En esta audiencia estuvieron presentes Verónica Abad junto con sus abogados Dominique Dávila y Damián Armijos, mientras que la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, participó de manera virtual.

La defensa de Abad inició la jornada con una réplica, reiterando que la suspensión de 150 días impuesta por el Ministerio del Trabajo es “ilícita y arbitraria”. Damián Armijos, abogado de la vicepresidenta, calificó la sanción como “una actuación titánica y déspota”, solicitando a la jueza que acepte la acción de protección y las medidas de reparación correspondientes.

Por su parte, Verónica Abad afirmó: “Han vulnerado mis derechos constitucionales y políticos. He llegado aquí con la esperanza de que el poder Judicial aplique solo lo que está en la Constitución y la Ley. El pueblo clama por justicia”. Además, la vicepresidenta denunció que la suspensión en su contra forma parte de una persecución sistemática: “Es un eslabón más de la larga cadena del abuso de poder, de la misoginia y salvaje persecución, que el presidente y su Gabinete ejecutaron en mi contra”.

Los bochornos del Ministerio del Trabajo

En su contrarréplica, la ministra Ivonne Núñez sostuvo que la suspensión de 150 días se fundamenta en el supuesto abandono de cargo por parte de Abad, según lo establecido en la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), en específico el artículo 15. Núñez también citó dos sentencias de la Corte Constitucional relacionadas con casos similares.

No obstante, la jueza Vera cuestionó en reiteradas ocasiones a la ministra sobre el fundamento específico para imponer una suspensión de 150 días, exigiendo una referencia exacta a los artículos legales aplicables. “Lo que le vuelvo a preguntar por enésima vez, es qué artículos utilizan para sancionar por una suspensión de hasta dos años, por una falta grave. Díganos el artículo. Ilústrese”, enfatizó la magistrada, sin embargo, no logró convencer a la jueza.

Contexto y próximos pasos

La audiencia, que inició a las 09:20 y se extendió por más de tres horas, concluyó con la decisión de la jueza de suspender la sesión hasta el lunes 23 de diciembre. En esa fecha, se emitirá la sentencia definitiva que determinará si la acción de protección presentada por Verónica Abad será aceptada.

Este caso ha generado un amplio debate público, pues la vicepresidenta sostiene que la medida adoptada por el Ministerio del Trabajo forma parte de un intento por debilitar su posición dentro del Gobierno y obedece a motivaciones políticas. Por su parte, el Ejecutivo argumenta que la suspensión responde estrictamente al marco legal vigente.

La entrada Ministra del Trabajo no logra explicar la suspensión de 150 días a la vicepresidenta se publicó primero en La Calle.

La comunicadora expresó en redes que “esto recién empieza. Yo no soy de rendirme”. Criticó, además, el accionar de la jueza Sandra Yanchatipán, al declarar la reserva de la audiencia y no poder escuchar a su defensa ni el alegato de la negación de la acción de protección. Alondra seguirá fuera del Ecuador mientras se esclarezca su caso.

El pasado 24 de junio se emitió el comunicado, donde la cancillería acusaba a Santiago de cometer “actos que atentan contra la seguridad pública y estructura del Estado», motivo por el que revocaron su visa y dejó el país. Esta decisión del gobierno de Noboa, fue llegó luego de que la periodista cantó una performance del himno nacional que criticaba la inoperancia del presidente frente a la actual crisis de inseguridad. (J.S.O.)

La entrada Jueza niega acción de protección para Alondra Santiago se publicó primero en La Calle.

A partir de las 09h30 se llevó a cabo la audiencia de acción de protección, interpuesta por la periodista debido a la revocatoria de su visa, en la Unidad Judicial Especializada de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, al norte de Quito.

Después de casi dos horas, las partes procesales expusieron sus argumentos, sin embargo, ningún jurista del gobierno dio a conocer los motivos de revocatoria, pues todo estaría fundamentado en un informe secreto del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES).

»Los derechos, obligaciones y deberes de los extranjeros son iguales a los de los ecuatorianos (…) la señora Santiago incumplió la norma y atentó contra la seguridad del Estado», dijo la defensa de Cancillería.

Asimismo, otro de los abogados señaló que el gobierno no ha vulnerado la libertad de expresión de la periodista ya que sigue activa en redes sociales sin censura por parte del Estado.

