Todo lo contrario de los consejeros ad honorem de Lasso. El término significa «por la honra», es decir, hacer algo solamente por la satisfacción del trabajo bien hecho.

Aquí no sucedió, es más podemos decir que en el caso de Juan José Pons, involucrado en un caso de corrupción y presunta venta de cargos públicos, no existiría nada de honradez.

O Aparicio Caicedo, quien al parecer se vio la saga de El Padrino, aunque nos ha demostrado que con el calibre sus amenazas y falta de discreción que no llegaría siquiera a ser Fredo Corleone. Ahora tiene un puesto en el Gabinete, uno con rango de ministro de Estado, según el decreto ejecutivo que lo oficializa.

Juan Carlos Holguín es el que más rápido llegó a tener un puesto fijo. Siete meses después del inicio de sus funciones. No importó que Mauricio Montalvo tuviera una carrera diplomática, el puesto de canciller terminó en sus manos. Es preciso recordar que fue Embajador itinerante Ad Honorem de Ecuador.

Roque Sevilla quiso optar por la diplomacia y le dijo a el Comercio que renunció a la consejería para evitar malestares de carácter político. Es que la Comisión de Transparencia de la Asamblea investiga un posible uso indebido de recursos públicos.

Dijo que está dispuesto a comparecer, algo extraño, ya que Caicedo y Luis Coloma no se presentaron bajo la excusa de que no están sujetos a control político.

Carlos Cueva, Roberto Salas y Rafael Cuesta pasaron desapercibidos por su cargo ad honorem, tanto que ni siquiera sabemos de su trabajo. La investigación del Legislativo posiblemente determine las responsabilidades que tuvieron.

Los bufones no tienen comparación con los ad honorem de Lasso. Solamente en que convirtieron este término en una tragicomedia, un sainete. Al cabo de un año, la función ha terminado y resta esperar para obtener respuestas sobre sus acciones. Esperamos que no sea cuando el período presidencial concluya.

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La primera en desaparecer fue la de asuntos políticos a cargo de Aparicio Caicedo, quien pasó a conformar la nómina de Lasso como consejero presidencial con rango de ministro de Estado.

Posterior a ello, el 12 de agosto, mediante el Decreto Ejecutivo No. 526, el mandatario anunció la derogación del Decreto 213 que designó a Rafael Cuesta como consejero honorífico para la gestión y estrategia comunicacional del presidente.

En la disposión a diferencia de otras en donde se agradece los servicios prestados y consta el nombre de la persona a cargo, Lasso solo informó de la derogación del cargo.

Tras esta segunda derogación, el 16 de agosto, se conoció de la renuncia de Roque Sevilla como consejero de Gobierno Ad honorem para el medio ambiente.

En este caso, mediante el Decreto Ejecutivo No. 530, Lasso agradeció a Sevilla por sus servicios prestados y derogó el Decreto 364 que lo puso en el cargo.

Hace pocos minutos se conoció que en una carta dirigida al presidente de la Comisión de Transparencia de la Asamblea, el ad honorem en la lucha por la desnutrición infantil, Luis Coloma renunció al cargo y que no comparecerá en la investigación que realiza la Comisión.

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«He procedido a presentar una denuncia en la Fiscalía en contra del señor Aparicio Caicedo Castillo, poniendo en conocimiento de la Fiscalía hechos que presumiblemente podrían constituir delito. Estamos solicitando a la Fiscalía que objetivamente investigue y determine la participación y posterior responsabilidad de cargos», expresó el legislador la tarde del 11 de agosto.

La denuncia aparece tras los audios revelados por Teleamazonas en los que el consejero de Lasso, Aparicio Caicedo presionó al superintendente de Bancos, Raúl González para que abandone el cargo el 16 de julio.

La amenaza del consejero de Lasso

En la conversación Caicedo le reclama a González por no haber acatado un supuesto «acuerdo» días atrás. El «pacto» habría sido que González no se presentase ante el Consejo de Paticipación (CPCCS) para exponer su plan de trabajo en el marco del proceso de elección.

González asistió ante el CPCCS y Caicedo lo amenazó: «vas a ver lo que pasa».

González, el superintendente

El 11 de agosto, La Asamblea Nacional posesionó de manera virtual a Raúl González como superintendente de Bancos tras el voto favorable de los legisladores para esta disposición.

