La Asamblea Nacional configuró el concepto de acoso laboral en el país y no solo lo encasilla a una agresión física. Ahora la ley configura los estándares de acoso laboral en todas las modalidades de trabajo.

La normativa establece que la »violencia y el acoso en materia laboral se refiere a todo tipo de comportamientos y prácticas inaceptables, incluidas las amenazas, reconocidas en la Constitución (…) que pueden resultar en un daño físico, psicológico, sexual, económico, político, simbólico o digital en contra de una persona trabajadora».

Las claves del acoso laboral

• Será sancionado el irrespeto al tiempo de descanso, permisos y vacaciones del trabajador tanto en el ámbito presencial como en el teletrabajo.
• El empleado tiene derecho a la desconexión digital, es decir, el empleador no podrá llamar ni pedirle que esté pendiente del teléfono fuera del horario laboral.
• El empleador no podrá cambiar las responsabilidades del trabajador sin una consulta y autorización previa ya que constituye violencia psicológica y patrimonial.
• El empleador no podrá presionar al trabajador y provocar su marginación, renuncia o abandono del puesto por diferencias personales.

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«De forma denigrante y deliberada sin contar con sustento se solicitó se dé por terminado mi contrato, desvinculación que fue producto del Acoso Laboral que recibí», detalla el documento.

De acuerdo a las declaraciones de la víctima, sufrió ese trato deplorable desde abril de 2023, cuando inició sus actividades laborales en la institución. Emilia comenta que el implicado se refería con términos vulgares, groseros e irrespetuosos hacia las mujeres del área.

«Gordo, no pierdas el tiempo, ésta compró el título (…) tonta, idiota, loca, ahora entiendo por qué el papá de su hijo la dejó», fueron algunos insultos que recibió Emilia.

La mujer comenta que la noche del 21 de enero, el ahora director, David N., (quien además es mejor amigo de Roberto A.) le informó -a través de un mensaje de WhatsApp- sobre su desvinculación de la entidad. Esto ocurrió, pese a que días atrás se había renovado su contrato.

Además, alegó que este despido se debe al reclamo que realizó en varias ocasiones por el acoso que recibía. De la misma manera, indicó que no se efectuó el debido proceso en este caso ni se respetó los derechos como funcionaria pública. Hasta el momento, no ha recibido una respuesta por parte de la entidad y continúa con su proceso legal.

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«Antes de esta denuncia pública, yo frente a Ana A., Verónica C, que Jorge C., me estaba acosando y hostigando en el trabajo -Wambra, medio comunitario- y que eso estaba mermando mi salud mental, física y mi rendimiento en el trabajo. Pero no fue lo único que denuncié, hablé de cómo Jorge trataba a las compañeras del espacio. Los gritos, los comentarios en relación al trabajo como: «al que no le guste se puede ir» y varias cosas más. Frente a esto, Ana A y Verónica C., no dijeron mayor cosa y al final se comprometieron a trabajar para cambiar el ambiente de trabajo, sin embargo, no fue así», escribió Mishell en su cuenta de Twitter.

Agregó que «al principio me arrepentí de haber denunciado porque la violencia se intensificó, fue tanto que termine en terapia psicológica, misma que dejé porque me despidieron».

No fue el primer enfrentamiento agresivo que tuvo con Jorge C., que en una ocasión la detuvo en las escaleras y de forma amenazante le dijo que no hablara de las horas extras y que debía hacer el trabajo aunque «me llamaran a trabajar los fines de semana».

Respuesta de Wambra Radio Comunitario

Radio La Calle se comunicó con Ana Acosta del medio en cuestión e informó que el comunicado oficial sobre este asunto estaría listo cuando todo el equipo se sienta bien. El grupo está realizando un proceso de acompañamiento emocional.

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En una entrevista para radio La Calle, la abogada especialista en Derechos Humanos (DD. HH) resalta que este tipo de delitos está naturalizado al punto de volverse imperceptible. En su mayoría, los trabajadores confunden tal agresión como un chiste de mal gusto. En otras instancias, las víctimas prefieren no denunciar el hecho por temor a represalias como despidos intempestivos.

“Vemos que no hay ningún control, prevención o protección en derechos a la integridad física o psicológica en los trabajadores”, asegura la experta en DD.HH.

En realidad, desde el 2017, si existen normativas y garantías constitucionales que el Gobierno ofrece para tratar dichos casos, aunque no se pongan en escena ni se usen. “El Ministerio de Trabajo hace poco por proteger a las personas, las denuncias llegan y quedan en su gaveta”, concluye.

Según el Ministerio del Trabajo, en 2021 se registró un promedio de 2 a 24 denuncias de acoso laboral al mes. En todo el año, hubo más de 251 denuncias registradas. Los datos para el año 2022 aún no han sido liberadas.

Último caso en Ambato

Un caso mediático sucedió hace tres días, cuando un médico internista de 28 años del Hospital de Ambato Fabricio López se quitó la vida por el acoso laboral que recibía puertas adentro de la institución de salud. Durante días, el mismo médico y sus compañeros aseguran haber pedido ayuda para frenar el maltrato laboral que ocurría. Sin embargo, no fue tratado como un tema de relevancia para los entes encargados.

¿Cómo identificar cuando hay acoso laboral?

Paulina Mogrovejo asegura que los delitos de acoso laboral provienen de algún tipo de discriminación debido a una característica puntual. Entre ellas, pueden intervenir situaciones de género, labor, orientación sexual, lugar de origen, religión, línea política, etnia, entre otros.  Aun así, para la experta, nada de esto tiene justificación alguna.