Suspensión de la audiencia

La audiencia fue suspendida debido a que durante la intervención del abogado de Santiago, Carlos Soria, el Viceministerio de Movilidad Humana presentó nuevos documentos que no habían sido expuestos anteriormente. Ante esta situación, la jueza dispuso un plazo de 48 horas para que la accionante revise las 34 fojas.

Para Soria, el actual proceso evidencia una clara persecución política por lo que solicitaron medidas cautelares la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (AGM).

La entrada Proceso contra Alondra Santiago estaría plagado de inconsistencias se publicó primero en La Calle.

Ordóñez manifestó que existe una “amenaza de vulneración de derechos constitucionales”, por lo que recurrió al presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, para que suspenda el trámite de juicio político. También, agregó que “el juicio político no ha cumplido con el debido proceso y derechos protegidos por la Constitución”.

Además, en la solicitud de Ordóñez se pedía a los miembros de la Comisión de Fiscalización que se detenga y se niegue el proceso que “violenta sus derechos”.  Sin embargo, el Tribunal dio un rotundo NO a la petición del secretario, quien recurrió a una acción de protección.

Audiencia Legal

Los jueces Juan Tenesaxa, Juan Méndez y Adrián Bonilla convocaron para el 20 de marzo a una audiencia presencial, en Quito. Las partes implicadas deberán llevar sus evidencias para sustentar sus argumentos. Después del proceso, donde Ordóñez podrá apelar a su favor, los jueces tomarán una decisión sobre otorgar esta medida cautelar.  

Violencia de derechos

El secretario, Diego Ordóñez, aseguró a Expreso que hay una «violación grosera de procedimiento. En primer lugar, se envió expediente desde el CAL con 33 firmas y luego se completó por un supuesto error. Luego 5 asambleístas retiran las firmas, antes que se califique en Comisión de Fiscalización». (D.C.).

La entrada Tribunal negó acción de protección a Ordóñez se publicó primero en La Calle.

El 28 de noviembre, la jueza Manosalvas ordenó el reintegro inmediato de Villavicencio al Legislativo. La resolución se dio luego de que el parlamentario presentó una acción de protección para evitar la suspensión del CAL.

En un tuit, Villavicencio mencionó que la jueza declaró vulnerados sus derechos al sancionarlo “con una norma inexistente”. Por otro lado, manifestó que esto sienta un precedente a la libertad de expresión de los asambleístas.

¿Por qué lo sancionaron?

La sanción impuesta al legislador surge del reclamo de la asambleísta Patricia Núñez (UNES), quien lo acusó de lanzar comentarios ofensivos hacia su persona. Las evidencias se registraron en publicaciones de Twitter, donde Villavicencio utilizaba un término insultante.

“Por hacerte la fiscalizadora con información falsa, quedaste como el puerco y ahora tienes que enfrentar a la justicia”, expresaba.

La acusación fue presentada en gestión documental, para su posterior análisis en el CAL. La decisión tuvo efecto el 10 de noviembre con cinco votos a favor por parte del presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela; la primera vicepresidenta, Marcela Holguín (UNES); el segundo vicepresidente Darwin Pereira (PK); y, los vocales Esteban Torres (PSC) y Ronny Aleaga (UNES).

El parlamentario también se enfrenta a otras acusaciones. La asambleísta Pamela Aguirre, lo denunció por llamar «mafiosos y mafiosas» a la bancada de UNES, en la sesión 797. La legisladora pidió una supensión de tres meses para Villavicencio. (A.G.M).

La entrada <strong>Villavicencio vuelve a la Asamblea por orden de una jueza</strong> se publicó primero en La Calle.

Con este nuevo panorama, Hernán Ulloa, Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira y Francisco Bravo vuelven a sus puestos como mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana.

«La medida cautelar suspendió los efectos de censura y destitución como tiene que ser. Un juez ha tenido la valentía para sobrellevar las injerencias y presiones que la Asamblea trató de imponer a la Función Judicial. No nos dejamos marcar la cancha,. Se hizo control de la constitucional», dijo el presidente Hernán Ulloa.

Respuesta de la Asamblea

El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, rechazó la injerencia de la justicia en las decisiones del primer poder del Estado, el Legislativo. Asimismo, ratificó la convocatoria del jueves 24 de noviembre a las 16:30 para posesionar a los cuatro nuevos consejeros del Cpccs.

