Los extitulares de Gobierno María Paula Romo, Patricio Pazmiño, Alexandra Vela, y el exministro del Interior, Patricio Carrillo se reunirán el próximo 17 de noviembre para hablar sobre seguridad estatal, pese a que sus administraciones registraron altos índices de delincuencia y violencia en el país.

Ecuador atraviesa una ola de inseguridad y vulneración de derechos humanos que, según expertos, no se habían visto en muchos años. Durante el primer semestre del 2022, Ecuador se ubicó como tercer país con mayor tasa de robo y asaltos con un 43 %, después de Guatemala 53 %, y Nicaragua 45 %.

La Universidad Hemisferios invitó a los cuatro exfuncionarios para que brinden respuestas y posibles soluciones a la crisis. Sin embargo, hay que recordar que ninguno de los ponentes completó su cargo como ministros por, precisamente, incapacidad y desacuerdos en manejar las situaciones de inseguridad.

María Paula Romo

La abogada y profesora universitaria ocupó el cargo de ministra de Gobierno en el periodo morenista desde 2018 hasta 2020. Las movilizaciones de octubre de 2019 en las principales provincias del Ecuador y casos de corrupción en los hospitales públicos sentenciaron su salida como funcionaria del Ejecutivo. Durante su cargo, se registraron más de 52 mil denuncias de robo a los ciudadanos y 2 mil homicidios a nivel nacional.

Patricio Pazmiño

El jurista y expresidente de la Corte Constitucional también fue titular del ministerio de Gobierno en 2021. Pazmiño, «el más salvable», renunció irrevocablemente a su cargo, por varias críticas a su gestión en el gobierno y problemas en su salud. En su estancia como administrador del Gobierno, se registraron cerca de 4 mil denuncias de robos personas y 348 homicidios.

Alexandra Vela

La abogada sirvió para el presidente Guillermo Lasso como ministra de Gobierno entre 2021 y 2022. Vela renunció a su cargo en marzo por supuestos desacuerdos con la política del actual presidente de la República. Durante su cargo, las cifras arrojaron cerca de 21 mil denuncias de robos a personas y 2 mil homicidios a nivel nacional.

Patricio Carrillo

El General en servicio pasivo Patricio Carillo fue ministro del Interior desde marzo hasta septiembre del 2022. Guillermo Lasso pidió su renuncia como consecuencia del mal manejo del caso de María Belén Bernal, abogada asesinada por un miembro de la Policía Nacional. El femicidio destapó y agudizó la crisis institucional de las fuerzas del orden.

Durante su estancia, el último paro de junio puso en la mira su labor como titular de la institución encargada de la logística y seguridad en el Ecuador. El exministro fue llamado a juicio político por la Asamblea Nacional para brindar respuestas sobre el caso Bernal y las olas de inseguridad a nivel nacional. (J.P.C)

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En una fotografía de la reunión mantenida ayer entre la Policía Nacional y el Ejecutivo se puede observar que no hay mujeres. En redes sociales se cuestionó la falta de paridad de género y la nula presencia femenina en áreas importantes del Gobierno.

Hace casi un año, Guillermo Lasso se posesionó con un gabinete conformado por nueve mujeres, entre ministras y representantes de las diversas secretarias. Sin embargo, tras 10 meses de mandato, el cupo femenino se ha reducido y, actualmente, apenas son cinco mujeres a cargo de ministerios

Ellas son: María Brown, ministra de Educación; Ximena Garzón, ministra de Salud; Bernarda Ordoñez, titular de la secretaria de derechos humanos; Elena Machuca, ministra de Cultura; y Viviana Maino, ministra de Telecomunicaciones.

Según información recopilada por este medio, el gabinete principal de Lasso, sin tomar en cuenta al gabinete ampliado y embajadas, se compone de 41 personas. Es decir, que la presencia femenina en el gobierno de Lasso no llega al 20%.

Lasso candidato vs Lasso presidente

Una de las ofertas de campaña de Guillermo Lasso, antes de ganar la presidencia, fue la paridad de género y diversidad en su gabinete. Sin embargo, a poco de cumplir un año se puede contar cinco mujeres liderando ministerios; en 23 gobernaciones, solo hay cinco son mujeres; de 11 secretarías, apenas una está dirigida por una mujer; y ocho hombres son consejeros del presidente. Ninguna consejería ha sido designada a una mujer.

Aunque el mandatario reitera que su Gobierno “tiene un compromiso con la mujer ecuatoriana”, la realidad es diferente: Lasso mira a la mujer únicamente en el ámbito doméstico, a quién destina créditos para emprendimientos o bonos sociales. Sin embargo, no existen políticas claras sobre economía del cuidado o trabajo no remunerado del hogar.

Además, las estadísticas sostienen que las mujeres y diversidades culturales han sido las más afectadas en términos económicos y de empleo, tras la pandemia del coronavirus. Hasta la fecha, se desconoce que el mandatario haya analizado o debatido política pública para solventar estos problemas sociales.

