Palencia comentó, a través de su cuenta de X, que se comunicó con el comandante general de la Policía y solicitó que brinden ayuda de inmediato para la familia de Schettini. «La Policía está activada. Su angustia es nuestra», expresó.

Por su parte, AJP agradeció a la ministra por su intervención y solicitó a los uniformados que realicen rondas constantes en el sector.

«Reconocemos su humanidad y la protección brindada (…) pues el programa de víctimas y testigos no sirve (…) «, recalcó AJP.

Una noche llena de angustia

La integrante del colectivo alertó que los antisociales habrían ingresado a su casa, lugar donde se encontraba con sus tres hijos, y la Policía no respondía a los llamados. «La Policía no llega y ya son 20 minutos. Alguien ayúdenos», enfatizó.

Esta no es la única vez que la implicada denuncia este tipo de hechos. Según Schettini, ya presentó 12 denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y la autoridad a cargo no ha tomado acciones al respecto.

Todo es un caos

Schettini responsabilizó de los últimos hechos a la fiscal Salazar, y a la Policía. Además, recalcó que este sería el cuarto ataque que recibe y las autoridades no han ejecutado ninguna acción.

De la misma manera, aclaró para Radio La Calle, que la FGE sortea las denuncias interpuestas a diferentes jueces, pero ninguno ha dado respuesta. “Mi causa la conocen más de seis jueces, pero estamos igual”, manifestó.

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Sempértegui ya otorgó el audio de cuatro horas de la sesión del Honorable Consejo Universitario (HCU) al colectivo Acción Jurídica Popular (AJP), así lo confirmó Priscila Schettini a Radio La Calle. Comentó que ahora lo revisarán para corroborar la información que difundió el rector.

«Esto tomó fuerza en segunda instancia y ratificó que debían entregarnos el audio porque eso es algo público», dijo.

Recalcó que esta información debieron haberla entregado en el tiempo pertinente, pues transcurrieron más de dos meses y el proceso quedó en incertidumbre.

El pasado 14 de julio de 2023, AJP interpuso una demanda de acceso a la información contra la UCE por no entregar la información sobre la tesis de la fiscal. En este recurso solicitó audios, grabaciones, actas de la reunión en las que se discutió el tema y la votación -aprobada por la mayoría- para definir los «errores de la fiscal» como una «impericia».

El rector de la UCE se opuso a entregar el clip y mencionó que esta sería solo una «intención de ofender al HCU de manera pública». En ese momento, apeló la resolución y pidió al juez la prevención del uso legal y constitucional de la grabación.

«Este es un hecho gravísimo y sin precedentes en el país que solo somete a los miembros de esta mesa a injurias», dijo en La Hora.

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AJP mencionó que Cujilema solicitó medidas de protección a favor de Salazar y en contra de ellos. La Fiscalía habría insistido a la Policía Nacional que revise sus redes y sus contactos. Además, pidió a la comunidad de Twitter que los investigue. Sin embargo, los responsables de X le indicaron que su solicitud no es correcta.

«Este es un nuevo intento por silenciarnos. Acaso no saben que para investigar contactos deben tener autorización de un juez», expresó un miembro de AJP.

El colectivo denunció que lo están relacionando con grupos delictivos que habrían amenazado a la Fiscal meses atrás. «Se basaron en un video de Youtube para iniciar. Todo es completamente falso», expresó Richard González, integrante de la organización.

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La tarde de este 27 de julio se realizó la audiencia acción a la información pública interpuesta por el colectivo contra la UCE, en el Complejo Judicial Norte. Anteriormente, Priscila Schettini, esposa del exdefensor del Pueblo y miembro de AJP, indicó que la resolución con la que los notificaron, no tenía firma, por lo que carecería de validez.

Ahora, los jueces ordenaron que se entregue el audio de la sesión del Consejo Universitario del 28 de junio en donde se resolvió la que existía una impericia en la tesis académica de Salazar. De igual manera, deberán emitir el acta y la resolución certificada.

»En esta audiencia el decano de la Facultad de Derecho de la UCE ha comparecido ejerciendo la abogacía sin estar facultado para hacerlo», dijo uno de los integrantes de AJP.

