Mencionó que el dictamen solo garantiza la impunidad de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, por los hechos que ocurrieron después de su designación. Además, comentó que sus actuaciones durante su estadía en el Cpccs «pusieron a temblar» a los «sujetos que se tomaron el Estado y las instituciones».

«Lo actuado es un grave abuso de poder. El poder ciudadano y la democracia han sido gravemente atacados y destruidos», reza la carta que publicó en su cuenta de X.

Enfatizó que los jueces deberán rendir cuentas de lo actuado ante el Sistema Interamericano de Derechos (SIDH). También, cuestionó que su destituido se basó en una «sentencia inventada que los auto protegía» y permitía que gane la «impunidad para algunos actos atroces».

«La herencia nefasta de las atrocidades del trujillato sigue actuando con sus secuaces vacunadores, puestos a dedo en la Corte Constitucional», expresó.

El pronunciamiento de la Corte

La noche del 6 de octubre, la CC destituyó a Vera luego de que aceptara crear una veeduría que pretendía revisar las acciones del Cpccs-Transitorio y la designación de jueces de la entidad.

A este conflicto se suma que el Cpccs aceptó crear otra veeduría para atender el supuesto plagio de la tesis de la fiscal, denunciado por el colectivo Acción Jurídica Popular.

La entidad de control lo acusó de haber incumplido con el dictamen de la CC y ordenó que se archivara las acciones en contra de Salazar y la veeduría del trujillato.

Ya lo había anticipado

El 19 de septiembre de 2023, Vera señaló que los miembros de la entidad pedirán medidas cautelares al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) si la posibilidad de destituirlos se aprueba.

“No podemos permitir que destituyan a las autoridades que fueron democráticamente electas. Lo peor, solo por cumplir sentencias judiciales y obligaciones constitucionales”, afirmó.

La entrada Vera: «Lo actuado por la Corte no es jurídico, es político» se publicó primero en La Calle.

La hasta ayer vicepresidenta hizo su primera aparición en redes sociales con un video en el que «ratificó su compromiso de devolver la institucionalidad del Consejo a los 17 millones de ecuatorianos».

«Hago un llamado a todos los consejeros a trabajar juntos por sacar a la única institución que le permite a los ciudadanos participar de manera activa», expresó.

Según Bonifaz, es momento que el Cpccs se redirija a una verdadera democracia y cuente con las garantías jurídicas necesarias.

Además, Juan Carlos Cárdenas será oficializado como vocal de la entidad en los próximos días. A través de un video en redes sociales mencionó que sus prioridades son:

• Transparentar el concurso a Contralor General del Estado;

• auditar a los GAD’s para que instalen las casas de acogida para las mujeres que han sido violentadas, y;
• comenzar un proceso agresivo de limpieza de las instituciones públicas. «Ahí hay funcionarios que tiene contratos ilegales», dijo.

El inicio del inicio

La noche del 6 de octubre Vera fue separo del Cpccs, mientras que los otros consejeros (Augusto Verduga, Yadira Saltos, Nicole Bonifaz, Johanna Verdezoto, Mishelle Calvachi y Andrés Fantoni) se mantuvieron como vocales. Sin embargo, la Corte Constitucional advirtió que estará vigilante a las acciones de los integrantes del Cpccs.

La resolución se da luego de que Vera diera paso a la creación de una veeduría que revisaría las actuaciones del Cpccs-Transitorio y la designación de jueces de la Corte.

Una de esas acciones fue la designación de Diana Salazar como fiscal general del Estado (FGE). A esto se suma la denuncia del colectivo Acción Jurídica Popular (AJP) sobre el presunto plagio de Salazar en su tesis y un artículo científico.

El dictamen también incluía el archivo de la veeduría y cualquier acción levantada en contra de la fiscal, todo en un plazo de 10 días.

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Una vez concluido el plazo, la Corte continuará con la deliberación y la toma de decisiones. «Actuaremos en absoluta independencia y asegurando el debido proceso», detalla el comunicado.

