«Último día del despotismo… y primero de lo mismo«. Esta frase apareció pintada en los muros de Quito tras el 10 de agosto de 1909. Nosotros podríamos decir lo mismo con respecto a la venta de la soberanía de nuestro país al permitir la entrada de personal militar estadounidense.

«Último día del colonialismo… y primero de lo mismo» porque si Jamil Mahuad cedió una base aérea ecuatoriana a EE.UU., Guillermo Lasso, en su momento, y ahora Daniel Noboa no pasan desapercibido este ataque a la soberanía.

Si bien el 10 de noviembre de 1999 se firmaba el acuerdo para la Concesión de la Base Aérea de Manta al personal del Comando Operativo del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, esta operación empezó en enero de ese año con conversaciones entre las Fuerzas Armadas de EE.UU. y el Ministerio de Defensa ecuatoriano.

Este acuerdo aparece tras la salida de las fuerzas militares estadounidenses de la Base de Howard en Panamá, que en 1999 recuperó varios espacios soberanos, entre esos el Canal de Panamá.

¿Era necesario el acuerdo? EE.UU. y Ecuador mantenían, hasta 1999, 10 convenios bilaterales en la lucha contra el narcotráfico y la operación violaba la Constitución de 1998 en el artículo 171: «Velar por el mantenimiento de la soberanía nacional y por la defensa de la integridad e independencia del Estado».

En noviembre, el documento llegó a manos de la Comisión de Asuntos Internacionales y de Defensa Nacional del Congreso, cuyo presidente era Heinz Moeller. Los miembros de la comisión resolvieron que el acuerdo no necesitaba aprobación por parte del Congreso sino pasar directamente al Ejecutivo.

¿Qué se firmó?

Las autoridades de ese entonces permitieron:

• La libre circulación de personas, aeronaves, navíos y vehículos estadounidenses que, en las condiciones del acuerdo, violaban directamente la soberanía terrestre, marítima y aérea del Ecuador.
• Les otorgaron al personal civil y militar una condición jurídica equivalente a la que proporciona al personal de la Embajada Americana, es decir, solo debían presentar su documento que los acreditaba como estadounidenses para circular por el territorio

Si esto les suena conocido es porque en el período de Guillermo Lasso se firmaron tres acuerdos de cooperación con Estados Unidos y el presidente Noboa aprobó dos de ellos. El acuerdo de Estatuto de las Fuerzas permitía las operaciones de militares y personal civil estadounidense otorgándoles los mismos privilegios que el personal diplomático, así como en 1999.

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En este barco de la nostalgia en el que navegamos los ecuatorianos, no ha sido suficiente para los últimos gobiernos regresarnos a la época de los apagones, ahora también nos encontramos con el peligro de cambiar nuestra Constitución y ceder la soberanía por promesas vacías y sin las garantías de rescatar a nuestro país de la violencia en la que está sumida.

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El primero de éstos fue el de Estatuto de las Fuerzas. Tiene 14 artículos y marca la pauta de operaciones de militares y el personal civil de Estados Unidos en Ecuador. El personal incluye a los miembros de las Fuerzas Armadas y empleados civiles del Departamento de Defensa, así como los contratistas estadounidenses, empresas y firmas y sus empleados bajo contrato o subcontrato con el mismo Departamento.

Podrán tener libre movilidad para realizar «visitas de buques, entrenamiento, ejercicios, actividades humanitarias» y también en actividades de seguridad en retos de cooperación compartidos como tráfico ilícito, terrorismo internacional, pesca ilegal. Con esto el Ecuador acepta que el personal tenga»privilegios, exenciones e inmunidades» equivalentes a los que tiene el personal diplomático. Podrán portar sus uniformes si están de servicio.

El segundo acuerdo trata de operaciones conjuntas contra actividades marítimas transnacionales ilícitas. Tiene como objetivo que ambas partes puedan «prevenir, identificar, combatir, impedir e interceptar las actividades marítimas transnacionales ilícitas».

El artículo 3 indica que Quito y Washington deben establecer un programa de operaciones marítimas combinadas y designen a uniformados de sus fuerzas del orden para que actúen como «agentes a bordo en un buque» de su contraparte.