«Hay que respetar la institucionalidad, la Constitución y la independencia de poderes. Nos ratificamos en la posesión de los nuevos vocales. No se puede manosear la justicia y romper con el orden la Función Legislativa. En el marco legal se hizo el enjuiciamiento político», precisó Saquicela.

La entrada Consejeros gobiernistas del Cpccs retoman sus cargos se publicó primero en La Calle.

La comunidad Siekopai está conformada por 828 personas y actualmente corren el peligro de desaparecer física y culturalmente. La lucha por obtener la adjudicación gratuita de su terreno ancestral en la Amazonía, llevó a los habitantes imponer una acción de protección que podría resolver su reclamo.

Un gran paso suponía la audiencia prevista para este 11 de noviembre. Según un comunicado de los Siekopai, el juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Shushufindi, Víctor Hugo Garofalo, no responde motivadamente a los escritos de la comunidad.  Para ellos, este no es un litigio por tierras sino un proceso para que se garantice su derecho a volver a su casa.

Antecedentes

Alrededor del 95% de habitantes fueron despojados de su territorio a través de la demarcación de límites por el Estado, la explotación de recursos naturales y la guerra entre Ecuador y Perú en 1941. Más tarde, en 1979, el Estado ecuatoriano demarcó la “Reserva de Protección Faunística Cuyabeno”. En el 2008, se estableció convenios de uso y manejo con otras comunidades indígenas Kichwa, que no son ancestrales de la zona, todo esto sin consultar a la Nación Siekopai.

En noviembre de 2017, la Nación Siekopai planteó formalmente el pedido para la adjudicación del territorio ancestral fundamentados en el marco del contexto jurídico nacional e internacional, al Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE).

Para negar el pedido, el MAATE ha argumentó que el derecho colectivo al territorio ancestral de Siekopai está condicionado a la existencia de una norma técnica de adjudicación dentro de área protegida, y que los conflictos interétnicos que fueron generados por el Estado debe resolver las misma comunidad.

Por ello, el 08 de septiembre de 2022, la nación Siekopai planteó una acción de protección contra el MAATE, que recayó en la Unidad Judicial Multicompetente del cantónn Shushufindi, provincia de Sucumbíos. Para la comunidad, desde el principio el juez se negó a aplicar un diálogo intercultural y considerar que se trata de derechos colectivos de un pueblo indígena.

Inicialmente ordenó que Siekopai designe a una persona como procurador común para representar a toda la Nación. La audiencia que anteriormente estaba fijada para el 21 de octubre de 2021. Ante la falta de respuesta del Juez, realizaron plantones en la Unidad Judicial del cantón.

Finalmente, el Juez notificó que se postergaba la audiencia para el 11 de noviembre en la que participarán 12 personas delegadas por la asamblea comunitaria. Además, se negó un espacio físico para que participen todos, por lo que tendrán que esperar en la vía pública.

El 7 de noviembre se confirmó que la audiencia sería telemática pero para los Siekopai “esto vulnera el principio de interculturalidad en tanto que no garantiza que exista un espacio físico en el que la Nación Siekopai pueda dialogar con los funcionarios judiciales y las demás partes procesales”.

La entrada Nación Siekopai de la Amazonía, en peligro de desaparecer se publicó primero en La Calle.

La magistrada resolvió que “no se evidencia vulneración a sus derechos constitucionales”.

El asambleísta Esteban Torres (PSC) quien había sido demandado por Llori reaccionó por medio de un tuit a la resolución de la jueza. «Contra viento y marea y presiones injustas de todo tipo del Consejo de la Judicatura y el gobierno, NUEVAMENTE GANA LA RAZÓN Y LA CORDURA. ¡Negada la acción de protección propuesta por Llori por 8 millones de dólares!».

¿Qué pedía Llori?

En la denuncia solicita se apruebe la acción de protección y declarar la vulneración de sus derechos constitucionales. Entre las acciones de reparación integral están: «el reintegro de la abogada Guadalupe Llori como presidenta de la Asamblea Nacional. Disculpas públicas en dos medios de comunicación por parte de los asambleístas que aprobaron el informe de la Comisión Ad hoc y el pago de de USD 100.000 por cada legislador que aprobó su destitución».

La entrada Jueza niega acción de protección a Guadalupe Llori se publicó primero en La Calle.

