Quito, 14 de ago (La Calle).– La Comisión de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia esperaba respuestas del ministro de Salud, Jimmy Martín, sobre la muerte de 18 recién nacidos en el Hospital Universitario de Guayaquil.
Pero la comparecencia nunca ocurrió: la silla del ministro quedó vacía, mientras las familias afectadas exigen justicia.
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A la misma hora, el Gobierno participaba en una marcha contra la Corte Constitucional, cuestionando la suspensión de artículos que, según el oficialismo, “clama el pueblo”.
La ausencia del ministro en la comisión que vela por los derechos de la niñez generó indignación y abrió un nuevo frente de críticas.
Choque político y cuestionamientos internos
El asambleísta Alfredo Serrano, del Partido Social Cristiano, denunció la intromisión del Consejo de Administración Legislativa (CAL) en el trabajo de fiscalización de la Asamblea Nacional, advirtiendo que las comisiones deben actuar con independencia y no supeditarse a la conveniencia política del Gobierno. Durante la posterior sesión de la Comisión de Salud (a la que sí acudió el ministro) Serrano lamentó que el debate se centre en procedimientos internos y no en respuestas urgentes frente a la crisis hospitalaria.
“No hay plata, díganle al país eso; priorice el gasto en la gente antes que en el pago de deuda”, expresó, recordando momentos históricos en los que se privilegió la vida de los ciudadanos sobre la política fiscal.
¿Una agenda desviada?
El caso generó malestar porque, en lugar de responder directamente a la Comisión de Niñez que investigaba el hecho, el ministro optó por presentarse ante la Comisión de Salud. Este movimiento fue interpretado como una maniobra para diluir la presión política, similar a lo ocurrido en casos como el de los “chalecos de cartón” o el escándalo Progen, donde otros órganos intentaron absorber investigaciones ajenas.
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La versión del ministro Jimmy Martín negó que la muerte de los neonatos haya estado vinculada con la reutilización de cánulas, y afirmó que el brote de la bacteria Klebsiella pneumoniae (KPS) en el hospital “está controlado”. Además, cuestionó que el hecho se utilice con fines políticos.
Sin embargo, organizaciones de salud y defensores de derechos advierten que la respuesta oficial minimiza la gravedad del caso, pues no se han presentado informes técnicos completos ni un plan público de prevención para evitar nuevos brotes.
Lo que está en juego
Mientras las familias siguen sin respuestas claras y la crisis hospitalaria avanza, el caso pone en evidencia las fallas estructurales de transparencia y gestión en el sistema de salud público.
La pregunta que queda es: ¿por qué el ministro elige a qué comisión responder, dejando sin atender a la que representa directamente a las víctimas más vulnerables?