«El presidente de la Asamblea,Virgilio Saquicela, procede de manera virtual a la posesión de Raúl González Carrión como Superintendente de Bancos. «Por Dios, por la patria y mis hijos», enfatizó el actual titular de la Superintendencia de Bancos en el acto», informó el Legislativo.

La posesión tuvo lugar por la resolución de la asambleísta Mireya Pazmiño (PK) para oficializar a González en el cargo. La decisión se toma a pesar de que existe una acción de protección aprobada por la jueza Larissa Ibarra que dispuso la anulación del proceso y el envío de una nueva terna. 

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Ese es el caso de Aparicio Caicedo que desempeñaba el cargo de consejero sin percibir ninguna ganancia. El decreto señala las nuevas funciones del consejero. «Asesorar políticamente al presidente de la República. Coordinar con las demás funciones del Estado acciones para el cumplimiento de sus funciones. Realizar recomendaciones acerca del seguimiento del plan de Gobierno», explica el documento.

Caicedo reemplazará a Diego Ordóñez, secretario de la Seguridad Política. Según Presidencia, el sueldo de un consejero de Gobierno es de USD 4.463 mensuales.

Investigación a los ad honorem

La Comisión Especializada Permanente de Transparencia convocó a comparecer al secretario general de la Presidencia de la República, José Yunes y al Contralor General del Estado, Carlos Riofrío, a rendir un informe de manera detallada sobre el régimen de control de los Consejeros presidenciales y Consejeros Ad Honorem.

La convocatoria está prevista para este lunes 8 de agosto a las 15:00, en la sala de sesiones de la Comisión.

El Ad Honorem cobró mucha importancia en el primer año de Gobierno. Ocho ciudadanos pasaron por este cargo en diversos sectores. Solo dos pasarán a la Consejería de Gobierno: Caicedo y Roque Sevilla. El ex Ad Honorem en asuntos bananeros, Juan José Pons tiene una investigación por la presunta venta de cargos público en el caso Danubio.

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El Gobierno, en comunicados, se ha empeñado en alejar el escándalo del caso Danubio, que investiga la presunta venta de cargos públicos en instituciones gubernamentales como el Servicio de Aduanas, con el trabajo del presidente y su gabinete, quienes, además, embanderan la lucha contra la corrupción.

Sin embargo, la amistad entre Pons y el primer mandatario viene de años atrás. Así lo comenta Maluk que también era amigo del ex Ad honorem. «J.J. Pons es amigo nuestro, de Lasso y Nebot desde la infancia. Ya conocíamos quién era. Un hombre muy amable, cariñoso, que se lleva bien con mucha gente. Eso le permitió tener el acceso y la confianza para administrar y ceder cargos públicos. Para poder hacerlo debía tener al número uno dentro del Palacio. La pregunta es ¿quién es el ad honorem que está allá dentro sacando los nombramientos?», dijo en una entrevista con Ecuador en directo.

Las reuniones

Maluk agregó que las reuniones de amigos eran recurrente. En ese momento, Lasso era asistente de Danilo Carrera, su cuñado y miembro del banco de Guayaquil. «Cuando íbamos donde Carrera en Finansur, tenían el edificio y Guillermo Lasso era un asistente de su cuñado. El que servía los tragos era Lasso. Iban J.J. Pons, Oswaldo Molestina, Jorge Gallardo, yo. Con todo el grupo de amigos del mismo barrio y la misma generación que va desde los 65 a los 75 años».

No obstante, desde el Ejecutivo se han abstenido de dar comentarios al respecto, más allá de que los organismos de control deben hacer su trabajo y que nadie está por encima de la ley. El caso Danubio también salpicó a Ítalo Cedeño, ex gerente de Petroecuador, quien dijo que su esposa le recomendaba nombres para cargos públicos.

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Pons estaría relacionado en el caso Danubio. En las pesquisas de la Fiscalía se detuvieron a ocho personas por supuesta asociación ilícita. Él no fue detenido, pero de su casa los agentes se llevaron una computadora y un celular.

También se allanaron las instalaciones del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador en Guayaquil y levantaron documentación del área de Talento Humano para el respectivo análisis.