El pasado 25 de septiembre, la CC llamó a una audiencia al Cpccs luego de que este aceptara crear una veeduría que pretendía revisar las acciones del Cpccs- Transitorio. Entre esas decisiones está la designación de la fiscal general del Estado (FGE).

La máxima autoridad de la entidad, Diana Salazar, alegó que los consejeros irrespetaron un dictamen de la Corte que blindas las acciones del Cpccs-T. Además, pidió la destitución de cuatro de los siete consejeros, quienes fallaron a favor de esa decisión.

El presidente del Cpccs, Alembert Vera y el consejero Augusto Verduga enfatizaron que la entidad no ha tomado acciones que incumplan las disposiciones de la CC. Resaltaron que los procesos que llevan en curso no “topan” a la designación de la fiscal.

“No es de nuestra competencia y el objetivo nunca fue destituir a nadie. No se ha violentado o incumplido nada”, dijo.

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El enrollo empezó cuando el Cpccs aceptó crear una veeduría que pretendía revisar las acciones del Cpccs-Transitorio. Salazar fue designada máxima autoridad de la Fiscalía en ese periodo.

La fiscal, en la audiencia convocada por la CC, aseguró que los consejeros pretendían revisar la documentación presentada por la fiscal para el concurso de méritos.

Según ella, que el Cpccs haya aceptado la veeduría solicitada por AJP le permite revisar esos informes, por lo que estarían irrespetando el dictamen interpretativo de la Corte.

«Es claro que las actitudes de los consejeros socavan los bienes ajenos al bien común. Está en sus manos hacer cumplir lo que dicta la ley», apuntó.

«No incumplimos nada»

En la primera ronda de intervenciones, el presidente del Cpccs, Alembert Vera y el consejero Augusto Verduga enfatizaron que la entidad no ha tomado acciones que incumplan o irrespeten las disposiciones de la CC. Resaltaron que los procesos que llevan en curso no «topan» a la designación de la fiscal.

«No es de nuestra competencia y el objetivo nunca fue destituir a nadie. No se ha violentado o incumplido nada», dijo.

Verduga comentó que son dos cosas distintas revisar una investigación presentada por la ciudadana y otra es generar actos de nulidad (lo que repite Salazar).

«Aprobar un informe de investigación no es cometer un acto administrativo encaminado a modificar la designación de Salazar», dijo.

Recalcó que si las denuncias demuestran que la fiscal tiene algún tipo de responsabilidad no implica que el Cpccs puede modificar esa designación. «Además, es muy probable que cuando eso pase Salazar ya haya terminado el periodo», expresó.

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Verdezoto resaltó que no fue parte de ninguna decisión para que se realice esa supervisión ni para la designación de los jueces de la Corte Constitucional del Cpccs-T.

Según la consejera, el Cpccs actual «no puede ejercer comparecencias extraordinarias que vayan más allá de la Constitución».

«Nuestras acciones deben estar delimitadas y en base a nuestras competencias y atribuciones».

El Cpccs entró en una encrucijada cuando aceptó crear la veeduría para revisar las acciones del «trijullato». No obstante, la CC rechazó el pedido porque «va en contra de su dictamen interpretativo».

Ante ese panorama, la ciudadana Betty Moreira interpuso una acción de protección contra el Cpccs, por lo que el juez de Montecristi, Leive Quimís dispuso a la entidad debe dar acompañamiento técnico y la asignación de recursos económicos al proceso de veeduría.

Sin embargo, la CC ya inició una investigación y si se determina el incumplimiento de la sentencia, los consejeros podrían ser destituidos.

Por su parte, el presidente del Cpccs, Alembert Vera, mencionó que junto a sus compañeros preparan medidas cautelares si la CC resuelve retirarlos del cargo.

«Acudiremos al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) porque no se puede destituir a las autoridades democráticamente electas», apuntó.

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«No podemos permitir que destituyan a las autoridades que fueron democráticamente electas. Lo peor, solo por cumplir sentencias judiciales y obligaciones constitucionales», afirmó.