Los «agentes a bordo» podrán:

• Autorizar la persecución de buques sospechosos.

• Solicitar y autorizar la asistencia de los agentes en el abordaje de buques.

• Exigir el cumplimiento de las leyes de su país y autorizar al buque a asistir en esa labor, en caso de estar fuera del mar territorial de cualquiera de los dos países.

• Autorizar al buque a realizar patrullajes en el mar territorial de su país.

• Y, dentro del mar territorial de su país, exigir el cumplimiento de las leyes de su Estado, de acuerdo al derecho internacional.

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«Tengo una voz y la voy a hacer esuchar. Las candidaturas se verán el próximo año», dijo en entrevista con Ecuavisa, donde también se refirió a asuntos coyunturales. Específicamente al pronunciamiento de la Asamblea de responsabilizar políticamente a Lasso de peculado.

Sobre el pedido de seguimiento a la Corte Constitucional (CC) dijo que era «una alternativa jurídica ante las pretensiones de los ‘omnubilados’ que querían, al principio, destituir y ahora censurar al expresidente (…) Después del zainete que hemos observado durante 48 horas se dieron cuenta de la imposibilidad de censurarlo. No sé por miedo a la ley o por seguir haciendo el ridículo».

«Un expresidente, según el artículo 129, no es sujeto de control político. Lo que ayer sucedió fue ‘un saludo a la bandera a dos manos’. Más que una sansión, se quería un seguimiento. Había antecedentes porque en la legislatura pasada durante el juicio se desviaron del tema que aprobó la Corte Constitucional», acotó.

Para Cucalón, retomar este juicio político sólo merecía un adjetivo «irrelevante». Ya que habían asambleístas que no conocían el expediente. «Hablaron de temas que no existen porque en el caso Flopec en el período del expresidente subieron las utilidades y hubo las denuncias. En el tema judicial, el caso ya está en la Fiscalía. No hay nada de qué sorprenderse».

Sobre los acuerdos

«El pueblo ecuatoriano no quiere la pelea por pelea, lo que no significa que puedas contrastar posiciones. Nadie quiere persecusiones, pero habrá momentos donde hayan distintas posiciones. Debe existir una unidad, no hay que caer en sectarismos, así asumo yo que eso quiso decir el presidente», declaró el exfuncionario.

«El problema no es con quién votas sino para qué votas» y añadió que es importante diferenciar entre legislación y fiscalización. «Un ejemplo es la ley de igualdad salarial. Eso es positivo. En el tema de fiscalización veo escaramuzas en el juicio político a la fiscal, es perder el tiempo. Me preocupa que no hay causales y van a distraer a la persona que tiene que luchar contra la corrupción, encontrar a los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio. La quieren tener entretenida por una venganza».

En tanto que acerca del acuerdo trunco al inicio de la administración de Lasso, el exministro dijo que la decisión del expresidente de dejarlo sin efecto fue un «estilo» de gobernar.

«El precio de esa operación era la impunidad de uno de los integrantes (el correísmo (…) Son estilos en consecuencia a las acciones, el presidente Lasso fue crítico de quienes quisieron boicotear su gobierno, derrocarlo en su gestión. Yo respondo por mis acciones, siempre agradeceré (al PSC) el auspicio que me dieron para llegar a la legislatura. En la vida no todo es plano. Si hubiera sido solo un ciudadano y no ministro hubiera pensado lo mismo, que no habían razones para llevar al presidente a juicio». (MIB)

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Churuchumbi señaló, en entrevista con Radio La Calle, que visitará las 24 provincias del país para generar procesos de diálogo, escuchar y atender las necesidades de las bases. Remarcó que es importante evitar otro proceso de debilitamiento en PK.

De la misma manera, cuestionó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no haya actuado de manera oportuna y con celeridad. Reprochó que el proceso demoró más de seis meses y tuvo que pasar hasta el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para que tenga una solución.

«Volvía a ganar las elecciones y quiero llevar esto a una convención nacional donde se debata le proyecto político y una hoja de ruta para el movimiento», apuntó.

