Quito, 23 jul (La Calle).- El presidente Daniel Noboa formalizó mediante Decreto Ejecutivo 57 el controvertido reglamento de la Ley de Integridad Pública, vigente desde junio pasado. El documento de 243 páginas introduce modificaciones sustanciales en la contratación estatal y el empleo público. Además incluyó un estricto sistema de evaluación semestral que permitirá destituciones por bajo rendimiento y cambios forzosos de teletrabajo a presencialidad.
La normativa, cuestionada en la Corte Constitucional por múltiples demandas, reforma al menos seis cuerpos legales, desde la Ley de Servicio Público hasta la Ley de Contratación Pública. Originalmente enfocada en compras estatales, la ley amplió su alcance durante su trámite legislativo. Dejando de lado la unidad materia, el proyecto de ley incorporó ajustes laborales que hoy generan rechazo en sectores de servidores públicos.
Evaluación y destituciones
El reglamento detalla que los funcionarios serán evaluados dos veces al año —frente a una anual anterior— con consecuencias escalonadas: quienes obtengan «insuficiente» en dos ocasiones consecutivas serán destituidos.
Si el servidor obtiene una calificación regular, puede ser evaluado nuevamente en tres meses y si tiene la misma puntuación o menos también será despedido del cargo. Solo las notas «excelentes» o «muy buenas» permitirán acceder a promociones o capacitaciones. Adicionalmente, se reduce el monto de indemnizaciones por despido.
Teletrabajo condicionado
Los empleados con evaluación inferior a «satisfactorio» podrán perder su modalidad de teletrabajo y retornarán a la presencialidad. Las instituciones deberán emitir normativas internas para aplicar este cambio. La decisión también podrá tomarse si el superior jerárquico determina que las funciones requieren asistencia física.
De igual manera, el decreto establece directrices para aplicar reformas en leyes como la de Contraloría, Movilidad Humana y Economía Popular, aunque el grueso de sus disposiciones se concentra en contratación pública.
La asambleísta opositora Gabriela Molina denunció que el gobierno busca «cesar a miles de servidores». Resaltó que la normativa paraliza iniciativas de estabilidad laboral, reflejando la tensión política que rodea a esta normativa.