En relación al pedido de dinero, administración de hospitales y otros actos de corrupción a cambio de votos.

La organización indígena, mediante un comunicado, pidió se actué con total transparencia, verticalidad y objetividad en la investigación para que todo el peso de la Ley recaiga en los culpables en caso de comprobarse lo denunciado.

Lasso dio a conocer los nombres de los asambleístas que supuestamente solicitaron beneficios económicos a cambio de su voto a favor de la Ley de Inversiones.

De acuerdo, con el presidente los legisladores involucrados son: Rosa Cerda, Guisella Molina, Edgar Quezada, Celestino Chumpi, Cristian Yucailla y su asesor Marcelo Rosero.

Además, el movimiento dijo que llevarán a cabo su propia investigación.

«Buscaremos las pruebas necesarias ante estas serias acusaciones que se da luego de no aprobarse una Ley, debemos respetar el derecho de la presunción de la inocencia», manifiesta el documento.

Y continúa «y de ser hallados culpables quienes son acusados, no solo serán sancionados casa adentro, sino exigiremos la sanción legal correspondiente tanto para quien pidió dinero como para quien lo ofreció a cambio de votos», dice el comunicado.

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El objetivo de la organización era perseguir a funcionarios kirchneristas y también a una serie de sindicalistas como Hugo y Pablo Moyano, el petrolero Guillermo Pereyra y el líder de los lecheros, Héctor Ponce.

Para los legisladores, «el máximo responsable» de ese entramado era el exmandatario. Según señalaron, «emitía las órdenes y trazaba las estrategias» de los delitos cometidos por la denominada «mesa judicial» de Cambiemos.

La denuncia fue colocada por los diputados Martín Soria, Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés. Solicitan que se investiguen «las distintas acciones de presión, intimidación, amedrentamiento y abuso sufridas por dirigentes políticos y sindicales opositores». Estas acciones aparecieron a partir del 10 de diciembre de 2015.

Juicios en Latinoamérica

Macri no es el único político que enfrenta juicios por parte de los legisladores. A pocos días de salir del poder, la Asamblea de Bolivia presentó un pedido de juicio contra Jeanine Añez por las masacres de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto) y otros hechos.

La Comisión especial de la Asamblea que investiga las masacres también propuso procesos judiciales contra varios ministros. Karen Longaric (Relaciones Exteriores), Yerko Núñez (Presidencia), Arturo Murillo (Gobierno), Fernando López (Defensa). Además, de Álvaro Coímbra (Justicia), Álvaro Rodrigo Guzmán (Energías) y María Pinckert (Medioambiente y Agua).

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