El implicado, quien figuraba en la lista de más buscados del país, fue capturado en Trujillo, Perú. Sobre el individuo figuraba una orden de captura internacional.

Según el agente fiscal del caso, los exámenes médicos revelaron que el sujeto abuso del menor. El hecho se habría perpetrado durante un régimen de visitas durante el mes de agosto de 2018. En ese entonces la víctima tenía tres años de edad.

Durante la audiencia, la madre y abuela materna de la víctima, explicaron que el niño mostraba resistencia a la compañía del progenitor. Esto habría sucedido luego del abuso.

Según el Art. 171 del Código Orgánico Integral Penal, el delito de violación es sancionado con pena privativa de libertad de 19 a 22 años.

JR

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Así lo confirmó, la ministra de Educación, María Brown.Según estadísticas oficiales, el 83% de las afectadas ha recibido acompañamiento psicológico, mientras que el 17% desistió de recibirla.

El Ministerio de Educación aceptó que las autoridades de los planteles no han actuado correctamente ante esta situación. La entidad dispone de varios protocolos a seguir en casos de agresión y violencia.

Sin embargo, gran parte de estos quedan normalizadas en las aulas. Así lo explica el docente de pedagogía, Marlon Ordoñez. El protocolo necesita ser aplicado a tiempo. En 2022 se reportaron 57 suicidios de parte de los estudiantes.

Para Sofia Narváez, psicóloga educativa, el sistema educativo no puede ser reactivo, más bien debe prevenir estos episodios de violencia.

¿Cuál es el protocolo?

En primera instancia, cualquier integrante que esté al tanto de las agresiones debe denunciarlo. Sea la víctima, familiares, amigos o autoridades de las instituciones educativas.

Las denuncias se deben informar al Departamento de Consejería Estudiantil (DECE). En caso de tener docentes implicados, la gestión se realiza en coordinación con la Dirección Distrital.

El DECE tiene la obligación de informar el caso a los familiares del agresor si es parte del cuerpo estudiantil. Elaborar un informe sin imponer juicios de valor. La institución educativa debe informar a Fiscalía para la denuncia en menos de 24 horas del proceso con el informe del DECE.

Además, solicitar medidas de protección para la víctima. En el caso de que el agresor sea parte de estudiantes o autoridades del plantel, se convocará una Junta Distrital de Conflictos.

En casos de violencia sexual, el DECE puede referir asistencia psicológica externa para la víctima. Ante cualquier hecho de violencia, el seguimiento del DECE será en el ámbito educativo, físico y psicológico, según expuso La Hora.

Cabe recalcar que se denominan casos de violencia al hostigamiento físico, verbal o psicológico. (A.F)

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Una de las cámaras de seguridad grabó el momento exacto del ataque. Uno de los agresores insulta al servidor de seguridad. Luego se da la vuelta y lo ahorca. Acto seguido, se suman sus compañeros, quienes continúan con los ataques.

El otro sujeto de gorra incluso saca lo que parecer ser un cuchillo y lo amenaza. Después los tres golpean al guardia.

Pasaron algunos segundos y dos tipos más se unen al delito contra el trabajador. Finalmente, lo someten en el piso mientras lo insultan.

Un usuario en Twitter identificó a dos de los sujetos. Se trataría de Rubén León (princial agresor) y Juan Esteban Marín (el «hombre» que intimida con arma blanca).

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Meses atrás la Secretaría de Seguridad indicó que los comerciantes autónomos tienen la opción de retirar la mercadería decomisada. Sin embargo, lo que se evidencia más allá de los decomisos es la agresión con la que actúan los agentes.

En el artículo 329 de la Constitución se establece lo siguiente respecto al trabajo autónomo:

“Se reconocerá y protegerá el trabajo autónomo y por cuenta propia realizado en espacios públicos permitidos por la ley y otras regulaciones. Se prohíbe toda forma de confiscación de sus productos, herramientas o materiales de trabajo.”

Este tipo de agresiones y abusos son el pan de cada día para los comerciantes. Por ejemplo, en noviembre del año pasado imágenes de vendedores con golpes en la cara y cabeza fueron compartidas por la Asociación de Trabajadores Autónomos (Asotrab), producto de enfrentamientos con los agentes.

También el 31 de octubre del 2021 en las calles Imbabura y Chile en Quito se produjo un acto violento por parte de la policía metropolitana en el cual resultó herida una comerciante autónoma.