Pons, un viejo lobo de la Democracia Popular

Pons empezó su carrera en el empresariado como gerente de la Importadora Andina y Andina Licores (1977 – 1982), presidente del Banco de Desarrollo del Ecuador (1982 – 1984). Fue gerente de Nutril y Oleica (1982 – 1987). Fue ministro de Industrias entre 1989 y 1990.

Entre 1991 y 1994 fue director gerente de la Exportadora Bananera Noboa. Ocupó la presidencia del Congreso Nacional (1998 – 2000) y fue diputado de 1998 a 2003. Desde 2019 hasta la actualidad se desempeña como coordinador intergremial del Cluster bananero. Según su página de LinkedIn continúa siendo el consejero ad honorem de Lasso en temas bananeros.

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Sobre las acciones de Fiscalía, desde la Secretaría de Comunicación escribieron un tuit sin contexto claro. «En el Gobierno del presidente Guillermo Lasso, nadie está por encima de la ley. Que Fiscalía haga lo que tenga que hacer».

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Se trata, en su mayoría, de designaciones sin salario, y por ende, podría creerse que sin rendición de cuentas. La creación de estos espacios inició el 24 de mayo del 2021. Aparicio Caicedo consiguió la asesoría política, mientras que la de políticas públicas contra la desnutrición infantil está liderada por Enrique Luis Coloma.

Otra de las consejerías, creada el 20 de julio, para la protección del sector bananero fue entregada a Juan José Pons.

Con el tiempo, algunas consejerías se disolvieron y en otros casos se transformaron. Como por ejemplo, la Consejería de Inversiones y Alianza Público-Privadas, liderada por Roberto Salas Guzmán, fue disuelta el 23 de noviembre y pasó a ser la Secretaría Técnica de Asociaciones Público-Privadas y de Gestión.

Otra de las consejerías disueltas fue la de Juan Carlos Holguín, quien era embajador itinerante para temas estratégicos y ahora es el nuevo ministro de Relaciones Exteriores. Holguín no presentó ningún informe durante sus siete meses de gestión.

El 1 de octubre de 2021 se creó la Consejería a la Gestión y Estrategia comunicacional del presidente dirigida por Rafael Cuesta Vallarino, hijo del gerente general de TC Televisión, Rafel Cuesta Caputti.

Última consejeria

La última de las consejerías creadas por el presidente es la del empresario Roque Sevilla, nombrado este 4 de marzo por Decreto Ejecutivo 364, como asesor presidencial ad honorem en temas relacionados a la conservación y protección del ambiente.

“Art1.- La Presidencia de la República contará con la Consejería de Gobierno Ad Honorem para el ambiente, que se encargará principalmente de asesorar al Presidente de la República en tema relacionados a la conservación y protección del medio ambiente, la promoción y el impulso del desarrollo sostenible y la reducción de la contaminación”, dice el decreto.

¿Voluntarismo?

Considerar que la denominación ad honorem involucra una especie de voluntarismo, sin recibir remuneración, sugiere que una rendición de cuentas por parte de dichos servidores es casi improbable.

”No hay que estigmatizar que alguien quiera dar su aporte intelectual, académico o profesional, pero hay que diferenciar los espacios. Si uno quiere hacerlo desde la sociedad civil porque no quiere recibir una retribución económica puede hacerlo desde una ONG, fundaciones, propuestas de política pública”, opina un experto.

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«Cuando hablé sobre este tema con el presidente de la República, él planteó esta posibilidad (ser consejero del Gobierno Nacional), yo lo acepté. Me parece una alternativa para mantenerme activo en el proyecto político», dijo a FM Mundo. No especificó si la consejería sería ad honorem. En todo caso, sería el séptimo consejero que acompaña a Lasso en el gobierno.

Los consejeros

El 1 de diciembre del 2021, Lasso nombró, mediante decreto, a Carlos Jijón como consejero de gobierno para la vocería gubernamental «que se encargará particularmente, de informar a autoridades, instituciones y a los medios de comunicación nacionales e internacionales sobre las iniciativas, políticas, acciones, programas y posturas del Gobierno Nacional». Jijón era decano en la facultad de Comunicación Social de la UDLA y es el director del portal La República.

Dos meses antes, Lasso había puesto al frente de la Consejería de Gobierno Ad Honorem para la gestión y estrategia comunicacional del Presidente de la República a Rafael Cuesta Vallarino. Hijo de Rafael Cuesta Caputi, gerente general de TC Televisión, participó en la campaña de Lasso en 2017.