«Voy a seguir presentando acciones ya sea constitucionales o judiciales con la finalidad de hacer respetar mis derechos humanos, constitucionales. No se trata de volver o no volver a la presidencia de la Asamblea. Aquí se trata de exigir la reparación de todo el daño causado», dijo la legisladora antes del inicio de la audiencia.

Por otra parte, el asambleísta Esteban Torres (PSC) criticó duramente las acciones de Llori. «La justicia constitucional no es indemnizadora, es reparatoria. Resulta insólito que una persona, la expresidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori pida USD 8 millones, los cuales ni siquiera son demandados. Porque constan en la demanda el presidente del Legislativo y los miembros de la ex comisión Ad hoc«.

Puede interesarle: Llori quiere USD 8 millones de los asambleístas

La entrada El destino de Guadalupe Llori se conocerá el 26 de agosto se publicó primero en La Calle.

Llori presentó una denuncia contra el asambleísta miembro del Consejo de Administración Legislativa (CAL), Esteban Torres por presunta falsificación de documento. También denunció a los 81 legisladores que aprobaron su destitución.

En la denuncia solicita se apruebe la acción de protección y declarar la vulneración de sus derechos constitucionales. Entre las acciones de reparación integral están: «el reintegro de la abogada Guadalupe Llori como presidenta de la Asamblea Nacional. Disculpas públicas en dos medios de comunicación por parte de los asambleístas que aprobaron el informe de la Comisión Ad hoc y el pago de de USD 100.000 por cada legislador que aprobó su destitución».

«Se ha hecho presente la dictadura del voto sin tener elementos probatorios o una causa justa para destituirla. Se tiene que luchar para que se cumpla con el debido proceso. Los audios son otro tipo de cuestión, son grabaciones clandestinas que hacen apología del delito porque violan la intimidad», dijo en una entrevista su abogado Julio César Sarango.

Indignación en el Legislativo

La denuncia de Llori se hizo pública en una historia de Instagram. El legislador Esteban Torres (PSC) expresó su indignación sobre la pretención de Llori de retomar el liderazgo del Legislativo.

“Una acción más de una persona desesperada por no perder poder y dinero que, ante la imposibilidad de poder ser candidata a una dignidad seccional por su rechazo popular (como pensaba luego de ser destituida de la presidencia) buscar prostituir aún más a la justicia con la ayuda directa del gobierno”, le dijo a Radio La Calle.

La entrada Llori quiere USD 8 millones de los asambleístas se publicó primero en La Calle.

«Existe una grave intención de desprestigiarme y atentar contra mis derechos constitucionalmente reconocidos. Denuncio públicamente el uso de la justicia para entorpecer el ejercicio de las funciones que me fueron confiadas», indicó Ruales en un comunicado.

Así también, el designado superintendente de Bancos incitó a la Fiscalía a investigar a los dos ciudadanos que han presentado las acciones constitucionales que pesan en su contra.

Gonzáles hizo un llamado al presidente del Consejo de la Judicatura a vigilar el accionar de la jueza Ibarra.

Suspensión de la posesión del nuevo superintendente

El pasado 28 de julio, la jueza de la Unidad Judicial de Samborondón, Larissa Ibarra ordenó suspender el posicionamiento del elegido director de la Superintendencia de Bancos prevista para este viernes 29 de julio.

Luego de aceptar la medida de acción de protección presentada por la ciudadana Michelle Guerra contra el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) por presunta vulneración de derechos en el proceso de elecciones para el cargo.

Audiencia para el análisis de la acción de protección

Este 29 de julio se llevó acabo la audiencia para analizar la acción de protección presentada en contra de González. A esta acudieron asambleísta de UNES y del Partido Social Cristiano, la vocal del CPCCS, Sofía Almeida y representantes legales.

Robert Friend, abogado de González indicó que la justicia se encuentra «maniatada» y que a través de garantías jurisdiccionales se quiere dar solución a problemas políticos.

Así también, Sofía Almeida presentó una recusación en contra de la jueza Ibarra.

«Se denotaría un interés de algunos grupos de poder de no posesionar al superintendente de Bancos que ha sido designado por el CPCCS, que es la entidad que tiene que designar, no una jueza de primer nivel», señaló.