“Nosotros como sujetos y los movimientos sociales debemos evitar a toda costa estas prácticas, quitarnos el miedo de perder el empleo y denunciarlas con la relevancia pertinente”, manifestó.

El perfil de un agresor puede variar en distintas situaciones. A veces, la persona puede parecer estar del lado de los derechos de las personas, incluso pertenecer a un movimiento social. Aunque en la vida privada hagan totalmente lo contrario. (J.P.C)

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Quito, 15 oct (La Calle).-  Las denuncias por acoso laboral son registradas en un 61% por mujeres. Sin embargo, un gran número de mujeres teme denunciar por miedo a perder su empleo.

Juliana (nombre protegido), se desempeñaba  como vendedora de cobertura en una empresa de venta en productos de consumo masivo. Ella sufrió de acoso laboral por parte de su supervisor de ventas. Ella comentó que el supervisor expresaba comentarios sexistas y miradas lascivas hacia las trabajadoras. Juliana dice que uno de los comentarios fue “Ando con calor y tengo mucha leche”.

Juliana comenta que estas situaciones llegaron a oídos de los dueños de la empresa y realizaron investigaciones. Sin embargo, durante las investigaciones sus compañeras de trabajo negaron los hechos. Solo ella y una compañera expresaron su inconformidad, pero eran 2 declaraciones contra 20 negaciones.

¿Qué dice el código del trabajo sobre el acoso laboral?

El artículo 42 numeral 36 establece que son obligaciones del empleador: Implementar programas de capacitación y políticas orientadas a identificar las distintas modalidades del acoso laboral, para prevenir el cometimiento de toda forma de discriminación, hostigamiento, intimidación y perturbación que se pudiera generar en la relación laboral con los trabajadores.

Según indicó Alejandro Corredor, coordinador de capacitación de AHK señaló que toda empresa debe tener políticas internas que se deben difundir entre los empleados.

Además, señaló que no se realizan denuncias por miedo a las repercusiones que puedan traer estás. Corredor indicó que existen 167 denuncias, de las cuales 106 han sido resueltas a través del Ministerio del Trabajado.

No existen normativas en las empresas

Juliana expresó que dentro de su empresa no existía una normativa para proceder en caso de acoso laboral. Juliana ya no es parte de esta empresa, pero conoce que el supervisor de ventas fue suspendido de sus laborales durante varios días. Sin embargo, luego de esta sanción retomó sus labores con normalidad. Al momento la empresa está en busca de un supervisor que lo reemplace.

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“Este tema de vulneración de derechos empezó desde el 20 de junio de 2019, mientras me encontraba haciendo uso de mi derecho y licencia de maternidad. Mediante llamada telefónica, recibo la noticia de la remoción de mis funciones. Se me solicitó acercarme durante mis vacaciones a conversar con las autoridades de manera personal”, indicó la funcionaria en su testimonio.

La Coordinadora Técnica de Evaluación y el Coordinador General Técnico del INEVAL de ese entonces alegaron, en su momento, que la maternidad no le permitiría ejercer todas las funciones que requiere ese puesto de dirección. Le comunicaron que sería mejor tomar un puesto de técnica que no tener un trabajo. Desde allí empezó un vía crucis para la funcionaria.

Al terminar el período de baja por maternidad, regresó a sus obligaciones laborales. Sin embargo, el Coordinador General Técnico de ese entonces insistió en que acepte la propuesta, de una forma concebida como acoso laboral. Sus superiores buscaban que ella dejara su puesto sin una notificación por escrito.

De puesto en puesto

A la funcionaria, la ubicaron en la Dirección de Modelos de Estructuras de Evaluación, con el mismo salario para evitar un juicio que afectaría sus aspiraciones políticas. La denunciante estuvo primero en la Dirección de Instrumentos, después en la de Modelos y Estructuras de Evaluación. Luego mediante quipux se dispuso su ingreso como directora de análisis geoestadístico e informes, el 30 de julio. Al día siguiente se dispuso su ingreso a la dirección de investigación educativa por el mismo mecanismo.

No obstante, el acoso volvió a darse.»A mi me pidieron sentarme en un pasillo. En un mail me solicitan salir de mi oficina y alejarme de mi equipo técnico. Hasta el día de hoy me mandan a sentarme en un pasillo que no es oficina», expresó.

El cambio de puestos y por ende, la falta de seguridad laboral trajo como consecuencia una descompensación anímica de la denunciante que ha puesto también en riesgo el sano desenvolvimiento de su hijo. La vulneración de sus derechos laborales la llevó a acudir a los tribunales. El director del INEVAL, Gustavo Salgado no realizó ninguna acción para proteger a la funcionaria.

Intervención legal

La denunciante emprendió acciones legales debido a la vulneración de sus derechos y los de su hijo. En la audiencia pública de acción de protección, que resultó favorable para la funcionaria se resolvió:

1.- Declarar la vulneración de parte del INEVAL del derecho constitucional a la igualdad material y no discriminación en el ámbito laboral.

2.- Declarar la vulneración del derecho constitucional del trabajo y como servidora pública.

3.- Dejar sin efecto los memorando y oficios que atenten con los derechos de la denunciante. Su inmediata restitución en el cargo u otro de igual nivel, garantizándose su permanencia en el cargo hasta el periodo fiscal en que concluya su periodo de lactancia de acuerdo con la ley. Que el INEVAL realice las gestiones pertinentes a efectos de garantizar sus condiciones de afiliación y continuidad laboral desde el momento de la cesación del cargo.

Pedido de disculpas públicas través del representante legal.

Disponer el pago de los haberes dejados de percibir desde el momento en que se produjo la trasgresión de los derechos constitucionales hasta la reintegración de funciones.

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