El 17 de septiembre, el presidente nombró a Luis Fernando Verdesoto Custode como Consejero de Gobierno para la Gobernanza y Gestión Institucional. Verdesoto dejó su puesto de consejero en el CNE en junio de 2021.

Para la consejería en políticas públicas para la protección del sector bananero, Lasso escogió a Juan José Pons. Expresidente del Congreso Nacional durante la crisis económica de 1999. Luis Enrique Coloma es consejero ad honorem para temas de desnutrición y Aparicio Caicedo aconseja al presidente en temas de gobierno.

De los seis consejeros que tiene Lasso, Jijón y Verdesoto son consejeros con un puesto en la Presidencia. Según la sección transparencia de su página web y los salarios del personal en diciembre de 2021 (la lista más actualizada). Ambos constan como consejeros de Gobierno y ganan USD 4.463,00.

Los que se fueron

Carlos Cuevas fue consejero ad honorem en vacunación. Cuando sus servicios ya no fueron necesarios, fue retirado su cargo. Roberto Salas dejó el ad honorem para ser secretario de alianzas público privadas.

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«El exconsejero presidencial Juan Carlos Holguín asumirá la Cancillería este lunes 3 de enero después de que he decidido encargar nuevas funciones al actual Canciller, que se anunciarán mañana durante el acto de condecoración con el que agradeceré sus servicios», escribió el mandatario en un tuit.

Lasso destacó que «el reforzamiento en el equipo tiene por objeto apuntalar la principal meta del gobierno en su política exterior». Ecuador busca «promover los acuerdos comerciales y abrir la economía al mundo para continuar la reactivación de la inversión extranjera y el empleo».

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Ecuador en el mundo

La política exterior de Lasso apunta a traer inversiones internacionales al país, principalmente en las áreas estratégicas del Estado. El mandatario ha anunciado la posibilidad de venta del Banco del Pacífico a los inversionistas mexicanos, quiénes estarían interesados en comprar esta institución.

Además, el objetivo determinante este año es el ingreso del Ecuador a la Alianza del Pacífico, acción que se forjó en el gobierno de Lenín Moreno y que Lasso continúa con sus acercamientos a la Colombia gobernada por Iván Duque.

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«El señor Juan Carlos Holguín, en su calidad de embajador itinerante ad honorem en temas estratégicos, ha desempeñado una notable labor en razón de las prioridades del Gobierno, promoviendo relaciones internacionales estratégicas para el país», dice parte del decreto.

Holguín deja el cargo sin un informe de su gestión y sin explicaciones de su papel en la negociación internacional de vacunas, temas de comercio y tratados internacionales.

Holguín y CREO

Juan Carlos Holguín saltó a la palestra pública en las elecciones de 2019 para la alcaldía de Quito, pero su relación con CREO y Lasso se remonta al think tank liberal Ecuador Libre, donde se desempeña como director.

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«Designar al señor Roberto Salas como secretario técnico de Asociaciones Público – Privadas y Acción Delegada. Agradecerle por su disposición de servir al país como consejero ad honorem de inversiones y alianzas público – privadas», dice parte del decreto.

El nombramiento se realiza de acuerdo a los lineamientos de la creación de la Secretaría, donde se indica que el presidente de la República debe designar una cabeza para esta institución.

Antes de ocupar el cargo ad honorem, Salas iba a ser ministro de Energía, pero problemas con su declaración juramentada.

Entrega de bienes públicos

En el foro Ecuador Open for Business se anunció la entrega al sector privado del campo Sacha  El ministro de Energía, Juan Carlos Bermeo, manifestó que se da debido principalmente a que el Estado no cuenta con recursos para realizar las inversiones necesarias y explotar la total capacidad del Campo.

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«La presidencia de la República contará con una nueva Consejería de gobierno ad honorem para alianzas público-privadas», indica parte del decreto.

Entre las funciones de la Consejería estarán: «Asesorar al presidente y recomendarle mejores prácticas para promover, atraer, impulsar, concretar y mantener la inversión nacional y extranjera».

Además de reportar directamente al presidente estas recomendaciones. También gestionar y mantener reuniones para concretar alianzas para llevar a cabo proyectos de desarrollo nacional.

