La provincia con más personas en este rango de edad que están unidas es Guayas con 1.447, sigue Manabí con 734, Los Ríos con 516, Pichincha con 495, Esmeraldas con 311, Santo Domingo con 210, El Oro con 195; Azuay con 146; Morona Santiago, 136; Santa Elena 123; Cotopaxi, 133; Orellana con 108; Chimborazo, 93; Loja con 82; Napo con 79; Sucumbíos, 77; Imbabura y Tunguarahua con 72; Bolívar y Pastaza,52; Cañar con 44; Zamora Chinchipe, 36, Carchi con 22 y Galápagos,2.

Cifras a fondo

Las cifras se juntan al informe que Plan International, UNICEF y UNFPA realizaron en octubre del 2023 explicando las causas que llevan a niñas, niños y adolescentes a sufrir matrimonios o uniones de hecho. Incluso al saber que la relación entre mayor de edad y un o una menor es un delito. A pesar que en el Ecuador, esta práctica está prohibida, aún continúa y la sociedad la ha normalizado. ​De acuerdo con datos del registro de nacimientos del INEC, en 1 de cada 5 nacimientos registrados por parte de madres adolescentes, ellas se encontraban en unión libre, de hecho o casadas.

Cerca del 25% de madres menores de 18 años viven en unión temprana y forzada. Entre los factores están los ingresos económicos y la educación. Las niñas, niños y adolescentes que tienen más acceso a educación y estabilidad económica tienen mayores posibilidades de no casarse o llevar una unión de hecho. Según el informe, en Manabí, el 36,7% de las madres de entre 10 y 17 años se casaron a unieron. En Esmeraldas y Guayas, 1 de cada 4 madres menores de 18 años declaró estar casada o unida, en Sucumbíos un 17,3% y en Chimborazo menos del 10%.​ Algo que concuerda con las cifras del Censo 2022.

Violación de derechos

Según la UNICEF, América Latina y el Caribe es la única región del mundo donde los matrimonios infantiles no han disminuido en los últimos 25 años y ocupa el segundo lugar del mundo en número de embarazos en adolescentes. 

Si bien en Ecuador hay niños que sufren de esta práctica ilegal, las niñas son mucho más vulnerables ya que en estos casos acarrean embarazo o violencia sexual. «Las niñas y adolescentes unidas o casadas tempranamente tienen más riesgo de sufrir complicaciones durante el embarazo, parto y posparto, que pueden desembocar en muertes maternas que podrían ser evitables. Estas prácticas nocivas son una violación de los derechos humanos que cambian radicalmente la vida de las niñas”, dice el representante de UNFPA en Ecuador, Markus Behrend.

¿Qué debe hacer el Estado?

El cambio debe ser radical y enfocarse en las políticas públicas. «Un trabajo multisectorial que modifique normas sociales, actitudes y prácticas que promueven las uniones tempranas, infantiles y forzadas». Aplicar la ley y controlar que no siga cometiendo este delito.

Todos los ámbitos del Estado deben brinda un enfoque integral dirigido a niñas y adolescentes para propiciar el empoderamiento, también trabajar de la mano con los niños y adolescentes hombres, padres y madres, y líderes y lideresas comunitarias para construir espacios seguros y solidarios.

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La cifra de cancer infantil en Ecuador representa al menos 16,1 por cada 100 mil habitantes. Los casos nuevos son de más de mil niños, niñas y adolescentes al año, según el Ministerio de Salud. De estos casos, solo cuatro de cada diez niños sobreviven a la enfermedad, mientras que en otros países nueve de cada diez niños lo hacen.

En 2020, la Sociedad Ecuatoriana de Oncología (SEO), presentó un informe que detalla que en el país hay apenas 16 oncólogos pediatras. Y Desde ese año “realmente no ha cambiado nada”, asegura Aliz Borja, oncóloga pediatra que pertenece a la SEO.

A esto se suma el factor económico. Mediante una encuesta, la Fundación Cecilia Rivadeneira muestra que, de 286 familias de niños con cáncer, 55 % tiene ingresos inferiores a un salario básico ($425 al mes). En la mayoria de los casos, son los mismos padres los que deben pagar los medicamentos, cuyos precios sobrepasan el monto del salario básico.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer infantil es una de las principales causas de muerte de los niños en América Latina. De acuerdo al Ministerio de Salud, Ecuador es la segunda nación con la tasa más alta de mortalidad por esta causa, después de Perú.