Vera aseguró que el Cpccs no vulneró ningún dictamen de la Corte Constitucional (CC). Además, enfatizó que este entramado ya no se trataría de un aspecto jurídico, sino político. Resalto que «buscaron otra acusación para tomarse la institución».

«Este Pleno solo cumplió con la sentencia de crear una veeduría. Ahora si existe una contradicción entre la Corte y el juez que ordenó eso, es la CC la que debe arreglar ese problema», apuntó.

La entrada Consejeros preparan medidas cautelares por si intentan destituirlos se publicó primero en La Calle.

Además, concedió un plazo de 24 horas para que el presidente del Cpccs, Alembert Vera, cumpla esta disposición. El recurso lo presentó la abogada Fernanda Díaz, quien compadece en calidad de afectada.

El Cpccs debía elegir al ganador, luego de que presentaran el examen escrito de conocimientos. Posterior a eso, la Asamblea Nacional lo/la posicionaría en cuanto entre en funciones.

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El consejero Augusto Verduga mira la polémica que ha desencadenado la petición de la veeduría como »una arremetida más de ciertas empresas de la comunicación para manchar al actual Cpccs», dijo en entrevista para Radio La Calle.

La solicitud la presentó la ciudadana Betty Moreira en el período de Gina Aguilar, sin embargo, fue rechazada por ir en contra de un dictamen interpretativo de la Corte Constitucional (CC). En mayo del 2019, el órgano de control resolvió que las decisiones del Cpccs-T no pueden ser revisadas por el Cpccs definitivo, un blindaje que hoy deja entre la espada y la pared a la actual administración.

Ante la negativa de su diligencia, Moreira interpuso una acción de protección contra el Cpccs. El juez de Montecristi, Leive Quimís dispuso a la entidad, el acompañamiento técnico y la asignación de recursos económicos al proceso de veeduría.

A partir de esta disposición, el presidente del Cpccs, Alembert Vera abrió las inscripiciones para el proceso. Por su parte, la CC ya inició una investigación y si se determina el incumplimiento de la sentencia los consejeros podrían ser destituidos.

Por otro lado, »al no acatar el fallo del juez de Montecristi también se podría incurrir en el incumplimiento de decisiones ilegítimas a la autoridad competente», resaltó Verduga.

El otro relato…

Para el exmiembro del Cpccs-T, Pablo Dávila esta veeduría tendría la intención sacar de funciones a los jueces de la CC. »Yo estoy convencido que detrás de esta argucia jurídica lo que hay es una estrategia de orden político para desestabilizar una vez más al país», dijo en entrevista para Ecuavisa.

Por su parte, Vera aclaró que no existe ninguna intención de tumbar a la CC y resaltó que la institución tampoco tiene las atribuciones para destituir a funcionarios. Para él, los medios de comunicación masivos están creando otro relato.

Para Verduga este es un tema que debe resolver el Cpccs junto a la Corte. También enfatizó en que la entidad envió su cuestionamiento a la secretaría técnica de la Corte sobre cómo proceder en este dilema jurídico.

De igual manera, dijo que en los procesos de elección a la nuevas autoridades de control existen sentencias de la Corte Constitucional que ocasionan el retroceso de los procesos, tal es el caso de los concursos para la elección de contralor y la autoridad para el Consejo Nacional Electoral (CNE).

»Por ser de izquierda»

La CC ya pidió a la institución la información para determinar si se está cumpliendo con el dictamen. Desde el punto de vista de Verduga, lo que dictaba esta sentencia es que el Cpccs no podía revisar de oficio la actuaciones del ‘transitorio’, pero no se habló de un blindaje a los ciudadanos.

»No solo es el dictamen de la Corte, sino también un artículo de la propia Constitución en donde se establece que el pueblo es el mandante y primer fiscalizador de todos los actos del poder público», recalcó.

El panorama del dilema jurídico desembocó en una crítica política a la gestión del Cpccs, no solo ahora, sino desde la posesión de los consejeros en la Asamblea. De acuerdo a Verduga este problema es por su tendencia ideológica.