Por otro lado, según el colectivo, se tenía previsto que Salazar acuda a la audiencia, sin embargo, no asistió.

El meollo del asunto

 La Universidad Central del Ecuador (UCE) calificó de “impericia” y “omisiones inintencionadas” los errores identificados en la tesis de pregado de Salazar. El “Honorable” Consejo Universitario (HCU) hizo público el informe y resolvió la verificabilidad de la ex estudiante en las técnicas de citación.

El HCU minimizó con el eufemismo de “impericia” en las técnicas de citación y hace referencia a que existen algunos párrafos que no tienen parafraseo o citas. Sin embargo, sus autores constan en la lista bibliográfica final y podría ser considerado presunto plagio, que el Consejo desestimó como tal. (A.G.M).

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Priscila Schettini, esposa del exdefensor del Pueblo y miembro de AJP, indicó que la resolución con la que los notificaron, no tiene firma, por lo que carecería de validez.

Además, solicitaron que el audio, grabación, actas de la reunión en la que se discutió la situación y votación con la que se aprobó la supuesta impericia de la fiscal.

«No conocemos que dice el informe, las votaciones o las menciones que se hicieron a la solicitud de plagio», apuntó Angélica Porras, integrante de AJP.

Según Porras, el rector de la UCE señaló que esa decisión la tomaron por unanimidad, por lo que piden el informe de las personas que asistieron a la reunión.

No es la primera vez

El pasado 13 de junio, el colectivo interpuso otra demanda por la falta de entrega de la documentación del caso. Habían transcurrido 19 días y el rector de la universidad, Fernando Sempértegui, no se había pronunciado al respecto.

Las Las autoridades demandadas fueron: el rector; el procurador general de la UCE, Marcelo Acosta Cerón; y el procurador general del Estado, Juan Carlos Larrea.

El meollo del asunto

 La Universidad Central del Ecuador (UCE) calificó de “impericia” y “omisiones inintencionadas” los errores identificados en la tesis de pregado de Salazar. El “Honorable” Consejo Universitario (HCU) hizo público el informe y resolvió la verificabilidad de la ex estudiante en las técnicas de citación.

El HCU minimizó con el eufemismo de “impericia” en las técnicas de citación y hace referencia a que existen algunos párrafos que no tienen parafraseo o citas. Sin embargo, sus autores constan en la lista bibliográfica final y podría ser considerado presunto plagio, que el Consejo desestimó como tal. (N.J.C)

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«Ganamos acción constitucional», es lo que posteó AJP tras la negativa de la UCE para entregar la tesis completa de la funcionaria. Priscila Schettini, miembro del colectivo, dijo para Radio La Calle, que aún no entienden por qué la Universidad no quiere entregar el documento completo.

Asimismo, aseguró que la medida debe ser acatada por el rector, y caso contrario sería desacatar la ley. Schettini dijo que es necesaria la copia certificada para que el colectivo pueda seguir con los procedimientos judiciales; asimismo para que la veeduría internacional pueda pronunciarse.

AJP invita a cualquier persona que quiera comprobar el presunto plagio a revisar el repositorio de la UCE y busque el trabajo de la fiscal. «En la audiencia que se realizó en el Cpccs se verificó que hay más de 98 párrafos que fueron copiados y están sin fuente», comentó.

Sin embargo, en el comunicado que emitió la UCE se refirió a que la dueña del trabajo de grado era Lady Diana Salazar Méndez. Además, se explicó que el caso de la fiscal era una «impericia», es decir, falta de capacidad o conocimiento.

De la misma manera, Sempértegui justificó los «errores de citación«, en entrevistas. «Se trata del primer trabajo de una joven alumna que no dominaba las técnicas de citación», sostuvo para Ecuavisa y Sonorama. (DCJ)

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Para la máxima autoridad del Cpccs, los consejeros realizaron una «exhaustiva investigación», que dio como resultado, que la fiscal es responsable de varias acusaciones. Salazar fue investigada por los presuntos delitos de tráfico de influencias, plagio en trabajos académicos y otros.