Un problema en el sistema de salud en Ecuador

Diego Jimbo, fundador de  Acuerdo contra el Cáncer Ecuador,  afirma que estas cifras dejan claro que hay un problema en el sistema de salud. Según él, hacen falta leyes, respaldos legales y presupuestos para el personal de salud que trabaja en la lucha contra el cáncer infantil en Ecuador.

Ante esta precariedad en el sistema de salud, Carmen Gutiérrez explica que fundó hace 25 años ASONIC. Su finalidad es ayudar y asistir tanto a los niños afectados por el cáncer como a sus padres, porque los costos son muy altos en hospitales públicos como el Baca Ortiz.

ASONIC es una asociación sin fines de lucro que acoge en un albergue a 300 niños aproximadamente. En este albergue los niños reciben estadía, alimentación y ayuda psicológica. “El objetivo de la asociación es que los niños tengan un tratamiento digno, oportuno y gratuito”, señala Gutiérrez.

Para mantener en pie la asociación se hizo el lanzamiento de la campaña Un millón de amigos. La campaña tiene como finalidad reunir fondos para comprar una casa propia que sirva como albergue. Se planea realizar concursos de baile entre estudiantes de colegios y universidades que deseen participar.

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El SNAI confirmó la fuga de los adolescentes. Precisó que se ha notificado y coordinado acciones con las instituciones pertinentes para las investigaciones. Además, anunció que si los reclusos tuvieron ayuda de los funcionarios del centro para escapar, serán sometidos a procesos administrativos y legales. Por su parte, la Fiscalía investiga la fuga.

«Las autoridades de la Institución han dispuesto que quienes hayan faltado a las normas y disposiciones para precautelar el orden y seguridad del Centro serán sometidos a los procesos administrativos y legales respectivos», publicó a través de Twitter la Dirección General del SNAI.

Sobre el adolescente

Según Primicias, el joven que mató a Escobar tiene 16 años y respondería al nombre de Christian D. Aquel 19 de septiembre en que perpetró el crimen, el menor viajaba en una moto junto a otro antisocial cuando disparó 15 veces contra la víctima en las afueras de la Fiscalía del Guayas.

Antes del asesinato, Christian D. había salido hace tres meses del mismo centro por delito de robo. La jueza del caso cambió la resolución de internamiento por medidas preventivas.

Las autoridades dictaminaron un tratamiento de rehabilitación de charlas y capacitaciones de apoyo durante cuatro meses. El joven solo asistió un mes y medio. Su madre lo acompañaba, pero de repente el menor dejó de ir.

«Cristhian proviene de una familia disfuncional y escapó de la casa donde vivía con su madre y la pareja de ella. Lo último que se supo fue que estaba refugiado en casa de su abuela», reseñó el medio.

Tras dejar el tratamiento, ninguna autoridad estatal continuó con el seguimiento ni se activó ninguna alerta del poder judicial.

El fiscal Escobar

Édgar Escobar era fiscal de la Unidad de Personas y Garantías de Guayaquil. Fue baleado por dos sujetos en moto aquel fatídico día.

Él tenía encargado casos de sicariato y asesinatos ocurridos en la Penitenciaría del Litoral los días 12 y 13 de noviembre de 2021. Las masacres dejaron un saldo de 70 muertos en ese tiempo. Escobar procesó a dos PPL sobre esos disturbios.

También investigó las muertes del Jaime Fernando Villagómez y del periodista Fausto Valdivieso. El primero, asesinado en un restaurante en Samborondón. Procesó a un sujeto.

Actualización

El ministro del Interior, Juan Zapata, confirmó que la Policía Nacional capturó a tres de los cuatro menores fugados del CAI, aproximadamente a las 15:00 de este jueves. Uno de los detenidos fue el presunto asesino del fiscal Escobar.

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Entre los factores principales está: la pobreza estructural que lleva a los niños a colaborar en los gastos familiares. El trabajo infantil causa también deserción escolar, en febrero del 2021, 90.000 niños no regresaron a clases, la cifra aumentó en noviembre del mismo año con 150.000 menores.

La cifras de trabajo infantil son escalofriantes teniendo en cuenta la inversión en el gasto social de USD 13.000 millones que el gobierno realizó. En el rubro de educación solo se invirtieron 160 millones de los USD 495 millones presupuestados. No se han presentado públicamente planes para combatir la deserción, tampoco para la eliminación del trabajo infantil .