»Yo estuve militando en un medio de comunicación de izquierda, entonces esos son mis valores, yo creo en la justicia social, si eso me hace cercano a cierta tendencia política ese será el rótulo que me pongan. Yo no tengo ninguna hipoteca con ningún movimiento político», recalcó.

El contexto del ‘trujillato’

Tras la consulta popular del expresidente Lenín Moreno, en el 2018, se instauró el Cppcs transitorio también conocido como ‘trujillato’ porque era liderado por Julio César Trujillo, quien falleció en el 2019.

La gestión de esta administración tuvo diversas críticas en el nombramiento de autoridades. El abogado Ramiro Aguilar señaló que la »ilegalidad más monstruosa» que hizo el Cpccs-T fue declarar en vacancia a la Corte Constitucional durante 60 días y cesar de sus cargos a los nueve jueces que estaban en funciones.

El jurista recalcó que ninguna norma permitía que el Cpccs tome esa decisión, ni siquiera la consulta popular de Moreno, por la tanto, habría una violación a la Constitución.

Por otro lado, indicó que hubo un «tomo de ilegalidades» en las decisiones que adoptó el ‘trujillato’, por ejemplo, en la designación del contralor; de los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE); los miembros del Consejo de la Judicatura (CJ); en la acreditación de Diana Salazar a la Fiscalía »cuando había sacado 10/20 en la prueba escrita», destacó. (AGM).

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Por un lado, Aguiñaga afirmó que se defenderá en derecho porque no ha cometido ninguna falta. Asimismo, sostuvo que ella se presentará en la audiencia que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) llevará a cabo. «Ahí nos veremos las caras», dijo.

«La prefectura del Guayas le pertence a la gente. Sería terrible para la democracia que a través de la emplayada de último momento, la gente quiere entrar por la ventana«. De la misma manera, comentó que la Revolución Ciudadana (RC) no ha contratado, ni publicitado ningún tipo de promoción (para los candidatos del Cpccs)», explicó.

Sobre la denuncia

Bernardo Jijón denunció a Vera por recibir un supuesto respaldo político durante la última campaña electoral en la que él participaba para ser miembro del Cpccs. Este tipo de respaldo está prohibido.

Sin embargo, Vera aclaró que el Consejo Nacional Electoral (CNE) aceptó su campaña electoral. «La grabación de videos, frases utilizadas y los colores utilizados fueron aprobados por el CNE», comentó en rueda de prensa.

Jijón expresó que Vera fue apoyado por la RC y los participantes que buscan estar en el Cpccs no pueden estar aleados a ningún partido político. Asimismo, ejemplificó su denuncia con un video, en el que Marcela Aguiñaga dice que encontrarán la mejor opción por la liga azul. (DCJ)

Video: @notimundoec

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Para la máxima autoridad del Cpccs, los consejeros realizaron una «exhaustiva investigación», que dio como resultado, que la fiscal es responsable de varias acusaciones. Salazar fue investigada por los presuntos delitos de tráfico de influencias, plagio en trabajos académicos y otros.

Entre las resoluciones está la notificación al fiscal subrogante para que realice las respectivas investigaciones y revise las denuncias. Asimismo, se informará a autoridades de control como el Consejo de la Judicatura (CJ), la Contraloria General del Estado (CGE) y Universidades para que se generen las distintas responsabilidades.

«Estamos luchando contra de la corrupción y no vamos a permitir la impunidad. Esta resolución busca asegurar un control adecuado y fomentar la transparencia en las instituciones públicas», expresó Vera.

Presunto fraude procesal

El 29 de junio, Alembert Vera, acusó a la FGE de un posible fraude procesal en la indagación que inició contra los siete consejeros. Los miembros del Cpccs fueron denunciados por presuntas irregularidades en el concurso para la designación de la máxima autoridad de la institución, el 18 de junio.

Sin embargo, cuando el funcionario revisó el expediente de investigación encontró una hoja en blanco foliada, de inmediato comunicaron al ECU 911, a través de la Coordinación General de Asesoría del Consejo, de este asunto que podría resultar en fraude procesal.