El Municipio ha insistido en que hay cuatro espacios o centros de expendio en donde busca la reubicación de los comerciantes del centro, pero a pesar de eso no ha brindado medidas de protección para los comerciantes.

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“La Corte reconoció que el derecho a la educación contempla la educación sexual y reproductiva. A Paola no se le garantizó este derecho lo que, justamente, no le permitió comprender y denunciar la violencia sexual que sufrió. Además, exigió al Estado iniciar acciones de reparación y no repetición de manera inmediata, que serán supervisadas por ella misma, la cuales incluyen fortalecer medidas para prevenir la violencia sexual en contextos educativos”, reza el comunicado del Centro de Derechos Reproductivos y el Centro Ecuatoriano para la Acción y Promoción de la Mujer CEPAM-Guayaquil.

La Corte dispone que el Estado instaure medidas y protocolos a seguir para este tipo de casos porque, a pesar de que los menores sufren estos abusos todos los días, el Estado ha demostrado no tener la voluntad de protegerlos. Esta falta de voluntad se refleja en cada hecho ocurrido desde el 2001, cuando Paola empezó a sufrir los abusos.

La cadena de impunidad en el caso de Paola Guzmán

1. Paola no era la primera víctima de Bolívar Espín, el entonces vicerrector. Más estudiantes fueron trasladadas a otros colegios por su acoso e incluso una profesora denunció ataques en su contra.
2. Cuando Paola se dio cuenta de que estaba embarazada de su violador, se vio obligada a abortar. El médico de la propia institución realizó el procedimiento, solo después de abusar de ella también.
3. En 2002, Paola decide ingerir fósforo blanco (o diablillos) y acabar con su vida. Sus compañeros pidieron ayuda en la enfermería de la institución, pero no hicieron nada. Ni siquiera llamaron a su madre. Una alumna se comunicó con ella y fue trasladada al hospital, pero no lograron salvarla.
4. Petita Albarracín, madre de Paola, empezó la dura tarea de buscar un abogado que se haga cargo de su caso. El Estado la abandonó después de haber perdido a su hija y sin recursos para lograr justicia.
5. Cuando consiguió ayuda para seguir el proceso, en 2003, solicitó prisión preventiva contra Bolívar Espín pero el juez negó el pedido. Cuando la función judicial decidió dictar esta medida, un año después, el violador escapó y no se presentó hasta que el caso prescribió.
6. Medios nacionales describían el hecho como una ‘relación sentimental’ que terminó en el suicidio de la menor por ‘decepción amorosa’.
7. Ante la inacción de las autoridades, en 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se hace cargo del caso. El Estado ecuatoriano pide disculpas a la madre y la hermana de Paola, pero no se responsabiliza por los hechos.

El fallo de la Corte

La CEPAM considera un hecho histórico la condena de la CIDH contra el Estado ecuatoriano. La Corte determinó que no se protegió la vida, la integridad y la educación de Paola y que los menores están expuestos al abuso sexual, en parte, por la falta de educación sexual y reproductiva.

Lita Martínez, directora ejecutiva de CEPAM-Guayaquil asegura que, en este momento, corresponde a las “organizaciones sociales continuar con el seguimiento a la implementación de la sentencia que ha vencido la impunidad e injusticia en contra de Paola”.

Por su parte, Petita Albarracín asegura: “Sé que no la tendré más conmigo, pero me queda la tranquilidad de que su muerte no será en vano, pues con esta sentencia los agresores no serán encubiertos nunca más. ¡Por fin se hizo justicia para mi Paola!

El camino que queda por recorrer

Hace 18 años Paola perdió la vida por la indolencia de todo un Estado. Pero cada día niños, niñas, adolescentes, mujeres adultas y ancianas mueren por delitos sexuales. Ante esto, nuestro deber como medios de comunicación es instruirnos y dejar de pretender ser portaestandartes de la “objetividad” para ser voceros de la vida y la justicia. Es imperativo parar de justificar a los abusadores con titulares, por lo menos, canallas.

Y como ciudadanos, nuestro deber es unirnos a la vigilia de las acciones del Estado de hoy en adelante. A la lucha de las madres, de las hermanas, las amigas. A la lucha de hombres y mujeres que quieren romper la maldición de una sociedad que enseña a niños y niñas a obedecer a los adultos sin importar su opinión. Que les prepara para sentirse culpables de cualquier abuso. Una sociedad que les obliga a callar y le allana el camino al Estado, quien es el que, finalmente, les pone una mordaza.

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