Quito, 19 ago (La Calle).- El líder indígena Leonidas Iza Salazar y el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) responsabilizaron directamente al gobierno del presidente Daniel Noboa de orquestar una campaña de persecución sistemática y de un presunto intento de asesinato en su contra, acusaciones que aún permanecen sin respuesta por parte del Ejecutivo.
Los señalamientos surgen tras un incidente ocurrido la tarde del lunes 18 de agosto en la comunidad de San Ignacio, en Latacunga, donde Iza afirmó que fue víctima de un hostigamiento que escaló hasta un intento de atropello. Según su testimonio, sujetos que se identificaron como agentes policiales realizaban labores de vigilancia y filmación sin autorización frente a su domicilio, en una clara vulneración de la jurisdicción comunitaria reconocida por la Constitución.
“Al increparlos, el vehículo arrancó a alta velocidad directamente hacia mí. De no haber sido por mi reacción, en este momento estaría muerto. Esto no es un accidente, es un intento de eliminación”, declaró Iza con crudeza durante una conferencia de prensa, asegurando que evidencias en los teléfonos intervenidos revelan un seguimiento constante desde inicios de año.
Respaldo del movimiento indígena
El MICC, en un comunicado oficial, elevó la gravedad de la denuncia, calificando los hechos como un “intento de asesinato” y una “persecución política” dirigida a amedrentar no solo a Iza, sino a todo el movimiento indígena. “Responsabilizamos directamente a Daniel Noboa y a su Gobierno por cualquier atentado contra la vida e integridad de nuestros dirigentes”.
La denuncia encontró eco inmediato en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), que emitió un pronunciamiento en solidaridad. La organización matriz denunció el uso del aparato de inteligencia estatal para la “criminalización” de los líderes sociales y alertó que estas prácticas represivas, lejos de aislarse, configuran una “política de Estado” para debilitar la organización popular y silenciar las voces críticas.
El silencio del Palacio de Carondelet pesa sobre la crisis. La falta de un desmentido oficial o de cualquier pronunciamiento por parte de las carteras de Gobierno o del Interior deja flotando una peligrosa incertidumbre.