Supuesto tráfico de influencias

El 30 de junio, el Cpccs recomendó que se investigue a la fiscal por un posible tráfico de influencias, debido a una segunda denuncia de plagio en un artículo científico. Este archivo fue publicado en la revista «Derecho Penal Central», en agosto de 2021, cuando la funcionaria ya trabajaba en la FGE.

En este presunto delito estaría involucrado el servidor de la FGE, Diego Ramiro Rodríguez. De acuerdo con las investigaciones, Salazar habría copiado algunos párrafos de un documento de Rodríguez y este habría ascendido de puesto de forma progresiva.

“Se considera que hay la posibilidad de que la Fiscalía haya ejercido influencia en ese funcionario”, detallaba el comunicado.

Denuncia por plagio de tesis

El colectivo Acción Jurídica Popular (AJP) solicitó a la CJ la suspensión y destitución de la fiscal general, Diana Salazar, por presunto plagio en su tesis de pregrado. Esta denuncia se presentó el 22 de mayo de 2023.

Según los denunciantes, la tesis académica que le otorgó a Salazar el título de abogada tendría un 40 % de plagio. Como principales acciones se presentaron tres denuncias en el CJ, en el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) y en la Universidad Central del Ecuador (UCE). (DCJ)

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En el documento se recomienda enviar la información a las autoridades competentes para que analicen el caso y tomen acciones por la denuncia. Además, recomienda que se investigue un posible tráfico de influencias, debido a una segunda denuncia de plagio en un artículo científico.

«Se recomienda al Cpccs remita el presente informe y sus respaldos para que las autoridades competentes, para que dentro de sus correspondencias apliquen los correctivos necesarios», reza el comunicado.

En el presunto delito estaría involucrado el servidor de la FGE Diego Ramiro Rodríguez. De acuerdo con las investigaciones, Salazar habría copiado algunos párrafos de un documento de Rodríguez y éste habría ascendido de puesto de forma progresiva.

«Se considera que hay la posibilidad de que la Fiscalía haya ejercido influencia en ese funcionario», detalla.

El informe se remitirá a la Contraloría General del Estado, la Senescyt y al presidente del Consejo de Educación Superior CES para que tome acciones civiles, legales y académicas.

Respuesta de la UCE

El colectivo Acción Jurídica Popular (AJP) anunció que solicitará el acta de la Universidad Central (UCE) para esclarecer las llamadas impericias que cometió la fiscal Diana Salazar en su trabajo académico.

Ante la resolución de la UCE, el colectivo se pronunció e interpretó que el tribunal académico sí reconoció el plagio en la tesis de pregrado de la Fiscal y que citó varios textos sin citar. Sin embargo, lo llamaron impericia, lo cual significa una imprudencia profesional, según la Real Academia Española (RAE).

De la misma manera, el documento explica que el catedrático Tomás Sánchez pasó la tesis por tres aplicaciones de software que arrojaron que habían más de 34 mil palabras idénticas.

La resolución de la UCE interfiere en esta acción

El consejero Augusto Verduga explicó para Radio La Calle que la decisión del Consejo Universitario no influye en las acciones que seguirán por el presunto plagio de Salazar. Recalcó que como entidad tiene la facultad de reabrir casos si el caso lo amerita. (N.J.C)

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Según la máxima autoridad del Cpccs, cuando revisó el expediente de investigación encontró una hoja en blanco foliada, de inmediato comunicaron al ECU 911, a través de la Coordinación General de Asesoría del Consejo, de este asunto que podría resultar en fraude procesal.

El Consejo presentó una denuncia por el presunto delito, el pasado 15 de junio, y el fiscal a cargo dispuso que se entregue al servidor pertinente la hoja en blanco con su respectiva foliatura (foja 12).

Además, el encargado solicitó que se entreguen los nombres de todas las personas que formaron parte de la investigación por la supuesta eliminación de información.

«Este Consejo y su representante estarán vigilantes para que el fiscal realice una investigación objetiva y no se vulnere el derecho a la defensa de ninguno de los involucrados», reza el comunicado.

