Los cuatro meses de instrucción fiscal sobre el proceso contra Ocles y otros funcionarios, presuntamente implicados en delitos de corrupción concluyeron el 15 de septiembre. La decisión de la jueza ocurre a falta de un pedido formal por parte de la Fiscalía para determinar el cierre del plazo. “Ha vencido el plazo improrrogable de la instrucción en la presente causa, sin que la Fiscalía haya solicitado el cierre de la misma”, confirmó Camacho esta mañana.

Consecuencias

El 18 de mayo, la FGE formuló cargos contra Ocles y otros funcionarios, a quienes se les imputaron cargos en delitos de tráfico de influencias. La FGE investigaba el sobreprecio en la compra de 7000 kits alimenticios destinados a atender a familias en condición de vulnerabilidad. A partir de entonces, Camacho dio inicio al plazo de instrucción fiscal.

El artículo 593 de Código Integral Penal (COIP) considera el periodo de instrucción fiscal como un plazo para que Fiscalía presente información sobre “la autoría o la participación de una o varias personas en el hecho objeto de la instrucción”. Sin embargo, en el caso de Ocles, el plazo caducó a los 120 días. El accionar de Fiscalía, en otras ocasiones tan veloz, esta vez no emitió pronunciamientos sobre el proceso penal.

Ahora, Fiscalía debe cumplir con el artículo 600 del COIP y solicitar fecha y hora para la audiencia de evaluación del juicio. Allí, Fiscalía tiene la oportunidad de, aprovechando sus omisiones en la instrucción fiscal, reafirmar un dictamen acusatorio o, por el contrario, emitir uno de tipo abstentivo. (JEB).

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Ocles es la protagonista del caso Kits Alimenticios. La Comisión concluyó que la exsecretaria de Gestión de Riesgos vulneró los artículos 226, 227, 389 numeral 6 y 390 de la Constitución. Estos obligan a las autoridades públicas a administrar de forma eficiente y equitativa los recursos frente a un desastre natural. 

Alexandra Ocles, según la Comisión de Fiscalización, también incumplió los procesos de contratación pública. La Comisión recomendó que el informe sobre la exsecretaria llegue tanto a la Fiscalía General del Estado, a la Contraloría y a la Unidad de Análisis Financiero (UAFE). El fin es profundizar en las investigaciones y aportar datos adicionales sobre los movimientos financieros de los exfuncionarios públicos.  

Sobre el Caso Hospital de Pedernales

La Subcomisión de Fiscalización creada para este caso, concluyeron que es evidente los organismos del Estado, actuaron de forma ineficiente y poco eficaz. Era el Estado el encargado de receptar las denuncias sobre irregularidades en los procesos contractuales del Hospital de Pedernales. La subcomisión estuvo presidida por los asambleístas Jimmy Candell y Silvia Vera

El documento realizado por la subcomisión recomienda al Legislativo, a la Contraloría y a la sociedad civil hacer el seguimiento de la ejecución del contrato para la construcción del Hospital de Pedernales. 

Por último, los informes realizados por la subcomisión sobre este caso también llegarán a manos de la Fiscalía General del Estado para que “extraiga nuevos indicios y elementos de convicción válidos dentro de los procesos instaurados contra los transgresores de la ley”. (DR)

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