Quito, 26 julio (La Calle).- El Gobierno ecuatoriano ha declarado la guerra a la institucionalidad social. En nombre de la “eficiencia” y bajo la sombra del Fondo Monetario Internacional (FMI), se ha emprendido un proceso sistemático de desmantelamiento que ha encendido las alarmas de más de 400 organizaciones feministas, indígenas, afrodescendientes, rurales y urbanas a nivel nacional.
La eliminación del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, el cierre de la Secretaría Técnica de Desnutrición Infantil, la fusión del Ministerio de Ambiente con Energía y Minas, y los despidos masivos en salud, educación y cuidado son algunas de las medidas que han encendido la protesta organizada desde los territorios.
“Nos hemos declarado en Asamblea y movilización permanente”, señala el comunicado difundido este 26 de julio. Las organizaciones denuncian que este ajuste estructural no es técnico ni inocente. Es una decisión política que precariza la vida, la salud, la educación y los derechos de las personas más vulnerables del país.
Convocatoria a movilización en Quito
El Movimiento de Mujeres Diversas, Feministas y Disidencias ha convocado a una rueda de prensa para el lunes 28 de julio a las 09h00, en los exteriores de la Corte Constitucional, en Quito. Allí también presentarán su posicionamiento colectivo frente a lo que consideran un abandono institucional sin precedentes.
Asimismo, ese mismo día, a las 16h30, realizarán una movilización frente al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, como “acto simbólico de resistencia y denuncia pública”.
Exigen:
- La restitución inmediata del Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Ambiente y la Secretaría Técnica de Desnutrición Infantil.
- El cese de despidos masivos y la recuperación del empleo público en sectores sociales.
- El archivo de las reformas al sistema de pensiones.
- La publicación íntegra del acuerdo firmado con el FMI.
- Garantías para la protesta social feminista y los derechos en los territorios.
Un llamado a la prensa libre y comprometida
Finalmente, en un contexto de creciente autoritarismo y silenciamiento, el movimiento hace un llamado a una cobertura ética y rigurosa que ponga en el centro la vida, los derechos humanos y la justicia social.
“La democracia no se mide por la eficiencia presupuestaria, sino por la capacidad del Estado de cuidar a su gente”, concluyen.