La autoridad expresó que fue notificado y que la Fiscalía y Policía tomaron fotos para tener constancia del lugar, es decir, las oficinas de la Secretaría General de la Asamblea.

A pesar de que se habló de un presunto allanamiento a las instalaciones del Legislativo, es necesario recalcar que no ocurrió.

Sobre la denuncia, Muñoz rechazó completamente las acusaciones. «Esta denuncia es absolutamente antijurídica, absolutamente irracional, el objetivo es amedrentarme». Responsabilizó al presidente Noboa de lo que pueda ocurrir con su vida y la de su familia.

La Secretaría General de la Asamblea Nacional devolvió a Noboa el Decreto Ejecutivo 500 ya que incumplía lo establecido por la ley. El secretario indicó que en los casos de fuerza mayor para la ausencia temporal del presidente no está la campaña electoral ni el proselitismo político. El decreto no toma en cuenta los artículos 146 de la Constitución ni el 42 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

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La Secretaría General de la Asamblea Nacional devolvió a Noboa el decreto ejecutivo 500 ya que incumplía lo establecido por la ley. El secretario indicó que en los casos de fuerza mayor para la ausencia temporal del presidente no está la campaña electoral ni el proselitismo político. El decreto tampoco toma en cuenta los artículos 146 de la Constitución ni el 42 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa acerca del pedido de licencias.

«Hacer campaña o proselitismo político no es una causa de fuerza mayor. El cumplimento de la ley no es un caso de fuerza mayor», indicó Muñoz en sus declaraciones.

La vicepresidenta nombrada mediante el decreto ejecutivo 494, Cynthia Gellibert, asumió la presidencia temporalmente en medio de las críticas por las inconsistencias legales de su nombramiento.

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Con 87 votos afirmativos, 37 negativos y 5 abstenciones el Pleno de la Asamblea resolvió no acatar la orden del juez Edgar Salazar para retomar los juicios políticos contra los exfuncionarios de Gobierno. Asimismo, se solicitará al Comité de Ética que inicie procedimientos administrativos contra Inés Alarcón y Xavier Jurado.

“Vamos a accionar contra los asambleístas que no acaten la acción de protección”, dijo la asambleísta Valentina Centeno, quien a su vez resaltó que el incumplimiento de la decisión judicial podría desembocar en una destitución.

Los juicios políticos en contra del exministro de Economía, Pablo Arosemena; la exsecretaria de Educación Superior, Andrea Montalvo; y el exsecretario de la Administración Pública, Sebastián Corral, fueron archivados debido al retiro de firmas de respaldo a estos procesos impulsados por el oficialismo.

Esta acción adelantó las diligencias en contra de la canciller Gabriela Sommerfeld y la ministra del Interior, Mónica Palencia. La legisladora Centeno aclaró que »bajo ningún concepto» esta acción de protección busca que no se fiscalice el trabajo de los funcionarios del Gobierno.

Por su parte, la asambleísta Inés Alarcón, quien interpuso la acción de protección para retomar estos juicios políticos, argumentó que existió una vulneración de derechos y que nunca le llegó la notificación del retiro de firmas.

El oficialismo se queda solo

El pasado 22 de agosto el secretaria de la Asamblea, Alejandro Muñoz, anunció que el órgano Legislativo no acatará dicha sentencia. Asimismo calificó a esta decisión judicial como un hecho de »corrupción» y desde el Parlamento solicitarán la destitución del juez Edgar Salazar, quien admitió la acción de protección de Inés Alarcón.

El funcionario aclaró que no pueden acatar esta resolución ya que estarían incumpliendo una sentencia aún mayor de la Corte Constitucional, que manifiesta que la justicia no debe ser tomada para resolver conflictos de naturaleza política. Ante estas declaraciones, el oficialismo interpuso una demanda contra Muñoz por el presunto delito de usurpación de funciones.

El Partido Social Cristiano (PSC), la Revolución Ciudadana (RC) y Construye expresaron su respaldo al Secretario del Legislativo. La parlamentaria Paola Cabezas señaló que solo la Corte Constitucional puede destituir a una asambleísta, más no el poder judicial. (AGM).

