Asimismo, habló de la necesidad, por parte del gobierno de Moreno y el de Lasso, de cumplir con las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había otorgado a Glas por la afectación a su salud.

El jurista aclaró que la Corte Constitucional estipuló lineamientos cuando existen sentencias ejecutoriadas que determinan que un juez de instancia puede otorgar el habeas corpus. También explicó que al analizar la competencia por territorio, el domicilio de quien presentó la acción de habeas corpus está en Manglaralto.

«Por eso pudo presentarlo en ese cantón y ante ese juez», insistió Vanegas.

Habeas Corpus

Vanegas dijo que se cumplió con los requisitos legales y normativos y que existieron otros recurso legales que se debieron haber cumplido hace varios años como la prelibertad y medidas cautelares. “Ayer, recién se hizo justicia”, señaló el abogado.

«Esta decisión no es nueva y hay decenas de casos de habeas corpus correctivo (…) Muchas personas han utilizado la acción de habeas corpus para salir de los centros de rehabilitación (…) Decenas de personas sentenciadas y con sentencias ejecutoriadas han utilizado esta garantía constitucional”, argumentó.

El abogado recordó que Glas aún tiene varios mecanismos legales como son: el recurso de revisión en materia penal; la posibilidad de amnistía con el Legislativo, o recurrir a organismo internacionales.

Igualmente, dijo que hay que analizar, cuando se solventen los mecanismos legales, la posibilidad de que Glas pueda recuperar sus derechos políticos y pueda ser candidato a alguna dignidad.

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“Más allá de analizar el caso concreto para determinar si la sentencia es justa, hay que determinar la posibilidad de injerencia por parte del Ejecutivo en el sistema de justicia”, manifestó durante una entrevista con Radio La Calle.

Vanegas expresó que se deberían analizar las particularidades que suceden como consecuencia de una sentencia dentro del sistema judicial. Afirmó que en un Estado de justicia lo que debe prevalecer es la independencia de las funciones estatales.

Por otro lado, mencionó que los miembros de la Policía Nacional no tienen las garantías necesarias para poder combatir la delincuencia, pero tampoco se descarta que pueden ocurrir casos donde la policía se extralimita.

“En este caso el policía se extralimitó y evidentemente no puede quedar en la impunidad como tampoco puede quedar en la impunidad los actos delictivos que cometan los ciudadanos”, recalcó el abogado.

Sobre el anuncio que hizo Guillermo Lasso de una reforma a la justicia y la eventual eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Vanegas explicó que es inconstitucional una reforma de este tipo, mediante una consulta popular.

“Yo creo que el enfoque está mal dirigido por parte del Gobierno. Lo que deberíamos analizar es si el sistema de justicia es independiente, eficiente y combate la impunidad”, indicó.

Enfatizó en que el problema de la justicia en el país es la falta de institucionalidad, que permite la injerencia de sectores económicos o políticos, lo que afecta la independencia e imparcialidad que deben tener los jueces.

Vanegas insistió en la necesidad de ir a una Asamblea Constituyente para solucionar la falta de institucionalidad que vive el país.

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