Su representación en la Asamblea Nacional

El coordinador mencionó que el 15 de noviembre se reunirá con los cinco asambleístas electos para definir una «agenda legislativa». Además, aseguró que algunos integrantes de las diferentes bancadas ya se comunicaron con él para conversar algunas propuestas.

«Aspiremos que podamos platicar por el bien del país. Esperemos que no nos consideren como una minoría, sino como otra representación», dijo.

Recalcó que él y sus asambleístas están abiertos a los acuerdos que prioricen la reactivación económica, salud, educación y el desarrollo de los ecuatorianos.

De la misma manera, anotó que es momento de «democratizar a PK» para que no pierda el enfoque de ser la primera representación social en la Asamblea. Sin embargo, resaltó que intenta atender las demandas de la militancia individual y colectiva para «evitar debilitamientos y los chantajes».

«Primero el fortalecimiento interno y luego escalar a más puntos políticos. Aún tenemos tiempo para definirlo», manifestó.

Las pugnas en PK

El 29 de abril se celebraron las elecciones por la Coordinación Nacional del Movimiento y con ello las tensiones a la interna se agudizaron. Una parte de PK -encabezada por Marlon Santi y Castillo- anunció que las elecciones se suspendían por «falta de garantías». Mientras que el presidente del Tribunal, Marcelo Tipán y el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, anunciaron que las elecciones, a pesar de irregularidades en el padrón, seguían su curso.

Horas más tarde, la Conaie informó que Churuchumbi se consagraba como el nuevo coordinador con 355 votos a favor. No obstante, otros integrantes del movimiento impugnaron los resultados, por lo que las elecciones se repitieron el 9 de noviembre.

En aquel entonces, Cecilia Velasque, excandidata a la coordinación, explicó que las lecciones supuestamente no cumplieron con el cronograma que tenían previsto y denunció una presunta intromisión de Iza.

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Dávalos mencionó que la presencia de Alberto Dahik en el gobierno de Noboa da cuenta de la línea que tomará el presidente electo. «Irá por el paquetazo económico», resaltó en Ecuador en Directo.

Además, puntualizó que el escenario arroja dos certezas:

1.- Menor carga fiscal para los grupos económicos, es decir, menos impuestos para los ricos.

2.- Más impuestos para los más pobres -eso incluye subir el IVA o eliminar los subsidios a los combustibles- lo que terminaría en un escenario de crisis y confrontación.

En las manos del FMI

«Le veo muy difícil que Noboa pueda salir del juego del Fondo Monetario Internacional (FMI)», resaltó.

Desde el 2020, el país firmó el Programa de Consolidación Fiscal y Reforma Estructural establecido por esa entidad que «mantienen al país atado de manos».

«Hay mecanismos de solución y si Noboa quiere diferenciarse de Moreno y Lasso debe llevar reformas a la defensa de la dolarización, ley de finanzas públicas», destacó.

La Asamblea Nacional

Enfatizó que llegar a acuerdos dentro de la nueva Asamblea Nacional será «más difícil, por no decir imposible». Comentó que el Legislativo estará bloqueado desde el día de su posesión.

Dávalos recalcó que el próximo escenario será de mayor ingobernabilidad que en el periodo de Guillermo Lasso. Detalló que el Pleno estará sesgado por los desacuerdos y chantajes por parte de Romo.

«Construye es el segundo movimiento más grande en la Asamblea Nacional, pues detrás de ellos hay un personaje macabro y tenebroso», apuntó.

En cuento a la ingobernabilidad, señaló que la «manipulación» que tuvo Lasso con los legisladores de Pachakutik (PK) no tendrá Daniel Noboa. «El presidente logró que PK gravite hacia los intereses de la banca, pero en este nuevo periodo será imposible», repitió.

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Según Cucalón, la imposición no debe ser una alternativa a la razón. Dijo que los señalamientos de las organizaciones respecto a los acuerdos son imprecisas. «En la vida real, este gobierno está ejecutando los acuerdos alcanzados con las organizaciones del movimiento indígena. Hasta hoy, ya se ejecutó o está en proceso de ejecución un 90% de los acuerdos».