Entre las resoluciones está la notificación al fiscal subrogante para que realice las respectivas investigaciones y revise las denuncias. Asimismo, se informará a autoridades de control como el Consejo de la Judicatura (CJ), la Contraloria General del Estado (CGE) y Universidades para que se generen las distintas responsabilidades.

«Estamos luchando contra de la corrupción y no vamos a permitir la impunidad. Esta resolución busca asegurar un control adecuado y fomentar la transparencia en las instituciones públicas», expresó Vera.

Presunto fraude procesal

El 29 de junio, Alembert Vera, acusó a la FGE de un posible fraude procesal en la indagación que inició contra los siete consejeros. Los miembros del Cpccs fueron denunciados por presuntas irregularidades en el concurso para la designación de la máxima autoridad de la institución, el 18 de junio.

Sin embargo, cuando el funcionario revisó el expediente de investigación encontró una hoja en blanco foliada, de inmediato comunicaron al ECU 911, a través de la Coordinación General de Asesoría del Consejo, de este asunto que podría resultar en fraude procesal.

Supuesto tráfico de influencias

El 30 de junio, el Cpccs recomendó que se investigue a la fiscal por un posible tráfico de influencias, debido a una segunda denuncia de plagio en un artículo científico. Este archivo fue publicado en la revista «Derecho Penal Central», en agosto de 2021, cuando la funcionaria ya trabajaba en la FGE.

En este presunto delito estaría involucrado el servidor de la FGE, Diego Ramiro Rodríguez. De acuerdo con las investigaciones, Salazar habría copiado algunos párrafos de un documento de Rodríguez y este habría ascendido de puesto de forma progresiva.

“Se considera que hay la posibilidad de que la Fiscalía haya ejercido influencia en ese funcionario”, detallaba el comunicado.

Denuncia por plagio de tesis

El colectivo Acción Jurídica Popular (AJP) solicitó a la CJ la suspensión y destitución de la fiscal general, Diana Salazar, por presunto plagio en su tesis de pregrado. Esta denuncia se presentó el 22 de mayo de 2023.

Según los denunciantes, la tesis académica que le otorgó a Salazar el título de abogada tendría un 40 % de plagio. Como principales acciones se presentaron tres denuncias en el CJ, en el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) y en la Universidad Central del Ecuador (UCE). (DCJ)

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Verduga, en entrevista con Radio La Calle, cuestionó que los académicos del país no hayan reaccionado al «documento burdo» que entregó la universidad. Recalcó que la definición de plagio está claramente definida y la intentaron sustituir con otros términos.

El consejero aseguró que en la audiencia pública, a la que no se presentó Salazar, identificaron que la tesis de la fiscal tenía más de 37 mil palabras idénticas a la de otros autores.

Otra investigación

Además, Verduga detalló que Acción Jurídica Popular (AJP) presentó otra denuncia de otro supuesto plagio en un artículo científico publicado en la Revista Académica Central. Según el colectivo, el documento tendría un 25 % de plagio, pero en esta ocasión a uno de los trabajadores de la Fiscalía General del Estado (FGE), identificado como Diego Rodríguez Villamarín.

Según la indagación, la víctima ingreso a la entidad de control en 2021 y desde 2021, año en que se publicó el artículo, tuvo ascensos progresivos. Las autoridades suponen que la fiscal pudo influir en el trabajador luego del hecho denunciado.

«Como Consejo no tenemos la capacidad para destituir como lo mencionaron otros medio, pero tenemos la atribución de atender un oficio ciudadano. Enviamos la documentación necesaria a las autoridades correspondientes para que se sancione», refirió.

Verduga explicó que en esta investigación debería aumentarse otra investigación por el presunto delito de perjurio. Salazar habría jurado que toda la documentación anexada en su carpeta era de su autoría, pero las indagaciones muestran algo diferente.

Finalmente, enfatizó que el Cpccs no el teme a las supuestas amenazas que realiza la fiscal con abrir otra indagación. «Estamos actuando bajo el amparo de la ley y el derecho nos respalda», dijo.

