«Los nombres y las listas oficiales se hacen despues de la autopsia. En este momento se toman huellas dactilares, con esto ya se establece los primeros perfiles o indicios que nos arroja el sistema que podrían ser las personas fallecidas. Luego de eso, se hace el protocolo de autopsia y con eso ya sabemos la identificación total y plena de la persona, se denomina protocolo de Minesota», explicó Ordóñez.

Hasta el momento, el Ministerio del Interior reportó 20 privados de libertad asesinados, cinco mutilados y cinco con heridas de gravedad. Sin embargo, se estima que el número de víctimas aumentará en el transcurso de las horas.

Las familias de los fallecidos esperan por información en el Centro Forense de la penitenciaria.

Esta nueva masacre ocurrió la madrugada del domingo en los pabellones de máxima y mediana seguridad, según el ministro del Interior. Este trágico suceso se suma a las masacres ocurridas en la penitenciaría del Litoral que dejó mas de 300 reclusos asesinados.

¿Siguen las masacres, y el Gobierno?

¿Cómo es posible que el Gobierno normalice las muertes violentas de personas bajo su custodia?, es la interrogante que se hace la organización de defensa de los derechos humanos, Alianza contra las prisiones, tras lo sucitado, en la cárcel reginal de Azuay.

La organización insiste en que el Estado ecuatoriano es legalmente reponsable de velar por las personas privadas de libertad. A su vez, cuestiona el fácil ingreso de armas de alta letalidad a la cárcel y la participación de las autoridades en estos hechos.

«Seguiremos denunciando al Estado punitivo ecuatoriano, porque ha creado y sostiene una guerra de baja intensidad en las prisiones y barrios depauperrados de las principales ciudades del país», indicó la organización.

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Según explica el organismo, a través de sus redes sociales, en los lugares a los que se convocó a los familiares de las víctimas no existen listados, solo fotografías. “Se están haciendo entrevistas antropológicas para identificar a las personas”, indica un tuit.

De igual forma, denuncian que se está pidiendo a las familias de los privados de libertad identificar a las víctimas de una manera inhumana y atroz. “El Estado no se compadece del dolor de las familias y no les ofrece información sobre sus seres queridos”, señala la organización.

Asimismo, Alianza contra las Prisiones reitera que el comunicado enviado ayer, por el Ejecutivo, a las familias de las victimas ha sido irresposable. «No hay listas de personas fallecidas. El Estado está levantando información a través de las familias y la gente se va sin certezas”. enfatizan.

Ayer, durante una rueda de prensa, Lasso dijo que los familiares de los privados de libertad podrán recibir información sobre sus seres queridos, en el coliseo Abel Gilbert.

El mandatario también mencionó que se dará asistencia sicológica a las familias de las víctimas.

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