Esta solución es ideal para aquellos entornos laborales que buscan optimizar sus operaciones de impresión y mantener un alto nivel de productividad. Ofrece opciones versátiles que la convierten en la solución ideal para apilado, grapado, creación de folletos y perforaciones, además de contar con opciones de fax y múltiples redes.

Su tecnología PrecisionCore® de impresión sin calor contribuye a un menor consumo energético², lo que la convierte en una opción respetuosa con el medio ambiente para las empresas conscientes de su impacto. Ofrece una impresión rápida de la primera página, una alta calidad de impresión y menos partes que requieren mantenimiento.

La WorkForce Enterprise AM-M5500 redefine la productividad empresarial con una velocidad de impresión de hasta 55 ISO ppm en negro¹.

“El lanzamiento de AM-M5500 nos permite continuar ampliando nuestro portafolio de impresoras para el segmento empresarial, entregando la eficiencia y fiabilidad que se requiere en entornos de trabajo exigentes”, afirmó Gabriel Miranda, Product Manager Business Inkjet Latin America. «La combinación de velocidad, funciones de seguridad avanzadas, opciones de finalización de trabajos y su eficiencia energética, la convierten en una herramienta indispensable para ambientes de negocio que buscan optimizar su operación», agregó.

Su rendimiento confiable se evidencia en un volumen de impresión mensual recomendado de hasta 60.000 páginas y una capacidad de papel de hasta 5.150 hojas, clave para entornos de alto volumen de impresión. Incluye un conjunto completo de funciones avanzadas de seguridad con control de acceso a través de un código pin.

Su amplia compatibilidad se extiende a otras soluciones Epson y principales soluciones de terceros, incluyendo Epson Open Platform para una integración de flujo de trabajo sin inconvenientes. También permite imprimir desde dispositivos móviles Android e iOS.

La experiencia del usuario se ve facilitada por una pantalla táctil intuitiva a color, personalizable para una fácil navegación y control. Su diseño compacto permite una ubicación flexible en cualquier oficina. La calidad de imagen está garantizada por la tinta pigmentada DURABrite Pro de secado rápido y resistente al agua, que asegura un texto negro nítido y duradero para documentos profesionales.

Disponibilidad: La Epson WorkForce Enterprise AM-M5500 ya está disponible a través de los distribuidores autorizados de Epson. Para obtener más información sobre este producto y otras soluciones de impresión de Epson, visite: Latin.epson.com/workforce

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La decisión fue anunciada al término de la primera sesión del Comité, un ente creado recientemente por Decreto Ejecutivo. Edgar Lama, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), fue enfático al señalar que la medida busca «quitar el financiamiento a las mafias de la salud que por años han luchado por capturar hospitales».

Lama reveló que existen al menos 100 investigaciones internas en curso por presuntas irregularidades y destacó la repetición «sospechosa» de ciertos proveedores en los procesos de compra. Afirmó que, por primera vez, se implementará un «sistema digital incorruptible» para rastrear de forma transparente el inventario y la distribución de todos los medicamentos.

Ajuste en el flujo de recursos y compras

La ministra de Finanzas, Sariha Moya, aportó cifras concretas que evidencian el problema: de los USD 200 millones presupuestados este año para medicamentos, apenas se han ejecutado USD 100 millones. Aseguró que, a pesar de esta inversión, el desabastecimiento en los hospitales persiste, lo que apunta a «muchas irregularidades» en los mandos medios operativos.

Jimmy Martín, titular de la cartera de Salud, detalló que la descentralización no recaerá en cada hospital o dispensario, sino que se concentrará en el Ministerio de Salud y el IESS, quienes asumirán la responsabilidad directa de las adquisiciones para garantizar mayor control y eficiencia. «Tenemos que dar un paso firme, pero también estratégico y coordinado desde el Ejecutivo», afirmó.

Desde la Secretaría General de la Administración Pública, Cynthia Gellibert sentenció: «Durante décadas, la salud ecuatoriana siempre fue tratada como un negocio. Hoy este Gobierno le pone punto final al negociado en los hospitales».

Medidas insuficientes

La decisión gubernamental no estuvo exenta de críticas. Desde la bancada de Revolución Ciudadana, la asambleísta Christina Jácome tachó al nuevo Comité de redundante, al recordar que ya existe el Consejo Nacional de Salud (CONASA), establecido por ley y con experiencia en la materia. «Parece que algunos prefieren inventar comités y redescubrir el agua tibia», ironizó.

Su colega la asambleísta Viviana Veloz, consideró que la medida «llega tarde» y no ataca el fondo del problema: la falta crónica de presupuesto. Veloz exigió la declaratoria de emergencia del sistema de salud, argumentando que la crisis actual «desbordó hospitales y golpea más fuerte que en la pandemia«. Enumeró una serie de requisitos que, a su juicio, son indispensables: inversión real en infraestructura, equipos, pago a personal y una lucha firme contra la corrupción.

Frente al reclamo de emergencia, el Gobierno se negó en rotundo. Su postura oficial es que no existen las causales legales para tal declaratoria y que, además, esta podría abrir una «puerta a la corrupción».