Tampoco ha considerado la realidad femenina en temas de salud sexual y reproductiva. Hace poco, Lasso vetó parcialmente el proyecto de ley que garantiza el aborto en casos de violación, desconociendo un mandato de la Corte Constitucional y dejando en la indefensión a cientos de mujeres, adolescentes y niñas, víctimas de abusos sexuales.

Asimismo, defendió la agresión policial contra mujeres manifestantes, durante la marcha conmemorativa del 8 de marzo.

¿Qué pasa en otros países de la región?

A diferencia de Ecuador, Chile cuenta con un mayor número de mujeres al mando de ministerios y secretarias gubernamentales. Es así que 14 de los 24 miembros del gabinete, del recién posicionado Gabriel Boric, son mujeres. Por ello, Chile se convirtió en uno de los primeros países en tener más mujeres que hombres dentro de las diferentes carteras de Estado.  

El artículo “Las mujeres en la política – La lucha para poner fin a la violencia contra la mujer” publicado por las Naciones Unidas explica que: “En la actualidad, el 18,6% de los escaños en los parlamentos están ocupados por mujeres, lo que constituye un aumento del 60% desde 1995. Sin embargo, en la cuarta parte de los parlamentos, la participación de las mujeres todavía es inferior al 10%. Se están haciendo progresos, pero el ritmo ha sido lento y no se están logrando en todos los países.”

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«CREO felicita a Francisco Jiménez, primer vocal de la directiva nacional de nuestro movimiento y presidente de CREO Guayaquil por su designación como ministro de Gobierno», dice el texto.

Extraoficialmente se conoce que se retomará la división de ministerios del Interior y de la Política. Así, Jiménez pasaría al Ministerio de la Política y, posiblemente, el excomandante de Policía, Patricio Carrillo, asumirá como principal del Ministerio del Interior.

Estos cambios ocurren luego de la renuncia de Alexandra Vela. La exministra argumentó que no coincide con la línea política de Lasso para enfrentar la crisis con el legislativo. Durante su gestión, Vela no logró ejecutar un plan adecuado para controlar la crisis del sistema penitenciario ni de inseguridad en el país.

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¿Quién es Jiménez?

Jiménez fue secretario del Tribunal Electoral del Guayas en 2002. En 2008, fue subsecretario del Ministerio de Gobierno. Entre 2008 y 2009 fue gobernador de la provincia del Guayas. En el 2013 fue candidato a la Asamblea por el extinto movimiento Ruptura de los 25.

En 2019 fue presidente de la directiva de CREO Guayaquil y candidato a la alcaldía de la ciudad por el movimiento. Desde mayo del 2021, es asambleísta por la provincia del Guayas y preside la Comisión de Enmiendas y Reformas Constitucionales.

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“En múltiples reuniones con tozudez he sostenido que, para el bien de su gobierno, las reformas que necesita la economía y la permanencia de la democracia es mejor la “muerte cruzada”, dice parte de su misiva de renuncia. La ahora exfuncionaria se ha pronunciado por medio de su cuenta de Twitter.

“Al no coincidir con la línea política establecida por el presidente Guillermo Lasso para enfrentar la crisis agudizada por la Asamblea Nacional, presenté mi renuncia. Preservar la democracia para transformar al país, requiere aplicar el mecanismo de la muerte cruzada”, expresó.

La renuncia de Vela

En su carta, Vela recuerda el momento en que Lasso la llamó para formar parte de su gabinete. Esto tras la muerte de César Monge, titular de la cartera de Gobierno. Dijo que dejó su cargo como decana, la consultora que había fundado y el cuidado de su hermano. “La mañana del 14 de julio de 2021 abandoné la casa de mi hermano y viaje a Quito para asumir el Ministerio de Gobierno. Enfrenté ese enorme desafío con el objetivo de aportar con mi conocimiento y experiencia a la recuperación de la democracia”.

Añadió que en pocas semanas advirtió que la Asamblea sería un problema para la gobernabilidad. “Hemos constatado que muchas de las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Nacional, lejos de defender convicciones ideológicas y buscar el bien común, convirtieron la política en la expresión de intereses corporativos y personales”. MIB

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“Hago la entrega formal a la Corte Constitucional de la acción de inconstitucionalidad en contra de la resolución de amnistía de la Asamblea Nacional. En un Estado de derecho NO puede existir impunidad. Esta amnistía deja intactos los delitos cometidos en contra de Quito y el país en 2019”, expresó la ministra.

En una entrevista, Vela ya anticipó que el Ministerio de Gobierno preparaba esta acción para la CC. “El Gobierno considera que esas amnistías han sido adoptadas de manera inconstitucional. Y el Ministerio prepara una demanda de inconstitucionalidad que será presentada para que sea analizada, en la Corte Constitucional, la forma en la que esta amnistía fue otorgada”, dijo en esa ocasión.