El artículo

AJP denunció otro supuesto plagio a la fiscal en un artículo científico que fue publicado en la revista “Derecho Penal Central” en agosto de 2021. AJP encontró que un 15% del plagio es procedente de una tesis del año 2020 que le pertenece a una estudiante de la Universidad Politécnica Nacional. Además, la tutora de este trabajo sería la hermana de la fiscal, Yasmín Salazar Méndez.

Angélica Porras, docente universitaria e integrante de la AJP, explicó que el resumen que se pone en el inicio de un artículo debe referirse al contenido del mismo. Sin embargo, el artículo de la fiscal “no tiene nada que ver con el resúmen puesto“.

“No es posible que haya acdémicos que salgan a decir que no importa que la fiscal haya copiado en 2005, bueno también copió en 2021″. De la misma manera, Porras aclaró que en su experiencia como docente ese “tipo de errores” no pueden pasar. (N.J.C)

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«Vamos a ver qué dice la Comisión Internacional cuando revise con criterios serios la tesis de la señora Fiscal», advirtió Angélica Porras.

Ante la resolución de la UCE, el colectivo se pronunció e interpretó que el tribunal académico sí reconoció el plagio en la tesis de pregrado de la Fiscal y que citó varios textos sin citar, Sin embargo, lo llamaron impericia, lo cual significa una imprudencia profesional, según la Real Academia Española (RAE)

»Esta resolución de la UCE es una vergüenza y manda al trasto de la basura los esfuerzos de la Academia», resaltó.

Resolución de la UCE

La Universidad Central del Ecuador (UCE) calificó de “impericia” y “omisiones inintencionadas” los errores identificados en la tesis de pregado de la fiscal general del Estado, Diana Salazar. El “Honorable” Consejo Universitario (HCU) hizo público el informe y resolvió la verificabilidad de la ex estudiante en las técnicas de citación.

Un poco más de un mes le tomó a la UCE emitir un informe, luego de polémicas como la no presentación a comparecencia y respuesta de su rector ante el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), también presiones en redes sociales que ubicaron a la misma como tendencia. (A.G.M).

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La defensa de Salazar manifestó que dentro de su análisis han contemplado acciones en dos escenarios, uno en el campo penal y otro en el campo civil. Respecto a las demandas indicó que posiblemente se enfoquen en tres causales, calumnia, violencia psicológica y una contravención.

Hasta el momento señaló que esperan el informe de la Universidad Central sobre la evaluación realizada a la tesis de Salazar. »Si el informe sale positivo hacia la fiscal Diana Salazar, que considero que así tiene que ser, nosotros ya miraremos el camino en materia penal», dijo en entrevista a Sonorama.

Más filtros

El caso por el supuesto plagio de tesis de la fiscal General, Diana Salazar también será revisado por tres juristas que la Veeduría Internacional, “Transparencia Académica” designó.

Según, la integrante de Acción Popular Jurídica (AJP) y esposa del exdefensor del Pueblo, Freddy Carrión, Priscila Schettini »aunque en el país, la Universidad Central del Ecuador y los académicos guarden silencio, hay instancias internacionales que se toman con seriedad el caso».

Fernando Flores Giménez, Juan Carlos Carbonell Mateu y Marco Aparicio Wilhelmi llevarán el caso del presunto plagio de tesis de pregrado de la funcionaria. Los expertos tienen una larga trayectoria y experiencia académica, por lo que AJP espera que la resolución sea con rigurosidad y objetividad. (A.G.M).

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Se trata de los doctores César Muñoz, docente titular y director de la carrera de Derecho; Holger Canseco, docente titular de la carrera de Derecho; y Franklin Vásquez, docente titular y coordinador de la Unidad de Titulación de la carrera de Derecho, de acuerdo con Radio Pichincha.

El pasado 13 de junio, Acción Jurídica Popular hizo pública una demanda constitucional de acceso a la información pública en contra de las autoridades de la Universidad Central sobre los nombres de los integrantes del Comité. La información se solicitó desde el 29 de mayo, pero no hubo respuesta.

Además, solicitaron copias del acta en la que consta su nombramiento y del Reglamento de Infracciones de los Estudiantes, que entre el año 2004 y 2006 prevé el procedimiento y sanciones contempladas para el plagio. Adicionalmente, una copia certificada de la tesis de grado de la fiscal Salazar.