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Hasta hace 20 años, las apuestas dependían en gran medida de la intuición, los pensamientos personales y, a menudo, la suerte. Hoy, la situación ha cambiado drásticamente con la llegada del big data. Plataformas y jugadores profesionales han comenzado a utilizar algoritmos que analizan miles de variables, desde el rendimiento de un solo jugador hasta las condiciones climáticas generales. El preciso nivel de este análisis acerca significativamente esta actividad del juego al campo de la ciencia.

El papel que juega la inteligencia artificial

No es ningún secreto que la inteligencia artificial hace tiempo que ha dejado de ser una herramienta exclusiva de la medicina o las finanzas. En el mundo de las predicciones deportivas, está arrasando. Los modelos de IA se pueden utilizar para encontrar patrones de juego e incluso ajustarlos en tiempo real y, lo que no es menos importante, realizar ajustes automática en el procedimiento considerado. Por ejemplo, para cualquier torneo futbolístico importante, los algoritmos hoy pueden leer con precisión el desempeño de cada equipo durante muchos segundos.

De acuerdo a la BBC Deportes, ya se ha convertido en una moda global que afecta tanto a los equipos mismos como a los jugadores.

¿Cómo afecta esto a las personas normales?

Una consecuencia de toda esta disponibilidad de datos en tiempo real es que los fanáticos ya no necesitan limitarse a los traders cuando intentan hacer dinero en el mercado. Hace 20 años, un jugador solo podía ver las estadísticas generales de un equipo. Hoy, uno ya puede saber todo, comenzando con la velocidad promedio del saque en un partido de tenis y terminando con la cantidad de kilómetros corriendo un mediocampista en un partido de liga. Por lo tanto, es posible desarrollar una estrategia y comenzar a jugar en algunos eventos.

Múltiples sectores han adaptado la tecnología de datos a sus servicios con resultados innovadores, y los operadores de juegos de azar no han permanecido ajenos. Tanto empresas como organizaciones han invertido en herramientas interactivas extraordinariamente dinámicas y personalizadas, como el ejemplo de Novibet apuestas: una plataforma que combina la experiencia del usuario con la última tecnología. Gracias al enfoque del operador en las estadísticas en vivo, los usuarios de apuestas en vivo y por adelantado pueden hacer o ajustar decisiones en medio del desarrollo de un partido, lo que hubiera sido impensable en el pasado.

Uno de los ejemplos más evidentes de una innovación tecnológica de este tipo que ha alcanzado la popularidad es la introducción de las microapuestas. Se refieren a las predicciones absurdamente a corto plazo, como adivinar si en el próximo punto de un partido de tenis en el saque siguiente o si el próximo saque de un fútbol elija se realizará en menos de cinco minutos. Dicho formato ha demostrado ser interesante para el público más joven, que está acostumbrado a la rapidez y sencillez del contenido que le llega.

¿Riesgos y desafíos de la tecnología?

Parecería que dichas herramientas permiten a los usuarios tener un mejor control de la situación con velocidades rápidas y volúmenes impresionantes, pero no todo es tan sencillo. En primer lugar, sobreestimar estas tecnologías garantiza desenlaces experienciales. En segundo, sigue la pregunta sobre cuán independientes son dichas herramientas o los algoritmos de la actividad del usuario, lo que significa la disminución potencial del rol del análisis humano. Por supuesto, es especialmente importante para los usuarios sin experiencia en este campo equilibrar la emoción con la gestión responsable del riesgo.

Un hecho interesante, ha destacado cómo la cultura y el contexto tienen su presión en las apuestas. Señala que un derbi en Sudamérica no es solo una competencia deportiva, y un clásico, y por lo tanto, connotaciones culturales que pueden formar a los participantes de manera que no puedan desempeñarse con éxito porque son demasiado fuertes presión emocional. Por tanto, para comprender las diferencias a menudo intangibles, es vital para aquellos cuyas estadísticas con intenciones no se arrepientan en un cajón, y solo las cifras pueden tener un valor independiente.

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https://x.com/CONAIE_Ecuador/status/1958257737034572064?t=eUR4n8fNeszWaAXl1oWPMQ&s=19

La protesta surge tras un año de la consulta popular en la que la ciudadanía votó mayoritariamente a favor de detener la explotación en esa zona de alta biodiversidad. Sin embargo, pese a esa decisión, la infraestructura petrolera continúa operativa y hasta ahora no existe un cronograma público de desmantelamiento, lo que genera frustración y críticas hacia el Gobierno y la Corte Constitucional.

Mandato popular incumplido

Los líderes Waorani recordaron que la consulta fue vinculante y que el Estado está obligado a ejecutar la decisión ciudadana. “El pueblo ya decidió, pero el petróleo sigue saliendo del Yasuní”, reclamaron los voceros durante la concentración. Para ellos, la demora en la aplicación del resultado refleja un desacato al mandato democrático y una vulneración directa a los derechos de los pueblos y de la naturaleza.

Resistencia y movilización ciudadana

La jornada estuvo marcada por la participación de organizaciones sociales, ambientalistas y colectivos juveniles que, con pancartas y consignas, señalaron que la voluntad popular no puede convertirse en un simple trámite. Desde su perspectiva, la falta de acciones concretas demuestra que los intereses económicos pesan más que el respeto a la democracia y la protección ambiental.