Amnistías

El 10 de marzo con 99 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional entregó 268 amnistías a ciudadanos con procesos judiciales por ejercer el derecho a la protesta, reconocido en la Constitución. Del total de ciudadanos, 60 pertenecen al caso octubre del 2019; 154 son defensores de los territorios comunitarios; 12 por la administración de Justicia indígena y 42 por defender la naturaleza.

Entre los nombres de los amnistiados figuran: Paola Pabón, prefecta de Pichincha, Virgilio Hernández, parlamentario andino. También el activista político Cristian González y el presidente de la CONAIE, Leonidas Iza.

El presidente Guillermo Lasso ya se había pronunciado en contra de este recurso otorgado por el Legislativo. “El legítimo derecho a la protesta no puede afectar a otros. La Asamblea cometió un acto de injusticia. Olvidaron Quito en llamas, familias que perdieron negocios, periodistas agredidos, personas violentadas. Respaldo a los quiteños y a la fuerza pública ante la decisión”. MIB

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Vela, durante una entrevista en Teleamazonas, explicó que «algunos sectores entienden que por obtener votos, el Gobierno debe otorgar algunas condiciones de gobernabilidad». La funcionaria señaló que el Ejecutivo rechazó rotundamente el pedido, y dijo que «el Gobierno no comprará votos».

Igualmente, Vela manifestó que el Gobierno ha mantenido conversaciones con la bancada de la Izquierda Democrática (ID) cuyos integrantes «no han pedido nada», según dijo.

Asimismo, recordó que el Gobierno Nacional no descarta, entre los posibles escenarios, que el proyecto de Ley de Inversiones pueda entrar en vigencia por el Ministerio de la Ley.

«El Gobierno tomará las decisiones que deba tomar en el momento que deba hacerlo», mencionó al ser consultada sobre el recurso de muerte cruzada y del por qué el Gobierno se reserva los nombre de quienes están pidiendo favores, lo que se traduciría en un acto de corrupción.

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«El Gobierno considera que esas amnistías han sido adoptadas de manera inconstitucional. Y el Ministerio prepara una demanda de inconstitucionalidad que será presentada para que sea analizada, en la Corte Constitucional, la forma en la que esta anmistía fue otorgada», señaló la ministra Vela.

La titular de Gobierno argumentó que varias de las amnistías fueron otorgadas a personas que no podían recibirlas. «No se puede dar amnistía a aquellos que están incursos en delitos que expresamente están prohibidos en la Constitución. Por ejemplo, personas que han estado inmersas en delitos de minería ilegal», aseguró.

Mismo discurso

El 14 de marzo, durante una rueda de prensa, el vocero de la Presidencia, Carlos Jijón, dijo que el Gobierno de Guillermo Lasso respeta las decisiones de las otras funciones del Estado, pero considera la entrega de amnistías, una decisión injusta e irresponsable.

“El Gobierno se opone a las amnistías y está buscando los mecanismos constitucionales para hacer efectiva esa oposición”, advirtió Jijón.

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“En este caso en particular, la ministra de Gobierno tomó precauciones, envió policías mujeres a una marcha feminista. Todos los policías eran mujeres en esa tarde y me parece que hay un exceso de sensibilidad cuando la policía tiene que advertir riesgos y actuar frente a los riesgos. Pero se trató de una policía, una mujer que enfrentó a otra mujer, cuyas pasiones se desbordaron”, dijo el mandatario, durante su programa de entrevistas «Encontrémonos por la ciudadanía».

Afirmó que “obviamente” la fuerza pública tiene que actuar y que respeta la opinión de quienes no coinciden con él, pero que como presidente del Ecuador siempre estará del lado del orden y de la ley, que en este caso es la Policía Nacional.

La marcha en conmemoración del 8M

Cientos de mujeres relataron sobre la brutalidad policial: golpeadas, asfixiadas por los gases lacrimógenos, huyendo de perros y caballos como elementos disuasivos, rechazaron que la Policía Nacional no responda ante la delincuencia, pero use sus recursos para atacar a la ciudadanía.

María, de 35 años, fue agredida físicamente por la policía. «Esta es una marcha pacífica en conmemoración del Día de la Mujer que es reprimida con agua y bastonazos por la policía, por el simple hecho de querer avanzar hasta el Palacio de Carondelet a expresar nuestros sentimientos en rechazo a la violencia contra nosotras», dijo.

«Ellos lo único que hacen es represión, agresión, no saben ninguna otra manera de defender. Pueden escuchar motos, nos agredieron a caballo, nos lanzaron gas como si fuéramos delincuentes. Nosotras somos mujeres que vienen a defender sus derechos, que se garantice lo que nos merecemos», manifestó otra de las asistentes a la marcha.

Viviana Erazo, periodista violentada por la Policía, aseguró que en la jornada no hubo mujeres policías. “Son acciones sin antecedentes, nunca se había visto lo mismo en marchas del 8 M (…) No hay periodistas hombres agredidos y no es que quiera que haya, pero las agresiones estuvieron dirigidas únicamente a mujeres. Esto me hace pensar que la orden dada a los uniformados era de agredir y amedrentar a las mujeres”, dijo.