La directora del grupo Rescate Escolar, Sybel Martínez tampoco se explica cómo en el período Sierra – Amazonía, el Gobierno ha dejado que los chicos dejen los estudios. «Esa respuesta debe darnos el Gobierno. Dicen que 57.000 no volvieron a clases. Es un subregistro y no hay cifras oficiales. El Ministerio no tiene un plan para incentivar el regreso a clases. A eso hay que sumarle factores como la pobreza multidimensional extrema que llega a un 10%. 150.000 niños se encuentran en el trabajo infantil y 3.000 niños en la mendicidad», dijo a Radio La Calle.

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“La Corte estableció que la evaluación del consentimiento es relevante para establecer si existe una conducta que debe ser penalmente sancionable o si es el resultado de la evolución de las facultades para ejercer sus derechos”, indicó parte de la explicación.

De acuerdo con la Corte, generalizar el consentimiento de un acto sexual en menores de 18 años, como una opinión irrelevante desconoce su capacidad de tomar decisiones y su calidad como sujeto de derecho. La Corte dijo que “estableció parámetros para poder establecer si es un consentimiento válido o viciado”.

El artículo

El artículo 175 del Código Integral Penal (COIP) queda de la siguiente manera:

Art. 175.- Disposiciones comunes a los delitos contra la integridad sexual y reproductiva. – Para los delitos previstos en esta Sección se observarán las siguientes disposiciones comunes: (…)

5. En los delitos sexuales, el consentimiento dado por la víctima menor de dieciocho años es irrelevante. Con excepción de los casos de personas mayores de catorce años que se encuentren en capacidad de consentir en una relación sexual.

La Corte aclara que los criterios desarrollados y la evaluación del consentimiento no se aplica para los delitos, como pornografía infantil, trata de personas, explotación sexual, prostitución forzada, turismo sexual o comercialización de pornografía infantil.

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La administración del Municipio de Quito puso a disposición 14 «Casas Somos». Al sur: Chillogallo, Solanda, Atahualpa; al norte: Cotocollao, Pomasqui, Carcelén Alto, Carcelén Bajo, La Roldós, Bellavista, La Mariscal; al centro: San Blas, San Marcos; y los valles: Conocoto y Tumbaco.

«Es una de las estrategias implementadas en conjunto con la Secretaría de Coordinación Territorial para receptar donaciones en instalaciones del Municipio de Quito», dijo Gabriela Quiroga, secretaria de Inclusión Social.

«Regalar monedas en la calle a los niños es condenarlos a que sigan expuestos a violencia», añadió

Horarios

Las personas pueden hacer sus donativos en estos lugares de lunes a viernes de 08h00 a 18h00 y sábados de 08h00 a 16h30. Se recibe alimentos no perecibles, caramelos, juguetes en buen estado y útiles de aseo y bioseguridad.

A partir del 28 de diciembre, las donaciones se destinarán a niños, niñas, adolescentes y familias en extrema vulnerabilidad.

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El pasado lunes 19 de octubre, una niña de 11 años, su prima de 14 años y una vecina de ambas, también de 14 años, desaparecieron del municipio de Cumbal, en el Departamento de Nariño en Colombia. Fueron engañadas por redes sociales.

La menor de 11 años y su prima, salieron de su casa en dirección a la casa de su abuela, ubicada a unas cuantas cuadras de la suya. El rastro de ambas adolecentes se perdió cuando la abuela tuvo que dejarlas solas en casa y salir por una emergencia médica familiar.

Los familiares de ambas adolescentes recorrieron las calles de Cumbal, cercano a la frontera con Ecuador, hasta las 17h00. En esta búsqueda se encontraron con los familiares de la otra adolecente de 14 años que también habían perdido el paradero de la adolescente.

La Policía local señaló a los familiares que únicamente se puede dar como desaparecida a una persona después de 72 horas.

En lo que va del año se reportó la desaparición de 138 personas en el Departamento de Nariño. Esto agravó la desesperación de los familiares, quienes empezaron a buscarlas a través de redes sociales.

Dos compañeros de las desaparecidas llegaron al Municipio de Cumbal para contar que sabían que una de las desaparecidas mantenía conversaciones con supuestos adolescentes en Ecuador. En estas conversaciones se habría persuadido a la menor a viajar a Quito para conocerse.

“La niña mayor habría dicho que se iba a ver al novio, a quien conoció por redes sociales y supuestamente vivía en Quito. Físicamente no lo conocía. Le mandaban fotos falsas de niños bonitos. La menor estaba ilusionada”, declaró la madre de una de las desaparecidas.