Corte Constitucional bajo presión

La Corte Constitucional se convierte en un actor clave en esta disputa, pues debe garantizar el respeto a la consulta y exigir al Ejecutivo un plan de retiro progresivo y transparente de la infraestructura petrolera. Hasta ahora, sin embargo, el tribunal no ha emitido resoluciones que obliguen a un cronograma detallado, lo que alimenta el malestar de las comunidades.

Implicaciones políticas y ambientales

El incumplimiento del mandato del Yasuní no solo abre un conflicto político entre el Gobierno, los pueblos indígenas y la sociedad civil, sino que también expone al país a cuestionamientos internacionales. El Yasuní es uno de los territorios más biodiversos del planeta, y la demora en su protección genera dudas sobre el verdadero compromiso del Ecuador frente al cambio climático y los derechos de la naturaleza.

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Una lucha que no se detiene

Los Waorani y los colectivos advierten que mantendrán la presión social hasta que se cumpla la decisión popular. Para ellos, esta no es solo una causa ambiental, sino también una lucha por el respeto a la democracia directa y a la voz del pueblo.

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El informe, de carácter no vinculante, irá al pleno del CPCCS para que sus siete consejeros decidan si acogen o rechazan estas recomendaciones técnicas. La designación de los cinco vocales principales y sus suplentes para el período 2025-2031 se prevé concrete en la primera semana de septiembre.

Entre los candidatos impugnados que resultaron avalados por la comisión se encuentran figuras como Mario Godoy, actual presidente de la Judicatura en funciones, quien acumuló cinco objeciones; Fausto Andrade; Ivonne Núñez; Wendy Moncayo; Alfredo Cuadros; Magaly Ruiz; Juan Carlos Benalcázar; y Fabián Fabara.

Godoy, la ficha polémica

Respecto a las objeciones contra Godoy, la más numerosas, la comisión argumentó que no puede pronunciarse sobre investigaciones pendientes, como el conocido «Caso Pendrive«, al estar estos asuntos en conocimiento de un órgano competente y no existir una sentencia ejecutoriada. Asimismo, determinó que no se puede criminalizar el ejercicio de su profesión de abogado por el hecho de haber defendido a personas vinculadas a presuntos casos de corrupción.

La comisión, integrada por asesores de confianza de los vocales del CPCCS, evaluó las impugnaciones presentadas bajo cuatro causales posibles: incumplimiento de requisitos legales, falta de probidad o idoneidad, incurrir en inhabilidades, u omitir o alterar información relevante. Concluyó que ninguna de las objeciones presentadas logró sustentarse válidamente en estas causales.

Si el pleno del CPCCS acepta el informe, se superaría esta fase de impugnaciones. El proceso continuaría con la presentación de los planes de trabajo de los aspirantes, para posteriormente proceder a la designación formal de los integrantes del nuevo Consejo de la Judicatura. Los funcionarios posteriormente serían posesionados en la Asamblea.

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Los señalamientos surgen tras un incidente ocurrido la tarde del lunes 18 de agosto en la comunidad de San Ignacio, en Latacunga, donde Iza afirmó que fue víctima de un hostigamiento que escaló hasta un intento de atropello. Según su testimonio, sujetos que se identificaron como agentes policiales realizaban labores de vigilancia y filmación sin autorización frente a su domicilio, en una clara vulneración de la jurisdicción comunitaria reconocida por la Constitución.

“Al increparlos, el vehículo arrancó a alta velocidad directamente hacia mí. De no haber sido por mi reacción, en este momento estaría muerto. Esto no es un accidente, es un intento de eliminación”, declaró Iza con crudeza durante una conferencia de prensa, asegurando que evidencias en los teléfonos intervenidos revelan un seguimiento constante desde inicios de año.

Respaldo del movimiento indígena

El MICC, en un comunicado oficial, elevó la gravedad de la denuncia, calificando los hechos como un “intento de asesinato” y una “persecución política” dirigida a amedrentar no solo a Iza, sino a todo el movimiento indígena. “Responsabilizamos directamente a Daniel Noboa y a su Gobierno por cualquier atentado contra la vida e integridad de nuestros dirigentes”.

La denuncia encontró eco inmediato en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), que emitió un pronunciamiento en solidaridad. La organización matriz denunció el uso del aparato de inteligencia estatal para la “criminalización” de los líderes sociales y alertó que estas prácticas represivas, lejos de aislarse, configuran una “política de Estado” para debilitar la organización popular y silenciar las voces críticas.

El silencio del Palacio de Carondelet pesa sobre la crisis. La falta de un desmentido oficial o de cualquier pronunciamiento por parte de las carteras de Gobierno o del Interior deja flotando una peligrosa incertidumbre.

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Tuit Cámara Comercio Quito: https://x.com/lacamaradequito/status/1957556217460502890?t=HcNxQ4FB0E6OO6Q4sYv35w&s=19

Tuit Cámara Producción:

https://x.com/CamaraCIP/status/1957552329693040803

Según fuentes policiales, el ataque fue perpetrado por sicarios que llegaron en motocicleta, disparándole en varias ocasiones en la cabeza. Aguayo murió en el lugar antes de que pudiera recibir atención médica. La Policía Nacional ha iniciado investigaciones para determinar si el crimen estaría relacionado con extorsiones, aunque esta hipótesis aún se encuentra bajo análisis.