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Desintonio denunció que las mujeres fueron golpeadas por las fuerzas policiales el día que marchaban contra la violencia de género.

En un trino, la funcionario escribió «Me preocupa que el gobierno vea en la ciudadanía, un enemigo al reprimir».

En la misma publicación también señaló que solicitó al presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea, Fernando Cabascango, la comparecencia presencial de: Alexandra Vela, ministra de Gobierno; Carlos Cabrera, comandante general de la Policía y Bernarda Ordónez, secretaria de Derechos Humanos.

La legisladora dijo que las agresiones constan en registros audiovisuales emitidos en los medios de comunicación y redes sociales, donde también mujeres y los mismos usuarios denunciaron esta actuación violenta.

Desintonio expresó que «llama la atención esta política represiva» cuando las declaraciones del Presidente de la República, Guillermo Lasso, hablan del respeto hacia la mujer y las supuestas acciones gubernamentales en contra de la violencia de género.

Contexto

El medio comunitario Wambra informó que la policía reprimió a las mujeres en la marcha por el Día de la Internacional de la Mujer el pasado 8 de marzo.

El medio comunicó que efectivos policiales lanzaron gas pimienta y golpearon con toletes a las mujeres. También existió represión con caballos y perros a las manifestantes.

Según Wambra, la marcha de mujeres fue multitudinaria y la presencia policial fue desmedida.

La marcha considerada pacífica salió desde el parque El Arbolito y arribó, en la noche, al centro histórico. En la manifestación había mujeres jóvenes, abuelas y niñas.

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«El Comandante Cabrera envió una solicitud de los miembros del CPCCS, especialmente del miembro Hernán Ulloa. Solicitamos la presencia policial frente a la posibilidad de que se produzcan actos que impidieran la ejecucción de la sesión en esa institución», dijo en su intervención.

La funcionaria explicó que cualquier persona puede acudir a la Policía si son temas de interés público. “El Comandante de la Policía Nacional (Carlos Cabrera) solicitó mi autorización para realizar la intervención. La recibió porque igual que cualquier ciudadano puede solicitar a la Policía para proteger el orden público”, agregó.

Intervención policial en el CPCCS

Vela dijo que la intervención de la Policía el pasado 9 de febrero no fue abrumadora. Además, rechazó la posibilidad de una interferencia en las funciones del CPCCS.

«Aquì no ha habido ninguna intervención abrumadora de la Policía. Creo que es muy importante que se señale eso porque el término abrumador implicaría la posibilidad de que se considere que eso causó una interferencia a las funciones del Consejo. Lo rechazó. La actuación de la Policía respondió al número de contingente que se utiliza cuando existe un pedido por disturbio».

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La bancada del movimiento indígena considera que la ministra Vela incumple con sus funciones al no tomar acciones oportunas que permitan el control de la delincuencia y garanticen la seguridad ciudadana. Esto tras una ola de violencia que ha dejado más de 320 asesinados en las cárceles del país y alrededor de 313 muertes violentas en las calles, entre asaltos a mano armada, sicariatos, entre otros crímenes, en lo que va del 2022.

El último crimen que conmocionó a la población ocurrió hace apenas unas horas, en el cantón Duran, en la provincia del Guayas, donde se encontraron cadáveres colgados de un puente. Ante este hecho, las autoridades del Gobierno han guardado silencio.

Vanegas afirma que, apenas la bancada de su partido político lo autorice, presentará formalmente la solicitud de juicio político.

Pachakutik también propondrá destituir y censurar a los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y al superintendente de Ordenamiento Territorial.

Según expuso Vanegas, las causales contemplan violar derechos constitucionales al nombrar al nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, conflictos de intereses al designar al Defensor del Pueblo en funciones y, por último, la designación del Superintendente Territorial.

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“Hacemos responsable al Gobierno Nacional de la integridad personal de la presidenta del CPCCS, de sus consejeros, funcionarios y ciudadanos que estamos defendiendo la casa de participación. (…) La constitución y la ley nos acompañan”, manifestaron.

Los consejeros de este organismo denuncian además que “el Estado está violentando la independencia de funciones, el debido proceso y la democracia de manera dictatorial y autoritaria”.

Igualmente, señalan que existen y existieron varios intentos de la Policía Nacional para ingresar de forma arbitraria a las instalaciones hasta la madrugada de este jueves. “Los consejeros golpistas: María Fernanda Rivadeneira, Hernán Ulloa, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo buscan allanar con la fuerza pública la casa de la participación ciudadana”.

Por otro lado, instan a la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, y al ministro de Trabajo, Patricio Donoso, a frenar sus “actos de intromisión” como lo calificaron los funcionarios

También exhortan al presidente de la República, Guillermo Lasso, que exija a sus funcionarios el respeto a la autonomía e independencia del Consejo, que representa el quinto poder del Estado.

