Las víctimas fueron identificadas como Ricardo Guamán y Arístides Zerda Reyes. Según las primeras versiones, los sujetos habrían caminado a un auto negro que estaba estacionado frente al Coliseo Polideportivo Machala. En ese instante, sujetos que se movilizaban en una motocicleta dispararon en reiteradas ocasiones contra los abogados.

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Los antisociales le dispararon a la magistrada en la cabeza, lo que le causó la muerte inmediatamente y dejó herido a su familiar, que viajaba junto con ella.

Según la versión de los moradores, los sicarios se movilizaban en una motocicleta cuando dispararon contra la mujer. El fiscal de turno, Nixon Chan, comentó que la abogada salía de una audiencia de abuso sexual.

La Unidad de Criminalística llegó al lugar para levantar los indicios y realizar las primeras investigaciones.

El presidente del colegio de Abogados de Santa Elena, Carlos Alcívar, rechazó estos actos violentos y pidió a las autoridades estar vigilantes a este hecho.

Muertes violentas en Ecuador

De acuerdo con las cifras del Ministerio del Interior y la Policía Nacional, Ecuador superó los índices de violencia en el primer trimestre de 2023. Hasta el 20 de marzo de este año, el país tuvo 1.356 muertes violentas.

Si esta cifra se mantiene, Ecuador cerraría el año con más de 6.300 ataques. Es decir, tendría una tasa de 34 casos por cada 100.000 habitantes.

Expertos consideran que las bandas delincuenciales centran su atención en los jóvenes para reclutarlos y comentan este tipo de delitos. (N.J.C)

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Entre los abogados que presentaron la demanda está el presidente del Centro de Investigación y Estudios de Derechos Humanos (CIEDH), Alexander Barahona, que anunció en redes sociales esta acción legal para dejar sin efecto lo dispuesto por el Ejecutivo.

La demanda argumenta que los artículos que regulan los requisitos para el porte y tenencia de armas de fuego letales y no letales a nivel nacional por parte de civiles tienen reserva de ley por su incidencia en derechos como la vida, la integridad y la libertad.

Asimismo, estos letrados consideran que el Ejecutivo debía haber efectuado una consulta prelegislativa a pueblos indígenas, ya que la normativa modificada ya contemplaba previamente el uso de armas ancestrales en territorios indígenas para usos tradicionales como la caza y la pesca.

«El riesgo a los derechos es evidente», afirmó Barahona, que confió en que la Corte Constitucional admita a trámite la demanda y disponga medidas cautelares urgentes.

Dizque aclaraciones del Gobierno

Antes de emitir los decretos que autorizan que un civil pueda llevar armas de fuego para defenderse de un delincuente, el Gobierno aclaró que no se trata de un libre porte de armas y que para hacerlo hay que lograr el permiso que otorga el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Lo que se modificó en la normativa son los motivos esgrimidos para demandar el permiso de porte de armas e incluir el de defensa personal, para lo que se requieren todos los requisitos previamente dispuestos en la ley.

Entre las exigencias para lograr el permiso está ser mayor de 25 años y presentar una petición donde se justifique la necesidad de adquirir el arma.

También se requiere una certificación de dirección domiciliaria, la factura o contrato de compraventa del arma, un certificado biométrico emitido por la Policía Nacional, un certificado que acredite que no se cuentan con antecedentes penales y otro que demuestre no contar con denuncias o procesos de violencia familiar.

Asimismo, será igualmente necesario un certificado psicológico y toxicológico, así como uno que acredite destreza en el manejo y uso de arma de fuego.

Redacción: EFE

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Según Vistazo, la Fiscalía informó que desde por lo menos 2020 se vulneraban los sistemas internos para que opere esta red delictiva. En la investigación hecha por la institución están involucrados abogados, funcionarios judiciales y hasta jueces. El Pleno del Consejo de la Judicatura (CNJ) recibió informes de las vulneraciones a los sorteos desde 2019, pero esperó 3 años para blindar el sistema.

Muchos abogados involucrados son parte de influyentes estudios jurídicos, principalmente de Guayaquil. Fuentes oficiales de la investigación estiman que el riesgo de nuevos ataques persiste a pesar de que el CNJ aseguró haber blindado el sistema informático.

Jueces involucrados

José Luis L., juez del Tribunal de lo Contencioso Tributario de Guayaquil, es uno de los principales involucrados. Su despacho y domicilio fueron allanados hace 3 semanas por la Fiscalía.