Los acuerdos según el Gobierno

El ministro explica que existe varios puntos que el gobierno ya ha cumplido:

• Duplicaron, mediante decreto ejecutivo, el presupuesto para la educación intercultural bilingüe.
• Entregaron, a través de cooperativas de economía popular y solidaria, USD 120 millones destinados a sectores rurales y campesinos.
• Restructuración de créditos de hasta USD 3000.
• Instrumentalización de la focalización de subsidios con hoja de ruta y plazos.
• Acceso a la educación superior de ciudadanos indígenas.

Para el Gobierno, el diálogo permite cumplir más objetivos de desarrollo, «a diferencia de lo que sucede cuando se impone la irracionalidad y la violencia».

No obstante, las organizaciones sociales han insistido en que no se están cumpliendo los acuerdos. En el Consejo Ampliado de la Conaie se discutieron las medidas a tomar y aunque no habrá un paro nacional se han convocado para una movilización el próximo 8 de marzo. (MIB)

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Espinoza dijo que el único avance ha sido la reestructuración de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera. Sin embargo, advirtió que “la hacen a la conveniencia e interés de los banqueros de las cooperativas privadas, pero no buscando beneficiar, (ayudar a) la situación de los deudores”.

Las organizaciones sociales y el Gobierno finalizaron las mesas de diálogo el 13 de octubre de 2022. Fueron 218 los acuerdos que debían tener su respectivo seguimiento, pero ni siquiera se ha realizado un estudio para el desarrollo de los TDR. La única acción realizada por el gobierno fue el retiro de los subsidios a las camaroneras, según Gary Espinoza.

Tras los acontecimientos ocurridos en el Paro Nacional de 2022, los movimientos sociales reclamaron un espacio de diálogo con las autoridades para discutir el primer año de funciones del mandatario Guillermo Lasso, su gestión, sus promesas de elección, entre otros.

Las mesas de diálogo finalizaron el día 14 de octubre de 2022 con varias observaciones entre el Gobierno y los movimientos sociales. (O.S.V)

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“Los acuerdos son en beneficio de la ciudadanía ecuatoriana y (por ello) exigimos el cumplimiento”, mencionó. Además, señaló la necesidad de más acciones en lugar de palabras.

La vicepresidenta refirió que los problemas se acarrean desde hace más 50 años con la extracción del petróleo en la Amazonía, y aún hay muchas desatenciones. Entre los reclamos de la dirigente está el estado de las carreteras, asistencia médica (terrestre o aérea) y la falta de atención en salud, educación, infraestructura, y recursos humanos.

Yasacama apuntó al sistema de salud. “No hay centros de salud, ni puestos de salud. Y si hay, no hay equipamiento, no hay médicos, (…) y no hay medicinas. Hemos sobrevivido gracias al conocimiento y medicinas de nuestros pueblos y nacionalidades, pero (…) necesitamos atención hospitalaria”. (B.T.R)

Tres quejas de incumplimiento en menos de un mes

El 21 de diciembre, Iza junto a otros dirigentes de las comunidades indígenas indicaron que el Gobierno Nacional tiene las intenciones de perjudicar a las comunidades a partir de la extracción minera. 

Comentó que este proceso es una “intencionalidad para justificar las acciones del Gobierno Nacional” y deslegitimar a los actores políticos que acordaron en las mesas de diálogo.

El 30 de noviembre, Hatari Sarango, de la FENOCIN, advirtió del incumplimiento en temas de educación, seguridad y sobre la condonación de deudas.

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Por el momento descartan movilizaciones o medidas de hecho, pero exigen al Gobierno que los acuerdos no queden solo en el papel.

Hatari Sarango, de la FENOCIN, advirtió del incumplimiento en temas de educación, seguridad y sobre la condonación de deudas.

El malestar de las organizaciones es por las declaraciones del ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, quien dijo que no es viable la condonación hasta dicho monto.

El presidente de la CONAIE, Leonidas Iza, recordó que el propio ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, firmó el acuerdo que dispone la condonación hasta los $10.000.

Por el momento, descartan movilizaciones o medidas de hecho, pero exigen al Gobierno que cumplan los acuerdos. En febrero de 2023, dijo Iza, realizarán una evaluación cualitativa y cuantitativa del cumplimiento o no de los acuerdos, antes de tomar alguna decisión.