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»Esta sentencia de intereses políticos aberrante, arbitraria y corrupta no será acatada por ser imposible de aplicar», dijo el secretario del Legislativo, Alejandro Muñoz.

El funcionario argumentó que si la Asamblea efectúa esta sentencia estaría incumpliendo un dictamen aún mayor de la Corte Constitucional que impide que la justicia constitucional interfiera en temas políticos. La decisión final la tomarán los 137 parlamentarios luego del receso legislativo.

Por otro lado, Muñoz cuestionó que en primera instancia la acción de protección haya sido retirada del Tribunal de Iñaquito, al norte de la capital, tras conocer quien sería el juez de la causa. El recurso legal fue presentado nuevamente en Quitumbe y cayó en manos del juez Edgar Salazar, quien falló a favor de la asambleísta Alarcón.

Desde el Legislativo se solicitará a Judicatura la destitución del juez del caso y se interpondrá una denuncia en Fiscalía por el delito de prevaricato. Asimismo analizarán las acciones de la asambleísta que »puso en problemas legales» al primer poder del Estado.

La respuesta del oficialismo

Por su parte la asambleísta Inés Alarcón señaló que el Legislativo »debe acatar la decisión de la justicia y dejar de proteger a los exministros de Lasso».

Según justificó, el juez reconoció que no se le notificó oportunamente el retiro de las firmas de respaldo a su pedido de juicio político contra el exministro de Economía, Pablo Arosemena, ni tampoco se dio paso al ingreso de las nuevas rúbricas de apoyo al proceso.

El ministro de Gobierno, Arturo Félix, también se pronunció ante lo ocurrido y bajo el discurso de la vieja política pidió al Legislativo que se respeto el orden de los juicio políticos y acojan la resolución del juez.

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»La nueva política parece guardar los vicios de la vieja política. Alerto al país que he recibido amenazas e intimidaciones por parte del Ejecutivo», dijo el funcionario en la plataforma X.

Según detalló Muñoz, el asambleísta oficialista y segundo vicepresidente del Legislativo, Eckenner Recalde, realizó una solicitud escrita para apresurar el nombramiento de Godoy. Asimismo, señaló que recibió llamadas amenazantes e intimidaciones por parte de emisarios del Viceministerio de Gobierno para aumentar la presión, lo cual sería un »claro intento de intromisión a las funciones del Estado».

La petición de Recalde era presidir la sesión de posesión y llamar al Pleno este 15 de julio por la ausencia del presidente del Legislativo, Henry Kronfle, sin embargo, Muñoz aclaró al funcionario que el titular del Parlamento sigue en funciones y dirigirá la convocatoria.

»Me dicen que en donde yo no haga caso a lo dicho por Recalde, procederán a buscar mi destitución», dijo en entrevista a Teleamazonas.

¿Y la Revolución Ciudadana?

De igual manera, resaltó que no recibió ninguna intimidación por parte de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), por el contrario, dijo que recibió llamadas de apoyo por parte de los legisladores de la organización política.

El vínculo de Godoy con la RC viene de su historial laboral, pues fue abogado del expresidente Rafael Correa y del extitular del CPCCS, Alembert Vera. No obstante, también trabajó como defensa del coordinador de Pachakutik, Guillermo Churuchumbi, y laboró en distintos cargos públicos desde el 2009 hasta el gobierno de Guillermo Lasso.

En entrevista para La Posta, Godoy aseguró que no tiene ninguna vinculación con la RC y ningún otro movimiento político y argumentó que hay una separación entre su ejercicio profesional y su ideología.

El gobierno responde

A través de un comunicado la bancada oficialista rechazó las declaraciones del secretario Muñoz y manifestó que el funcionario es un actor político más que defiende los intereses de una línea partidista .

»A pesar de ser este un cargo técnico e imparcial, vemos como el Secretario vierte declaraciones políticas, realiza comunicados y da entrevistas contra el Gobierno Nacional. Ante aquello, precisamos que, usar la imagen institucional y a su personal, con fines políticos, no es ético ni apropiado», dijo la bancada sin desmentir las amenazas e intimidaciones denunciadas.

El próximo 16 de julio a las 17h00 el pleno del Legislativo hará oficial la posesión de Godoy, en medio extensas polémicas. (AGM).

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