Proceso legal

El 15 de septiembre de 2020 se formularon los cargos hacia el alcalde de Guamote. Los oficios fueron planteados por la compra irregular de insumos de bioseguridad en el contexto de la emergencia sanitaria. El 23 de febrero de 2021, Quishpe solicitó la apelación de su caso, la Corte de Justicia de Chimborazo aceptó el recurso.

En noviembre del mismo año, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó la sentencia de cinco años de prisión para el alcalde de Guamote y los dos funcionarios municipales. El delito fue comprobado por la entidad por medio de las certificaciones del portal de compras públicas y un informe pericial.  

El Tribunal de la Sala Multicompetente Provincial de Justicia de Chimborazo declaró la culpabilidad de los funcionarios en el hecho como autores y coautores respectivamente. Tras dos años en el proceso, el 30 de septiembre de 2022 la Corte ratificó la sentencia.

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La instrucción fiscal durará 90 días, tiempo en el que se profundizarán las investigaciones para esclarecer los hechos imputados. La Fiscalía General del Estado (FGE) recabó los elementos de convicción desde junio de 2020.

Trabajo fiscal

En la audiencia de formulación de cargos, la fiscal provincial de Chimborazo, Mayra Moreno, justificó el inicio del proceso penal en contra del burgomaestre. Así, presentó varios elementos de convicción recabados en un allanamiento ejecutado en las instalaciones del GAD municipal. Se tratan de certificaciones del portal de compras públicas, contratos, procesos de compra otorgados en medio de la emergencia sanitaria por Covid-19, entre otros.

Los elementos presentados hacen presumir un delito de tráfico de influencias en la compra de insumos de bioseguridad con presunto sobreprecio. Según la investigación, la compra habría favorecido a un oferente por USD 96.608 (incluido IVA).

Los motivos

Según las investigaciones, el alcalde y cantautor Delfín Quishpe habría direccionado un contrato con sobreprecios durante la emergencia sanitaria por Covid-19. La beneficiaria sería la Importadora Quitio cuyo propietario es el también imputado Rafael Teodoro Q. P. Este último, ahora figura como precandidato a la dignidad de legislador para la Asamblea Nacional.

El pasado 4 de junio, la Fuerza de Tarea creada por la Fiscalía General del Estado (FGE) allanó las instalaciones del Municipio de Guamote. En el operativo, colocaron en cadena de custodia a documentos y computadoras.

Tras las pericias, la Fiscalía asegura que Quishpe favoreció al imputado y su empresa con el contrato. Además, según el reporte, el alcohol que adquirió el municipio en realidad se trataba de aguardiente.

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El delito que imputa a los procesados gira en torno al presunto delito de tráfico de influencias cometido en la jurisdicción territorial de la provincia de Chimborazo, cantón Guamote, parroquia Guamote.

Contrato con sobreprecios

Según las investigaciones, el alcalde y cantautor Delfín Quishpe habría direccionado un contrato con sobreprecios durante la emergencia sanitaria por Covid-19. La beneficiaria sería la Importadora Quitio cuyo propietario es el también imputado Rafael Teodoro Q. P. Este último, ahora figura como precandidato a la dignidad de legislador para la Asamblea Nacional.

El pasado 4 de junio, la Fuerza de Tarea creada por la Fiscalía General del Estado (FGE) allanó las instalaciones del Municipio de Guamote. En el operativo, colocaron en cadena de custodia a documentos y computadoras.

Tras las pericias, la Fiscalía asegura que Quishpe favoreció al imputado y su empresa con el contrato. Además, según el reporte, el alcohol que adquirió el municipio en realidad se trataba de aguardiente.

El delito

De acuerdo al artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el delito de tráfico de influencias es sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

La Comisión Anticorrupción capítulo Chimborazo inició la investigación en conjunto con el Parlamento Indígena. Tras las denuncias, corresponde al Concejo Municipal de Guamote decidir la posible destitución del cargo del alcalde Delfín Quishpe.

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