Peritajes informáticos revelaron que este juez direccionó causas a través del sistema pero por fuera del trámite automatizado. De los procesos identificados como manipulados, 3 fueron direccionados a su Tribunal. Estos casos fueron impulsados por 3 empresas privadas en contra del Servicio de Rentas Internas y el Servicio Nacional de Aduanas.

Autoridades del CNJ afirman que el sistema no ha sido vulnerado desde julio de 2021, fecha donde salieron a la luz la manipulación de 16 causas, incluida una presentada por Jorge Yunda, exalcalde de Quito.

El medio digital Primicias consultó a juristas, exfuncionarios del CNJ e informes técnicos que manifestaban un latente riesgo de manipulación utilizando las «mismas artimañas».

La investigación fue tomada por la fiscal Diana Salazar hace dos semanas por la participación del juez de Guayaquil. Este juez posee fuero de Corte Superior.

Este problema no tiene nada de nuevo

Las denuncias de manipulación de sorteos se remontan a cuando los sorteos se realizaban manualmente, hace más de 2 décadas. Los sorteos manuales dieron paso al sistema automatizado a inicios del milenio, pero la manipulación persistía.

El Sistema Automático de Trámite Judicial (SATJE) permitió estas irregularidades que empezaron a colapsarlo por la desbordada carga procesal. La Dirección de Gestión Procesal del CNJ alertó de esta situación al entonces presidente Marcelo Merlo. El informe de la dirección advertía que ya había existido una propuesta de habilitación y empleo de la opción «Ingreso Histórico» en el módulo de sorteos.

Esta opción acoplaba la restricción de permisos otorgados a coordinadores para hacer cambios. Un año antes, en 2018 también se indicó un listado de todos los riesgos con sus correspondientes correctivos solicitados para el SATJE, los cuales no se incorporaron.

Los técnicos de la entidad volvieron a insistir un año después, debido a las vulnerabilidades de los sorteos, ingresos de flagrancias, causas, desactivación de juicios y módulo de reasignación, entre otros más.

Costumbre del sistema judicial

En entrevista con Primicias, el expresidente del CNJ, Germánico Maya señaló que «la manipulación de sorteos se volvió una práctica sistemática». Manifestó que este ‘medio de vida’ ha estado vigente por años.

«Es el medio de vida de muchos miserables, que se han beneficiado de la venta de sorteos, de traficar sentencias y de agilizar procesos aprovechándose de un sistema obsoleto, totalmente desfasado, fácilmente manipulable», dice Maya.

El presidente actual del CNJ, Fausto Murillo, señala también que los problemas de sorteos no solo se deben a fallas del sistema, sino además por «el uso inadecuado» de servidores judiciales a cargo del ingreso de causas.

Murillo destaca que el sorteo de denuncias, solicitudes y otros actos queda a discreción de los técnicos de ventanilla.

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«La Embajada de los Estados Unidos en el Ecuador ha revocado las visas de no inmigrante de varios jueces ecuatorianos y otros individuos que trabajan en los sectores legal y judicial al determinar que ya no califican para estas visas», dice una parte del comunicado.

La embajada también se apresuró a aclarar que la visa «es un privilegio, no un derecho. Tomará seriamente el tema de corrupción y continuará revisando cuidadosamente las visas ya otorgadas y las nuevas solicitudes de visas».

Revocatoria de visas

Entre los personajes que se quedaron sin su visa está el abogado Jorge Acosta, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. El jurista lo dio a conocer en sus redes sociales.

«Dice que mis “vínculos no son lo suficientemente fuertes en el Ecuador”. Ya no puedo ni ir a Disney ni ser general», escribió en un tuit.

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En El Padrino, Mario Puzo tiene unas frases sobre los abogados que son todo un clásico. Desde aquella que dice: “Un abogado con su maletín puede robar más que mil hombres armados”; hasta aquella que pronuncian en una reunión de mafiosos: “Todos nosotros somos hombres de honor, por lo que no será necesario firmar documento alguno. Después de todo, no somos abogados”.

No hay nada más peligroso que un abogado suelto, un abogado sin principios; bueno quizá si hay algo peor que eso: un médico sin principios. En estos días en que decenas de miles de personas han sido despedidas tanto del sector público cuanto del sector privado, es bueno contar, a manera de anécdota, lo que les puede pasar si caen en manos de un mal abogado.

