Hubo tres pronunciamientos durante la mañana de este lunes 6 de noviembre. El Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador (Congope) y la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) realizaron ruedas de prensa para expresar su malestar por la medida del régimen.

La prefecta de Pichincha y presidenta del Congope, Paola Pabón, mantuvo una reunión con sus homólogos de las provincias para tomar acciones ante la suspensión de entrega de asignaciones y la «deuda histórica» del Gobierno Central.

La prefecta de Cotopaxi, Lourdes Tibán, indicó que la deuda asciende a los USD 563 millones. «No pedimos nada extra, lo único que pedimos es que cumpla el Ministro de Finanzas», refirió.

El presidente nacional de Congaropare, Pabel Cantos, anticipó que los integrantes de las juntas parroquiales se movilizarán de manera pacífica el día miércoles 8 de noviembre de 2023.

Deudas a los municipios

El alcalde de Nabón y presidente de AME, Patricio Maldonado, señaló que no han obtenido una respuesta satisfactoria del régimen y que los recursos no han llegado a los municipios.

La Asociación advierte que los acuerdos ministeriales 027 y 062 del Gobierno lesionan los recursos con un recorte del 6.63 % del presupuesto de GAD’s municipales. Las medidas equivalen un golpe de USD 147.76 millones de valores pendientes por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.

Maldonado precisó que el Gobierno Central adeuda USD 511.92 millones a los diferentes municipios por diferentes rubros, solo al cabildo quiteño le debe USD 200 millones. Los montos a cancelar se dividen así:

• USD 5.5 millones por la Ley 047
• USD 392 millones por el Fondo de Desarrollo Sostenible Amazónico desde 2019 a 2023
• USD 27 millones (aproximadamente) por devolución de IVA desde las resoluciones de julio de 2023
• USD 62.8 millones por la Ley Orgánica de Servicios Públicos y Energía Eléctrica
• USD 24.3 millones por fondos Fingad

Tras la reunión, los alcaldes y simpatizantes ase volcaron a las calles de Quito hacia el ministerio del ramo, ubicado en la Plataforma Financiera al norte de la capital.

Marcha en el Guayas

Por otro lado, en Guayaquil se produjo una marcha encabezada por la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, en compañía de varios alcaldes de la provincia. Las autoridades y manifestantes presentes exigían al régimen que desiste en su decisión de reducir las asignaciones.

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Maldonado aseguró que el acuerdo 027 emitido por la cartera de Estado disminuye un 5,46 % del presupuesto de las entidades para obtener recursos y atender a las poblaciones.

«Esta disminución es un duro golpe para la prestación de servicios y el ejercicio de competencias cantonales. Esto es preocupante considerando que los Gobiernos Municipales atraviesan situaciones graves», resaltó.

Otra realidad vivieron algunas entidades bancarias, es el caso del Banco de Pichincha y el Banco de Guayaquil a los que el presidente Guillermo Lasso exoneró una gran cantidad de dinero en impuestos, los primeros meses del año.

La economista Wilma Salgado reveló que esos bancos se habrían ahorrado USD 112 millones en impuestos.

El representante detalló que esta disminución afectará a la gestión de sus competencias y a la prestación de servicios como agua potable, alcantarillado, recolección de residuos y control del espacio público.

“Los alcaldes son responsables de solucionar los problemas de educación, salud e infraestructura. Sin embargo, los recursos son los que nos limitan y hoy, precisamente, nos encontramos aquí por esta gran preocupación a nivel nacional», indicó.

Respuesta del Gobierno

Según el Ministerio de Economía, cada cuatro meses deben revisar las asignaciones a las instituciones y que los ingresos estén acorde. Comentó que al tener un registro menor de ingresos permanentes y no permanentes el segundo cuatrimestre del años tendrán una reducción de más del 5 %.

En un comunicado, el Ministerio recalca que estas medidas «mantendrán la sostenibilidad fiscal».

Por su parte, Maldonado enfatizó que si Finanzas no transparenta las razones de este recorte los GAD’s presentarán una demanda de inconstitucionalidad al acuerdo que fue presentado. (N.J.C)

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“Entramos como salimos. Exactamente igual. El Gobierno reconoció que el tema seguridad le compete a él. Reconoció que nuestra única función como alcaldes y prefectos es coordinar con la Policía Nacional. Dije que, hemos ido más allá de eso porque nuestro gobierno ha dado recursos a la Policía y que a los demás alcaldes y prefectos, incluyendo mi ciudad, se les debe las rentas y el IVA. Hablaron pocos alcaldes, Esmeraldas, Quito, Guayaquil, AME. Después el presidente y las autoridades. Terminó diciendo que el problema es el narcotráfico y el crimen organizado y que le competía a él y que iba a comprar carros blindados, helicópteros, aviones, etc”, dijo Viteri a modo de resumen.

Durante la reunión, que fue a puerta cerrada, Viteri sostuvo un pequeño cartel que indicaba la deuda que el Gobierno central sostiene con la municipalidad de Guayaquil. “USD 60 millones le debe a Guayaquil.

