Los denunciantes señalan que durante la segunda vuelta electoral se presentaron alteraciones de última hora en los recintos electorales, el uso arbitrario de recursos estatales con fines proselitistas y la «suspensión injustificada» del sufragio de miles de ecuatorianos residentes en el exterior.

Además, se denunció la exclusión deliberada de veedurías internacionales, lo que ha generado incertidumbre sobre la integridad del proceso. Según las fuentes, estas prácticas, sumadas a la imposición de un estado de excepción en algunas provincias históricamente combativas, configuran una estrategia para establecer un régimen de control y represión.

La perspectiva de organismos internacionales y la oposición

El organismo internacional de supervisión, representado por la misión de la Unión Europea y por declaraciones de Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), señalaron que, a pesar de algunos detalles aislados, los recuentos oficiales reflejaron la voluntad popular. Sin embargo, la candidata Luisa González no reconoció los resultados, advirtiendo «el fraude electoral» y exigió que se abran las urnas.

En respuesta a la situación, CELAC hizo un llamado urgente a la movilización popular y a la resistencia contra lo que consideran un retroceso en los principios democráticos. «Desde las calles y a través de medios internacionales se pide el respaldo de los pueblos latinoamericanos y del mundo para defender la soberanía y la dignidad de los ciudadanos ecuatorianos», dijo la CELAC en un comunicado.

AAJ denuncia un supuesto fraude

La Asociación Americana de Juristas (AAJ) alertó sobre graves irregularidades y un fraude estructural en el proceso electoral ecuatoriano del 13 de abril de 2025. Cuestionó la legitimidad de los comicios al señalar que el presidente Daniel Noboa incumplió el Código de la Democracia al no solicitar licencia para candidatearse, usando su cargo para intervenir en campaña con recursos públicos, violar el silencio electoral y permitir la participación de funcionarios en actos proselitistas.

Durante la jornada, se reportaron cierres anticipados de centros de votación, cambios de último momento en 24 recintos (impidiendo votar a miles) y la exclusión de más de 10.000 ecuatorianos residentes en Venezuela. Además, se identificaron actas sin firmas de autoridades de mesa, violando normas electorales.

Los resultados de la segunda vuelta generaron sospechas estadísticas: la candidata Luisa González, pese a sumar respaldos clave (como el movimiento indígena de Leonidas Iza), registró caídas inexplicables en provincias tradicionalmente favorables (ej: Pichincha, Guayas). La AAJ exigió una auditoría urgente del escrutinio y llamó a organismos internacionales a garantizar derechos políticos en Ecuador, subrayando la necesidad de investigar estas irregularidades como infracciones electorales y penales.

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El próximo 2 de diciembre se conmemora el bicentenario de la Doctrina Monroe (1823), formulada por el presidente norteamericano James Monroe (1817-1825). Tuvo el propósito de frenar cualquier intento de reconquista colonial de las potencias europeas en el continente, donde se libraban las últimas batallas por las independencias, que dieron como resultado el nacimiento de los distintos Estados latinoamericanos. El monroísmo se sintetizó en la fórmula “América para los americanos”, que acompañó la definitiva expansión imperialista de los Estados Unidos en el siglo XX.

Al calor del americanismo-monroísta, los EE.UU. han sido persistentes en múltiples iniciativas para mantener sus intereses y fomentar la subordinación de América Latina a ellos. El primer paso “diplomático” fue la I Conferencia Interamericana de 1890, que creó la Unión Internacional de las Repúblicas Americanas, transformada en 1910 en Unión Panamericana y en 1948 convertida en Organización de Estados Americanos (OEA), que pasó a ser un instrumento de la guerra fría en América Latina a raíz de la Revolución Cubana (1959) y que hoy es un foro que tiene un generalizado desprestigio. En materia económica el punto de partida fue el I Congreso Financiero Panamericano (1915), con el propósito central de “establecer relaciones financieras más estrechas y más satisfactorias” entre los países del continente, entre los cuales todavía predominaban las relaciones económicas con Europa. La I Guerra Mundial frenó ese camino, de modo que en 1939 se concretó la I Reunión de Ministros de Hacienda de las Repúblicas Americanas, aunque solo concluyó en proyectos y recomendaciones. Décadas más tarde, en los años 80 y 90, lo que se impuso en América Latina fue el FMI y los condicionamientos neoliberales del “Consenso de Washington”, cuando florecía la globalización transnacional.