Sobre el trabajo de Salas, el Decreto indica que «esta designación no implicará remuneración alguna, no estará sujeta a régimen laboral». De manera que será una «colaboración voluntaria».

De esta manera, el gobierno cuenta ya con cuatro consejeros ad honorem. Carlos Cueva, consejero ad honorem para las políticas públicas de vacunación contra el covid-19. Luis Enrique Coloma, consejero ad honorem para la lucha contra la desnutrición infantil. Juan Carlos Holguín, embajador itinerante para temas estratégicos.

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 ¿Por qué existe el cargo ad honorem?

La denominción de ad honorem implica una especie de voluntarismo sin que reciban nada a cambio. Evidentemente eso no existe en la Ley de Servicio Público, no lo permite la Constitución. A excepción de algunos cargos en el servicio exterior, pero eso se regula en su propia ley. En el caso de servidores públicos en general no existe este puesto porque la Constitución establece con claridad que todo trabajo deberá ser retribuido a cambio de un salario justo. Trabajar de forma gratuita representa una vulneración a los derechos.

¿El ad honorem puede ser un punto ciego que impida al Estado obtener la rendición de cuentas de estos servidores?

Es loable que alguien quiera contribuir con su país. No hay que estigmatizar que alguien quiera dar su aporte intelectual, académico o profesional, pero hay que diferenciar los espacios. Si uno quiere hacerlo desde la sociedad civil porque no quiere recibir una retribución económica puede hacerlo desde una ONG, fundaciones, propuestas de política pública.

El ser servidor público conforme a la ley evita que exista la posibilidad de evadir las responsabilidades. Un servidor público debe rendir cuenta, los ciudadanos pueden fiscalizar sus actos. La Asamblea puede fiscalizar y requerir información de los funcionarios en el país. El artículo 120 de la Constitución lo establece. Si el ciudadano no tiene esa figura ¿cómo pedimos que rinda cuentas? Genera sospechas. Podemos pensar que esa persona no quiere acceder al servicio público de forma regular.

¿Cómo beneficia el cargo ad honorem a una persona?

Esta discusión no es solo normativa. Hay que tener cuidado con este tipo de cargos se construyen una narrativa para quedar bien ante la opinión pública, como si solamente se contribuye por estricto amor a la patria y desinterés. Como no existe un vínculo jurídico que les ate a la institucionalidad, el ciudadano puede aprovechar los vínculos políticos que tiene.

No hay que generalizar, no todos los que pertenecen a las elites económicos quieran llegar al Estado para sacar una tajada para sus intereses. Pero existen varios funcionarios que históricamente y que hoy generan dudas, mirando al Estado como una herramienta que les permita favorecer a su sector.

Este tema da lugar a la “puerta giratoria”. Estar al frente de una transnacional, ya sea explotación de recursos, petrolera, minera y entrar al Estado. Una vez allí crear las políticas que beneficien a esa compañia. Es decir poner en primer lugar los intereses corporativos y perjudicar los intereses de la nación.

O viceversa. Estás en el Estado y una vez que dejas el cargo, pasas a esa transnacional. Nuestra constitución prohíbe el tema de la puerta giratoria en el artículo 153 de la constitución. Los exfucionarios de Estado deben esperar dos años para ir a un alto cargo privado en empresas que tengan contratos con el Estado.

¿Quiere el Gobierno que veamos el servicio público como filantropía?

Lo que se intenta es enviar un mensaje de que aquí lo que sirve la filantropía, la buena fe, el desprendimiento. De que yo voy al servicio público a ayudar. Y es un mal mensaje. La ciudadanía debe tener un servicio públicos con servidores y servidoras que perciban una remuneración de acuerdo a la Ley. Para poder exigirle más y mejores decisiones.

Si alguien lo hace sin cobrar nada a cambio. El día de mañana puede decirnos “ustedes no tienen derecho a reclamar nada porque yo les estaba haciendo un favor. No me estaban pagando nada”. En el fondo termina por atacar el valor de lo público. Hace que el resto de servidores se vean como interesados, vagos, que quieren ganar un salario para enriquecerse. Esto no es así. También se puede construir un relato de que solo los que tienen grandes fortunas pueden llegar al sector público.

Hay que tener cuidado con este tipo de discursos. Lo público en el gobierno de Moreno se construyó como lo peor. Por eso se redujo el Estado y se despidieron a los servidores públicos.

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