La Fiscalía se refiere a un presunto robo y que ya se han abierto las investigaciones al respecto. «Fiscalía y la Policía procedieron con el levantamiento de indicios balísticos y reconocimiento del lugar de los hechos, entre otras diligencias, con el fin de esclarecer los hechos». Arguello es candidato a asambleísta por el PSE y se encuentra estable, sin embargo, su padre está grave en el hospital.

El presidenciable se pronunció con indignación a través de sus redes sociales, ya que días atrás, dio a conocer que sujetos entraron a la casa de su hermano, lo golpearon y se llevaron documentos que – según Granja – eran las pruebas de corrupción en el sistema eléctrico nacional y contratos de candidatos con el Estado.

«Joselo Argüello, mi amigo hace 30 años, baleado hoy luego de un evento con comuneros en el q estuvo a mi lado. Mi hermano Peter, asaltado el lunes en su domicilio. 3 costillas rotas. Es horrible todo esto. No es una campaña presidencial. Estoy enfrentando a los peores criminales», expresó.

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El video circuló por todas las redes sociales, incluso se hizo eco en medios internacionales. Uno de los temas que más se discutió alrededor del hecho fue si tener relaciones sexuales en un espacio como ese es un delito o alguna contravención a la ley.

Sin embargo, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) no contempla este tipo de actos como un delito en la vía pública. En cambio, las Municipalidades de cada ciudad pueden emitir ordenanzas que sancionen y prohíban esta clase de hechos en el espacio público. De igual manera, se debe tomar en cuenta lo que dicta el reglamento de la empresa del transporte público.

Del otro lado de la moneda, el video difundido salió de las cámaras de seguridad de la Aerovía, lo cual sí constituye una penalidad. Según expertos, puede existir delito violación a la intimidad contemplado en el artículo 178 del COIP.

Acciones legales

A través de su cuenta de Tik Tok, el abogado Pavlov Rodríguez señaló que «asumió la defensa técnica» de los jóvenes afectados de la Aerovía por el presunto delito de «violación a la intimidad».

De acuerdo a diario Extra, se tomarán tres acciones legales:

1. Denuncia penal contra la persona o personas que filtraron y publicaron el video sin autorización, que sea procesado y vaya a prisión (Uno o tres años);
2. Una demanda civil contra el Consorcio Aerosuspendido de Guayaquil; y,
3. Una acción de protección en contra de la empresa del joven que fue despedido tras el escándalo.

“Mis clientes no cometieron ningún delito, ninguna infracción o contravención. La constitución y el código orgánico penal entienden que este tipo de actos que podrían llamarse inmorales, pero no son ilegales”, explicó Rodríguez a ese diario.

Además, los jóvenes buscarán una reparación integral por trámites y juicio correspondiente y el reintegro del joven que resultó despedido de su trabajo. Sin embargo, Rodríguez también señaló que analizan una reparación inmaterial, es decir, tratamiento psicológico por el acoso en redes y lugares sociales que han sufrido las víctimas, el cual se hará un cálculo.

No es todo, tanto el hombre como la mujer interpondrán demandas y denuncias por separado por los daños ocasionados.

Hasta el momento, la pareja y su defensa analizan el caso, mientras que la Aerovía de Guayaquil publicó un comunicado en el que ofreció disculpas. Asimismo, aseguró mejorar los sistemas de seguridad y despidió al personal implicado en la difusión del video.

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Gallegos confirmó que León fue visto por última vez el 10 de mayo, en los alrededores del Hotel Oro Verde. De igual manera, manifestó que el abogado estaría detrás de algunos casos que involucran al medio digital La Posta.

La noche del 11 de mayo la Fiscalía informó que localizaron al hombre. Su esposa señaló que fue hallado en una hospital en el Guasmo Sur, actualmente sigue recibiendo atenciones médicas y se desconoce su condición.

¿Quién es Eduardo León?

León es socio-fundador del estudio jurídico Rodríguez, también es director de la Fundación Suyana, encargada de apoyar a pacientes con enfermedades catastróficas.