Asimismo, el CPCCS hace un llamado a la Asamblea Nacional, a las organizaciones sociales y a los ciudadanos para que fiscalicen, observen y vigilen los actos atentatorios a la Constitución por parte del Gobierno nacional.

Vigila por la democracia

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social convocó a la vigilia por la participación ciudadana y la democracia.

“Hoy el Consejo vive una crisis institucional (…) Las intenciones de quienes nos gobiernan pretenden atropellar la participación ciudadana y vulnerar la seguridad jurídica del Estado ecuatoriano (…) La patria necesita que la participación social se fortalezca”, reza el documento.

La convocatoria a la vigilia fue firmada por Sofía Almeida, presidenta del Consejo; David Rosero, vicepresidente del Consejo y Juan Javier Dávalos, consejero.

Los Hechos

Sofía Almeida, presidenta del CPCCS, junto a los otros dos funcionarios denunciaron que cuatro consejeros. Estos son: Ulloa, Estupiñán, Rivadeneira y Bravo, de forma ilegal y arbitraria, pretenden tomarse la presidencia y vicepresidencia del organismo.

“Desconociendo la institucionalidad, estado de derechos y seguridad jurídica buscaron apoderarse del CPCCS. El objetivo fue reformar los reglamentos de designación de autoridades e imponer a dedo a los acólitos del Gobierno” según sus declaraciones.

Por otro lado, señalan que estos consejeros intentan tomarse estas designaciones con el fin de proponer una reforma a los reglamentos de designación de autoridades.

“Cuatro consejeros apadrinados por el Gobierno de turno a punta de tolete pretenden imponer autoridades a la carta tomándose ilegalmente la dirección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para convertirla en sucursal de Carondelet”, reza un comunicado del organismo.

La sesión

Los cuatro consejeros sesionaron y Francisco Bravo, mocionó a Ulloa como presidente del organismo. Este último, recoge diario Expreso, tomó posesión y juramento del cargo. Además, se mocionó a Fernanda Rivadeneira como vicepresidenta de la entidad.

Según el portal Política del Ecuador, el Ministerio de Trabajo emitió una certificación fechada el 9 de febrero en el que acredita la designación de Ulloa y Rivadeneira como presidente y vicepresidenta del organismo.

El portal también informó que antes de la instalación de la sesión de los consejeros, efectivos de la policía rodearon las instalaciones del CPCCS en Quito. Almeida, por su parte, denunció que ella nunca solicitó la presencia policial. Reclamó al presidente de la República que retire a los efectivos policiales, de lo contrario se estaría configurando una injerencia en las funciones del Consejo.

El vicepresidente del CPCCS, David Rosero dijo que a diario El Universo que “los hechos observados de esta plenaria son ilegales y que se trató de una reunión de amigos”. “Se estaría configurando un presunto delito de usurpación de funciones”.

No obstante, según Ulloa una vez nombrado presidente, aseguró que la plenaria era legal y legítima

El medio también recoge que tres bancadas legislativas. Pachakutik (PK), Unión por la Esperanza (UNES) y el Partido Social Cristiano (PSC) impulsarán un juicio político en contra de los cuatro consejeros. La razón es el intento de hacer cambios al reglamento de la designación del titular de la Contraloría del Estado.

Ordenamiento Jurídico

Según la estructura orgánica de CPCCS, las sesiones del pleno del Consejo serán publicadas, excepto cuando se trate de asuntos de investigación.

Los consejeros sesionarán y tomarán las decisiones con la mayoría absoluta de sus miembros.

Además, el artículo 40 de la Ley Orgánica del CPCCS detalla que las y los consejeros principales elegirán de su seno a la presidenta o presidente y a la vicepresidenta o vicepresidente del Consejo dentro de los primeros cinco días hábiles posteriores a su posesión.

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La ministra Vela hizo hincapié en que no incrementan ni disminuyen los salarios, tampoco aumentan los rangos en la escala de grados.

Ambos ministros ratificaron que la base de la homologación es la equiparación de las carreras de ambas fuerzas. El Gobierno quiere que ambas tengan el mismo tiempo de servicio según los rangos policiales y militares.

Según los funcionarios, con esto se garantiza que los rangos policiales y militares que sean iguales tengan la misma remuneración.

Dicho de otro modo, que un sargento primero de la Policía Nacional tenga la misma remuneración y años de servicio que un sargento primero que pertenece a alguna rama de las Fuerzas Armadas.

La ley

Por otro lado, Patricio Donoso hizo énfasis que, en julio de 2017, en el Código orgánico de entidades de seguridad ciudadana y orden público (COESCOP) se estipula la homologación de los perfiles y salarios de las carreras de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas bajo varios criterios.

La homologación contempla el tiempo de servicio activo en un rango. De manera que, el tiempo de servicio en un rango para ambas fuerzas se equiparan con un incremento de los años de servicio para cada rango militar o policial, según la reforma.