La travesía de las menores

Según testimonio de una de las madres, una de las menores de 14 años convenció a su amiga de la misma edad para que la acompañase hasta Quito para conocer a su supuesto novio. Esta a su vez convenció a su prima de 11 años para realizar la travesía junto a ellas.

Las tres menores salieron en dirección a la frontera con Ecuador y caminaron durante tres horas hasta llegar al Puente de Sierra. En ese lugar consiguieron cruzar a territorio ecuatoriano.

Varios testimonios de personas que ayudaron a los familiares de las desaparecidas. Aseguraron que las menores caminaban por San Gabriel, en la provincia del Carchi.

Una vez en la ciudad de Quito, las adolescentes empezaron a deambular por las calles de capital ecuatoriana y fue ahí donde la Policía del Ecuador descubrió que se trataba de las menores desaparecidas en  Colombia.

Las menores fueron halladas el martes 20 de octubre y retornaron a Colombia la madrugada del miércoles 21. (E.Q.)

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Dicho estudio utilizó la metodología “Milena”, que estima el impacto socioeconómico del embarazo y la maternidad adolescente en países de América Latina y el Caribe. Para ello se utilizó como referencia datos del año 2017.

Según el estudio, en Ecuador, cada día, 158 adolescentes de 15 a 19 años de edad quedan embarazadas. De las cuales, el 39,9% llega con sus estudios hasta el nivel básico; el 56,1% de madres tiene educación media/ bachillerato; mientras que el 0,35% no tienen ningún nivel de educación.

De esta forma, las mujeres que terminaron la secundaria, cada año pueden ganar en promedio 3.233 dólares; el ingreso de las mujeres que, si terminaron la educación superior, asciende a 9.002 dólares. Mientras que las mujeres con posgrado pueden percibir un promedio de 16.746 dólares.

Estas cifras, según el informe, ocasionan una pérdida de 59,6 millones de dólares para el Ecuador. Estos datos se desprenden de la menor productividad. Estas adolescentes dejaron de percibir los menores ingresos porque abandonaron sus estudios para hacerse cargo de un hijo o una hija.

Este mide el impacto del embarazo y la maternidad adolescente en cinco áreas: educación, participación laboral, salud e ingresos fiscales no percibidos por impuestos.

Educación

Las y los jóvenes adquieren competencias necesarias para desempeñarse en el mercado laboral, especialmente a través de la educación.

Sin embargo, para las adolescentes embarazadas culminar sus estudios se vuelve una tarea casi titánica. Así lo demuestran los cálculos presentados en el estudio; la investigación ubica en una balanza el caso de las mujeres que fueron madres en la adolescencia y las mujeres que fueron madres siendo adultas.

El 52,3 % de las madres adolescentes tienen educación incompleta, mientras que en el caso de las mujeres que se convirtieron en madres siendo adultas, el porcentaje baja a 49,5%. Por otro lado, el 7,2 % de mujeres que fueron madres en la adolescencia han accedido a la educación superior en comparación al 18,4% de las madres siendo adultas.

El estudio también revela que tan sólo el 0,3% de mujeres que fueron madres en la adolescencia cuentan con posgrado, en comparación al 1,3 % de las madres siendo adultas.

Participación laboral

Una mujer tendrá mayor posibilidad de insertarse en el mercado laboral según su nivel de educación. El estudio revela que el 37,5% de mujeres que fueron madres en la adolescencia no tienen actividad laboral, en comparación al 34% de las mujeres que fueron madres en edad adulta. Además, revela que las mujeres que no están en el mercado laboral están inclinadas a las actividades no remuneradas dentro del hogar.

La deficiente participación en el mercado laboral de las mujeres que fueron madres en la adolescencia representa una pérdida de 19,8 millones de dólares anuales.

Salud

Para entender la complejidad de esta problemática social, el informe dice que dentro de las causas principales de embarazo en niñas y adolescentes menores de 14 años es el abuso sexual, esto ocurre principalmente en un ambiente familiar y educativo.

Según la Organización Mundial de la Salud la procreación prematura pone en riesgo, tanto la vida del bebé como la vida de la madre. “Los bebés de madres menores de 20 años se enfrentan a un riesgo de un 50% superior de mortalidad prenatal o de morir en las primeras semanas de vida, en comparación con los bebés de mujeres de 20 a 29 años” dice el informe.

En el Ecuador, según cifras del INEC, en el año 2017 murieron 10 madres adolescentes por cada 100 mil nacidos vivos. A partir de estos datos el informe estima que en 2017 se perdieron 82,5 millones en atención en mortalidad materna y a la atención del embarazo en adolescentes.

