Quito, 14 mar (La Calle).- Los hospitales de Ecuador están bajo amenaza de las organizaciones criminales. En los últimos tres meses se han activado 92 alertas de atentados en diferentes casas de salud.

El último episodio ocurrió en el hospital Abel Gilbert Pontón, ubicado al sur de la ciudad costera de Guayaquil. Dos sicarios vestidos de doctores entraron hasta el cuarto piso del hospital, y asesinaron a tiros a un hombre con heridas de bala en la habitación 433.

“Dos policías que estaban en un cuarto conjunto reaccionaron al escuchar los disparos y se produjo un intercambio de balas”, detalló Edwin Noguera, comandante de la Policía de Guayaquil.

La balacera se dio en el área de recuperación de cirugías de uno de los hospitales más grandes de la ciudad. La escena que describen las autoridades parece de ficción, los sicarios incluso sometieron a un policía, le arrebataron el arma y dispararon contra uno de los uniformados que estaba en el cuarto piso custodiando a un privado de libertad que se recuperaba de una cirugía. El policía resultó gravemente herido en el estómago y tiene pronóstico reservado. Los sicarios huyeron y las imágenes de seguridad muestran a uno de ellos vestido de médico con dos pistolas, una en cada mano, cuando salía caminando del hospital.

No es un caso aislado

Desde el 2022, Ecuador ha superado cualquier techo de cifras de homicidios por la guerra entre las narcobandas, la violencia ha cruzado los límites de las cárceles y los barrios a los hospitales y ambulancias en por lo menos diez ciudades, que en cualquier conflicto son considerados como zonas de paz.

Por eso el pasado diciembre, el Ministerio de Salud en conjunto con el del Interior y la Policía instauraron un protocolo de reacción ante amenazas y atentados que han denominado Código Plata.

El Código Plata es la ruta de acciones que han fijado distintas instituciones del Estado para asegurar los servicios de salud en un contexto de violencia en todos los hospitales del país, sean públicos y privados.

La principal amenaza que han detectado las autoridades son de aquellos pacientes que están relacionados con un grupo delictivo y “que podría generar una amenaza interna para el establecimiento de salud o que se pueda convertir en blanco de un ataque”, explica Diego Vallejo, director de Riesgos del Ministerio de Salud. Todas estas variables ya han sucedido en los últimos tres meses.

En noviembre de 2022, siete hombres tomaron el hospital de la ciudad de Chone, en la provincia de Manabí. Durante tres horas los criminales sembraron el terror, capturaron como rehenes a enfermeras y médicos. Su objetivo era asesinar a un adolescente conocido en el mundo criminal con el alias de «Cara sucia», un temido sicario. No lograron ejecutarlo por la intervención de la Policía.

Unos días después, en el hospital de Monte Sinaí en Guayaquil, mientras se atendía a un paciente que había sufrido un intento de sicariato, afuera del establecimiento alrededor de 40 motociclistas causaron un revuelo en un intento de amedrentamiento. “El Código Plata estaba activado y debido a lo grave de la situación se pidió el apoyo de unidades de élite de la Policía para que tomen el control y dispersen a esas personas, esa actuación evitó que escalara a más”, explica Vallejo.

¿Cuándo se activa el «Código Plata»?

Las variables se evalúan desde el momento que se envía una ambulancia o llega un paciente a un establecimiento de salud para analizar qué tipo de resguardo policial se requiere.

Aún así, hay 18 centros de salud públicos que deben ser intervenidos para reforzar la seguridad, y aunque este anuncio se hizo hace tres meses, solo en un hospital, el de la provincia de Santo Domingo, se han empezado las obras para reducir las vulnerabilidades. Para ese plan, el Gobierno ecuatoriano incluso ha recibido el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud.

De las 92 alertas emitidas por los hospitales en las que se ha activado el Código Plata, en tres ocasiones la situación no pudo prevenirse y los criminales se tomaron los centros de salud. En uno lograron el objetivo de ejecutar al paciente, el último caso en el hospital de Guayaquil. En este momento en el país, tres hospitales están bajo amenaza y tienen activado el protocolo ante cualquier intento de secuestro del establecimiento o sicariato.

Redacción: El País

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La Comisión del Derecho de la Salud de la Asamblea Nacional recibió a Carrión para que brinde información respecto a denuncias ciudadanas sobre falta de atención médica y falta de medicamentos a personas con enfermedades raras y catastróficas en el contexto de la pandemia.

“Ha habido una serie de afectaciones a los derechos de estas personas con enfermedades raras y catastróficas”, mencionó el defensor del Pueblo.

Carrión afirma que la Defensoría ha monitoreado cerca de 16.001 alertas de estas personas durante la emergencia sanitaria. La mayoría de ellas relacionadas con vulneraciones del Estado al derecho a la salud de los ecuatorianos.

“Desde el 20 de marzo del 2020, se cuenta con 822 alertas monitoreadas que nos permiten dar cuenta de 12 situaciones que de manera recurrente afectan este derecho”, expresó Carrión.

Los pacientes denuncian que los hospitales del Estado no cuentan con la medicación para tratar sus malestares, teniendo que recurrir a la Defensoría del Pueblo para realizar acciones judiciales y así poder salvar sus vidas.

Freddy Carrión menciona que, antes de la pandemia, 69 de 101 casos tuvieron resolución mediante la justicia ecuatoriana.

Durante la crisis por el COVID-19, la Defensoría receptó 115 denuncias de pacientes con enfermedades raras y catastróficas, 21 exhortos a las autoridades nacionales y locales, 2 medidas cautelares.

También 11 acciones de protección, 2 medidas de cumplimiento obligatorio, 9 investigaciones defensoriales, 8 solicitudes de información, 16 visitas in situ a hospitales y 46 gestiones oficiosas.

La crisis por el Coronavirus también se agudiza

Las cifras de COVID-19 tampoco son alentadoras. El defensor del Pueblo menciona que el Estado ecuatoriano maneja dos registros de fallecimientos en el contexto de la pandemia. El uno proviene del COE Nacional y el otro proviene del Registro Civil.

En este último las muertes misteriosas durante la emergencia sanitaria ascienden a 35000 fallecimientos. Carrión afirma que varias familias aún luchan por recuperar los cadáveres de sus muertos. “Hemos recibido denuncias sobre 216 cadáveres, de los cuales 80 aún se han identificado”.

El defensor también hizo énfasis en la falta de garantías para el correcto tratamiento de los pacientes con COVID. Situación que se visibiliza tanto en el sector público como en el privado.

Carrión afirma que en las clínicas y hospitales privados llegan a cobrar hasta 75000 dólares a los pacientes de COVID que atienden en sus instalaciones. (JEB).

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Según datos del ECU 911, alrededor del 55% de este tipo de alertas estuvo en las ciudades de Quito y Guayaquil y la frecuencia está en 235 alertas diarias. En otro tipo de alertas se recibieron 1’173.633.

El director del organismo de ayuda, Juan Zapata reiteró “el buen uso del 9-1-1, ya que es necesario que los ciudadanos respeten el trabajo de las entidades de primera respuesta que están arriesgando su vida y están en la primera línea de asistencia”.

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