Por otro lado, varios amigos y familiares, se encargaron de difundir la publicación de su desaparición, en especial el periodista Andersson Boscán, quien reapareció en redes sociales para dar a conocer esta alerta y pedir apoyo a su audiencia.

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La Fiscalía hizo un llamado a la ciudadanía por si puede aportar algún tipo de información que remita a su paradero a través de la línea 1800 335486.

En horas de la tarde, la Fiscalía emitió la alerta y puso a disposición de la ciudadanía la línea 1800 (DELITO) 335486.

De acuerdo a su cuenta de Twitter, Micheli es abogado Litigante y catedrático en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

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En la captura de pantalla, el abogado dice que no le llegan sus mensajes y que se ha dado cuenta que le ha escrito. «Usted es el abogado defensor del señor Leandro Norero», pregunta Ordóñez. El jurista responde que si y «¿En qué le puede servir?».

El secretario indica que «tal vez por su intermedio le puede hacer llegar este número al señor Norero que requiero tratar unos temas con él de mucha importancia. Porfavor».

«Usted sabrá que es un poco delicado y difícil de tratar, pero por su intermedio más en confianza creo que podrá entregarle mi número porfavor», dice la captura.

El periodista Anderson Boscan agregó que Norero tomó contacto con el advirtiendo que sus abogados tenían capturas y conversaciones y que si lo mataban, averigue quién del Gobierno ingresó a la cárcel de Latacunga y cuántas veces.

La respuesta de Ordóñez

La posta contactó a Ordóñez quien les respondió. «Usted no hace una pregunta, hace una afirmación. En sentido lógico, debe exponer las premisas, que deberían ser los hechos.

«Me explico 1) ¿Cuál son los funcionarios de seguridad del Gobierno? 2) ¿Cuáles son los narcotraficantes? 3) ¿En qué circunstancias han tomado contacto unos con otros? Le agradecería anticipar estos hechos».

Al preguntarle otra»Ustedes han rebasado todo límite. Pero aún pueden sorprender. Son capaz de forjar historias sin respeto a la verdad y capaces fraguarlas». (MIB)

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Villalta, quien llevaba el caso en contra del coronel de la Policía, Diego Pavón, por presunta violación, realizó publicaciones en sus redes sociales en las que daba a conocer cómo lo amedrentaban. El abogado le contó a la madre de Hidalgo que el coronel estaba pagando USD 2.000 para que lo asesinen.

Hidalgo detalló que coronel Pavón abusó sexualmente de ella y su hermana: “Yo me callé porque me amenazaba que, si no me dejaba tocar, él iba a hacerlo con mi hermana, yo pensaba que a mi hermana nunca le hizo nada y resulta que sí”, destacó.

Ella presentó la denuncia en marzo de este año. “Fui hace seis meses y pude haber dado mi versión en la cámara de Gesell, pero el coronel pagó a un funcionario judicial”, denunció Hidalgo. Además, aseguró que la Fiscalía lo ha citado 6 veces y no ha ido, pese a que se supone que si al tercer llamado no acude debe llevarlo la fuerza pública.

El viernes 23 de septiembre de 2022, Hidalgo debía viajar a Ecuador para dar su versión en la cámara de Gesell, pero desistió por el asesinato de Villalta.

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“Estuvo comunicado 17 horas, sin saber su paradero. Fue detenido en Latacunga, trasladado a Quito y después lo retornaron a Latacunga. No estuvo en una prisión sino en una base militar. Aunque en la audiencia de flagrancia nos dijeron que lo llevaron a otro sitio, resulta que no fue llevado a la subzona de Cotopaxi, sino que seguía en la base militar. Sigue con medidas sustitutivas y prohibición de salida del país”, dijo el abogado a Radio La Calle.

Agregó que a pesar de que la audiencia era por un delito flagrante, la fiscal pidió que lo acusen como autor mediato, lo que genera una contradicción jurídica. “Lo detienen en flagrancia, pero la fiscal del caso lo acusó como autor mediato del presunto delito de paralización de servicios públicos. […] Quiero señalar con toda honestidad que vamos a buscar justicia. No es posible que los dirigentes sociales sean encarcelados”.