Investigación en curso

La Policía ha recolectado evidencias balísticas y testimonios de testigos cercanos a la farmacia. Además, se están revisando cámaras de seguridad de la zona para identificar a los responsables. Autoridades locales han declarado que se trabajará con “toda la capacidad investigativa” para esclarecer los hechos y evitar impunidad.

El Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO) indica en su análisis estadístico semestral que la proporción de homicidios por uso de armas de fuego incrementó en 5 puntosporcentuales respecto al primer semestre de 2024 y que el 78,61% de homicidios intencionales se concentra en tres zonas de planificación —zonas 8, 4 y 5—, con un 39,5% correspondiente a la zona 8 que incluye Guayaquil, Durán y Samborondón. Guayaquil concentra el 31,7% de homicidios de todo el país.

Un líder gremial comprometido

Aguayo fue una figura destacada en el sector empresarial de Esmeraldas. Como presidente de la Cámara de Comercio, promovió iniciativas para fortalecer el comercio local y la seguridad en el sector productivo. Además, su labor como médico le ganó el respeto y aprecio de la comunidad. Su asesinato ha generado conmoción entre empresarios y ciudadanos que lo conocían.

Contexto de violencia en la región

Este crimen se suma a una serie de hechos violentos en Esmeraldas y otras provincias, donde los ataques a empresarios y comerciantes han ido en aumento, generando preocupación sobre la seguridad y la influencia del crimen organizado en la región.

Organizaciones sociales y gremiales han pedido a las autoridades acciones rápidas y efectivas para frenar la ola de violencia y garantizar la protección de líderes comunitarios y empresarios.

Lea también: Ecuador incrementó 1.476 homicidios en el primer semestre del 2025

Este asesinato se suma a uno de los casos de violencia en el país, mientras el gobierno celebra sus propias “victorias” en materia de seguridad, sin ofrecer respuestas efectivas para proteger a empresarios y ciudadanos frente a la ola de criminalidad que azota a Ecuador.

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El valor más alto en viáticos es de USD 5.183 asignados a Emilia María Reece Holguín, subsecretaria General de Despacho e hija de la exasambleísta Marcela Holguín, para actividades en Europa entre abril y mayo con la finalidad de cumplir con las actividades programadas en la agenda del primer mandatario.

Funcionarios como la secretaria de Administración Pública, Cynthia Gellibert, y el secretario de Integridad Pública, Julio Neira recibieron USD 4.171 y USD 4.325 en viáticos internacionales respectivamente. El presidente Daniel Noboa no viaja solo a sus eventos en el exterior, pues le acompaña el Director de Fotografía que cobra USD 3.500 en viáticos; el Subsecretario de Protocolo USD 4.800; y el Analista Logístico USD 3.693.

Una nueva gira internacional

El mandatario visitará Brasil del 18 al 21 de agosto para tratar seguridad y comercio con Lula da Silva; Uruguay, donde se reunirá con Yamandú Orsi y promoverá inversiones; y Argentina, escenario de polémica por denuncias de fraude en exámenes de medicina entre estudiantes ecuatorianos. Posteriormente, viajará a Japón entre el 24 y 30 de agosto para impulsar inversiones con el primer ministro Ishiba Shigeru.

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Un nuevo estudio publicado en la revista científica PNAS y liderado por la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), con apoyo del Panel Científico por la Amazonía (SPA) y la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la ONU, ofrece una radiografía cruda del deterioro en la cuenca amazónica y evidencia científica sobre cómo protegerla.

La investigación analiza los efectos acumulados de seis actividades humanas —represas, minería, petróleo, incendios, deforestación y carreteras— sobre cuatro ecosistemas clave: Andes amazónicos, bosques no inundados, humedales y ríos.

El hallazgo más contundente:

En los Territorios Indígenas y Áreas Protegidas (TIAP), solo entre el 14 y 16 % del territorio presenta impactos humanos; en zonas no protegidas, la cifra sube al 38 %.

“La conectividad ecológica depende de fortalecer la gobernanza indígena”, dijo el coordinador del estudio, Juan Manuel Guayasamín, vicedecano de Investigación de la USFQ. Aunque reconoce que la organización comunitaria es diversa, sostiene que sus modos de vida son más compatibles con los equilibrios del ecosistema que los modelos extractivos.

¿Qué propone la investigación?

• Enfoque territorial con apoyo estatal a las prácticas sostenibles indígenas.
• Protección activa de las áreas con menor fragmentación.
• Políticas públicas basadas en evidencia científica interdisciplinaria.

Ciencia al servicio del territorio

Este trabajo se integra al esfuerzo de más de 300 expertos convocados por el SPA desde 2019, en una red que articula saberes académicos e indígenas. La USFQ destaca que el estudio ofrece no solo diagnóstico, sino soluciones concretas y adaptadas a la complejidad ecológica y cultural de la Amazonía.

En tiempos donde el colapso ambiental parece acelerarse, la investigación deja un mensaje claro: no habrá Amazonía posible sin las comunidades que la habitan ni sin la ciencia que la documenta.

Enlace al artículo: pnas.org/doi/10.1073/pnas.2418189122

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Firmado bajo el seudónimo Antonio de la Ciénaga, el ensayo fue seleccionado entre más de cien obras por un jurado conformado por Siomara España, Stéphane Vinolo y Solange Rodríguez, quienes destacaron su “lectura múltiple y hermenéutica del célebre poema de Efraín Jara Idrovo”.