El caso contra los siete consejeros

FGE denunció al Cpccs por presuntas irregularidades en el concurso para la designación de la máxima autoridad de la institución, el 18 de junio.

El FGE manifestó su rechazo al supuesto intento de alterar o borrar los archivos que respaldan dicho concurso. Además, resaltó que existe un afán por generar desinformación para desprestigiar el trabajo que ha venido desempeñando Salazar.

El Cpccs rechazó la acusación realizada por la Fiscalía. Recalcó que todos los documentos se encuentran archivados por la Secretaría del Consejo y que cuentan con las seguridades técnicas necesarias para evitar cualquier tipo de interferencia interna o externa.

Vera calificó el proceso en contra de él y sus colegas como un acto repudiable e innecesario. El funcionario señaló que solicitaron sus siete acciones de personal y la entrega inmediata de la información sobre este concurso. (N.J.C)

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La sentencia del TCE fue negar el recurso de apelación con el que se pretendía archivar el proceso. La deuncia estará nuevamente en manos de la jueza, Ivonne Coloma. Asimismo, ella tendrá que decidir si se procede o no con la infracción electoral.

«El Pleno del Tribunal consideró que no existe falta de requisitos obligatorios que impidan continuar con la sustanciación de la causa; y en consecuencia resolvió devolver el expediente a la primera instancia, a fin de que continúe con el trámite procesal correspondiente”, reza el documento.

Según el denunciante, Bernardo Jijón, Vera recibió respaldo político durante la última campaña electoral en la que el participaba para ser parte del CPCCS, cuando este tipo de respaldo está prohibido.

Sin embargo, Vera aclaró que el Consejo Nacional Electoral (CNE) aceptó su campaña electoral. «La grabación de videos, frases utilizadas y los colores utilizados fueron aprobados por el CNE», comentó en rueda de prensa.

La postura de Jijón

Jijón expresó que la denuncia la realizó porque Vera fue apoyado por la Revolución Ciudadana (RC) y los participantes que buscan estar en el Cpccs no pueden estar aleados a ningún partido político. Asimismo, ejemplificó su denuncia con un video, en el que Marcela Aguiñaga dice que encontrarán la mejor opción por la liga azul.

Para Jijón, la liga azul son los colores que representan la Revolución Ciudadana. Además, mencionó que la justificación de la jueza Coloma para archivar la denuncia es insuficiente, ya que la abogada dijo que «la redacción resultó confusa y divagante, lo cual no permite establecer el objeto de la litis y fundamento de la pretensión.

Video: @BernardoJijon

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“El país no puede ser manejado como si de su banco u offshore se tratara (…) quitarnos nuestra sede es un acto de mediocridad y miseria”, dijo en rueda de prensa.

Recalcó que el mandatario pisoteó los derechos del pueblo desde la campaña el último proceso electoral pretendía desaparecer el Cpccs. Señaló que lo que no ganó en las urnas no puede forzarlo mediante decretos.

»Algún día cuando se inaugure la justicia nuevamente en el país tendrán que responder por el asesinato de Chérres, los robos de Luque », destacó.

Vera manifestó que iniciarán acciones legales para hacer respetar el contrato que se firmó con el Banco Central para la entrega del edificio.

De igual manera dijo que varias instituciones ofrecieron sus instalaciones si es que son desalojados inconstitucionalmente. »Si tenemos que trabajar en un parque, trabajaremos en un parque», agregó Vera.

Decreto 759

El presidente de la República, Guillermo Lasso, anuló el decreto 494 del expresidente Rafael Correa, mediante el cual el Banco Central del Ecuador (BCE) traspasó el edificio Centenario a uso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

Lasso a través del decreto 759 indicó que el BCE no puede transferir a título gratuito los bienes inmuebles propios o aquellos que hayan finalizado hasta la publicación de la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Monetario y Financiero para la Defensa de la Dolarización.

El primer mandatario tomó esta decisión luego de que el Cpccs entrara en una disputa con la fiscal general del Estado, Diana Salazar, por el presunto plagio de su tesis (A.G.M).