La diferencia en las tablas salariales para las Fuerzas Armadas y para la Policía Nacional según los rangos para ambas fuerzas también se igualaron. También ratificaron que el Estado brinda un respaldo total y absoluto a la Policía Nacional.

Respecto a los salarios y compensaciones, la ministra aclaró que ambos están contemplados en el Presupuesto Nacional 2022. Además, expresó que existe un Plan General de Modernización cuyo fin es la mejora y equipamiento del efectivo policial.

También se preveía la asistencia del comandante general de la Policía Nacional, Carlos Cabrera, quien no llegó al evento.

¿Malentendidos en la Institución?

El ministro Patricio Donoso señaló que no existe una inequidad, sino solamente la homologación entre Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales.

Respecto a esto, efectivos del cuerpo policial no se pronunciaron. Consideran que existe un malentendido entre las promociones y grados, sobre todo, porque demandan un incremento o que se igualen los salarios entre policías y oficiales.

“Los policías estamos en las calles. (…) Ganamos menos que los oficiales, cuando nosotros hacemos un mayor esfuerzo y trabajo”, dijo uno de los efectivos policiales (fuente protegida).

Por otro lado, otro de los efectivos comentó que no solo los aqueja la diferencia de sueldos, sino también que los agentes no pueden hablar de esta cuestión. Tampoco de la explotación laboral mediante el irrespeto a los horarios de trabajo o los pases.

“La ciudadanía se queja que no hacemos bien nuestro trabajo, pero nadie sabe que los que están en el mando no manejan bien a su gente”, manifestó otro efectivo policial (fuente protegida).

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La funcionaria explicó que el objetivo de esta Ley será garantizar los mecanismos de intervención y trabajo conjunto entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, para trabajar de forma coordinada en temas de seguridad.

Vela explicó que el proyecto de Ley se ha estructurado en torno a cinco ejes. El primer eje es el uso de progresivo de la fuerza; el segundo, la cooperación entre las fuerzas del orden, es decir, entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. El tercero consiste en los mecanismos de defensa para proteger a los miembros de la fuerza pública cuando realizan una intervención para proteger a los ciudadanos.

Este eje, indicó Roberto Andrade, asesor en el proyecto de Ley, “fortalecerá al Ministerio de Gobierno para que pueda dar patrocinio legal a los servidores policiales que, producto del ejercicio de su deber, se vean inmersos en una investigación, en un proceso penal”.

En este sentido, el proyecto plantea que el Ministerio de Gobierno dote de recursos, mediante mecanismos de contratación pública, para asignación de abogados a los miembros de la fuerza pública. «El Estado “garantizará el mecanismo necesario para que el este pueda asumir los honorarios de los abogados que realizarán la defensa de los servidores públicos, que es la parte que la ley no prevé”, dijo.

Andrade enfatizó en que, «si algún miembro de la fuerza pública actúa bien, siguiendo los criterios legales y constitucionales, tendrá todo el respaldo del Estado ecuatoriano para salir bien librado”.

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El cuarto eje es un conjunto de reformas que se propone realizar al Código Orgánico Integral Penal (COIP) que, según las autoridades, “solucionará algunos de los vacíos y las contradicciones que existen en la normativa y que impiden realizar el trabajo de la fuerza pública.

Por último, el proyecto de Ley propone un conjunto de normas para garantizar una mejor administración de los centros carcelarios y el control efectivo de los centros de rehabilitación penitenciarios.

Respecto a este eje, las reformas previstas y propuestas son fortalecer la institucionalidad alrededor del organismo técnico para que sea más fácil la coordinación y la administración de los centros de privación de libertad.

Tambien reformar los procesos penales con el fin de reducir el hacinamiento. Por ejemplo, la revisión de los requisitos para que un juez pueda dictar prisión preventiva.

El Gobierno considera que “el problema fundamental que enfrenta el país en este momento es la seguridad” y exhorta a la Asamblea Nacional para que brinde el “respaldo oportuno y la agilidad necesaria en todas las instancias de tratamiento de la ley, desde la aprobación en el Consejo de Administración Lagislativa (CAL), hasta la aprobación en el Pleno, en el lapso de los próximos 30 días”.

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“Se parte de un concepto muy sencillo: quien usa la fuerza no es un policía, un militar o un agente de seguridad penitenciaria. Quien usa la fuerza es el Estado que sí, efectivamente, lo emplea mediante el distinto personal y recursos que tiene. Pero es el Estado y por eso debe estar en el cuerpo legal que es lo que este proyecto propone”, sostuvo Andrade quien ha asesorado el proyecto de Ley.

También aseguró que los estándares que se incluyen respecto al progresivo de la fuerza son los mismos estándares internacionales desde hace mucho tiempo. “El proyecto de Ley es necesario porque hay cierta dispersión normativa. “Está autorizado el uso progresivo de la fuerza para la Policía, en un código, mientras que para las Fuerzas Armadas no existe, mientras que el COIP tiene otros criterios que no necesariamente empatan. Lo que se busca es homogenizarlo”, indicó.

