización de costos, análisis de territorios y del entorno urbano que permita generar proyectos enmarcados en las realidades territoriales y necesidades de la población.

¿A quién está dirigido el concurso?

El concurso está dirigido a los estudiantes de los últimos años de las carreras de Arquitectura y Urbanismo. Podrán ser grupos 3 a 4 personas con la asesoría de un docente tutor. Las universidades tendrán hasta 15 días desde el lanzamiento o inicio de su semestre para señalar su interés, entregarán un listado de grupos con tutores y el Municipio remitirá un link con la información sobre los predios a intervenir y con información de primera mano.

“Los estudiantes podrán ver reflejado su diseño urbano arquitectónico y se colocará una placa de reconocimiento al docente tutor y a los estudiantes, en el parque o sitio donde se desarrolle la propuesta”, indicó Saltos.

De su parte, la vicealcaldesa Blanca López, manifestó que la iniciativa busca “involucrar a la juventud de Guayaquil en procesos de diseño, no solo es un concurso, sino también una invitación abierta a soñar, a rediseñar juntos los espacios de la ciudad que nosotros habitamos”.

Exhortó a los estudiantes que pongan todo su talento, creatividad y compromiso. “Queremos ver plasmadas en estas propuestas toda la frescura que caracteriza a los jóvenes y que puedan pensar en parques más vivos, en calles más humanas, en corredores peatonales más integrados, en plazas que vuelven a ser el ama de los barrios y, sobre todo, que soñemos con una ciudad que se reencuentre con su río y estero”.

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Escalada en la guerra comercial

El 9 de abril de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un aumento significativo en los aranceles a las importaciones chinas, elevándolos al 145%. Esta medida busca presionar a China en medio de tensiones comerciales y políticas. La medida fue presentada como una estrategia para proteger los intereses industriales estadounidenses y frenar lo que Trump calificó como prácticas comerciales desleales por parte de Pekín. Simultáneamente, Trump declaró una pausa de 90 días en la implementación de nuevos aranceles para otros socios comerciales, incluyendo la Unión Europea y América Latina, con el objetivo de fomentar negociaciones bilaterales.​

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La decisión de Trump generó reacciones inmediatas en los mercados internacionales. El índice Dow Jones experimentó una caída del 2.5% tras el anuncio, reflejando la preocupación de los inversores por una posible escalada en la guerra comercial. Analistas advierten que estas medidas podrían afectar negativamente el crecimiento económico global y aumentar la inflación.​ Además, La Casa Blanca indicó que se evaluará el cumplimiento de compromisos comerciales antes de tomar nuevas medidas impositivas.

Respuesta de China

El gobierno chino respondió con firmeza a los nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos. El Ministerio de Comercio de China anunció contramedidas que incluyen aranceles adicionales a productos estadounidenses, como soja, maíz y carne de cerdo. Además, se implementarán restricciones a empresas tecnológicas de EE. UU. que operan en el mercado chino.​

Además, China advirtió que tomará medidas restrictivas contra empresas tecnológicas estadounidenses que operan en su territorio, lo cual podría afectar a gigantes como Apple, Microsoft o Tesla. «China defenderá sus intereses nacionales y tomará todas las medidas necesarias para proteger su economía», afirmó el portavoz del ministerio. Este intercambio de medidas proteccionistas eleva la tensión en el comercio global, con posibles repercusiones a largo plazo.

Impacto en América Latina

La decisión de Trump también tiene implicaciones para América Latina. Al suspender los aranceles en esta región, se abre una ventana para que países como Ecuador, Colombia o Perú fortalezcan sus exportaciones hacia el mercado estadounidense. Productos agrícolas, textiles y manufacturas tienen potencial para ganar espacio que antes ocupaba China en EE. UU. Sin embargo, la oportunidad está condicionada a la estabilidad de las relaciones diplomáticas y comerciales con Washington.

En el caso de Ecuador, el sector exportador ha manifestado un cauto optimismo. No obstante, analistas económicos alertan sobre la volatilidad de las decisiones en la política exterior estadounidense. «Es crucial que los países latinoamericanos diversifiquen sus mercados y fortalezcan sus economías internas para mitigar los riesgos asociados a las decisiones unilaterales de grandes potencias», afirmó el analista regional Jaime Carrera.

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La ausencia del primer mandatario fue cuestionada por el Legislativo debido a que no solicitó licencia para hacer campaña electoral, en su lugar notificó al Consejo Nacional Electoral (CNE) que dejaría temporalmente el cargo para hacer actividades proselitistas. Noboa encargó la Presidencia a Cynthia Gellibert durante el período de campaña. La firma de los nuevos decretos se anuncian a 48 horas del balotaje.