Sarzosa explicó que se denunció la detención ilegal y también el atentado que sufrió el pasado 18 de junio. “Pusimos la denuncia por detención ilegal de Leonidas Iza contra el presidente de la República y el ministro del Interior. Con el atentado al vehículo de Leonidas Iza también pusimos una denuncia porque tenemos indicios de quienes serían los responsables, pero Fiscalía no actúa, sin embargo, con una llamada anónima van rápido a allanar la Casa de la Cultura”.

La lucha indefinida

El abogado recalcó que las acciones del dirigente de continuar encabezando la protesta social pueden complicar su situación legal, ha sido su decisión y la del consejo de Gobierno mantenerse visibles en la lucha nacional. Ha dicho textualmente “No seré moneda de cambio por una movilización legítima en el país”.

Sarzosa afirmó que conoce a Iza desde hace varios años. “Trabajo con él desde hace mucho tiempo. Leonidas Iza no es mi cliente, tenemos una amistad de varios años. Lo conozco desde que era catequista. Existe una figura más allá de cliente que es absolutamente legítimo”. MIB

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Por el momento, Glas cumple sus penas fuera de la cárcel gracias a un habeas corpus, concedido el pasado 9 de abril pasado por un juez de Manglaralto, en Santa Elena. El miércoles 18 de mayo, en la Corte Provincial, se dará la audiencia en la que el Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) y la Procuraduría apelarán esta decisión.

El exvicepresidente tiene dos penas en firme, por delitos relacionados con actos de corrupción: seis años por una asociación ilícita en la trama de corrupción de Odebreck y ocho años de prisión por cohecho dentro del caso Sobornos 2012 – 2016.

Según Loaiza, el que se otorgue la pena única va a generar que la condena de ocho años por cohecho absorba a los seis años del caso por asociación ilícita. Por ello, el abogado expresó que Glas debería devengar los ocho años de cárcel. Con esa realidad, la defensa técnica solicitaría el beneficio penitenciario de rebaja de penas por méritos que es de hasta el 50%.

“Jorge Glas tiene detenido más de cuatro años y medio. Él cumplió el 50%” de la condena de ocho años el 2 de octubre de 2021, pues fue detenido el 2 de octubre de 2017. Se va a solicitar la aplicación del beneficio que es hasta del 50% de rebaja de la condena. Con eso se va a extinguir la condena y al momento que se extingue esta por cumplimiento de la condena, él va a recuperar sus derechos civiles y políticos”, sostuvo Loaiza.

Una apelación pendiente

Lo que ha frenado dicho pedido es que aún está pendiente la resolución de la apelación a la pena de ocho años de prisión por peculado, en el caso Singue.

Para Loaiza, es importante que el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) declare inocente a su defendido en este nuevo caso. Según él, existe una resolución de triple reiteración de la CNJ que deja sin efecto el acto administrativo de la Contraloría General por prescripción. Según el jurista, espera que los jueces declaren la nulidad desde la formulación de cargos, por la inexistencia del delito de peculado.

La Reducción

El artículo 32 del Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social establece que la rebaja de la pena por méritos operará sobre un sistema que permita evaluar la buena conducta y colaboración activa del interno en su rehabilitación. Esto se demostrará por la participación en procesos culturales, educativos, laborales.

Para la rebaja, el Departamento de Diagnóstico y Evaluación de la cárcel donde estuvo Glas debe informar al director del centro de privación de la libertad (CPL) la nómina de las personas que puedan beneficiarse de esta acción.

Posteriormente, el caso deberá pasar a un juez penitenciario, quien decidirá si ese beneficio procede o no.

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La señora Guadalupe Llori viene usando y abusando de los bienes de la Asamblea. Tanto los bienes materiales como los humanos. Ha utilizado al doctor Salazar para presentar medidas cautelares y denuncias penales para sus propios intereses no por los de la Asamblea. Eso se llama peculado de uso y consta en la legislación penal”, dijo el asambleísta Fausto Jarrín a los medios.