La normativa que será entregada esta tarde por el Ejecutivo en la Asamblea Nacional, propone también reformar la Ley de Seguridad Pública y del Estado. En ese sentido, según explica Andrade, el Eje de la reforma es fortalecer los mecanismos que permitan la cooperación entre Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

“Se entiende que las Fuerzas Armadas tienen su propia misión constitucional y la Policía Nacional de igual forma, pero ambas coinciden en que son instituciones protectoras de derechos y libertades, y que hay amenazas de origen transnacional en las cuales se requiere su cooperación”, aseguró.

Insistió en que la cooperación entre ambas instituciones es fundamental para la seguridad pública. “Ha sido en tiempos recientes un poco complicado que coordinen efectivamente, porque no había suficientes fundamentos legales para que esto fluya”, dijo.

Respecto al caso del policía Santiago Olmedo, la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, informó existen disposiciones legales de la Ley orgánica de Servicio Público para manejarlo. “Lo que vamos a hacer es garantizar mecanismos necesarios para que el Estado pueda asumir los honorarios de los abogados que van a realizar la defensa, que es la parte que la Ley no prevé”, dijo.

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Así lo indicó este lunes 24 de enero la ministra Vela en medio de una comparecencia en la sede presidencial del Palacio de Carondelet, en Quito.

“Estamos solicitando cooperación a Perú y Colombia para que este tipo de intervenciones se realice de manera coordinada y nos ayuden a impedir que ese tipo de armas pueda circular”, afirmó la ministra del ramo.

El Plan

La titular del Ministerio de Gobierno explicó que junto al Ministerio de Defensa recopilan información sobre las armas que circulan legalmente en el país. Además de las más de 7.000 retenidas por las autoridades del orden. Con este inventario conformarán una base de datos que identifique y localice aquellas de origen o circulación ilegal.

“(…) todas las armas van a estar dentro de un sistema de control específico, que permita seguir la trazabilidad del arma en cualquier parte del Ecuador”, mencionó la Vela.

De esta forma las autoridades podrán determinar si un arma en específico fue utilizada en algún delito.

Tráfico en la frontera sur

La funcionaria dijo que hay “evidencias de la existencia de tráfico de armas, fundamentalmente en la frontera sur con Perú”. Por ello, el Ministerio trabaja con las Fuerzas Armadas (FF.AA) y la Policía Nacional. Realizan operativos para localizar “las líneas de paso de las armas a través del territorio nacional”.

Con estas acciones incautan armas y municiones. Además, permiten a los investigadores determinar la procedencia y fabricación de los objetos retenidos. Después se realizan las diligencias pertinentes para hallar nexos con las organizaciones criminales que las utilizan, acotó.

Hipótesis de las autoridades

En los últimos años, la incautación de armas y municiones incrementó en el Ecuador. “Las autoridades policiales atribuyen el fenómeno a la infiltración de organizaciones delictivas transnacionales y al influjo de bandas locales vinculadas al narcotráfico que cada vez buscan armamento más sofisticado como rifles de asalto”, reseñó el medio.

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En la rueda de prensa calificó al hecho como un «acto terrorista». A consecuencia de la detonación, un vehículo y la vivienda del trabajador del socavón quedaron totalmente destruidos.

Señaló que se están realizando las investigaciones para identificar a los responsables y también el tipo de explosivo usado.

Además, reconoció que existen amenazas a los trabajadores que cumplen tareas de remediación del socavón y a miembros del Cuerpo de Ingenieros.

Minería Ilegal vs. Minería Legal

Durante el evento también hizo referencia a un enfrentamiento entre la minería ilegal y legal. Y señaló que la intervención estatal debe impedir el uso de las galerías que son usadas para la extracción ilegal y que causaron en días pasados un socavón en la ciudad.

Hizo énfasis en que esta actividad pone en riesgo la vida, la salud y las estructuras de la ciudad; además que esta actividad se relaciona con otros tipos de actividades ilícitas como son la delincuencia organizada y el tráfico de armas.

Igualmente, la funcionaria hizo referencia a las inspecciones en supuestas casas del sector, ya que algunas presentan socavones internos con accesos directos a las galerías usadas para minería ilegal.

Otras acciones

Vela expresó que con la colaboración de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional se realizan operativos en la frontera sur. También se trabaja para identificar no solamente las rutas utilizadas para el tráfico, sino también el tipo y el de las armas y municiones que son ingresadas y circulan en el país de manera ilegal.

Por otro lado, el Ministerio de Defensa y de Gobierno están desarrollando un protocolo que consiste en un sistema de control que permitirá el registro de las armas legales existentes en el país.

Además, la ministra señaló que las armas decomisadas en periodos anteriores serán ingresadas en este registro para identificar si han sido utilizadas en actos delincuenciales.