Los nombres de los abogados que investigarán el supuesto plagio fueron nombrados por el Consejo Directivo de la Unidad Académica, en sesión ordinaria Nro. 6 -del 31 de mayo al 1 junio de 2023- que emitió la Resolución Nro. UCE-FJCPS-SA-2023-0047-R. (MIB)

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«Reiteramos nuestro rechazo a cualquier violencia o amenaza contra las instituciones y sus representantes, y nuestro apego al respeto a las instituciones del Estado y al Estado de derecho”, dijo Fitzpatrick ante las intimidaciones a Salazar.

La mañana del 2 de junio la Fiscal mantuvo una reunión con los representantes de esta embajada, sin embargo, no se detallaron los puntos tratados en este encuentro.

Por otro lado, la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), del Comité Empresarial Ecuatoriano, incluso, del exasambleísta por Pachakutik, Salvador Quishpe.

»Estamos seguros que no se detendrá en la investigación en los casos sobornos, sobre precios y venta anticipada de petróleo en el Gobierno de la Revolución Ciudadana», resaltó Quishpe.

¿Cómo avanza el caso de Salazar?

Los miembros del colectivo de Acción Jurídica Popular, presentaron al Cpccs en una audiencia pública las pruebas del supuesto plagio de Salazar en una tesis académica. En la sesión, leyeron uno a uno los textos que la fiscal habría tomado de nueve autores en total y no tendrían ninguna cita ni referencia en el pie de página.

Al finalizar su exposición, el colectivo reclamó que solo tres de los siete consejeros estuvieron presentes en la sesión. De igual manera, Salazar no acudió, pues señaló que el Cpccs no tiene ningún rol fiscalizador como el que tenía la Asamblea Nacional.

Ahora el caso pasará a manos de la Secretaría Técnica Anticorrupción del Cpccs para que se emita un informe de la investigación realizada y se socialicen los resultados en el Pleno del organismo.

La secretaria técnica Mariángel Muñoz aclaró que hasta ahí llegan su competencias como Consejo, ya que los funcionarios no tienen las potestad de destituir a ninguna autoridad. (A.G.M)

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El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) determinó que el trabajo de grado de Salazar tenía más del 40% de plagio. El abogado Richard Gonzáles pidió a la entidad una investigación por posible fraude procesal.

Asimismo, el Cpccs anunció que iniciará una investigación en contra de la fiscal. La funcionaria fue denunciada por Acción Jurídica Popular (AJP) por presunto plagio en su tesis de pregrado y en un artículo científico que publicó.

Según, los simpatizantes de Salazar, hoy era una «jornada de respaldo» a la gestión y liderazgo de la fiscal. Además, estuvieron «líderes y lideresas afroecuatorianos» para rechazar todo tipo de violencia política, racismo y odio racial.

La audiencia

La audiencia que se llevó a cabo en el Cpccs duró dos días. En el primero, se leyó de forma conjunta la tesis de la fiscal con la que se supone que copió. En ese momento, se precisó que solo dos o tres palabras habían sido cambiadas.

De la misma manera, se supone que el documento debía estar registrado en 2005 porque ahí la fiscal se graduó como abogada. Sin embargo, en el repositorio de la Universidad Central del Ecuador está subido el 18 de abril de 2023.

En el segundo día, el Cpccs confirmó el plagio de tesis contra la fiscal. «Hoy pudimos demostrar a todos y todas, que existe MÁS de 40% de PLAGIO en la Tesis de la Fiscal General, con pruebas contundentes», manifestó Priscila Schettini.

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«La fiscal general no solo ha plagiado cuando era estudiante en su tesis universitaria, sino que ahora también denunciamos su nuevo plagio como autoridad«, manifestó Priscila Schettini. El escrito de la fiscal tiene más del 25% de plagio, según la AJP.

AJP encontró que un 15% del plagio es procedente de una tesis del año 2020 que le pertenece a una estudiante de la Universidad Politécnica Nacional. Además, la tutora de este trabajo sería la hermana de la fiscal, Yasmín Salazar Méndez.