Un ensayo sobre el dolor, el lenguaje y la herencia simbólica

La obra ganadora realiza un triple análisis crítico sobre Sollozo por Pedro Jara, poema escrito por Jara Idrovo tras la muerte de su hijo, en medio del paisaje volcánico de Galápagos. Castillo se adentra en sus capas desde los formalistas rusos hasta la teoría crítica de Bolívar Echeverría.

“El poema me obsesiona. Quise entender cómo el autor construye una herencia simbólica a través del lenguaje”, cuenta Juan Sebastián en entrevista con Radio Pichincha.

Una llamada que cambió el día

La noticia llegó como un relámpago: el propio rector de la PUCE, Padre Fernando Ponce León, S.J., le llamó para informarle que era el ganador.

“Estaba frente a la Iglesia de San Francisco. Salté de alegría. Fue como una borrachera repentina”, recuerda. Lo primero que hizo fue llamar a su madre.

¿Quién es Juan Sebastián Castillo?

Castillo cursa el octavo semestre de Comunicación Social en la Universidad Central del Ecuador. Es traductor de inglés, latín y polaco; activista LGBTIQ+ y ambientalista. Tiene un diplomado en paleografía y forma parte del equipo de investigación “Desfiguraciones de blanquitud y nación en literatura decimonónica del Ecuador”.

En 2024, ganó el Premio Nacional de Microcuento Cuéntame un poquito. También colabora con la Academia Ecuatoriana de la Lengua y participa en proyectos de divulgación literaria como Mujeres al oído.

“Dormir poco ha sido clave para escribir”, admite entre risas. Y agradece especialmente a la docente Ximena Grijalva y al historiador Juan Carlos Morales Mejía por acompañarlo en este camino.

Premio, publicación y futuro

El galardón, entregado por la PUCE desde 1975, incluye USD 7.500 y la publicación del ensayo por ediPUCE, con 10 % de ejemplares para el autor. La ceremonia de premiación se celebrará en noviembre de 2025.

“En tiempos complejos como los que vivimos, la literatura y las artes nos permiten interpretar la realidad y soñar futuros posibles”, subrayó Victoria Palacios, decana de la Facultad de Aprendizaje, Lenguas y Comunicación de la PUCE.

Un ensayo que conjura y multiplica

El poema como conjuro no busca una sola verdad, sino que explora, abre, lanza preguntas. “Es una obra que privilegia el debate antes que la conclusión”, afirmó el jurado. Y así, con esa vocación crítica, Juan Sebastián Castillo se convierte en uno de los nombres jóvenes más prometedores de la literatura nacional.

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El encuentro, realizado en Anchorage, Alaska, ha sido descrito como “histórico” por algunos analistas y como “profundamente preocupante” por otros, debido a su secretismo y a la exclusión de actores clave.

https://x.com/USAenEspanol/status/1956476298743754800?t=hmmykJE-cVgYTUTL9odQvw&s=19

El lugar de la reunión no es casual: Alaska, frontera geográfica y simbólica entre Rusia y Estados Unidos, se convierte en el escenario de unas conversaciones que podrían marcar el rumbo de la guerra en Ucrania y del equilibrio global de poder.

¿Posible alto al fuego?

Según fuentes diplomáticas, la agenda incluye negociaciones para un alto al fuego y el inicio de conversaciones sobre armamento nuclear. Sin embargo, la ausencia de Ucrania y de líderes europeos en las conversaciones ha generado fuertes críticas, tanto en Kiev como en Bruselas. Para muchos, esta exclusión cuestiona la legitimidad del proceso y abre la puerta a acuerdos que no necesariamente respondan a los intereses de la nación agredida.

Críticas en Washington

En Estados Unidos, legisladores y expertos han cuestionado la naturaleza de la cumbre, señalando que se desarrolla con un nivel de secretismo inusual y sin una supervisión clara del Congreso. Algunos temen que la reunión sirva para concesiones unilaterales a Rusia, debilitando la posición estratégica de la OTAN y de sus aliados europeos.

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Implicaciones geopolíticas

La cumbre Alaska no solo es un intento de mediación en el conflicto ucraniano; también representa un movimiento geopolítico de alto riesgo. Un eventual acuerdo que reduzca tensiones entre Washington y Moscú podría alterar drásticamente la estructura de la OTAN, la cohesión de la Unión Europea y la dinámica de poder en Asia, donde China observa de cerca cualquier reconfiguración de alianzas.

¿Paz o propaganda?

Mientras algunos interpretan el encuentro como un esfuerzo genuino de acercamiento, otros lo ven como un acto de propaganda política para ambas partes.

Putin busca proyectar una imagen de legitimidad internacional en plena guerra, mientras que Trump intenta posicionarse como un líder capaz de “lograr lo que otros no pudieron” en política exterior.

Por ahora, no se han revelado compromisos concretos ni un calendario de seguimiento, lo que deja la pregunta abierta: ¿estamos ante el inicio del fin de la guerra o frente a una jugada calculada para mover fichas en el tablero global?

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Galo Ubidia, presidente del gremio, reveló a Vistazo que esta práctica insostenible se agrava por la saturación de especialidades como medicina interna, pediatría, traumatología, ginecología-obstetricia y cuidados intensivos, ofertadas por universidades «sin estudios de planificación ni priorización de necesidades reales del sistema sanitario».