Por otra parte, la prefecta Pabón dijo que no hubo ningún plan para la seguridad. “Después de tres horas y media. Lamentablemente no hubo ningún resultado en concreto. Se nos convocó para hablar de un plan, nunca se nos presentó. En la reunión escuchamos varios discursos de los ministros y el presidente de la República”.

La funcionaria agregó que el Ejecutivo responsabilizó a los gobiernos anteriores del problema. “No pudimos conocer una sola cifra, inversión, ni las medidas inmediatas que tomará el Gobierno Nacional. Fue el discurso de la mano extendida, el problema de la seguridad es de todas y todos”.

Roces entre Ejecutivo y Viteri

La alcaldesa de Guayaquil llegó a la reunión con una caravana de camionetas de la seguridad municipal y un grupo de agentes metropolitanos. Ante ello, el gobernador del Guayas, Pablo Arosemena calificó a la acción como un “show” y dijo que Viteri se disfrazó de “Top Gun”, en referencia a la película y la vestimenta de Viteri.

 “Trabajar en equipo no consiste en disfrazarse de Top Gun y montar un show llevando decenas de camionetas de la AMT y CSCG hasta Quito malgastando recursos. No es correcto. Hay muchos alcaldes que sin haber dado una sola camioneta tienen un mejor manejo y coordinación de su cantón en temas de seguridad”, escribió en un comunicado. MIB

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“Voy a pedir cuentas, no solamente a asistir de oyente. Voy a pedir cuentas al Presidente de la República y al Gobierno entero en el tema de la delincuencia”, expresó Viteri.

Roces entre Viteri y el Gobierno

Guillermo Lasso convocó el pasado 31 de mayo a los 221 alcaldes del país para reunirse en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro y abordar de manera amplia el manejo de la seguridad en cada uno de los cantones.

“Esta es una guerra y el único camino es ganarla, para proteger la vida de los niños y jóvenes ecuatorianos”, manifestó Lasso.

La alcaldesa afirmó que la ciudad de Guayaquil es la única que ha aportado en la lucha contra la delincuencia. El municipio realizó una inversión de USD 27 millones.

Por otro lado, Viteri recalcó que la seguridad es competencia del Gobierno, según el artículo 261 de la Constitución. Sin embargo, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) establece la responsabilidad de los GADs en la conformación de consejos de seguridad ciudadana.

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El 28.76% calificó la gestión de buena. El 2.06% opina que es muy buena. El 2.37% no sabe o no responde. Perfiles de Opinión realizó la encuesta a 617 personas entre los 18 a 65 años. El trabajo tiene un 95% de confiabilidad y un margen de error de + 4.03 entre el 22 y 25 de abril.

En la ciudad de Quito, el 44.84% de personas cree que la gestión de Lasso es mala, a diferencia del 50.71% en Guayaquil. El 18.16% en Quito opina que la gestión es muy mala. En Guayaquil lo cree el 18.51%. De los quiteños, el 31.32% cree que el trabajo de Lasso es bueno, en Guayaquil, el 27.10% opina lo mismo.

En julio de 2021, el nivel de aceptación de Lasso fue de 74%, para abril del 2022 llegó al 30.82%.

Asamblea y alcaldes

El 51.25% de los encuestados cree que la Asamblea Nacional tiene una mala gestión. El 31.33% cree que es muy mala. Por otra parte, el 10.77% opina que la gestión es buena. Un 0.41% la califica de muy buena. El 49.60% cree que la gestión de la presidenta Guadalupe Llori es mala. Un 30.92% opina que es muy mala. El 10.34% cree que es buena y el 0.14% opina que es muy buena.

El 48.61% de los 309 quiteños encuestado cree que la gestión de Santiago Guarderas es mala. El 28.41% la califica de muy mala. El 15.26% cree que es buena y el 0.37% que es muy buena. Por otro lado, de los 308 ciudadanos guayaquileños, 55.24% cree que la gestión de Cynthia Viteri es buena. Un 29.85% cree que es mala. El 8.87% la califica de muy buena y el 4.35% opina que es muy mala. MIB

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Los recursos corresponden al modelo de Equidad Territorial, Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica (LOPICTEA), y devolución del IVA.

“La comunidad de la Amazonía se movilizará a Quito hasta el martes 1 de septiembre con al menos 20 personas de cada cantón. Los pobladores se dirigirán a los medios de comunicación y a la Plataforma Gubernamental para hacer escuchar su requerimiento”, indica el comunicado

Además, el grupo solicitará audiencias con las autoridades del Gobierno Nacional. Buscan reunirse con los ministros de Economía y Finanzas y de Gobierno,en comisión general con los alcaldes alcaldes.

En primera instancia, la mancomunidad de los gobiernos descentralizados de Morona Santiago tomó la decisión de realizar un plantón el lunes 31 de agosto del 2020 a las 10 de la mañana en Macas.

“El mismo día, en cada uno de los territorios de todos los GADs Municipales de Morona Santiago, paralizaremos las actividades de Concejales, empleados y trabajadores”, resalta el escrito.

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