El señor A (a mis profesores les gustaba poner ejemplos con Gayo y Tacio, pero a mí me suena a tomar lista en un geriátrico así que vamos a usar las vocales) digo que el señor A es despedido de una compañía para la que trabajó 10 años.

Busca abogados para demandar el despido intempestivo pero el perfil que busca es del abogado pilas, el que le va a sacar la madre a su ex empleador. La comadre, la vecina, el primo y hasta el novio de la hija le dan nombres de abogados que son pilas y el señor A cae en manos del abogado B. Este acepta el caso y le pone una cantidad enorme como expectativa de indemnización de la cual va a cobrar un módico 35% contra resultados y con un anticipo de apenas trescientos dólares.

El señor A sale encantado de la consulta ya sintiendo en el bolsillo el peso de los dólares de la liquidación laboral. 

Emocionado por la cuantía de la demanda firmó sin leer detenidamente el contrato de servicios profesionales y una letra de cambio como garantía simbólica de los honorarios a cobrarse.

Para no hacerles largo el cuento, el señor A llegó a un acuerdo con su empleador y recibió de liquidación, lo que efectivamente por ley le correspondía y que era la cuarta parte de lo que le pintó el abogado pilas.

Cuando fue a pagar los honorarios, el abogado le dijo que en el contrato estaba muy claro que el porcentaje de honorario era sobre la cuantía de la demanda y no sobre lo que arregle, por lo que le debía casi todo lo que cobró de liquidación por todos sus años de trabajo.

Como el señor A se negó a pagar, el abogado B le inició un juicio ejecutivo con la letra de cambio que había firmado. Ahora el señor A tiene los bienes embargados y tiene que defenderse en el nuevo juicio.

En el ámbito penal la cosa no es muy diferente. Al estar en juego la libertad, es común que ante cualquier revés judicial las personas se asusten y busquen la opinión de otro abogado para que vea si el juicio ha estado bien llevado o no.

En este caso la abogada C que se sienta a leer el expediente desde la perspectiva de tener un nuevo cliente, habla muy mal del trabajo del anterior abogado y dice que ella lo haría mejor.

No les hago novela, la nueva abogada se encargó del juicio y los jueces no le aceptaron la fundamentación del recurso, algo que es técnica pura; con lo que se demuestra que lo único que quería era captar el cliente y ni siquiera pudo explicar jurídicamente las razones para interponer un recurso.  

No hay profesión donde la mala práctica sea tan común ni la competencia tan desleal. Cofradías de abogados y abogadas que juegan fútbol los sábados con jueces y fiscales o salen de tragos y colchones son los que están en la lista de los asistentes de los mismos funcionarios cuando demoran las causas en espera de que el justiciable apremiado les pregunte si conocen a un buen abogado que les pueda acelerar la sustanciación de la causa.

Todos estos son abogados sueltos. No necesariamente son abogados incompetentes, son solo ejemplos de una forma gansteril de ejercer una profesión muy controversial. “El abogado no es un técnico especialista; puede serlo y los hay, pero no cabe atribuirles ningún compromiso especial de servicio a la causa del Derecho en nuestra sociedad. Son buenos profesionales incluso podrán ser eficaces en la defensa de los intereses que les han sido confiados, pero su función vive alejada de los valores que a los abogados corresponde defender, desde el Derecho, al servicio del orden jurídico que delimita y llena de contenido a un régimen de libertad”, dice Miquel Roca Junyent en sus personales reflexiones sobre la abogacía.

Una admonición final: si usted busca el abogado vivísimo es porque es culpable; y en vez de un defensor, busca un hacker del sistema de justicia. Es muy probable que cuando sea demasiado tarde y costoso, usted deba acudir  a un abogado serio para que solucione los destrozos del hacker.

Al final de cuentas es un asunto de conciencia y de asumir responsabilidades. El enorme abogado francés Jacques Vergès decía: “Edipo, Challe, Eichmann, el pobre resignado que roba un pan y el marido “burlado” que mata a su rival, se defiende de la misma manera: son más las circunstancias que su persona lo que sitúan en primer plano. El acusado muestra sus llagas, sus debilidades, sus taras incluso y sus desventuras. En lugar de asumir su destino criminal, lo padece”.

Si usted es inocente, no sea además cándido, trate de usar el sentido común al momento de acudir a un abogado; no se olvide que de todos modos en el desierto de la justicia va a necesitar un baquiano confiable.

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