El 14 de agosto, médicos realizaron un plantón en Quito exigiendo al presidente Daniel Noboa y al ministro de Salud, Jimmy Martin, el reconocimiento de sus derechos constitucionales. Paola Gordillo, portavoz del movimiento, interpeló al mandatario: «Somos profesionales titulados, muchos con maestrías, que sostenemos el sistema de salud. ¿Usted trabajaría gratis?». Gordillo destacó vulneraciones como

«Ustedes sabían a lo que se metían» fue la única respuesta del ministro Martin el pasado 8 de agosto, según relató la doctora posgradista.

El ministro en la Asamblea

Frente a las críticas, el ministro Martín declaró en la Asamblea que conoce de primera manola problemática, pues su esposa fue posgradista. Sin embargo, atribuyó estos problemas a decisiones estatales de hace más de 10 años». También aseguró que está resolviendo estos problema junto al de las becas ofertadas.

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Pero la comparecencia nunca ocurrió: la silla del ministro quedó vacía, mientras las familias afectadas exigen justicia.

https://x.com/VivianaVelozEc/status/1955685213247594507?t=eaBzcESxhgJtOnQNUIxtEA&s=19

A la misma hora, el Gobierno participaba en una marcha contra la Corte Constitucional, cuestionando la suspensión de artículos que, según el oficialismo, “clama el pueblo”.

La ausencia del ministro en la comisión que vela por los derechos de la niñez generó indignación y abrió un nuevo frente de críticas.

Choque político y cuestionamientos internos

El asambleísta Alfredo Serrano, del Partido Social Cristiano, denunció la intromisión del Consejo de Administración Legislativa (CAL) en el trabajo de fiscalización de la Asamblea Nacional, advirtiendo que las comisiones deben actuar con independencia y no supeditarse a la conveniencia política del Gobierno. Durante la posterior sesión de la Comisión de Salud (a la que sí acudió el ministro) Serrano lamentó que el debate se centre en procedimientos internos y no en respuestas urgentes frente a la crisis hospitalaria.

“No hay plata, díganle al país eso; priorice el gasto en la gente antes que en el pago de deuda”, expresó, recordando momentos históricos en los que se privilegió la vida de los ciudadanos sobre la política fiscal.

¿Una agenda desviada?

El caso generó malestar porque, en lugar de responder directamente a la Comisión de Niñez que investigaba el hecho, el ministro optó por presentarse ante la Comisión de Salud. Este movimiento fue interpretado como una maniobra para diluir la presión política, similar a lo ocurrido en casos como el de los “chalecos de cartón” o el escándalo Progen, donde otros órganos intentaron absorber investigaciones ajenas.

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La versión del ministro Jimmy Martín negó que la muerte de los neonatos haya estado vinculada con la reutilización de cánulas, y afirmó que el brote de la bacteria Klebsiella pneumoniae (KPS) en el hospital “está controlado”. Además, cuestionó que el hecho se utilice con fines políticos.

Sin embargo, organizaciones de salud y defensores de derechos advierten que la respuesta oficial minimiza la gravedad del caso, pues no se han presentado informes técnicos completos ni un plan público de prevención para evitar nuevos brotes.

Lo que está en juego

Mientras las familias siguen sin respuestas claras y la crisis hospitalaria avanza, el caso pone en evidencia las fallas estructurales de transparencia y gestión en el sistema de salud público.

La pregunta que queda es: ¿por qué el ministro elige a qué comisión responder, dejando sin atender a la que representa directamente a las víctimas más vulnerables?

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«Eventualmente, una vez que las personas logren ver lo beneficioso que puede ser, se puede reformar para otros sectores», afirmó el primer mandatario durante la presentación de la primera Zona Franca Tecnológica en Cuenca.

La declaración chocan con su postura en campaña, cuando calificó esta modalidad como una «regresión de derechos». Ahora, bajo el argumento de un enfoque gradual, Noboa busca legitimar la medida pese al rechazo del 70% de los votantes en abril de 2024.

Zona Franca: incentivos y contradicciones

El proyecto estrella de Noboa en Cuenca, respaldado por inversión de Emiratos Árabes Unidos, ofrecerá exoneraciones tributarias como el 0% de Impuesto a la Renta por 5 años, 15% fijo posterior y aduaneras. Sin embargo, críticos señalan que la insistencia en flexibilizar derechos laborales, aún con garantías como Seguro Social y décimos, según la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, responde a compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

«El resultado en las urnas es de cumplimiento obligatorio. Pretender lo contrario es violar la Constitución», denunció el abogado constitucionalista Mauro Andino, tildando de «autoritaria» la actitud del Gobierno. Mientras, el Observatorio de la Dolarización alertó que la medida no mejora el empleo adecuado (solo 36% de trabajadores lo tienen) y prioriza «una agenda fracasada de ajuste fiscal».

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Sierra, exgerente del Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil y destituido por la anterior administración, fue vinculado por la legisladora a un caso de presuntas irregularidades en contrataciones públicas. Según una investigación de Primicias, Sierra habría adjudicado en septiembre de 2024 dos contratos consecutivos, por un total de USD 1.2 millones, pese a alertas del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).