Llamaron a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana para que no abandonen la mesa de seguimiento de los acuerdos y puedan sostener el proceso de diálogo.

Redacción: Radio Pichincha

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El pasado 7 de julio, representantes de las organizaciones sociales y el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez establecieron la metodología con la que trabajarán en los 90 días para el tratamiento de los 10 puntos planteados.

Frente a esto, la primera mesa temática inicia este 13 de julio tratando 2 de los 10 pedidos.

El primer tema está referido a la focalización de subsidios a los combustibles con la presencia del Ministro de Transporte y Obras Públicas, Dario Herrera.

Mientras que el segundo está enfocado en la moratoria y renegociación de las deudas con reducción de las tasas de interés en el sistema financiero y contará con la presencia del ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena.

Sin embargo, frente a las declaraciones del presidente Guillermo Lasso sobre la supuesta financiación de las movilizaciones por parte del narcotráfico, la situación se agrava.

¿Quién tiene las de perder?

Para el economista, Pablo Dávalos, el Gobierno no tiene la voluntad de cumplir con los acuerdos, considerando lo indicado por el ministro de Economía de «ajustar la economía» para alcanzar el superávit de alrededor de USD 1 000 millones para este año.

«El gobierno no tiene ni capital político ni margen de maniobra. Es el gobierno quien tiene que ceder o aceptar los condicionantes. Pienso que el gobierno no tiene la más mínima voluntad política de cumplir con ningún acuerdo», dijo Dávalos a Radio la Calle.

Así también, el economista, Juan Pablo Jaramillo explicó que existe un error por parte del Gobierno al querer priorizar el tema de alcanzar el superávit como lo indicó el ministro de Economía y Finanzas.

«No hemos salido todavía del impacto de la Pandemia. La meta es recuperar la economía», sostuvo.

Frente a la condonación de deudas con la banca pública y privada, Jaramillo explicó que se tendría que hablar una refinanciación con tasas de interés más bajas y a largo plazo, donde el Gobierno tenga que intervenir para buscar soluciones.

«El Estado debe fijar parámetros y generar un marco conceptual», aseguró.

Sin embargo, Jaramillo sostuvo que no existe la voluntad de hacerlo, considerando que Lasso es parte de la banca e implica intereses personales.

¿Quién debería ceder?

Por su parte, el analista político, Xavier Flores sostuvo que en este diálogo las partes involucradas deberían ceder, con el fin de llegar a un consenso en beneficio de la ciudadanía.

«Creo que, para el éxito de un acuerdo, ambos deberían ceder. El Ecuador es una perpetua lucha sin acuerdos. Lo que menos me va a extrañar es que fracasen estas conversaciones», dijo.

Además, Flores aseguró que la posibilidad de un regreso a las calles sigue latente de no llegar a acuerdos en el plazo de los 90 días establecidos.

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“Formaremos una veeduría mixta para garantizar que los medicamentos lleguen a nuestros pacientes. Convocaremos también al Consejo de Participación Ciudadana para apoyarnos en este tema para beneficio de la ciudadanía”, escribió en un tuit la funcionaria.

Otros de los acuerdos son Trabajar de manera conjunta y con los organismos competentes para llevar adelante, desde la CONHARHUS, una comisión para el Plan Nacional de Salud y Carrera Sanitaria. También optimizar las funciones del ARCSA, ACESS y el INSPI.

Finalmente formarán un comité de seguimiento de los nombramientos de la Ley Humanitaria. “Este encuentro ratifica el compromiso de este Gobierno por tender los puentes para un diálogo abierto y claro, que lo único que busca, es mejorar la salud pública del Ecuador”, expresó Garzón.

Problemas de abastecimiento

El pasado 26 de abril, Carlos Cárdenas, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha denunció que existe una falta de insumos y medicinas en los hospitales públicos a nivel nacional.

“El país está viviendo una situación crítica en materia de salud, señor presidente esta es una de las épocas más nefastas, más críticas para la salud pública del país. Literalmente, se nos están cayendo los hospitales”, dijo Cárdenas.

Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública dijo se destinaron USD 20 millones para el abastecimiento de medicamentos y el mejoramiento de las infraestructuras de hospitales.

En un recorrido por el Hospital Pablo Arturo Suárez, la ministra Garzón dijo que USD 10 millones se destinarán para el abastecimiento e infraestructura de hospitales en la Coordinación Zonal 9. Mientras que los otros USD 10 millones son para la adquisición de medicamentos oncológicos en el Hospital Eugenio Espejo. MIB

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El 17 de marzo fue la primera reunión. Aquí se sentaron las bases para el diálogo del 5 de abril. Los agremiados buscan una evolución en materia de derechos laborales, según explicó el presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE) y miembro del FUT, José Villavicencio.

Uno de sus requerimientos es que los sindicatos puedan conformarse por 10 trabajadores, sin embargo, el Ejecutivo señala que deben ser a partir de 50. Existen otras diferencias en cuanto a la distribución de las 40 horas laborales, el desahucio y la indemnización por despido intempestivo. También plantean la jubilación patronal acumulativa, consiguiendo que una persona añada ese derecho de trabajo en diversas empresas y acceda a este beneficio en 25 años. El empleador debe aportar al IESS el 10% del salario mensual desde el primer día de la relación laboral.

«Hemos ratificado nuestra postura de que exista la voluntad de discutir un solo Código Integral Laboral. El Gobierno ha planteado que su propuesta es una ley paralela», declaró el dirigente advirtiendo que si el Gobierno no cede a tratar una sola ley, el FUT abandonaría la mesa del diálogo. «Sin consenso, no tendría lógica», acotó.

El Gobierno y sus pretenciones de «acuerdos»

En mayo van a comparar el contenido de los dos proyectos con el Código Laboral vigente. El FUT quiere demostrar «aspectos regresivos que violan convenios y la constitución», manifestó Edwin Bedoya, dirigente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cedocut).

Actualmente, no existe ningún tipo de acuerdo y si el Ejecutivo insiste «en su plan neoliberal, tendrá una respuesta en las calles», aseguró Villavicencio. El diálogo es encabezado por el consejero presidencial Diego Ordóñez. Según él, en principio concluyeron que no abordarán temas relacionados al derecho colectivo del trabajo.

De acuerdo al funcionario, «hay abundantes razones» para que el Gobierno no ceda al crear una nueva ley que exista con la ya vigente. Es necesaria una normativa que «regule los contratos hacia el futuro, eso no pasa por una reforma al Código de Trabajo actual sino por establecer nuevos esquemas de contratación», indicó Ordóñez.

El FUT ratificó las movilizaciones convocadas para el 23 de marzo

También afirmó ‘que no habrá precarización laboral’ y criticó el proyecto del FUT. Según Ordóñez «hace inmanejable la contratación laboral y la generación de empleo». Explicó que las 40 horas laborales pueden ser distribuidas hasta en seis jornadas semanales.

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De acuerdo con el Informe Delloite, una auditora internacional, de 2018, en junio de 2007 “Banco de Guayaquil y Gea firmaron un acuerdo por alianza comercial y uso de marca para prestar servicios de asistencia a los afiliados del Banco que acepten incorporarse a los programas de asistencia de GEA Ecuador”, indica el documento.

El acuerdo

Como sucede con este tipo de servicios, los clientes que acepten deberán pagar una tarifa fija mensual. Parte del contrato es que “la Compañía se obliga a cancelar mensualmente al Banco por cada cliente que se haya afiliado al servicio por ser el medio de cobro. El contrato dura dos años y se renueva sistemáticamente, en caso de que una de las partes termine el acuerdo”.

Además del contrato, ambas compañías firmaron anexos por cada servicio que ofrece GEA, el cobro varía dependiendo de la cuenta del cliente. Ahorros, corriente o tarjeta. Entre los principales programas de GEA que ofrece mediante el Banco de Guayaquil están: “Pronto asistencia”, “Multiasistencia Banco de Guayaquil”, “Multiasistencia PC”, entre otros.