Ingresos fiscales

Para estimar el impacto del embarazo en adolescentes sobre los ingresos nacionales, el estudio tomo como referencia el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que equivale a un impuesto del 12 % de consumo y el Impuesto a la Renta que representa el 10% de impuesto a las ganancias. Bajo estas directrices se concluyó que el Ecuador dejo de percibir 9,6 millones de dólares, ya que el embarazo en la adolescencia imposibilita la participación en el mercado laboral, lo que genera diferencias en términos de consumo.

Finalmente, el informe concluye haciendo énfasis en la poca participación del Estado ecuatoriano en políticas públicas que garanticen la salud integral y la vida de las mujeres.

Además, recomiendan que se destine 38 millones de dólares cada cuatro años para prevenir el embarazo adolescente.

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El estado ecuatoriano invierte más de USD 270 millones en gastos por embarazo adolescente. Situación que, según los temores de González, se recrudeció en el confinamiento a causa del Covid-19. Esto debido a que las niñas y adolescentes pasaban más tiempo con sus victimarios.

Responsabilidad del Estado

Para el experto es de vital importancia que el Estado y la sociedad se concienticen sobre los mecanismos fundamentales para prevenir la violencia y el embarazo adolescente. Una buena educación sexual y afectiva, buena información y empoderamiento de las menores son algunas de las claves para erradicar esta situación.

«Igual que ponemos a un niño una vacuna para que no contraiga enfermedades, tendríamos que trabajar también la prevención de la violencia. Es un estrés tóxico que se instala en el cerebro de niños y niñas durante su crecimiento, que les impide desarrollarse plenamente como personas», expresó.

Políticas públicas que el Ejecutivo vetó

El pasado 25 de septiembre, el Ejecutivo vetó el Código Orgánico de la Salud. Mismo que planteaba políticas públicas en torno a la salud reproductiva de los ciudadanos. El artículo 22 recordaba que los adolescentes son sujetos de derechos, de acuerdo con la constitución ecuatoriana.

Plantea que puedan recibir información integral (incluida salud sexual y reproductiva) sobre autonomía y autocuidado para que puedan ser partícipes de las decisiones que afectan su desarrollo social, psicológico y biológico.

El artículo 115 indicaba que el Estado debe implementar políticas públicas y programas educativos para los centros de desarrollo integral para la primera infancia y establecimientos educativos a nivel nacional en materia de educación sexual. Esto para prevenir el embarazo en adolescentes, cuya tasa es alta en el país.

Cifras

El estudio de Unicef revela cifras preocupantes sobre la oportunidad de estudios para las madres adolescentes. Quienes no fueron madres en ese período tienen 6 % más probabilidades de terminar la educación primaria y secundaria y 11 % más de llegar al nivel de educación superior.

El país perdió USD 59.6 millones en 2017 en el costo de oportunidad de la educación por el embarazo en adolescencia que origina abandono y rezago escolar. Hay una brecha grande entre los ingresos de quienes fueron madres en la edad adulta (5,189) y quienes lo fueron de adolescentes (4,015). Una diferencia del 23%.

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La aplicación solicita al usuario su ubicación  y luego proporciona coordenadas específicas de puntos aleatorios con “alta energía”, invitándolo a vivir su propia aventura. Sin embargo, no hay un objetivo claro, sino una experiencia que vivir o algo “misterioso” que encontrar según las “intenciones” del portador, mencionan los internautas que la han usado en sus redes sociales.

Su popularidad se debe a que los usuarios han experimentado desde sucesos extraños hasta “hechos paranormales” en lugares solitarios y abandonados.

El caso más sonado aconteció el 23 de junio de 2020 en Seattle, Estados Unidos. Un grupo de adolescentes retransmitía su aventura a través de Tik Tok, pero cuando llegaron al punto de coordenadas encontraron una maleta que contenía restos humanos envueltos en fundas de basura. La polémica APP por lo pronto, se muestra como un éxito en los Estados Unidos y otros países.

No se conoce cuántos usuarios de Randómica existen en el país, pero paulatinamente, la mencionada aplicación va ganando fuerza en el segmento de jóvenes aficionados en especial al Tik Tok, una de las últimas apps en aparecer y generar una enorme cantidad de seguidores a nivel mundial, al punto de generarse un conflicto con el Gobierno de Estados Unidos, que por algunos días «pulseó» con esta empresa para lograr, aparentemente, una compra.

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