El proveedor y los contratos adjudicados constaban en un listado publicado por la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), en donde se identificó 54 compras con presuntas irregularidades en 11 unidades médicas del MSP y del IESS. «¿Ese es el perfil para resolver la crisis sanitaria en Guayaquil?», interrogó Desintonio.

Vínculos estrechos

La asambleísta añadió que Sierra mantiene «estrechos vínculos» con Mario Aguirre y Carlos Charles Figalo, proveedores investigados por una denuncia de corrupción de USD 2 millones, destacando que Aguirre sería «compadre» del nuevo coordinador zonal. Recordó, además, que el legislador Ferdinand Álvarez (ADN) ya había alertado en comisiones anteriores sobre la influencia de Aguirre en contratos del MSP.

Desintonio culminó su intervención con una advertencia al ministro de Salud, Jimmy Martin: «Señor ministro, revisemos estos errores. Nelson Sierra, Aguirre y Figalo son tuerca y tornillo». El titular de esta cartera de Estado se abstuvo de responde estas declaraciones.

Contexto del nombramiento

Sierra reemplaza a Karla Mishell Jiménez Cordero, cuya salida se oficializó el 10 de agosto tras la muerte de 12 neonatos en el Hospital Universitario de Guayaquil. La Coordinación Zonal 8 abarca Guayaquil, Durán y Samborondón, responsable de políticas sanitarias y administración de recursos en esta jurisdicción.

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El proceso se originó tras acusaciones de Jaramillo contra Goyes por "incumplimiento de funciones", específicamente por su ausencia en una sesión plenaria del CJ el 16 de abril de 2025, donde se debatía el Reglamento para la creación de judicaturas constitucionales. El legislador sostuvo que la vocal faltó injustificadamente a cuatro convocatorias posteriores, afectando el quórum.  

En su defensa, Goyes calificó el juicio político de "absurdo y sin fundamentos", argumentando que su retiro de aquella sesión respondió a la negativa de discutir sus observaciones técnicas al reglamento. La vocal reveló que durante meses presentó objeciones al modelo propuesto, destacando que este no garantizaba la especialización judicial exigida por el Artículo 181 de la Constitución, ni incorporaba los resultados de la consulta popular de abril de 2024 que costó USD 60 millones y sigue sin implementarse.  

Argumentos:

Goyes exhibió una propuesta alternativa presentada el 10 de enero de 2025, que incluía 24 unidades judiciales, 9 tribunales de apelación y criterios de selección basados en méritos y transparencia, con un presupuesto estimado de USD 18.7 millones. Además, recordó que su postura fue avalada por la Corte Constitucional en sentencia del 26 de mayo, que declaró inconstitucional el reglamento original.  

Tras la votación, Viviana Veloz, coordinadora de la bancada de la Revolución Ciudadana, señaló que el oficialismo "no probó el incumplimiento de funciones" y advirtió que el proceso buscaba "sepultar la independencia judicial". Un intento de reconsideración solicitado por Victoria Desintonio fue rechazado, dejando firme la decisión que mantiene a Goyes en su 
cargo.  

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El Decreto Ejecutivo 308, activado a las 00:00 de este martes 12 de agosto, sustituye el modelo de fijación de precios por un esquema de Precio de Paridad de Importación (PPI), trasladando íntegramente los costos internacionales a los consumidores ecuatorianos.

Según documentos oficiales, el cálculo ahora internaliza variables como el riesgo país, márgenes logísticos, seguros y hasta rendimientos de la deuda interna ecuatoriana, una vinculación inédita entre política fiscal y precios de hidrocarburos. La excepción es el diésel, congelado en USD 1.79 por «relevancia productiva», un guiño al sector empresarial que contrasta con el ajuste a gasolinas de uso masivo. Mientras la Súper de 95 octanos escaló de USD 3.48 a USD 3.57%.

Sistema de bandas de precios

La Cámara de Distribuidores (Camddepe), liderada por Oswaldo Erazo, confirmó las alzas en redes sociales, pero recordó que el sistema de bandas de precios limita mensualmente las variaciones con un margen de aumento de hasta el 5% mensual y una disminución de hasta el 10%.

Pese a que el decreto ordena revisar esas tarifas en 60 días, Noboa activó el nuevo cálculo financiero este 12 de agosto. El próximo ajuste, el 11 de septiembre, confirmará si las «bandas» son un dique o una catapulta de precios.

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La movilización, denominada «Firmes por Ecuador», profundiza la pugna entre el Ejecutivo y el máximo tribunal tras la suspensión provisional de 17 artículos de tres leyes emblemáticas del gobierno.

Según confirmaron fuentes legislativas, cerca de 69 asambleístas de la bancada oficialista gestionaron permisos por horas ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL), evitando ausentarse de la sesión plenaria de las 15h00 donde se evaluará el juicio político contra Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura. La concentración iniciará a las 11h00 en el Puente del Guambra (centro-norte de Quito), avanzando hacia la sede de la Corte, en el sector de La Mariscal.

Crisis jurídica y tensión política

El conflicto se desató tras la decisión de la Corte Constitucional el 4 de agosto de admitir demandas contra las leyes de Solidaridad Nacional, Integridad Pública e Inteligencia – impulsadas por el Ejecutivo como «urgentes»–, paralizando artículos clave. Noboa calificó el fallo como un obstáculo para «derrotar al terrorismo, la corrupción y la pobreza», anunciando la protesta durante un acto en Guayas.