Precisamente aprovechando de esa situación, los EE.UU. convocaron a la I Cumbre de las Américas (1994), que hizo énfasis en los dos aspectos tradicionalmente idealizados: el “libre comercio” y la “comunidad de democracias” de las Américas, vinculada a la . Su propósito directo fue constituir el “Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)”, un proyecto que ocasionó serias resistencias en las fuerzas progresistas y movimientos sociales, y que fue cortado de raíz por la Cumbre de los Pueblos, realizada en Argentina (2005), en la cual los presidentes Hugo Chávez (Venezuela), Néstor Kirchner (Argentina) e Inácio Lula da Silva (Brasil) descartaron el ALCA e impulsaron MERCOSUR, UNASUR y CELAC (Venezuela también el ALBA). En adelante, las Cumbres de las Américas se transformaron en foros de confrontación entre el monroísmo y el latinoamericanismo. Rafael Correa, entonces presidente del Ecuador, anunció que no asistiría a la VI Cumbre (2012) si se continuaba excluyendo a Cuba, posición que recibió el respaldo de otros países, lo cual obligó a la presencia de Cuba en la VII Cumbre (2015). Ese latinoamericanismo progresista determinó el inicio de conversaciones que desembocaron en la apertura diplomática entre Cuba y los EE.UU., incluyendo la histórica visita de Barack Obama a La Habana (2016), un proceso revertido por el presidente Donald Trump (2017-2021), bajo otra coyuntura de gobernantes conservadores y neoliberales en América Latina.

La IX Cumbre de las Américas en Los Ángeles (junio 2022) retomó el monroísmo e intentó la alineación de los países latinoamericanos con la posición de los EE.UU. en la guerra de Ucrania. Fueron excluidos de participar Cuba, Nicaragua y Venezuela. Pero los presidentes Andrés Manuel López Obrador (México), Xiomara Castro (Honduras) y Luis Arce (Bolivia) no asistieron a la cumbre (enviaron a sus cancilleres), mientras Johnny Briceño (Belice), Gabriel Boric (Chile) y Alberto Fernández (Argentina) cuestionaron en sus intervenciones la decisión unilateral del gobierno de Joe Biden. Tampoco se logró la alineación con Ucrania, pues América Latina se ratificó como región de paz.

El fracaso de las Cumbres ha conducido a una nueva estrategia de re-continentalización: el pasado viernes (3/Oct/2023) se realizó la “I Cumbre de Líderes de la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas (APEP)”. Se concreta con ella la iniciativa del presidente Joe Biden formulada durante la Cumbre de las Américas 2022, en la que anunció la creación de la “Asociación de las Américas”. A la flamante Cumbre asistieron: Joe Biden (EE.UU.), Gustavo Petro (Colombia), Gabriel Boric (Chile), Justin Trudeau (Canadá), Dina Boluarte (Perú), Luis Lacalle Pou (Uruguay), Luis Abinader (República Dominicana), Rodrigo Chaves (Costa Rica) y Guillermo Lasso (Ecuador), además de los ministros representantes de Barbados, México y Panamá. Se acordó un documento que, en esencia, expresa las intenciones de una coordinación económica continental, sobre temas generales: fortalecer la competitividad e integración regional; fomentar la prosperidad compartida y la buena gobernanza; construir infraestructura sostenible; proteger el clima y el medio ambiente; y promover comunidades saludables. Un plan simplemente declarativo, que queda lejos del programa Alianza para el Progreso, impulsado por el presidente J.F. Kennedy (1961-1963), único en tener éxito al promover el definitivo desarrollo capitalista de América Latina, en plena guerra fría y, paradójicamente, manteniendo coincidencias con algunas de las tesis de la CEPAL, como la reforma agraria, en la década de los sesentas.

El entusiasmo, al menos en la difusión de la I-Cumbre, ha correspondido a Guillermo Lasso, a un mes de verse forzado a terminar su gobierno. A fin de lavar su imagen, en sucesivos posts anticipó que en la reunión podía “ver oportunidades de solución a nuestros propios problemas coyunturales”, habló de varios “logros” en su mandato, agradeció al BID por sus “medidas idóneas para fomentar el desarrollo y bienestar de los ecuatorianos”. Son palabras que contradicen los desastrosos resultados de su gestión económica y social internas, que ofrecen un moderno cuadro del subdesarrollo.
 
Por sobre las declaraciones oficiales, cabe entender a la I Cumbre-APEP en tres contextos: primero, se retorna a los constantes planteamientos para un mercado libre continental, renovado con la idea de “cooperación económica”; segundo, ese mercado abierto y cooperativo se da en condiciones de desigualdad, entre una potencia gigante y países con menor desarrollo; y, tercero, la re-continentalización monroísta tiene el propósito de poner un frente al avance indetenible de los intereses de China, Rusia y los BRICS, en un mundo que aceleradamente configura una internacionalidad multipolar y con diversidad de regímenes políticos. Los gobiernos progresistas de América Latina tienen la oportunidad de evaluar bien la nueva agenda económica continentalista, que no tendrán límites de seguirla los gobiernos identificados con los intereses empresariales, bajo la ideología neoliberal.

Foto: Presidencia de la República

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