Te puede interesar leer: Jueza ordena la suspensión del posicionamiento del nuevo superintendente de Bancos

La entrada El designado superintendente de Bancos denuncia un uso de la justicia para atentar contra sus derechos se publicó primero en La Calle.

Este 2 de junio, la Procuraduría General del Estado informó sobre el rechazo al recurso de apelación presentado por los hermanos Isaías.

La Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial del Guayas declaró sin acción el recurso de apelación de Willian y Roberto Isaías para recuperar un grupo de terrenos ubicados en los cantones Durán, Yaguachi y El Triunfo.

Con la acción presentada, los expropietarios de Filanbanco buscaban beneficiarse de una medida cautelar que prohíba la inscripción o marginación de cualquier acto traslaticio de dominio sobre los terrenos.

Los hermanos Isaías fueron declarados inocentes por el delito de peculado en mayo del 2021. Sin embargo, la sentencia no contemplaba la devolución de los bienes incautados.

Motivo por el cual los banqueros decidieron presentar una demanda por USD 2 000 millones como indemnización contra el Estado ecuatoriano

La entrada La acción de protección presentada por los hermanos Isaías fue rechaza se publicó primero en La Calle.

“Hemos pedido a la Corte Provincial de Quito una apelación para hacer respetar los derechos de la Asamblea Nacional como los derechos humanos de la presidenta. Fueron vulnerados, incluso esa sesión se transmitió en vivo. Todos los ciudadanos fueron testigos a la violación al debido proceso y también al pronunciamiento del procurador general del Estado”.

También reaccionó sobre la Comisión Multipartidista. “Para mí la comisión Multipartidista empezó mal y va a terminar mal porque violaron siempre el debido proceso y la seguridad jurídica. También las medidas cautelares que hasta ese momento estaban vigentes”.

El procurador jurídico de la legislatura y defensa de la presidenta, Santiago Salazar, anticipó que Llori agotará todos los mecanismos: legales, políticos y administrativos para que la revocatoria de la acción de protección quede sin efecto.

Puede interesarle: UNES denuncia a Guadalupe Llori por peculado de uso

La decisión de la jueza

La decisión fue anunciada este 10 de mayo, luego de que la magistrada evaluó y resolvió que no existió una vulneración en contra de los derechos de Llori. Tampoco vulneración al debido proceso ni a la seguridad jurídica, cuando el Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó la denuncia del asambleísta Esteban Torres (PSC) en contra de la titular de la Legislatura.

El asambleísta Torres se pronunció sobre la decisión de la jueza y los pasos de la Comisión Multipartidista. “El siguiente momento de la Comisión es, luego de la audiencia a la que debe convocar, producir un informe que tendrá que llegar al Pleno para que tome la decisión sobre destituir o no a la presidenta Llori. El proceso es irreversible en lo político y lo jurídico. Además creo que en este momento lo pertinente sería el archivo inmediato de la investigación sin piso que se quiso abrir contra los legisladores que conforman la Comisión”. MIB

La entrada Llori solicita la apelación sobre la acción de protección contra el CAL se publicó primero en La Calle.

“Aquí se ha hablado de una conciliación y es cierto, habrá una nueva audiencia, pero me atrevo a decir que esa conciliación por el país debería empezar por una decisión de la presidenta de dar un paso al costado. Esto es insostenible. Es la cuarta acción que se ha presentado para activar a la función judicial. Son las 15:30, tienen media hora para llevarnos presos con la petición que han hecho. A ese abismo llegamos. Otra cosa, vamos a estar en la Asamblea, que nos detengan con esa denuncia. Aquí hay que solucionar el problema y pasa por la presidenta”, dijo a los medios.

Acción de protección

La presidenta del Legislativo presentó una acción de protección en contra de los miembros del CAL, a excepción de Nathalie Arias (BAN) y Yessenia Guamaní (ID) por presuntas irregularidades al momento de calificar la denuncia del asambleísta Torres en su contra.

El coordinador jurídico de la Asamblea, Santiago Salazar, expresó que las acciones planteadas por Llori son correctas. “La presidenta Llori presentó una acción de protección relacionado con el debido proceso y la seguridad jurídica. Ustedes han sido testigos que en las dos reuniones del CAL del miércoles 6 de abril y el lunes 11 se dieron violaciones al procedimiento”.