El escrito de Salazar tiene el título de:»El fenómeno de la corrupción y su repercusión en el Estado moderno» y fue editado por Ramiro García Falconí.

El artículo

Angélica Porras, docente universitaria e integrante de la AJP, explicó que el resumen que se pone en el inicio de un artículo debe referirse al contenido del mismo. Sin embargo, el artículo de la fiscal «no tiene nada que ver con el resúmen puesto«.

«No es posible que haya acdémicos que salgan a decir que no importa que la fiscal haya copiado en 2005, bueno también copió en 2021″. De la misma manera, Porras aclaró que en su experiencia como docente ese «tipo de errores» no pueden pasar.

«Aquí hay responsabilidad de la fiscal, pero también hay responsabilidad del editor de la revista y de la Universidad Central», dijo. Asimismo, cuestionó el nivel de imparcialidad que se va a tener en la comisión que se forme para investigar el plagio de la tesis de la fiscal general.

«En los países en los que la academia se hace respetar, por ética, un fiscal en la situación de la señora Diana Salazar, habría renunciado«, comentó la docente para terminar su intervención.

¿Qué dice la fiscal?

La fiscal, Diana Salazar expresó que «todo tiene límite» y que como funcionaria esta expuesta a «comentarios maliciosos». No obstante, recriminó la denuncia de AJP porque «se meten con su familia» y eso es algo que no va a permitir.

«Que no digan –como ya es su costumbre– que se trata de una persecución, cuando he soportado todos sus disparates», resaltó.(DCJ)

La entrada Otra denuncia de plagio contra la fiscal Diana Salazar se publicó primero en La Calle.

En dichas páginas, hay, según el análisis, textos completos sin cita o referencia alguna, usando incluso textos que no están en la web. La denuncia se presentó con un informe de más de 170 hojas con todos los hallazgos encontrados para que se analicen y apliquen las sanciones que correspondan, explica un hilo del defensor de DDHH, Cristhian Bahamonde.

El rector de la Universidad Central del Ecuador (UCE), Fernando Sampértegui, dispuso la integración de una comisión de “auditoría académica” para investigar el supuesto plagio de al menos un 40% de la tesis de pregrado de la fiscal general, Diana Salazar.

Sampértegui realizó este anuncio dos días después de que el colectivo jurídico Acción Jurídica Popular pidió que se le abra un expediente y se le revoque el título de abogada a esta autoridad de control.

El colectivo pidió a la UCE los nombres de los miembros de la Comisión de Auditoría Académica que analizará el supuesto plagio y la autoridad que designó este comité. De la misma manera, se pretende la entrega de la acta de sesión en la que se decidió los integrantes de este grupo.

El colectivo también solicitó una fotocopia del Reglamento de Infracciones de los estudiantes que estuvo vigente entre 2004 y 2006. Este pedido es para conocer cuál es el procedimiento y sanciones en caso de plagio.

La entrada UJP encontró plagio en 37 páginas de la tesis de Salazar se publicó primero en La Calle.

El Consejo de la Judicatura (CJ) envió un examen de admisibilidad del expediente disciplinario a la fiscal. A lo que la Fiscalía General del Estado (FGE) indicó que esta nueva disputa respondería al supuesto delito de arrogación de funciones.

En este conflicto, abogados como André Benavides, Lolo Miño y Gonzalo Muñoz aseguraron que la FGE no está bajo el control del CJ, por lo que dicha medida carecería de valor.

Según ellos, la fiscal solo puede ser destituida a través de un juicio político en la Asamblea Nacional. Benavides señaló que el artículo 131 de la Constitución del Ecuador y el 290 detallan que la renuncia o cesura de Salazar tendría que pasar el filtro del Legislativo.

Asimismo, Muñoz enfatizó que la solicitud de suspensión a la Fiscal y el expediente que abrieron en su contra no le corresponde al CJ.

«Cualquier decisión que adopten los vocales en ese sentido constituye delito de arrogación de funciones», señaló Muñoz.

Otra versión

Sin embargo, los artículos 178 y 182 de la Constitución indican que el CJ es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial. Además, menciona que es su deber iniciar acciones administrativas en contra de servidores judiciales que incumplan o fragmenten la ley.