EN 2017, GEA reconoció una ganancia de USD 6.3 millones y el pago al Banco de Guayaquil de USD 4.3 millones.

Veto a la ley de cobros indebidos

Con este antecendente, el presidente Guillermo Lasso vetó el proyecto de Ley para evitar Cobros Indebidos y Servicios No solicitados. De acuerdo con el Ejecutivo, las empresas no podrían procesar cargos de servicios financieros y no financieros sin contar con la autorización de los clientes.

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Indicó que “no ve obstáculos para que su país tenga estrechas alianzas con dos rivales como China o Estados Unidos, y en la que, primará por encima de todo “el interés de Ecuador y de los ecuatorianos”, recoge el medio digital Infomediamx.

México, el primer objetivo

El canciller aseguró que el acuerdo con México es crucial para acceder a la Alianza del Pacífico. Enfatizó que las negociaciones ya están iniciadas no solo con el país azteca, sino también con Chile, Perú y Colombia.

“Las negociaciones tienen cerca de un 80% de avance. Este enero será determinante para que nuestros ministros de Comercio Exterior pueda culminarla”, dijo el diplomático tras conversar con su homólogo mexicano, Marcelo Ebrard, en la reunión de la Celac, en Argentina.

El otro 20% refirió que trataron sobre las “divergencias” entre ambos países. El camarón y el banano son temas de “mucha precupación”. Holguín subrayó que “Ecuador será muy prudente en que no se vea vulnerada ninguna industria para que el acuerdo no perjudique a ningún ciudadano”.

Relación con China

El ministro Holguín mencionó que el presidente Lasso busca la renegociación de la deuda con China. Un monto que supera los USD 5 mil millones con el gigante asiático.

“Este año tenemos un gran pago de deuda con China, una deuda que fue negociada en condiciones no favorables para nuestro país (…) No podemos pensar el futuro sin pensar en todo el mundo. Tenemos que hablar con la mayor cantidad de potencias del mundo”. Así justificó su acercamiento a Pekín, el cual despierta recelo en EE.UU.

Estados Unidos en la inclusión

El principal socio comercial de Ecuador es Estados Unidos. Sin embargo, el ansiado acuerdo con el país norteamericano puede tardar años. Ambos países tienen prevista una reunión para impulsar protocolos preparativos acordados como parte de la negociación a un tratado de comercio, cuatro de los cuales ya están firmados. “No necesariamente en un Tratado de Libre Comercio (TLC) como lo entendíamos antes”, expresó.

Asimismo, expuso que las relaciones con Washington están en su mejor momento. Una de las razones que ejemplificó fue que Ecuador haya sido elegido como beneficiario de la iniciativa estadounidense “Reconstruir un Mundo Mejor (B3W).

“Una iniciativa con la que el país andino aspira a lanzar proyectos de desarrollo contra la “desnutrición”, “alcantarillado”, “agua potable”, y a “tener como socio estratégico a EUA con una visión de inclusión social”, reseñó Infomediamx.

Otros objetivos

La diplomacia comercial de Holguín contempla también acuerdos e innovación con Rusia, Canada, Israel y la Unión Europea. Con esta última, Ecuador ya tiene un TLC. No obstante, busca una relación más profunda. El objetivo es conseguir “la mayor cantidad de tratados en tres años”, afirmó.

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“¡Un día histórico para el #Ecuador!  El acuerdo que acabamos de firmar con el economista Andrés Arauz, próximo presidente de la República. Por primera vez en este país empresarios, gremios y gobierno trabajaremos en beneficio del pueblo ecuatoriano y no de las élites”, escribió Romero en su cuenta de Twitter.

Repotenciación del agro

Entre los puntos de este acuerdo están: La incorporación de 200.000 hectáreas de riego para la producción agrícola. El objetivo es generar un millón de empleos para los ecuatorianos con una inversión de USD 900 millones. Entregarán semillas para duplicar la productividad en maíz, arroz y otros productos de primera necesidad.

La eliminación de la Central de Riesgos también forma parte de la planificación, ya que la consideran un mecanismo de castigo que no refleja un espíritu solidario con la crisis de la COVID-19. También se propone reducir los aranceles de manera focalizada para fertilizantes, productos agrícolas, la importación de maquinaria y equipos del agro.