Sobre el caso de la denuncia de Toores dijo que “Firmó como Luis Esteban Torres Torres y en la Notaría declaró Luis Esteban Torres Cobo. Es inaudito y no procedente que un documento diga una cosa. No se cumplió con la ley”. MIB

La entrada Torres: “Para una conciliación la presidenta debe dar un paso al costado” se publicó primero en La Calle.

Asimismo, al ser un recurso presentado, en la Unidad Judicial de la Familia Niñez y Adolescencia, por el coordinador jurídico de la Asamblea, Santiago Salazar, se pidió que precise si él está actuando en representación de la Asamblea, como cuerpo colegiado, o de forma individual en representación de Guadalupe Llori.

“Una vez más se busca, desde la presidencia de la Asamblea Nacional, la injerencia de la Función Judicial, primero fue con las medidas cautelares, luego con una denuncia ante la Fiscalía y hoy como una acción de protección, a la que tuve acceso el día de hoy, en donde se pide que se deje sin efecto la resolución por la cual se calificó la denuncia y además se le obligó a la presidenta a que convoque a una sesión de la Asamblea Nacional”, dijo Esteban Torres, del Partido Social Cristiano (PSC).

Asimismo, informó que presentó una tercería coadyuvante para participar en esa acción Constitucional y defender la actuación del Consejo de Administración Legislativa. “Todavía no se nos ha convocado a la audiencia (…) ojalá sea pública para que sepan lo que ahí se discute, porque al menos nosotros vamos a hacer respetar las decisiones del Pleno, del CAL y de la Asamblea Nacional”, sostuvo Torres.

De igual forma, dijo que este martes se recogerán, nuevamente, firmas para una posible autoconvocatoria, en virtud de que no hay convocatorias al Pleno y que ya les comunicaron que la Asamblea se fumigaría el próximo jueves y viernes.

La entrada Llori debe aclarar a la justicia sus pretensiones y cuál es el supuesto derecho vulnerado se publicó primero en La Calle.

Los Isaías plantearon esta acción de protección con el objetivo de que esos bienes lleguen a manos de otras personas, cambien de nombre o sean parte de un contrato.

Este caso judicial se conoce 14 días después de que los hermanos interpusieran una demanda a tres instituciones del Estado por USD 2.000 millones. Los exbanqueros han sido procesados y sentenciados en el país por el delito de peculado. Residen en los Estados Unidos y fueron responsables de la crisis económica que terminó en la quiebra de Filanbanco durante el feriado bancario.

Otro proceso de acción de protección impuesto por los Isaías se mantiene en Pichincha. Las diligencias se retomaron en los últimos meses, pero todavía no hay una sentencia.

Demanda al Estado

En mayo del 2021, la Corte Constitucional declaró la inocencia de los hermanos Isaías por el delito de peculado. La sentencia no contempló la devolución de los bienes, por lo que los exbanqueros demandaron al Banco Central del Ecuador, la Superintendencia de Bancos y la Secretaría de Gestión Técnica Inmobiliar. La Procuraduría General del Estado tiene 30 días para responder a la demanda. MIB

La entrada Jueza niega acción de protección a los hermanos Isaías se publicó primero en La Calle.

Desde el hospital informaron que posiblemente se trata de una bacteria que, hasta ayer, no había sido identificada. Tampoco conocen cómo ingresaron en áreas que deben ser totalmente estériles.

Los familiares de los niños fallecidos piden esclarecer los hechos y revisar el historial clínico de sus hijos. Ellos demandan conocer la verdad, para determinar responsabilidades y que este trágico suceso no les ocurra a otras familias.

Esta mañana, el Ministerio de Salud (MSP) emitió un comunicado informando que, “pese a los esfuerzos del personal, dos niños fallecieron por su condición prematura y complicaciones clínicas”. Los otros cuatro, señalan, presentaron una infección por la bacteria Klebsiella Pneumoniae.

El documento señala también que se comprometen con los padres para esclarecer los hechos en su totalidad.

Problemas en la garantía de salud

A causa de la escasez de vacunas infantiles, el MSP enfrenta una acción de protección en su contra. En la resolución, la justicia insta a la entidad a emitir un informe completo de la magnitud real del desabastecimiento. Esta información deberá ser expuesta en la página web y redes del ministerio.

De igual forma, se ordena al MSP tomar medidas inmediatas y eficaces para subsanar la carestía de vacunas. “De no hacerlo se configuraría una grave violación a los derechos humanos esenciales y prioritarios de la salud de niñas, niños y adolescentes”, señala el documento legal.