Cuestionamientos a la movilización dorada

La bancada de Revolución Ciudadana (RC) rechazó el carácter de la convocatoria presidencial: «Ninguna causa justa inspira esta movilización», señaló en un comunicado, exigiendo a la Contraloría fiscalizar el uso de recursos públicos y vehículos oficiales. Además, solicitó al Ministerio de Trabajo listas de asistencia para verificar que servidores públicos no abandonen sus funciones.

La protesta se realiza en medio de una crisis hospitalaria que cobró la vida de 12 recién nacidos en el Hospital Universitario de Guayaquil por falta de insumos. Este hecho contrasta con la ausencia de sesiones matutinas en comisiones clave donde ADN tiene mayoría, exceptuando la Comisión de la Niñez que abordará precisamente dicha emergencia a la misma hora de la marcha.

Simbolismo y dobles agendas
Mientras el gobierno moviliza bases oficialistas hacia la Corte, sectores sociales recuerdan que el pasado 7 de agosto miles de ciudadanos –incluyendo personal médico y docentes– marcharon hacia el mismo tribunal para exigir la inconstitucionalidad de leyes que afectan derechos laborales y sociales.

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Masacre en altamar

En El Guabo, provincia de El Oro, 60 sujetos armados en lanchas interceptaron una embarcación civil cerca de La Gabarra este viernes. Sobrevivientes relataron a como los atacantes lanzaron granadas tras acorralar a entre 12 y 15 personas en la bodega del navío, incendiándolo.

La Policía Nacional confirmó 4 muertos y 7 heridos, aunque la cifra podría aumentar ante la desaparición de víctimas. Los heridos fueron derivados a centros de salud en Machala y Puerto Bolívar. Fuentes policiales atribuyen el ataque a una disputa entre los grupos narcocriminales Los Lobos y Sao Box por rutas marítimas.

Inseguridad en las calles de El Oro

Mientras tanto, en Machala, dos sicariatos se ejecutaron en menos de 24 horas: uno en plena vía pública y otro en el barrio Los Algarrobos.

En Huaquillas, un ataque armado dejó dos muertos —uno con antecedentes penales y una comerciante como daño colateral—. En Pasaje, un bombero voluntario previamente amenazado fue ejecutado a balazos.

Matanza en Guayas

La madrugada de este 10 de agosto, ocho personas (7 hombres y 1 mujer) fueron acribilladas frente a una discoteca en Santa Lucía. Agentes hallaron más de 90 restos de bala en la escena. Siete víctimas murieron en el acto; la octava falleció en un hospital.

Entre los identificados figuran Jorge Luis Urquizo Ferruzola (hermano del alcalde de Santa Lucía) y dos hombres con procesos por robo y homicidio. Un día antes, en Daule, dos personas fueron asesinadas en su vivienda de la urbanización Málaga II tras ser localizadas por sicarios que superaron controles de seguridad.

Estado de excepción

El presidente Daniel Noboa justificó el estado de excepción (vigente desde el 6 de agosto) por el «incremento de violencia por grupos armados organizados«. Sin embargo, las masacres ocurridas posteriormente al decreto cuestionan la efectividad de la medida.

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El documento enfatiza que Ecuador es un «Estado Constitucional de Derechos y Justicia», cuya estructura exige respeto a la independencia judicial. Citando a la Relatora Especial de la ONU para la Independencia Judicial, Margaret Satterthwaite, recuerda: «La independencia judicial no es opcional; es la base de la democracia. Las amenazas son inaceptables».

Los firmantes acusan al gobierno de buscar anular el sistema de pesos y contrapesos, evidenciado en la «anulación de facto del Legislativo» y su transformación en «brazo político del Ejecutivo».

Despidos masivos en Petroecuador: «Saboteo operativo»

Paralelamente, sindicatos del sector energético rechazaron el despido de cerca de 1.000 trabajadores adicionales en Petroecuador, anunciado anoche y ejecutado hoy. La Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y el Petróleo (ANTEP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Petroecuador (SINTEP) desmintieron el argumento gubernamental de un «ahorro de USD 31 millones». Los sindicatos identificaron a esta medida como un «engaño para encubrir el sabotaje a la operatividad de la empresa».

Impacto crítico en operaciones:

• Transporte de crudo: Cuatro de cinco capitanes de amarre en terminales marítimos —figuras clave para la seguridad en carga/descarga de buques— fueron desvinculados.
• Perforación: Se eliminó al 50% del equipo de ingeniería, incluyendo personal con experiencia crítica en bloques operativos.
• Geología: Tras recortes previos, los geólogos restantes cubrían hasta tres campos simultáneamente; nuevos despidos profundizan la crisis técnica.

Los sindicatos destacan que un informe ya alertaba sobre un déficit de 1.200 trabajadores. Ahora, el gobierno habría duplicado ese vacío, poniendo en riesgo la producción, exportación y refinación. ANTEP/SINTEP vinculan esta medida con un «plan de desmantelamiento deliberado» para debilitar la empresa y facilitar la privatización de activos rentables, advirtiendo que constituye un «ataque a la soberanía energética y los derechos laborales de toda la clase trabajadora».

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