Impulsar la creación de una zona franca industrial con El Oro y un “hub” de contendores del Pacífico para que compita con otros puertos como El Callao (Perú) y Buenaventura (Colombia). Renegociar deudas de los pequeños agricultores a través de activos ambientales y sociales.

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Politicos opositores y periodistas criticaron el encuentro en el que Arauz, Vargas e Iza compartieron tarima, el 11 de noviembre, en Chimoré, Bolivia, por el regreso del expresidente Evo Morales a su país.

«No hay acuerdos políticos con ningún actor político y no se hizo ninguna reunión política allá en Bolivia. Hemos cumplido nuestra agenda de trabajo. Reuniones con las organizaciones, con los pueblos y nacionalidades. Eso hemos hecho», señaló el presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, a través del Twitter de la organización.

«Han tomado esto como una retaliación política, creyendo que hay algún acuerdo. Pregúntenle al sr. Arauz, al sr. Uncuango si ha habido intención de una reunión. En absoluto nada. Aclaramos al hermano Evo la situación política de este país (Ecuador)», indicó el presidente del MICC, Leonidas Iza por el mismo medio.

Además, Iza criticó a los dirigentes y, sin mencionarlo explícitamente, al presidenciable por Pachakutik, Yaku Pérez, por «insultar el proceso boliviano» en octubre de 2019. Hace un año Evo Morales sufrió un golpe de Estado y el gobierno de facto de Jeanine Añez asumió el poder.

«Cuando se dio hace un año el golpe de estado (en Bolivia), muchos de nuestros compañeros que ostentan ser candidatos, insultaron el proceso boliviano. No afectaron al hermano Evo, sino a la lucha del pueblo boliviano», mencionó. (CE).

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El objetivo del organismo económico internacional es una reforma tributaria para subir los ingresos fiscales a USD 2.000 millones en el 2022. En septiembre del 2021, el gobierno deberá tener lista una ley con ese fin.

Por otro lado, también se incluirán los décimos terceros y cuartos sueldos en la base del impuesto a la renta. Expandir la base del impuesto a las telecomunicaciones e introducir un impuesto medioambiental a las emisiones de CO2.

Otras medidas

Estas no son las únicas medidas. El acuerdo con el FMI contempla una reducción de gastos por USD 3.000 millones hasta 2025. Los egresos para inversión pública será el ítem de mayor ajuste, previsto para 2021. Por otro lado, el Gobierno se comprometió a reducir el gasto en salarios en unos USD 600 millones.

El pasado 28 de agosto, el presidente Moreno y las autoridades del Fondo anunciaron la firma de un nuevo acuerdo. No obstante, el Gobierno se abstuvo de dar más detalles. Moreno se limitó a indicar que la tasa de interés es del 2,9 %, el plazo de pago es de 10 años con cuatro años de gracia.

El Gobierno ecuatoriano llevaba en conversaciones con el FMI para renovar el acceso a financiación desde que el programa de rescate anterior fue oficialmente suspendido en mayo de 2020. En marzo de 2019, se pactó un préstamo de USD 4.200 millones. También el desembolso de 6.000 millones de dólares más de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el Banco Mundial (BM).

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“Esperemos que esta visita contribuya a fortalecer nuestra asociación estratégica, así como la cooperación práctica y amistosa entre los dos países”, dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Gen Shuang, al anunciar la llegada del canciller ecuatoriano.

El pasado lunes 10 de diciembre de 2018, el presidente ecuatoriano, Lenin Moreno, dio inicio a una gira oficial en el gigante asiático, donde se asentaron las bases de una cooperación estratégica y se formalizó la adhesión del país andino al proyecto de las Nuevas Rutas de la Seda, con el que Pekín pretende producir una red comercial a nivel internacional. La iniciativa es también conocida como “Franja y la Ruta”.

Así mismo, la delegación encabezada por el Primer Mandatario ecuatoriano firmó varios acuerdos relacionados con la prevención y gestión de desastres naturales, intercambios culturales, cooperación policial y aviación civil.

EP/EC

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