El MSP tiene un plazo de 90 días para cumplir con estas disposiciones. Además, se dispuso a la Defensoría del Pueblo la vigilancia del debido proceso, a través de informes periódicos sobre el cumplimiento de la resolución.

La situación del IESS es similar. Los pacientes siguen padeciendo por el desabastecimiento de medicinas e incluso de reactivos para los exámenes más básicos. Además, el tiempo para conseguir una cita, con un médico especialista, sobrepasa los 6 meses.

La entrada Seis neonatos mueren en hospital de Ecuador. ¿Qué pasa con la salud pública? se publicó primero en La Calle.

Durante la audiencia que se instaló esta tarde, tanto los accionantes como la defensa presentaron sus argumentos. Once concejales, liderados por Santiago Guarderas, buscan la revocatoria de este recurso concedido por la jueza María Belén Domínguez a Yunda. El objetivo es que la remoción quede en firme.

Por su parte, los abogados de la defensa solicitaron rechazar este pedido y restituir a Yunda en el cargo de alcalde de Quito.

La acción de protección en cuestión dejó sin efecto el informe hecho por la Comisión de Mesa, lo que implicaría que Guarderas asumió el cargo de alcalde, aún cuando la decisión de revocatoria no había sido notificada de forma escrita.

Ademas, estaba abierta la posibilidad de presentar recursos de apelación, por parte de Yunda.

La entrada Corte Provincial resolverá sobre la acción de protección a Yunda, en los siguientes días se publicó primero en La Calle.

«La idea generar una acción de protección que impugne las exigencias impuestas por la carta de intención del FMI. Esta acción de protección promueve la privatización del Banco Central, lo que va en contra de Constitución. El artículo 88 de la Constitución viabiliza este pedido ciudadano», dijo Richard González, miembro de AJP.

El Ministerio de Finanzas planea enviar a la Asamblea la Reforma al Código Monetario y Financiero el próximo viernes 15 de enero de 2021. Esta reforma forma parte de los acuerdos con el FMI, que, a decir del colectivo, apuntan hacia la privatización de Banco Central, además de los ya sucedidos despidos y reducciones salariales.

El colectivo de Acción Jurídica Popular, en coincidencia con el Centro de Derechos Económicos Culturales y Sociales (CEDES) y el Observatorio de la Dolarización hacen un llamado a la defensa de los derechos constitucionales. Esta organización generó una plataforma para la recolección de firmas que respalden su acción. Quienes estén interesados en evitar la privatización del Banco Central del Ecuador deben ingresar aquí: NO A LA PRIVATIZACIÓN DEL BCE.

El lunes 11 de enero de 2021, el colectivo pretende enviar una demanda de Acción de Protección Al juez de Garantías Penales de Quito. Por ello, busca la mayor adhesión de ecuatorianos que quieran aportar con su firma en la demanda para continuar con la defensa de los derechos de los ciudadanos.

La entrada Colectivo recoge firmas para detener la privatización del Banco Central del Ecuador se publicó primero en La Calle.

La demanda también involucra a las empresas petroleras responsables del derrame de crudo el pasado 7 de abril.

“La acción planteada no cumple con lo que establece la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. La sola afirmación de que se está produciendo una violación a sus derechos no es suficiente elemento para el acceso a la vía constitucional”, sentenció el juez Oña.

Además, negó las medidas cautelares “al no haber justificado la gravedad como la inminencia de las vulneraciones de los derechos constitucionales, que son materia de la pretensión, y al no cumplirse con los requisitos”.

Sin embargo, la misma autoridad reconoció que “es innegable que se produjo un derrame de crudo por la ruptura de los oleoductos. Además,se que produjo un derrame de petróleo que ha originado afectaciones en las poblaciones de los ríos Coca y Napo”.

Los hechos

Las comunidades afectadas señalaron que desde abril los ríos están contaminados y no han podido acceder a agua y alimentos. Se presentaron también 60 pruebas documentales, 17 amicus curiae y declaraciones de expertos científicos.

El derrame de crudo afecta a 27 mil indígenas de 109 comunidades y se lo considera uno de los peores en los últimos 15 años.

La entrada Juez rechaza acción de protección para comunidades afectadas por el derrame de crudo se publicó primero en La Calle.