Quito, 30 jul (La Calle).- La Contraloría General del Estado anunció que todos los servidores públicos considerados Personas Expuestas Políticamente (PEP) deberán presentar una nueva declaración patrimonial jurada entre el 1 y el 31 de agosto de 2025. La medida responde a la reforma a la Ley de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos, vigente desde el 29 de julio, que obliga a detallar ingresos, bienes y vínculos económicos dentro y fuera del país.
Según el organismo de control, la declaración deberá incluir cargos que cada funcionario ocupe fuera de la función pública, sus fuentes de ingresos adicionales, la remuneración que perciben como servidores públicos y los bienes, sociedades o fideicomisos en los que sean beneficiarios ellos, sus cónyuges o hijos menores. Además se deberán registrar los derechos de representación otorgados o adquiridos. El trámite será gratuito y se realizará en línea.
La obligación alcanza a todas las autoridades de elección popular, servidores del grado 5 al 10 del nivel jerárquico superior, subgerentes, directores, gerentes y coordinadores de empresas públicas, así como a mandos medios de las Fuerzas Armadas y la Policía, autoridades locales como alcaldes y concejales, asambleístas, magistrados y jueces. Incluso gerentes de hospitales y directores del Ministerio de Educación deberán transparentar su patrimonio. La omisión será considerada falta grave y conllevará sanciones.
Desde una perspectiva progresista, la exigencia de rendir cuentas es necesaria en un país donde la opacidad ha sido una constante en la administración pública. Sin embargo, la medida no incluye a los grandes grupos empresariales ni a los actores económicos que financian la política. Sin un control integral sobre la acumulación privada y la evasión fiscal, la desigualdad seguirá profundizándose. Organizaciones sociales señalan que no basta con pedir papeles; se necesita auditorías independientes, servicios de inteligencia financiera robustos y voluntad para sancionar tanto a funcionarios como a empresarios que se enriquecen a costa del pueblo.
Colectivos de trabajadores y académicos advierten además que la obligatoriedad debe ir acompañada de capacitación y tecnología que faciliten el para evitar que esta obligación se convierta en un obstáculo burocrático. También demandan que se amplíe el control a patrimonios de ex funcionarios y que se publiquen los resultados para que la ciudadanía conozca quiénes son los que acumulan riqueza y poder.