Añadió que esperan que la fiscal agilice este trámite. “Si notifica inmediatamente o si lo deja guardado, traspapelado como la denuncia de Moreno y Romo por las bombas, INA papers y tantas denuncias que duermen el sueño de los justos. O si, como hizo con 93 asambleístas lo va a hacer en cuestión de días”.

Jarrín fue enfático al decir que ha utilizado a Salazar para beneficio propio. “Eso es lo que ha hecho con el abogado de la Asamblea. Cuando se quiere presentar denuncias penales se contrata abogado, no se usa al abogado de la Asamblea porque el abogado Salazar también nos responde a nosotros y ahora firma una denuncia contra nosotros. Estamos cansados de los atropellos”. MIB

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“Señor Pedro Moreira, como representante legal de Jorge Glas cumplo en indicarle que usted NO es parte de la defensa técnica jurídica nacional ni internacional de mi cliente, es más, él asegura no conocerlo”, escribió Sonia Vera, miembro del equipo de abogados del exvicepresidente.

La aclaración apareció tras conocerse una fotografía del Glas, quien acudió a la Corte Provincial de Justicia como dictamina la ley en su caso, donde aparece junto a la presidenta de la Revolución Ciudadana, Marcela Aguiñaga, el asambleísta Ronny Aleaga y el exjuez Pedro Moreira. El exmagistrado aseguró que es su cliente.

¿Abogado de Glas?

En un tuit, Moreira se refirió a la fotografía y respondió que ya no es juez de la República y como abogado en libre ejercicio puede defender a quien quiera.

Gracias a arteros e injustificados zarpazos en mi contra, el Consejo de la Judicatura de manera ilegal y espuria, dio por terminada mi acción de personal temporal; por lo cual, desde 25 Abril no soy juez. Encontrándome desempleado, teniendo derecho al trabajo y mi ejercicio profesional siendo lícito, puedo representar como abogado a quien yo decida, apegado a mi íntima convicción”, expresó Moreira en un tuit.

Agregó que sus decisiones están basadas en su ideología. “Mi ideología política está protegida por la Constitución y la CADH. Soy un ciudadano libre, en goce de mis derechos y con una ideología política que nunca he negado ni he escondido. Mi corazón es rojo y está a la izquierda”. MIB

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“Sería lamentable que en el trabajo de la Fiscal aparezcan intereses políticos porque su trabajo es actuar en derecho. No es un personaje político partidista, sino que debe actuar conforme a la Constitución y el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Asombra que a través de sus redes sociales denuncie presiones en los casos. No es la vía de denuncia, no se lo hace por las redes sociales. Para cumplir con las labores de Fiscalía no se usa Tik tok, twitter o Facebook sino a través de los organismos judiciales correspondientes”, dijo para Radio La Calle.

INA Papers

El pasado 23 de junio, en una entrevista Salazar indicó que la investigación del caso INA Papers, que involucra al expresidente Lenín Moreno, está avanzando y vendrán “sorpresas”. Aunque no ofreció grandes detalles, indicó que esperan el arribo de información, al menos el cincuenta por ciento desde Panamá.

El jurista añadió que “lo que se conoce del caso son los negocios a través de paraísos fiscales en Panamá. No se puede conocer mucho más ya que el proceso está en etapa de investigación previa que es reservada. No se puede tener más acceso a estos temas”.

Aunque llama la atención que INA Papers se investigue con más ahínco tras la salida de Lenín Moreno, la ciudadanía debe estar pendiente. “Debemos estar vigilantes como ecuatorianos de que se cumpla con la función que tiene la fiscal que es llevar adelante las investigaciones del caso, accionar para que se abran los proceso penales en contra de las personas que presuntamente podían cometer ese delito. Ese es el trabajo de la Fiscal”.

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Quito 29 de abr (La Calle).- Con el asesinato del abogado Harrison Salcedo bajo el modo de sicariato, el litigante Héctor Vanegas aseguró que su profesión es un riesgo en el Ecuador. Así lo manifestó durante una entrevista con Radio La Calle.

