El juicio contra los nueve presos políticos del Movimiento Guevarista Tierra y Libertad (MGTL) recién concluyó. La resolución dicta una condena de 16 años de cárcel para Omar Campoverde, 13 para Carlos Carguachi y 5 para Gabriela Gallardo. El resto de los implicados quedan absueltos por falta de evidencia.

El Caso de Gabriela G. es particular, pues no irá a prisión gracias a un habeas corpus por su grave condición de salud. Si los condenados logran apelar, Carguachi y Campoverde no serán trasladados a la penitenciaría de Latacunga y permanecerán en la cárcel “El Inca”.

Durante el proceso, el abogado defensor preguntó a los policías testigos en los allanamientos cuáles eran las pruebas que fueron decomisadas para imputar a los guevaristas. Estos contestaron que se trataba de libros, folletos y panfletos “de color rojo”. Uno de los testigos de la Fiscalía alegó no conocer los nombres de los implicados hasta que la Interpol se los facilitó.

El Movimiento “Hijos e hijas de mayo” denunció en su cuenta de Twitter la presencia de funcionarios de la embajada de los Estados Unidos durante la deliberación del jurado. Dichos funcionarios permanecieron en la público durante las audiencias. El MGTL denunció la injerencia extranjera en este caso.

Por otro lado, los policías participantes de las escuchas telefónicas ilegales en la que se les imputa a los guevaristas haberse organizado para el tráfico de armas y personas, así como de entrenarse en la región de la Marquetalia para ser una guerrilla armada en Ecuador, declararon que en las conversaciones no se mencionan viajes a Colombia o Venezuela como lo sostiene Fiscalía. Todos los policías que hicieron el seguimiento del caso durante nueve meses informaron bajo juramento no haber presenciado ninguna actividad ilícita.

Por demás, dentro de las pruebas principales de Fiscalía se encontraban tuits de páginas trolles y audios de un medio de comunicación digital. La testigo principal de la Fiscalía fue una supuesta víctima del tráfico de personas perpetrado por los imputados. Esta se contradijo en su declaración juramentada, pues no pudo sostener el relato de su huida por la selva por tres días y dos noches, sin provisiones, ni elementos para pernoctar.

El caso de los Guevaristas ha sido tergiversado por diversos medios de comunicación, entre ellos Código Vidrio, que, tras manipular imágenes relacionadas con el proceso, tuvo que disculparse por sus errores. La prensa en general reforzó desde el momento del arresto en mayo de 2022, los planteamientos de la Fiscalía sin dar derecho a réplica a los implicados.

En su cuenta de Facebook el MGTL expresó: “Omar, Gaby y Carlos, la lucha por su libertad no ha terminado, seguimos firmes y combativos hasta tenerlos en las calles, luchando por los derechos del pueblo”.

La investigación del Caso Guevaristas inició en octubre de 2019 y tomó tres años llegar a las detenciones que se ejecutaron en la madrugada del 19 de mayo de 2022. No obstante,  las declaraciones de la exministra de Gobierno, Alexandra Vela, el 26 de octubre del año pasado, señalan a los guevaristas por supuestamente haber generado actos de violencia durante de la marcha de movimientos sociales en Quito. Esta acusación devino en una cacería de brujas para la organización como parte de la política de criminalización de la protesta impulsada por el gobierno de Guillermo Lasso.

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“Hay realidades que no puedo cambiar. Un gobierno que pactó con el narcotráfico, con la guerrilla colombiana que financió sus campañas y a cambio se hicieron de la vista gorda. Luego llegó otro gobierno que no hizo nada. Tenemos dos caminos: pactar con ellos, eso no lo vamos a hacer, pero no podemos cambiar las cosas de la noche a la mañana”, dijo el mandatario.

Las soluciones

Lasso explicó que hará el Gobierno. “La respuesta es integral. Debe ser mejorar la economía, aumentar el empleo, reformar la educación superior. Hay una realidad que se ha tapado los últimos 14 años y es el narcotráfico. En un país donde ya se consume droga se instaló el microtráfico y existen peleas entre bandas. Ya existe un punto de control en el puerto de Guayaquil. Las bandas se pelean por un lugar menor como en la masacre de La Playita”.

Por otro lado, también se refirió al problema social que trae el narcotráfico. ““Este es un problema serio que no puede resolverse de la noche a la mañana. Una de las prioridades de mi Gobierno es financiar proyectos de agua potable y alcantarillado. Necesitamos que crezca el empleo para que puedan pagar la hipoteca de una casa. No podemos subsidiar la vivienda al 100%. Parte de los problemas relacionados al narcotráfico es por las familias disfuncionales donde los padres se sienten frustrados por no tener empleo y no vigilan a sus hijos”, resaltó.

Los impuestos

Lasso dijo que entendía la molestia por el aumento de impuesto con la Ley Tributaria aprobada en diciembre de 2021. “Yo comprendo que es una molestia la reforma tributaria. A nadie le gusta pagar impuestos. Los resultados de un aumento del 19% en la recaudación es porque el SRI está cobrando con mucho esfuerzo a las empresas que no pagaban impuestos teniendo negocios prósperos en Ecuador”.

Sobre el destino del dinero, el presidente explicó que va a dos lugares. “No hay posibilidad de que digan que la reforma tributaria causa corrupción. Dentro de la lucha contra la desnutrición establecimos un bono. Creamos créditos al sector productivo al 1%. Es una respuesta a los sectores que demandan la atención del Estado. No hay corrupción y existe la atención a estos sectores”.

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