Sobre Proyectos de Ley

Vela manifestó que el Gobierno hace un llamado a la Comisión de la Seguridad de la Asamblea Nacional para que despache y aprueba los cuatro proyectos de ley y emitan los primeros informes para los primeros debates.

Los proyectos de ley tienen enfoques como: inteligencia, uso progresivo de la fuerza, entre otros.

La ministra considera que así el Estado contará con el reglamento para enfrentar a la delincuencia organizada y proteger la seguridad de la ciudadanía.

También hizo mención sobre la situación de inseguridad en Guayaquil. Comentó que los 1.100 efectivos de la Policía previstos para enfrentar la delincuencia en la ciudad portuaria serán desplazados por grupos. El primer grupo es preventivo, el segundo es de investigación.

Por otro lado, anunció que el presidente Lasso presentará un proyecto de ley que girará en torno de 5 ejes.

Aunque Vela no brindó mayores detalles, propuso un ejemplo: mencionó que, según la Ley, se debe notificar la investigación previa al presunto sospechoso de un delito. No obstante, dijo la ministra, que el efecto inmediato de esto es la desaparición de la persona que está siendo investigada.

Por esa razón, expresó la funcionaria, se debe llevar a cabo este proyecto de Ley, para que se realice la investigación sin advertir al presunto sospechoso.

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Según los reportes, los reclusos de este centro penitenciario quemaron colchones, para demandar la atención de las autoridades competentes.

Además, esta mañana, la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, recorrió la Penitenciaria del Litoral y el viceministro del Interior, Max Campos, recorrió el Centro de Rehabilitación Social Regional Sierra – Cotopaxi.

Vela aseguró que, al término del estado de excepción, el Gobierno puede decir que ha servido para tratar de restablecer el control en todo lado y que este proceso es una acción que se va construyendo día a día.

“El control se va a alcanzar cuando todos los pasos adicionales se concreten. Es decir, cuando se restablezca el sistema de rehabilitación social, se logre la pacificación, se respeten las reglas, se establezca un modelo diferente para el manejo de las cárceles y cuando haya respeto a los derechos de internos y la sociedad en general, en un marco de convivencia pacífica”, manifestó.

Asimismo, señaló que el Estado debe retomar el control total sobre los centros de rehabilitación social. “Ese control que otros gobiernos permitieron que se pierda”, dijo.

La ministra informó que el campamento de las Fuerzas Armadas, instalado en la zona externa de la Penitenciaría del Litoral, se mantendrá.

Por su parte, Campos reiteró que el recorrido es una muestra de que el Estado se está preocupando por los privados de libertad y que está en la capacidad de ingresar a los centros y escucharlos.

“La Comisión de Diálogos Penitenciarios y Pacificación, con su competencia autónoma está dialogando, pero también estamos en las condiciones de entender la lógica de esta naturaleza para aportar al desarrollo de la política pública desde la visión de seguridad ciudadana y prevención del delito”, dijo.

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En un video grabado en el interior del patio de la prisión se puede observar a los privados de la libertad lanzando piedras al exterior donde empezaba la inspección de la ministra y compañía, a pocas horas de que termine el estado de excepción.

Amotinamientos

Autoridades carcelarias informaron de un amotinamiento en la Cárcel Regional del Guayas. La ministra de Gobierno, Alexandra Vela y otras autoridades realizaban un recorrido por el lugar cuando tuvieron que ser evacuados.

Un fallecido

«En el #CRSGuayas No. 4, esta mañana se reportó un interno sin vida, se desconocen las causas del deceso. Las autoridades investigan el caso y se aclara que este hecho no está relacionado con los reclamos que se efectuaron en otro centro penitenciario» indicó el SNAI.

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“Luego de una rigurosa selección, he designado al Crnl (sp) Max Campos, como viceministro del Interior, quien me acompañará a formular y ejecutar estrategias para fortalecer la seguridad ciudadana y la convivencia social pacífica. No descansaremos hasta tener un Ecuador seguro”, sostuvo en la red social.

Campos asume el cargo que estuvo vacante por dos meses, a pesar de la crisis de seguridad que vive el país. Hasta agosto, este cargo fue ocupado por el coronel retirado de la Policía, Joel Loaiza.

Según información del Ministerio de Gobierno, Campos, de 57 años, tiene experiencia en seguridad ciudadana y prevención del delito y violencia.

De igual forma, cuenta con conocimientos de planificación, diseño, evaluación y seguimiento de proyectos de seguridad ciudadana.  El Ministerio de Gobierno indica que tiene diplomados en “Prevención del Delito y Violencia en jóvenes” y “Prevención del Delito a nivel local”, de la Universidad de Chile del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana. Además, es especialista en Administración Educativa de la Universidad Politécnica Javeriana.

También fue director de Policía Comunitaria, agregado de la Embajada de Ecuador en México e instructor de la Escuela Superior de Policía.

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