El pasado 27 de julio, Moreno emitió un Decreto que concede indulto presidencial a favor de las personas privadas de libertad cuya vida está en riesgo.

El documento dispone: “concédase Indulto Presidencial a favor de personas privadas de la libertad que han cumplido con los requisitos reglamentarios y pertenecen a grupos de atención prioritaria y con doble vulnerabilidad, con excepción de las personas condenadas por delitos sexuales y contra la eficiencia de la administración pública y la inviolabilidad de la vida, delitos violentos y por infracciones dolosas de mayor gravedad”.

La disposición del Ejecutivo otorga induto a personas adultas mayores, mujeres que habitan con niños en los centros de reclusión, personas con discapacidad y personas que padecen de enfermedades catastróficas y crónicas.

María Eulalia Sanipatín es una mujer de 73 años que sufre ceguera, hipertensión, diabetes e insuficiencia renal de segundo grado. A pesar de esta condición, un juez del Tribunal de Garantías Penales de Guayaquil le dictó una sentencia de ocho años de privación de libertad por un presunto faltante de dinero en la caja del Hospital Francisco Icaza Bustamante de Guayaquil.

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“Sufro de ceguera total en uno de mis ojos y con el otro solo puedo ver un 30%, a causa de una retinopatía, glaucoma y cataratas. Sufro también de hipertensión, diabetes e insuficiencia renal grado dos y neuropatía, todo lo cual se encuentra debidamente documentado en el registro de atenciones médicas del IESS al cual no he podido tener acceso. Debo indicar a usted que a pesar de todas mis afecciones, NUNCA LOGRÉ SACAR MI CARNET DE DISCAPACIDAD por la serie de trabas burocráticas que siempre fueron puestas para mis chequeos”, asegura María Eulalia en la solicitud de hábeas corpus que está procesando el abogado Hernán Ulloa, quien ofreció sus servicios

Orden de arresto

El pasado 27 de julio, agentes de la Policía Nacional arrestaron a María Eulalia con una orden de captura por un presunto delito que data de 2001, donde ella junto a tres personas más fueron acusados por faltante de dinero en la caja del Hospital Francisco Icaza Bustamante.

La mujer asegura que “luego de 6 años de haberse dictado el auto de llamamiento a juicio y sin haberse notificado a los defensores técnicos particulares que mantenía en aquella fecha, se dio paso a una juzgamiento en mi ausencia, vulnerando mi derecho a la defensa y por ende al debido proceso”

María Eulalia está recluida en el Centro de Privación de la Libertad Femenino de Guayaquil, ubicado en el Kilómetro 17 vía a Daule. Junto a su abogado, la adulta mayor presentó una demanda contra la psicóloga Marina Teresa Salazar León, directora del Centro de Privación de la Libertad, debido a que no ha brindado las atenciones médicas que requiere el estado de salud de la detenida.

Hábeas Corpus

La tarde de este jueves 30 de julio, el abogado de María Eulalia solicitó una garantía de Hábeas Corpus por el estado de salud que tiene su defendida, que es aún más vulnerable por la pandemia de Covid-19.

Organizaciones de Derechos Humanos

En el marco de la pandemia, la Organización de Estados Americanos emitió una Guía con enfoque en derechos humanos frente a Covid-19. Este informe exhorta a que las personas privadas de libertad tengan posibilidad de implementar medidas de distanciamiento, que podría implicar “la liberación inmediata de personas que se encuentran en una particular situación de riesgo como los adultos mayores y personas con otras enfermedades; la liberación de personas de baja peligrosidad; la liberación anticipada de personas que han cumplido casi toda su condena; y el otorgamiento de permisos de salida temporales…”.

Frente a estas recomendaciones, el presidente Lenín Moreno indultó a las personas que forman parte de grupos de atención prioritaria. En ese grupo se encuentran personas adultas mayores, mujeres que habitan con niños en los centros de reclusión, personas con discapacidad y personas que padecen de enfermedades catastróficas y crónicas.

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