«Se realizará el análisis de admisibilidad para determinar si las acciones de Salazar son ejercidas de manera oportuna o si la denuncia (de Acción Jurídica Popular sobre el supuesto plagio de la tesis de Salazar) cumple o no con los requisitos», detalla un informe del subdirector de Control Disciplinario del CJ.

De la misma manera, la esposa del exdefensor del Pueblo, Freddy Carrión, Priscila Schettini mencionó que la servidora confunde las sanciones políticas con las disciplinarias. En está última, el Consejo tiene la potestad de investigarla por el presunto plagia de su tesis.

¿Se iba o no?

El CJ pretendía resolver la suspensión de la fiscal en una reunión la noche del 29 de mayo. No obstante, no completó el cuórum para decidir. A la sesión solo acudió el presidente Wilman Terán y el vocal Fausto Murillo. Mientras que  los vocales Juan Morillo, Ruth Barreno y Xavier Muñoz no acudieron. 

La fiscal general, Diana Salazar, tiene una denuncia por presunto plagio de tesis en su pregrado. En el caso de que se compruebe el plagio podría de ser destituida de su cargo. (N.J.C)

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Además, en el escrito se pide los nombres de los miembros de la Comisión de Auditoría Académica que analizará el supuesto plagio y la autoridad que designó este comité. De la misma manera, se pretende la entrega de la acta de sesión en la que se decidió los integrantes de este grupo.

El colectivo también solicitó una fotocopia del Reglamento de Infracciones de los estudiantes que estuvo vigente entre 2004 y 2006. Este pedido es para conocer cuál es el procedimiento y sanciones en caso de plagio.

En el literal seis, se reza que se confiera una fotocopia certificada de la tesis de grado de la Fiscal General del Estado, Lady Diana Salazar Méndez». El título de su trabajo de grado fue «El tráfico ilegal de migrantes, coyoterismo en la legislación ecuatoriana».

Finalmente, cuestionaron el grado de consanguinidad del rector de la UCE, Fernando Sempértegui, con Luis Eduardo Sempértegui San Lucas y Ricardo Alberto Sempértegui Sánchez. Estos últimos son servidores de la Fiscalía General del Estado (FGE). Según AJP, este último pedido es vital para conocer el nivel de relevancia en la denuncia que han presentado.

La solicitud fue dirigida al rector de la UCE, y a los miembros de Consejo Universitario. Asimismo, se consideró al decano de la Facultad de Jurisprudencia, José Luis Terán.

La denuncia

El 22 de mayo, Acción Jurídica Popular solicitó al Consejo de la Judicatura (CJ) la suspensión y destitución de la fiscal general, Diana Salazar, por presunto plagio en su tesis de pregrado.

Según los denunciantes, la tesis académica que le otorgó a Salazar el título de abogada tendría un 40 % de plagio. Como principales acciones se presentaron tres denuncias en el CJ, en el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) y en la Universidad Central del Ecuador (UCE).

”La señora fiscal Diana Salazar señaló que las denuncias que hemos realizado por el plagio de su tesis eran difamaciones”, manifestó la activista social Priscila Schettini en un tuit.

El Consejo de la Judicatura se reunirá esta noche para tratar el informe que concluye la suspensión de la fiscal Diana Salazar. (DCJ)

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Según los denunciantes, la tesis académica que le otorgó a Salazar el título de abogada tendría un 40 % de plagio. Como principales acciones se presentaron tres denuncias en el CJ, en el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) y en la Universidad Central del Ecuador (UCE).

»La señora fiscal Diana Salazar señaló que las denuncias que hemos realizado por el plagio de su tesis eran difamaciones», dijo la activista social Priscila Schettini en un tuit.

Acciones

Además de la destitución de Salazar con 400 hojas de respaldo, el colectivo solicitó a la UCE que se abra un expediente de investigación a la tesis académica de Salazar, la cual obtuvo una calificación de 9/10. Como consecuencia, piden que se le revoque su título profesional y para la evidencia presentaron 170 fojas de información.