Detalles de los decretos:

1. Suspensión laboral en Tungurahua (Decreto 593): Actividades públicas y privadas se paralizaron este 11 de abril por la festividad religiosa Caminata por la Fe. Las horas no trabajadas se recuperarán en días posteriores.
2. Reducción del IVA al 8% (Decreto 594): Aplicable del 18 al 20 de abril para servicios turísticos, como hoteles y transporte.
3. Subsidios a productores agropecuarios (Decreto 590): Agiliza donaciones no reembolsables a pequeños y medianos agricultores.
4. Cambio ministerial: Luis Alberto Jaramillo, ministro de Finanzas, asumió también como encargado de Producción (Decreto 592).
5. Reformas al programa Incentivo Emprende (Decreto 591): Amplía acceso a créditos para poblaciones en pobreza extrema.

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«La Sentencia 23-25-IN/25 de la Corte Constitucional sobre la prohibición de dispositivos móviles en el sufragio es ambigua y limitada. Valida la medida del CNE bajo condiciones, enfocándose solo en reserva de ley y libertad (Art. 66.29.d), pero ignora aspectos clave de la acción de inconstitucionalidad. (…) Hoy más que nunca, se limita la transparencia del proceso electoral y se vulnera la democracia de los ecuatorianos», escribió en su cuenta de X.

Desde el Gobierno

Por su parte, el Ejecutivo manifestó estar de acuerdo con el dictamen de la CC. En un comunicado expresó que la resolución reconoce que no se vulneran derechos y que refuerza la postura democrática del «voto secreto».

«Es de interés de este Gobierno que durante los procesos democráticos se evite la influencia de los grupos de delincuencia organizada. (…) Aplaudimos la decisión del CNE de escuchar el clamor ciudadano».

El pasado 13 de marzo, el CNE aprobó “PROHIBIR el uso de dispositivos móviles, eléctricos o electrónicos a los electores durante el acto del sufragio en las Juntas Receptoras del Voto; y, a partir de las 17:00 horas y durante toda la jornada de escrutinio a los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto (MJRV), excepto a uno de sus integrantes para que pueda realizar las operaciones matemáticas necesarias para el llenado de las actas de escrutinio”.

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“El sector privado pone sus recursos y realiza los estudios. Luego, se convoca a un concurso, se evalúa quién gana y se entrega la administración por un tiempo determinado”, explicó el alcalde de Quito, Pabel Muñoz acerca del proyecto.

La iniciativa busca una rehabilitación integral de la vía y la construcción del tramo 3, para conectar el redondel de Puembo con el conector Alpachaca. De esta forma se mejora el acceso al Aeropuerto Mariscal Sucre y a las parroquias rurales aledañas.

Este proyecto podría sumar USD 164 millones a las inversiones de la ciudad, además de importantes recursos para su operación y mantenimiento. El modelo de alianza público privada permitirá al municipio mantener sus recursos y tener la cooperación del sector privado.

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El pasado 10 de marzo, el presidente de la Comisión de Justicia, Fernando Cedeño, señaló que la ministra de Energía, Inés Manzano; el director del Servicio Nacional de Rentas Internas (SRI), Damián Larco, el secretario de Integridad Pública; José Neira; y las autoridades de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), no acudieron a la mesa parlamentaria para dar respuestas en torno a la fiscalización del Caso Petronoboa, que involucra a la familia presidencial. Algunos funcionarios se excusaron manifestando que el tema ya lo trata la Comisión de Seguridad, otro justificaron su ausencia por temas de agenda.

Por otro lado, este 11 de marzo la Comisión de Justicia realizó una convocatoria al ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo y a la directora del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), Deborah Jones por la fiscalización a las irregularidades en la adquisición de equipo de protección a las Fuerzas Armadas, sin embargo, no acudieron al llamado.

«Lo que se ve claramente aquí es un deseo de buscar la impunidad y el gobierno está usando a la Comisión de Seguridad para lograr sus fines«, resaltó el asambleísta Cedeño.

El oficialismo: juez y parte

El ministro Loffredo invitó a la legisladora Alarcón a una constatación en vivo sobre la calidad de los equipos de protección. La cita será el próximo 13 de marzo en el Comando Logístico del Ejército, en Quito, a las 09h00. El secretario de Estado ya realizó esta revisión frente a los medios de comunicación.

En este sentido, la legisladora Jhajaira Urresta (RC) cuestionó que los funcionarios de gobierno solo atiendan los requerimientos de la mesa parlamentaria de Seguridad. Además manifestó que las pruebas de calidad a los chalecos deben considerar factores como las lluvias y el sudor. Agregó la verificación debe realizarse en un laboratorio especializado, ámbitos que fueron ignorados por el Ministerio de Defensa, resaltó. “Que no nos chirleen la inteligencia porfavor”, dijo en su comparecencia a la Comisión de Justicia.

Según Loffredo, la fase de adquisición de chalecos y cascos realizadas bajo régimen especial fue declarada reservada. No obstante, la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, mocionará el levantamiento de la reserva al proceso. Posteriormente, Contraloría podrá realizar un examen especial a la contratación.

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