Quito, 10 ago (La Calle).- Apenas 48 horas después de que el gobierno decretara estado de excepción en El Oro y Guayas, ambas provincias registraron una ola de violencia extrema con más de 15 muertes violentas, evidenciando la nula contención de la crisis de seguridad.
Masacre en altamar
En El Guabo, provincia de El Oro, 60 sujetos armados en lanchas interceptaron una embarcación civil cerca de La Gabarra este viernes. Sobrevivientes relataron a como los atacantes lanzaron granadas tras acorralar a entre 12 y 15 personas en la bodega del navío, incendiándolo.
La Policía Nacional confirmó 4 muertos y 7 heridos, aunque la cifra podría aumentar ante la desaparición de víctimas. Los heridos fueron derivados a centros de salud en Machala y Puerto Bolívar. Fuentes policiales atribuyen el ataque a una disputa entre los grupos narcocriminales Los Lobos y Sao Box por rutas marítimas.
Inseguridad en las calles de El Oro
Mientras tanto, en Machala, dos sicariatos se ejecutaron en menos de 24 horas: uno en plena vía pública y otro en el barrio Los Algarrobos.
En Huaquillas, un ataque armado dejó dos muertos —uno con antecedentes penales y una comerciante como daño colateral—. En Pasaje, un bombero voluntario previamente amenazado fue ejecutado a balazos.
Matanza en Guayas
La madrugada de este 10 de agosto, ocho personas (7 hombres y 1 mujer) fueron acribilladas frente a una discoteca en Santa Lucía. Agentes hallaron más de 90 restos de bala en la escena. Siete víctimas murieron en el acto; la octava falleció en un hospital.
Entre los identificados figuran Jorge Luis Urquizo Ferruzola (hermano del alcalde de Santa Lucía) y dos hombres con procesos por robo y homicidio. Un día antes, en Daule, dos personas fueron asesinadas en su vivienda de la urbanización Málaga II tras ser localizadas por sicarios que superaron controles de seguridad.
Estado de excepción
El presidente Daniel Noboa justificó el estado de excepción (vigente desde el 6 de agosto) por el «incremento de violencia por grupos armados organizados«. Sin embargo, las masacres ocurridas posteriormente al decreto cuestionan la efectividad de la medida.