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Quito, 03 jun (La Calle).- El abogado Gutemberg Vera, padre del presidente del Cpccs, Alembert Vera, denunció al caricaturista Xavier Bonilla por haber ofendido la honra de su hijo en una de sus publicaciones en diario El Universo.

La acusación es por una caricatura publicada el 31 de mayo en la sección de opinión del medio de comunicación. Bonilla más conocido como ‘Bonil’ manifestó que »en la denuncia le traiciona el subconsciente y menciona un montón de delitos».

Las acusaciones

Según la parte acusatoria, el caricaturista publicó una serie de calumnias contra Vera, pues se le atribuyen presuntos delitos relacionados con asociación ilícita, peculado, robo, cohecho, intimidación, entre otras.

Recalcó que la conducta de Bonil viola la Constitución de la República, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Código Integral Penal Civil.

“El pluralismo democrático no le da patente de corso a ningún ciudadano para que mancille el honor u honra ajena”, dijo Vera en la denuncia. (A.G.M).

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La petición la realizó el excandiato del Cpccs, Juan Guarderas el 24 de abril. Según él, Vera incumplió las resoluciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) al salir en un video de campaña del expresidente Rafael Correa, en 2023.

«Gracias al apoyo de partidos políticos ganaron ciertos candidatos, hoy el TCE nos da la razón y esas personas tendrán que enfrentarse a la justicia», expresó en su Twitter.

Con esta nueva decisión, un juez tendrá que revisar la denuncia y analizar la posibilidad de destituir a Vera.

El artículo 279 del Código de la Democracia indica que las infracciones a faltas muy graves irán desde 21 a 70 salarios básicos, destitución o suspensión de dos a cuatro años. Uno de los incisos respondería al incumplimiento de las disposiciones del TCE y el CNE.

Sin embargo, el abogado Marlon Martínez indicó que el el citar ese artículo no es un argumento suficiente para la denuncia, pues no ratifica que esté registrado en el movimiento.

Vera a la presidencia del Cpccs

La entidad designó a Vera como presidente con seis votos a favor y una abstención de Yadira Saltos.

“Ecuador no esta para discursos, está para acciones, para empleo. El Consejo debe ser el simbolismo de actuar con democracia y ser un ejemplo para la ciudadanía“, refirió. (N.J.C)

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El 29 de mayo el colectivo convocó a una audiencia que tenía como objetivo discutir el impacto de la ejecución del voto telemático en la circunscripiciones del exterior para las próximas elecciones. Sin embargo, no se presentó ningún funcionario del CNE.

»Consideramos que esta ausencia consitituye una negación del derecho a ser escuchados y una falta de respeto hacia los ecuatorianos en el exterior», dicta el comunicado.

Ante esta situación, presentarán la denuncia ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). De igual manera, agradecieron la presencia del consejero Alembert Vera y Johanna Verdezoto, quienes escucharon sus inquietudes en la sesión.

¿Qué dice la ley?

Según los residentes en el exterior la Función Electoral estaría incumpliendo con el artículo 74 del Código de Participación Ciudadana que dicta lo siguiente:

La solicitud de audiencia pública deberá ser atendida por la autoridad correspondiente, a petición de la ciudadanía o de las organizaciones sociales interesadas en temas concernientes a la circunscripción político administrativa a la que pertenezcan.

Los fines para convocar a una audiencia pueden justifcarse en base a la solicitud información sobre los actos y decisiones de la gestión pública; la presentación propuestas o quejas sobre asuntos públicos; y, debatir problemas que afecten a los intereses colectivos.

Las inquietudes

Una de las mayores preocupaciones de los ecuatorianos residentes en el exterior es la falta de información y poca capacitación respecto al voto telemático en las Elecciones Presidenciales y Legislativas 2023.

Por otro lado, señalaron que están alarmados por las múltiples fallas técnicas durante las anteriores elecciones. »Estas carencias ponen en riesgo la confianza ciudadana y arrojan dudas sobre la integridad del sistema democrático», dicta el comunicado.

