Quito, 9 de agosto (La Calle).– La disputa por la nueva tasa de fiscalización minera llegó a los tribunales. Gremios y representantes del sector minero presentaron una demanda ante la Corte Constitucional para frenar el cobro, que aseguran amenaza la estabilidad económica de miles de familias y pone en riesgo operaciones legales en todo el país.
El origen de la medida
La tarifa fue implementada por el Gobierno como parte de un plan para fortalecer el control de la actividad minera y financiar la lucha contra la minería ilegal. Según estimaciones oficiales, podría recaudar alrededor de USD 229 millones anuales que serían destinados a monitoreo, control y remediación ambiental.
https://x.com/ARCOM_Ecu/status/1938828707491389634?t=9wst2u4nuiVB13BeBxuldg&s=19
Argumentos de los mineros
Las organizaciones demandantes sostienen que la tasa es desproporcionada y perjudicial para pequeños y medianos productores, que ya cumplen con obligaciones tributarias y legales.
Advierten que la medida podría provocar el cierre de minas formales y aumentar la informalidad en el sector.
“Somos mineros legales y no podemos pagar valores tan exagerados ”, señaló Guillermo Godoy Presidente de la Cámara de la Pequeña Minería del Ecuador (CAPEMINE)
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El siguiente paso legal
La Corte Constitucional deberá decidir si admite a trámite la demanda y, en caso de hacerlo, evaluar la constitucionalidad de la norma. Los gremios piden que se suspenda la aplicación de la tasa hasta que se realice un análisis técnico y económico sobre su impacto.
Posición del Gobierno
El Ejecutivo defiende el cobro como una herramienta clave contra la minería ilegal, actividad que, según el Ministerio de Energía y Minas, ha crecido de forma acelerada y genera daños ambientales y pérdidas fiscales millonarias.