«En este momento está más que demostrado que ejercer nuestra profesión es un riesgo en el país. Es necesario brindar atención y dirección estatal en estos casos. Nosotros hemos aprobado una constitución que ratifica la protección de los litigantes. No se puede satanizar el ejercicio de la defensa de quienes precautelan las vidas», dijo.

El ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, por su parte, aseguró que inició una investigación para determinar la posibilidad de una causal entre la muerte del abogado Harrison Salcedo y el amotinamiento en el centro penitenciario del Litoral a las 10:00 del pasado miércoles.

En este marco, Vanegas comentó la gravedad de la corrupción al interior de los centros penitenciarios «Nosotros podemos defender a personas que cometen delitos, pero no por eso somos parte de eso. Hemos denunciado a funcionarios que extorsionan a los privados de libertad y cobran a familias pobres. En los centros cobran por supuesta seguridad por parte de las autoridades. Lo que ocurre es que ha cambiado el líder, pero las coimas continúan», añadió.

4 muertos, 2 heridos y 37 aprehendidos en la Penitenciaría del Litoral

El amotinamiento en la Penitenciaría del Litoral dejó cuatro fallecidos, dos heridos y 37 personas detenidas. El funcionario Gabriel Martínez aseguró que la situación ya está «completamente controlada». El ministro también afirmó que mantienen los controles en los centros penitenciarios a nivel nacional para evitar lo ocurrido en Febrero.

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Los disparos se realizaron desde otro vehículo mientras Salcedo bajaba en su camioneta a la Av. 6 de diciembre y República. El automóvil chocó contra los vidrios de una consesionaria.

La Policía Nacional confirmó el hecho a través de su cuenta de Twitter.

La comandante general de Policía Tannya Varela, informa que ante la muerte violenta de quién sería Harrison S. a causa de disparos al norte de Quito. Las unidades de los ejes:
preventivo, investigativo e inteligencia se encuentran recabando información que permita determinar las causas del hecho.

Harrison Salcedo fue el abogado de alías «Rasquiña», exlíder de los Choneros y asesinado en 2020 bajo la misma modalidad. También representaba al exvicepresidente de la República, Jorge Glas, detenido en Latacunga y al exasambleísta Eliseo Azuero, juzgado por peculado en el caso del Hospital de Pedernales.

La Policía acordonó la zona del asesinato.

Más detalles en breve

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“Los actos vandálicos del 12 de octubre encabezados por el presidente del MICC, Leonidas Iza Salazar son la más clara ratificación del menosprecio que tienen ciertos dirigentes indígenas con la capital ecuatoriana. Nuestras autoridades municipales no han sabido gestionar la defensa y el cuidado del ornato capitalino como corresponde. ¡Los habitantes de Quito estamos en la completa indefensión!”, dice parte de la misiva pública.

Entre los delitos por los que Castillo acusa a Iza están el daño al bien ajeno (artículo 204 del COIP), destrucción de bienes del patrimonio cultural (artículo 237), como incitación a la discordia entre los ciudadanos (artículo 348) y actos de odio (artículo 177).

12 de octubre

Miembros de la Policía Nacional reprimieron a manifestantes de CONAIE, pueblos, nacionalidades indígenas y ciudadanía que lanzaron pintura roja al monumento de Isabel La Católica. El objetivo era derribar la estatua.

La Policía lanzó gases lacrimógenos a los manifestantes. Entre los que se encontraban el presidente del Movimiento Indígena y Campesino del Cotopaxi (MICC), Leonidas Iza y el presidente de CONAIE, Jaime Vargas.

Los dirigentes indicaron estos monumentos representan el genocidio español.

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La valla muestra a García junto a la frase «El legislador de Manabí para 2021». El jurista se desempeña también como asambleísta alterno de María Mercedes Cuesta.

García funge como defensa de Salcedo, quien está acusado de presunta corrupción en los hospitales del IESS y llegará a la Cárcel #4 de Quito.

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