Para el proceso del sufragio 2023 se implementó por primera vez este mecanismo. Sin embargo, existieron denuncias de problemas técnicos hasta una aparente falta de transparencia y disminución de la participación ciudadana.

La creación de una veeduría

Ante los problemas técnicos y dudas respecto a la gestión del voto telemático, al Cpccs llegó una petición ciudadana para fiscalizar este proceso en el exterior. Entre los aspectos a vigilarse está la garantía de la participación de los migrantes ecuatorianos y la transparencia del proceso.

“Hoy no tenemos parlamento, por lo que solo nos queda el poder fiscalizador ciudadano”, dijo la exasambleísta Esther Cuesta en un tuit. (A.G.M)

La entrada Voto telemático: Migrantes denunciarán al CNE se publicó primero en La Calle.

»Este hecho es parte de una serie de acciones con las que personas inescrupulosas intentan impedir la permanencia de la Dra. Diana Salazar en sus funciones» dicta un comunicado público.

El FGE manifestó su rechazo al supuesto intento de alterar o borrar los archivos que respaldan dicho concurso. Además, se resaltó que existe un afán por generar desinformación para desprestigiar el trabajo que ha venido desempeñando Salazar.

De igual manera, la institución aclaró de manera enfática que la titular fue elegida legalmente por el Cpccs transitorio del 2019, mediante un concurso público de méritos y oposición. Ante esta situación, Fiscalía abrió una indagación contra los siete nuevos consejeros.

La respuesta del Cpccs

El Cpccs rechazó la acusación realizada por la Fiscalía. Recalcó que todos los documentos se encuentran archivados por la Secretaría del Consejo y que cuentan con las seguridades técnicas necesarias para evitar cualquier tipo de interferencia interna o externa.

»Esperamos que este exabrupto no sea un intento de amedrantamiento a la quinta función del Estado, ante la Ausencia de la Asamblea Nacional», respondió.

El presidente del Cpccs, Alembert Vera, calificó el proceso en contra de él y sus colegas como un acto repudiable e innecesario. El funcionario señaló que solicitaron sus siete acciones de personal y la entrega inmediata de la información sobre este concurso.

»Señora Fiscal no era necesario abrir una indagación previa, hubiese enviado un oficio o hecho una llamada y con gusto como a cualquier ciudadano del país le entregábamos la información», argumentó.

Los nuevos consejeros

El 14 de mayo la Asamblea Nacional saliente, posesionó a los nuevos consejeros del Cpccs. En la primera sesión del Consejo se eligió a Alembert Vera, como presidente y a Nicole Bonifaz como vicepresidenta.

La mesa también está conformada por Yadira Saltos, Augusto Verduga, Andrés Fantoni, Mishelle Calvache y Johanna Verdezoto. (A.G.M).

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Vera fue mocionado por Verduga. La petición fue aprobada con seis votos a favor y una abstención de Yadira Saltos.

«Ecuador no esta para discursos, está para acciones, para empleo. El Consejo debe ser el simbolismo de actuar con democracia y ser un ejemplo para la ciudadanía«, refirió.

El nuevo presidente del Cpccs es doctor en Derecho Penal, trabajó como defensor en Tribunales del país y fue profesor universitario. Además, es proponente de temas relacionados a Jurisprudencia ecuatoriana.

El servidor fue defensor del expresidente Rafael Correa en el caso El Universo. Logró que la justicia falle a favor del exmandatario. Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos (Corte IDH) determinó que el caso no fue válido y el Estado debió pedir disculpas, según Primicias.

Historial de Bonifaz

La consejera Johanna Verdezoto nominó a Bonifaz como vicepresidenta. La funcionaria obtuvo cuatro votos a favor, uno en contra y una abstención.

La nueva vicepresidenta es ingeniera en Administración Pública, máster en Negocios Internacionales y Derechos Humanos, Interculturalidad y Género.

Bonifaz se desempeñó como asesora en la Gerencia General de Petroecuador, el Ministerio de Producción y la Asamblea Nacional. (N.J.C)

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