Por otro lado, solicitaron al Cpccs una audiencia pública para exponer sus hallazgos, a esta convocatoria tendría que acudir la funcionaria acusada, quien con este antecedente habría entregado información falsa en el concurso con el que fue designada.

»Si bien la Corte Constitucional (CC) determinó que los actos del Consejo Transitorio no podían ser revisados por mecanismos ordinarios, esto no le da a la Fiscal General inmunidad, pues puede ser responsable por sus actuaciones», dijo el miembro de AJP, Santiago Machuca.

Diana Salazar y el lío con el Cpccs

El 19 de mayo la Fiscalía General del Estado (FGE) denunció al Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) por presuntas irregularidades en el concurso para la designación de la máxima autoridad de la institución.

”Este hecho es parte de una serie de acciones con las que personas inescrupulosas intentan impedir la permanencia de la Dra. Diana Salazar en sus funciones” dicta un comunicado público.

El FGE manifestó su rechazo al supuesto intento de alterar o borrar los archivos que respaldan dicho concurso. Además, se resaltó que existe un afán por generar desinformación para desprestigiar el trabajo que ha venido desempeñando Salazar.

De igual manera, la institución aclaró de manera enfática que la titular fue elegida legalmente por el Cpccs transitorio del 2019, mediante un concurso público de méritos y oposición. Ante esta situación, Fiscalía abrió una indagación contra los siete nuevos consejeros.

Réplica

El 15 de mayo la Fiscal General rechazó públicamente estas acusaciones que ya venían rondando por redes sociales. »No son más que que nuevos intentos de manchar casos sentenciados y así conseguir impunidad», dijo en un tuit.

Adjuntó el resultado de la prueba antiplagio a un párrafo de su trabajo, según el informe tendría un 5 % de similitud con versiones de internet. Sin embargo, Schettini argumentó que el párrafo que copió tiene un 17 %. (A.G.M).

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Carillo, en una entrevista con Teleamazonas, explicó que las investigaciones sobre la desaparición de María Belén se mantienen en curso. Además, informó que el presunto culpable fue sometido a la administración judicial y rindió su versión. Sin embargo, en ese momento no se encontró ninguna medida precautelar en su contra.

“Se organizaron diferentes bloques de búsqueda para localizar a la persona desaparecida y al teniente Cáceres, que en estos momentos se encuentra prófugo de la justicia”, manifestó Carillo.

Hasta el momento, se han tomado registro de todas las entradas y salidas de la escuela. A más de ampliar las versiones de las personas que se encontraban en el lugar para vigilar los protocolos de bioseguridad.

“No se registra la salida de María Belén, pero sí de un automóvil con vidrios polarizados que conducía su esposo. A este no se le hizo un registro, por lo que no se percataron si su esposa salía o no allí”, indicó el Ministro.

Pese a que hasta ahora no se han evidenciado resultados en esta investigación, el legislador destacó que en este proceso se encuentran articuladas diferentes instituciones l Fiscalía General, Policía Científica, Medicina Legal, Criminalística y el mejor equipo de la Policía Nacional para dar con el paradero de las dos personas.

PRONUNCIAMIENTO DE LA ASOCIACIÓN DE ABOGADAS FEMINISTAS DEL ECUADOR (AAFE)

La AAFE a través de un comunicado incitaron al Estado actuar de manera oportuna y firme ante la desaparición de María Belén. Además de entregar su apoyo como Abogadas Feministas del país.

PETICIONES DE LA ACCIÓN JURÍDICA POPULAR

La Acción Jurídica Popular clamó repuestas a la Policía Nacional por la desaparición de María Bernal desde el 11 de septiembre.

“El señor Carillo dice que no va a tolerar ninguna acción irracional, tome entonces acciones directas y haga las investigaciones correspondientes”, declararon miembros de la Acción Jurídica Popular.

Además, exigieron la participación e investigación por parte de la Fiscalía General del Estado con todos los mecanismos que la ley le permita para que se realice una indagación rápida y profesional.

“Nos unimos por justicia para María Belén, seguiremos peleando, esclareciendo este tema hasta que aparezca nuestra amiga y compañera”, enfatizaron las representantes de la institución.

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